El Gobierno nacional oficializó el acuerdo salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que contempla aumentos escalonados entre septiembre y diciembre, una suma extraordinaria de $80.000 en diciembre y la actualización de las remuneraciones de los residentes nacionales. Las medidas quedaron formalizadas mediante los Decretos 832/2026 y 833/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial.

El esquema establece una recomposición del 1,9% desde septiembre, del 1,8% desde octubre, del 1,6% desde noviembre y del 1,5% desde diciembre. Los porcentajes se aplican de manera sucesiva sobre las remuneraciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al cierre de cada mes anterior. En términos acumulados y por efecto de la aplicación sucesiva, el incremento alcanza aproximadamente el 6,99% entre agosto y diciembre.

El acuerdo alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. También actualiza distintos componentes vinculados a las condiciones laborales, entre ellos viáticos, gastos de comida, movilidad y reintegros por guarderías o jardines maternales.

Uno de los puntos de mayor impacto directo sobre los ingresos será el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, por única vez y por persona, que deberá liquidarse junto con los haberes correspondientes a diciembre de 2026. El beneficio alcanza al personal permanente y no permanente incluido en el convenio general de la Administración Pública Nacional.

El acuerdo también mantiene hasta el 31 de diciembre las sumas fijas remunerativas y no bonificables establecidas por el Decreto 56/2020, aunque deja expresamente establecido que los nuevos porcentajes de incremento salarial no se aplicarán sobre esos conceptos. Esta precisión es relevante porque limita la posibilidad de que el aumento porcentual produzca una actualización automática de esos componentes salariales.

En paralelo, el Gobierno extendió hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia y actualizó sus montos. Para quienes registren asistencia perfecta, el incentivo pasará a $68.322 desde septiembre y llegará a $71.725 en diciembre. Para una inasistencia justificada, los valores serán de $47.825 y $50.208, respectivamente, mientras que con dos inasistencias justificadas el premio se ubicará entre $27.329 y $28.690.

El acuerdo introduce además modificaciones transitorias en determinadas licencias. Entre septiembre y diciembre se establecen, entre otros parámetros, hasta seis días para rendir exámenes universitarios o terciarios, tres días para atender situaciones vinculadas con familiares a cargo en los supuestos contemplados y cuatro días por afecciones, tratamientos o lesiones de corto plazo del agente.

La negociación también dejó en suspenso, una vez más, la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública. Su implementación fue prorrogada desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras el Estado y los representantes sindicales revisan el mecanismo previsto para su aplicación.

El punto expuso una diferencia entre las principales organizaciones gremiales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta del Estado empleador, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó y anunció que dejaría asentada su posición mediante un acta complementaria. De acuerdo con el procedimiento previsto por la normativa de negociación colectiva del sector público, la autoridad laboral consideró perfeccionado el acuerdo a partir de la mayoría correspondiente.

Residentes: cuánto cobrarán desde septiembre

El Decreto 832/2026 también establece nuevos valores para los Profesionales Residentes Nacionales que trabajan en establecimientos hospitalarios, institutos y organismos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría Garrahan.

A partir de septiembre, un residente de primer año tendrá una remuneración de $1.306.785, mientras que el monto ascenderá a $1.330.307 en octubre, $1.351.592 en noviembre y $1.371.866 en diciembre. Para los residentes de segundo año, los valores serán de $1.464.300, $1.490.657, $1.514.508 y $1.537.226, respectivamente.

Los residentes de tercer y cuarto año tendrán iguales remuneraciones: partirán de $1.610.244 en septiembre y llegarán a $1.690.438 en diciembre. Para los jefes de residentes, en tanto, el ingreso pasará de $1.723.262 en septiembre a $1.809.084 en diciembre.

La norma también actualiza las asignaciones de becas correspondientes a los residentes. Para primer año, el monto será de $413.713 desde septiembre y alcanzará $434.317 en diciembre. En segundo año pasará de $455.078 a $477.741; en tercer y cuarto año, de $500.668 a $525.603; y para jefes de residentes, de $550.618 a $578.039 durante el mismo período.

La particularidad del nuevo esquema es que combina una recomposición salarial gradual con un pago extraordinario y la actualización de componentes asociados al desempeño y las condiciones de trabajo. Para los trabajadores estatales, el resultado concreto sobre el poder adquisitivo dependerá de la evolución de los precios durante los próximos meses, mientras que para el Estado el acuerdo fija de antemano el sendero de actualización y permite cuantificar el impacto presupuestario hasta el cierre del ejercicio.

Desde una perspectiva de política pública, la actualización de las remuneraciones de los residentes adquiere además una relevancia específica: se trata de un segmento estratégico para el funcionamiento del sistema sanitario, donde la retención de profesionales y las condiciones económicas de la formación constituyen factores determinantes para sostener la oferta de atención en hospitales públicos. En ese sentido, la medida no se limita a una discusión salarial, sino que incide sobre la capacidad del Estado para sostener recursos humanos en áreas críticas.

La homologación de los acuerdos marca así el cierre formal de una negociación que tendrá efectos diferenciados: incrementos mensuales para los estatales, un refuerzo extraordinario de $80.000 en diciembre, incentivos y compensaciones actualizados y una nueva estructura de ingresos para los residentes nacionales. El desafío pendiente será determinar cuánto de esta recomposición logrará transformarse efectivamente en una mejora del ingreso real frente a la inflación y cuánto impacto tendrá sobre la capacidad operativa de los servicios públicos.