AXEL KICILLOF

Milei enfrenta su peor umbral político: 71,2% cree que hace falta un cambio de gobierno

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El gobierno de Javier Milei ingresó en mayo de 2026 en una zona de desgaste político estructural. No se trata ya de una oscilación coyuntural de la opinión pública ni de un mal mes aislado, sino de una consolidación de tendencia: la desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. En paralelo, siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada.

Así lo muestra el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba, elaborado entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre una muestra nacional de 2.000 casos, con un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95% .

La encuesta revela una administración que perdió iniciativa política, pero también una oposición que aún no logra apropiarse del descontento social.

El principal dato del relevamiento es que la desaprobación presidencial se sostiene en un piso alto y persistente. Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%.

A mitad de mandato, esos números colocan a la administración libertaria en una zona históricamente delicada para cualquier oficialismo argentino. 

La fractura de género

Uno de los datos más contundentes del informe aparece en la segmentación por género. Entre los hombres, Milei conserva una aprobación de 38,5%, con una desaprobación de 59,4%. Pero entre las mujeres el rechazo escala a 69,5%, mientras la aprobación cae a apenas 30,1%.

Casi siete de cada diez mujeres desaprueban la gestión y ocho de cada diez creen que hace falta un cambio de gobierno. Ese segmento aparece como el principal límite electoral del oficialismo hacia 2027. Sin recuperar terreno allí, La Libertad Avanza difícilmente pueda ampliar su techo político.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno cada vez más consolidado: el voto femenino se convirtió en el principal termómetro del desgaste presidencial.

La erosión no alcanza sólo a Milei, sino al conjunto del armado libertario. En el ranking de imagen de dirigentes nacionales, Patricia Bullrich aparece paradójicamente como la mejor posicionada dentro del universo oficialista, con 37,3% de imagen positiva y 55,5% negativa. El propio Javier Milei tiene 34,8% positiva y 60,6% negativa.

Más abajo aparecen Karina Milei, con 20,3% positiva y 66,3% negativa, y Manuel Adorni, quien exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa.

El dato de Adorni es particularmente relevante porque simboliza algo más profundo: el desgaste ya no es exclusivamente presidencial, sino también comunicacional. El vocero, que fue una de las piezas centrales del relato libertario, pasó de ser activo político a pasivo electoral.

La pregunta más política del estudio es directa: “¿Hace falta un cambio de gobierno en Argentina?

La respuesta es contundente: 71,2% dice que sí, apenas 21% está en desacuerdo y 7,8% no sabe.

Pero que exista una mayoría favorable a un cambio no significa que exista claridad sobre quién debería protagonizarlo.

La demanda de reemplazo es mucho más fuerte que la oferta de representación.

Entre mujeres, ese acuerdo sube a 76,9%; entre hombres, a 65,1%. La brecha vuelve a confirmar que el rechazo femenino es el principal problema político del oficialismo.

Incluso entre quienes votaron a Milei en el ballotage aparece una señal de alerta.

Ante la frase “Voté a Milei y me defraudó”, el 40,1% de sus propios votantes dice estar de acuerdo, mientras 49,7% está en desacuerdo .

Cuando cuatro de cada diez votantes propios reconocen decepción, el problema deja de ser opositor y pasa a ser identitario.

El peronismo lidera, pero sin hegemonía

En el escenario electoral presidencial 2027, el PJ/Fuerza Patria aparece primero con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%. El PRO obtiene 5,4%, la izquierda 5,1%, la UCR 4,1%, el espacio de Victoria Villarruel 3,5% y las alianzas provinciales 3%. Sin embargo, el dato más alto después del peronismo es otro: 27,2% no sabe aún a quién votaría. Ese “no sabe” es hoy el verdadero territorio en disputa.

En un segundo escenario, con una alianza UCR-PRO-partidos provinciales consolidada, el PJ sube a 31,7%, La Libertad Avanza llega a 23,9%, esa coalición opositora marca 9,5% y el no sabe se mantiene altísimo en 30,5% .

En potencialidad de voto, Axel Kicillof aparece con el mejor desempeño: 44,1% dice que lo votaría, contra 43,8% que nunca lo haría. Sergio Massa registra 34,6% de intención favorable y Patricia Bullrich 32,4%.

Javier Milei, en cambio, exhibe un dato preocupante: sólo 31,4% dice que lo votaría nuevamente, mientras 57,2% asegura que no lo votaría .

La fotografía de mayo no muestra todavía un reemplazo político definido, pero sí una certeza social: una mayoría creciente ya no quiere continuidad.

La administración Milei enfrenta una doble dificultad: perdió aprobación y todavía no encuentra un nuevo relato que compense el deterioro económico, la caída del salario, el desgaste institucional y la frustración de parte de su propio electorado.

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El reclamo yerbatero llegó a Kicillof con un planteo de fondo: “territorio o commodity”

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La crisis de la yerba mate dejó de ser un conflicto sectorial para ingresar en la agenda política ampliada. Este 30 de marzo, organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones entregaron al gobernador bonaerense un documento de más de 700 páginas en el que denuncian el impacto de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y advierten sobre una definición de fondo: “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”. La movida no es menor. ¿Se trata de un intento por reconfigurar alianzas frente a un cambio de reglas o de instalar una agenda federal en disputa?

El INYM en el centro de la discusión institucional

El documento plantea como eje la pérdida de herramientas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Según los productores, esa desregulación “alteró de manera sustancial el equilibrio” del sector, eliminando mecanismos de regulación que impactaban directamente en la formación de precios.

La consecuencia, describen, es concreta: una caída abrupta del valor de la materia prima que no cubre costos básicos de producción. En términos políticos, el diagnóstico apunta a una “transferencia regresiva de ingresos” hacia los sectores más concentrados de la cadena, con un correlato directo en la descapitalización del productor primario.

El planteo también incluye una advertencia institucional: el “progresivo desmantelamiento” del INYM reduce la capacidad del Estado para regular, controlar calidad y sostener políticas públicas. Traducido al terreno real, implica menos herramientas para intervenir en un mercado que históricamente requirió equilibrio entre actores de distinto peso.

El documento no se limita a un reclamo coyuntural. Propone una lectura estructural del conflicto. Por un lado, identifica un modelo de agronegocio orientado a la escala, la estandarización y la maximización de rentabilidad, con uso intensivo de tecnología y tendencia a la homogeneización del producto. Por otro, reivindica el esquema histórico de Misiones: agricultura familiar, cooperativismo, arraigo territorial y diversificación.

Esa contraposición redefine el conflicto. Ya no se trata solo de precios o rentabilidad, sino de qué tipo de economía regional se sostiene. En esa línea, los productores advierten que la yerba mate no es un cultivo más: su origen vinculado a la especie Ilex paraguariensis en una región específica le otorga una ventaja geoeconómica que podría diluirse si se avanza hacia una lógica global estandarizada.

El planteo expuesto ante el gobernador bonaerense también tiene implicancias en la correlación de fuerzas dentro de la cadena yerbatera. Según el documento, la actual dinámica favorece procesos de concentración económica, mientras pone en riesgo la continuidad de miles de unidades productivas.

En ese esquema, los productores y sus organizaciones buscan reposicionar el debate en términos de política pública. Reclaman recuperar facultades regulatorias, fortalecer cooperativas y promover marcas con valor agregado en origen. El objetivo es disputar no solo precios, sino reglas de juego.

El hecho de canalizar el reclamo a través de la Confederación General de la Producción (CGP) y en un ámbito político fuera de Misiones sugiere una estrategia: ampliar el conflicto más allá del territorio y vincularlo con la agenda nacional de economías regionales.

Una disputa que excede al sector

La definición que proponen los productores es explícita: “no es meramente económica, sino profundamente política”. En ese marco, la yerba mate aparece como un caso testigo de un debate más amplio sobre el rol del Estado, la regulación de mercados y el lugar de las economías regionales en el modelo de desarrollo.

El documento también incorpora una dimensión estratégica: la yerba como recurso con valor científico, nutricional y cultural, cuya defensa se vincula con la soberanía alimentaria. Esa ampliación del argumento busca reforzar el carácter estructural del reclamo.

Presentación Problema Yerbatero by CristianMilciades

Entre la regulación y el mercado

El planteo deja abiertos varios interrogantes. ¿Habrá margen para recomponer herramientas del INYM en el actual contexto normativo? ¿Se consolidará un esquema más concentrado o habrá espacio para reequilibrar la cadena? ¿Qué rol jugarán las provincias y las organizaciones en esa disputa?

Por ahora, el movimiento de los productores marca un intento de reposicionar el conflicto en la agenda política nacional. El resultado dependerá de cómo evolucione la relación entre regulación y mercado en un sector donde, más que un producto, se discute un modelo.

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Milei busca capitalizar el fallo por YPF y lanza una ofensiva política contra la expropiación

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En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei convirtió el fallo favorable de la Justicia estadounidense en la causa por YPF en algo más que un alivio financiero: lo posicionó como un punto de inflexión político. La decisión judicial que evitó un pago de hasta US$18.000 millones fue presentada como un “hecho de trascendencia histórica”, pero también como una plataforma para profundizar su agenda de reformas. La pregunta que sobrevuela es si este triunfo judicial consolida el rumbo del Gobierno o si abre una nueva fase de confrontación política e institucional.

Del fallo judicial a la narrativa política

El Presidente estructuró su discurso sobre una línea clara: transformar un resultado judicial en validación política. Según planteó, el fallo no solo evitó un impacto económico equivalente a “setenta millones de jubilaciones mínimas”, sino que también permitió “sacarse de encima” una amenaza estructural sobre la economía.

En ese marco, vinculó directamente el litigio con decisiones del pasado, al señalar que el proceso se inició tras la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que el caso tuvo un fallo adverso en primera instancia durante la gestión de Alberto Fernández.

La intervención incluyó críticas explícitas al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el diseño del proceso de expropiación. Más allá del tono, la lectura política es clara: el oficialismo busca fijar el fallo como una frontera entre dos modelos de gestión económica.

Reforma legal y estrategia institucional

El anuncio más relevante no estuvo en la celebración del fallo, sino en la agenda que lo sigue. Milei confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de reforzar la “inviolabilidad de la propiedad privada”.

El movimiento no es aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para redefinir reglas de juego en materia económica y jurídica, en línea con su narrativa de seguridad jurídica como condición para atraer inversiones.

El mensaje también incluyó un reconocimiento explícito a la estructura técnica del Estado involucrada en el litigio, con menciones a la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro y el equipo económico, lo que refuerza la idea de una construcción institucional del resultado, más allá del discurso político.

Impacto en la correlación de fuerzas

El fallo fortalece al Gobierno en varios frentes. En lo económico, elimina un pasivo potencial de magnitud que condicionaba la política fiscal y la negociación financiera. En lo político, le permite consolidar su discurso sobre la necesidad de reglas claras para la inversión.

Al mismo tiempo, tensiona la relación con la oposición. La decisión de asociar el resultado judicial con errores de gestiones anteriores reabre un debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y el alcance de la intervención pública.

En el Congreso, donde ya ingresó el proyecto de reforma, el oficialismo buscará capitalizar ese respaldo simbólico para avanzar con cambios estructurales. La discusión no será solo técnica: pondrá en juego modelos de desarrollo y concepciones sobre soberanía económica.

Un triunfo que abre otra etapa

El Gobierno transformó un fallo judicial en una pieza central de su narrativa política. Pero el escenario que se abre no es lineal. La reforma de la ley de expropiaciones, el debate sobre la propiedad privada y la necesidad de atraer inversiones configuran un nuevo frente de discusión.

En las próximas semanas, la clave estará en cómo se procesa ese traslado del plano judicial al legislativo. El fallo despejó un riesgo inmediato, pero también dejó planteada una disputa de fondo: qué reglas regirán la relación entre Estado, mercado e inversión en la Argentina que viene.

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Los insultos de Milei a Kicillof por el Juicio por YPF

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El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. 

Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa. 

Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”. 

En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedas que no tendría declarada. 

Con escasas referencias a los cuestionamientos contra el ministro coordinador, el mandatario le agradecidó a Pettovello por “luchar incansablemente para desarrollar el capital humano”, y la definió como la ministra más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”.

La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas”, expresó.

Asimismo, ante la mirada atenta del ex vocero, el libertario agregó: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”. En la previa, el funcionario fue incluido en el retrato que celebró el fallo en el caso de YPF. 

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Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina

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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y revirtió la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, conocida en las últimas horas, modifica el escenario de uno de los juicios más sensibles para las cuentas públicas y abre un nuevo capítulo en una disputa que lleva más de una década. ¿Se trata de un cierre definitivo o de un respiro estratégico antes de una instancia mayor?

El tribunal revisor avaló que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización y dejó sin efecto el fallo de primera instancia de 2023, que había sido adverso al Estado argentino. Aun así, el expediente no está cerrado: las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un giro judicial en una causa de alto impacto fiscal

El caso se remonta a 2015, cuando se inició el litigio por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la jueza de primera instancia había determinado que la Argentina violó el estatuto de la compañía en ese proceso y ordenó el pago de una indemnización superior a los US$16.000 millones.

Ese fallo colocó al país frente a una contingencia fiscal de magnitud, con implicancias directas sobre la sostenibilidad financiera y la negociación externa. La decisión de la Cámara de Apelaciones introduce ahora un cambio sustancial: desactiva, al menos por el momento, esa obligación de pago y valida el encuadre jurídico de la estatización.

En términos institucionales, el pronunciamiento no solo revisa la interpretación del estatuto de YPF, sino que también redefine el alcance de la responsabilidad estatal en procesos de nacionalización bajo legislación extranjera.

Repercusiones políticas: alivio para el Gobierno y disputa por la narrativa

El fallo tuvo una inmediata lectura política. El presidente Javier Milei celebró públicamente la decisión y la presentó como una victoria de su administración en el frente internacional. El mensaje no fue neutro: incluyó cuestionamientos directos a la gestión que impulsó la expropiación, en un intento de reconfigurar la narrativa sobre el origen del conflicto.

En ese marco, el resultado fortalece al oficialismo en dos planos. Por un lado, le permite mostrar capacidad de gestión en un litigio de alto impacto económico. Por otro, le otorga margen discursivo para insistir en la crítica a decisiones previas que derivaron en el juicio.

Al mismo tiempo, la resolución condiciona a sectores de la oposición vinculados al proceso de estatización, que quedan expuestos en la discusión pública sobre las consecuencias legales de aquella decisión.

Desde el punto de vista económico, evitar un pago de esa magnitud implica despejar una presión significativa sobre las reservas y sobre cualquier esquema de negociación financiera futura.

La cronología de los hechos

El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.

1993 — PRIVATIZACIÓN

Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN

El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.

ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN

El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.

2015 — INICIO DE DEMANDA

Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.

2023 — CONDENA INICIAL

La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.

MARZO 2026 — ANULACIÓN

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.

Un escenario abierto: la última palabra aún no está dicha

A pesar del giro favorable, el proceso judicial está lejos de concluir. La posibilidad de que el caso escale a la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene abierta la incertidumbre y obliga al Gobierno a sostener la estrategia legal.

El foco ahora se traslada a la próxima instancia: si las partes deciden avanzar, el litigio podría prolongarse y volver a poner en discusión los fundamentos del fallo. En paralelo, el impacto político interno seguirá en evolución, especialmente en la disputa por la interpretación de la estatización y sus consecuencias.

Por lo pronto, la decisión de Nueva York redefine el tablero, pero no lo cierra. El juicio por YPF sigue siendo, más que un expediente judicial, un frente donde se cruzan política, economía y estrategia de poder.

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