Banco Central

La suba global de la urea golpea al trigo y pone en tensión la estrategia de dólares del Gobierno

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El aumento abrupto del precio internacional de la urea, insumo central para la producción de trigo y maíz, encendió una señal de alerta que excede al sector agropecuario: pone presión directa sobre la principal fuente de divisas del país. En medio de la volatilidad global por el conflicto en Medio Oriente, la tonelada del fertilizante escaló desde niveles de US$450 hasta zonas de US$750, con valores recientes en torno a US$660. El dato llega en un momento clave —la planificación de la campaña fina— y abre una tensión de fondo: ¿puede sostenerse la apuesta oficial por la agroexportación sin herramientas de intervención sobre costos estratégicos?

El factor internacional que redefine los costos internos

El disparador no es local, pero el impacto sí lo es. La cadena global de fertilizantes quedó expuesta a la incertidumbre geopolítica, con el Estrecho de Ormuz como cuello de botella crítico: por allí circulan cerca de 16 millones de toneladas de fertilizantes, un tercio del comercio marítimo mundial, y más de dos tercios corresponden a urea.

Las disrupciones logísticas y la incertidumbre sobre el suministro de gas natural —insumo clave para la producción— elevaron el riesgo percibido de oferta. El resultado fue una suba generalizada de precios y una retracción en las operaciones: importadores y distribuidores locales comenzaron a frenar compras ante la falta de referencias claras.

Esa volatilidad internacional se traslada de manera directa al esquema productivo argentino, altamente dependiente de insumos importados en este rubro.

Trigo más caro, márgenes más finos

El impacto técnico es inmediato y cuantificable. En cultivos como el trigo, la fertilización representa hasta el 50% del costo de implantación y protección, mientras que en maíz ronda el 45%.

Con los nuevos valores de la urea, el costo del trigo podría aumentar en más de US$50 por hectárea. Esa suba desplaza los rindes de indiferencia entre 3 y 5 quintales por hectárea, obligando al productor a obtener mayores rendimientos en un contexto donde los márgenes ya estaban ajustados.

No es solo fertilizante. La suba del petróleo también presiona sobre combustibles y logística, encareciendo toda la estructura de costos de la campaña. El combo configura un escenario más exigente justo cuando el productor empieza a definir decisiones de siembra.

La variable política: menos herramientas, más exposición

El encarecimiento de la urea reabre un debate que el mercado venía observando en silencio: la salida de YPF de Profertil, la principal productora local de urea, concretada en diciembre pasado por unos US$600 millones.

Hasta entonces, la empresa abastecía alrededor del 25% de la demanda del agro local. La operación implicó que el Estado deje de tener participación directa en un insumo estratégico, en un contexto donde Argentina es importador neto de fertilizantes.

La decisión adquiere otra dimensión frente a la actual volatilidad. Sin capacidad de intervención directa sobre precios o abastecimiento, el esquema queda más expuesto a shocks internacionales. Y eso impacta en una variable central para el Gobierno: los dólares del agro.

Según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo agroindustrial esperaba generar más de US$34.500 millones en exportaciones en 2026. Pero ese cálculo parte de una estructura de costos que ahora cambia. Cada aumento en insumos críticos introduce incertidumbre sobre volúmenes, márgenes y, en última instancia, liquidación de divisas.

Repercusiones: tensión sobre la “fábrica de dólares”

El efecto no es inmediato en términos macroeconómicos, pero sí progresivo. Un mayor costo de producción puede traducirse en menor área sembrada o en una menor intensidad tecnológica, lo que impacta en los rindes.

En ambos casos, el resultado converge: menos producción potencial o menor eficiencia. Y eso repercute sobre el flujo de exportaciones, la recaudación y la disponibilidad de divisas para el Banco Central.

El sistema entra así en una zona de sensibilidad. El Gobierno depende del agro como principal generador de dólares, pero el agro depende de insumos cuyo precio escapa al control local. Esa dependencia cruzada se vuelve más visible cuando el contexto internacional se vuelve inestable.

Escenario abierto: decisiones bajo incertidumbre

La campaña fina empieza a definirse en las próximas semanas, pero el mercado de fertilizantes todavía no ofrece señales claras. En algunos casos, directamente no hay precios de referencia; en otros, se registran subas de entre US$50 y US$100 por tonelada en pocos días.

El productor, enfocado aún en la cosecha de maíz y el inicio de la soja, deberá tomar decisiones en un escenario donde los costos se mueven más rápido que los precios de los granos.

Habrá que observar si la volatilidad internacional se estabiliza o si se consolida un nuevo piso de costos. También si el mercado logra recomponer la oferta o si persisten las restricciones.

En paralelo, la discusión sobre el rol del Estado en insumos estratégicos podría volver a escena, no por definición ideológica sino por necesidad operativa. La ecuación es simple, pero no lineal: sin costos previsibles, la “fábrica de dólares” pierde potencia. Y ese es un dato que empieza a pesar en la política económica.

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El BCRA acelera la compra de dólares y consolida la “pax cambiaria”

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El Banco Central de la República Argentina alcanzó este martes un hito operativo con impacto político: encadenó 50 jornadas consecutivas de compras de divisas y elevó el acumulado anual por encima de los USD 3.400 millones. La cifra —que ya representa más del 34% de la meta prevista para todo 2026— no solo refleja una dinámica cambiaria ordenada, sino que se integra a una estrategia más amplia del Gobierno para consolidar estabilidad en el frente externo. La pregunta que se abre es si esta “pax cambiaria” es sostenible o si encubre tensiones que podrían emerger con el correr de los meses.

El dato concreto fue la adquisición de USD 73 millones en la última rueda, en un mercado que se mantiene calmo y con un tipo de cambio estabilizado en torno a los $1.400. Sin sobresaltos visibles, el esquema empieza a mostrar resultados en términos de acumulación. Pero el trasfondo es más complejo: el equilibrio actual depende de múltiples engranajes que el oficialismo intenta coordinar sin generar nuevos desequilibrios.

Emisión, deuda y reservas: el delicado equilibrio del esquema económico

El proceso de compras del BCRA no es neutro. Para intervenir en el mercado, la autoridad monetaria emite pesos sin esterilización directa, mientras el Tesoro absorbe parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en pesos. Esta coordinación entre política monetaria y fiscal es central para evitar que la expansión derive en presión inflacionaria o cambiaria.

En ese marco, el Ministerio de Economía optó en las últimas licitaciones por no expandir la base monetaria, una señal orientada a sostener expectativas y evitar desbordes en precios. El esquema, sin embargo, requiere precisión: si la absorción no alcanza o la demanda de dinero se debilita, el equilibrio podría tensarse.

El objetivo oficial para 2026 es ambicioso: acumular entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en reservas. Por ahora, el ritmo de compras —con un promedio diario cercano a USD 67 millones— permite avanzar, pero está condicionado por factores externos e internos, como el ingreso de divisas y la confianza en la moneda local.

Aun así, el dato de reservas muestra matices. El stock se ubicó en USD 44.788 millones, con una caída diaria de USD 67 millones. La dinámica revela que, pese a las compras, los pagos de deuda y la valuación de activos siguen erosionando el resultado final. Es decir: el BCRA compra, pero no siempre logra retener.

Dólar estable y margen político: quién gana con la calma cambiaria

La estabilidad del tipo de cambio en torno a los $1.400 no es solo un dato económico: tiene implicancias políticas directas. En un contexto donde la inflación y las expectativas siguen siendo variables sensibles, la ausencia de volatilidad cambiaria le otorga al Gobierno un activo clave.

El esquema de flotación con bandas amplias —con un techo en $1.633,99— genera un margen de intervención cómodo. La brecha del 17% respecto del tipo de cambio oficial permite al BCRA seguir comprando divisas sin presionar sobre las cotizaciones, consolidando una dinámica de acumulación sin sobresaltos.

En paralelo, el ingreso de dólares provenientes del sector agroexportador y de emisiones de deuda corporativa y provincial refuerza la oferta. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, estas colocaciones sumaron USD 11.000 millones, un flujo que también contribuye a sostener el equilibrio.

En este escenario, el oficialismo logra alinear variables clave: dólar estable, reservas en recuperación y tasas que no presionan sobre la actividad. Sin embargo, el equilibrio es frágil. La estabilidad depende, en gran medida, de factores estacionales —como la cosecha gruesa— y de la continuidad en la oferta de divisas.

El trasfondo: confianza, tasas y el desafío de remonetizar la economía

Detrás de la calma cambiaria aparece un debate más estructural: la capacidad del sistema para sostener la demanda de pesos. Con tasas reales levemente negativas y expectativas de inflación moderadas, el esquema actual apunta a una remonetización gradual de la economía.

La clave está en la confianza. El Gobierno apuesta a que la estabilidad cambiaria funcione como ancla para recomponer la demanda de dinero. Pero ese proceso no es automático. La historia reciente de volatilidad sigue condicionando las decisiones de ahorro e inversión.

En ese contexto, también entra en juego el Régimen de Inocencia Fiscal, que podría canalizar dólares no bancarizados hacia el sistema. No se trata de un blanqueo tradicional, sino de una herramienta que busca captar ahorros en efectivo. Su impacto, sin embargo, dependerá de la credibilidad del esquema económico.

Un equilibrio en construcción: entre la oportunidad y el riesgo

El BCRA logró consolidar una racha inédita de compras en un contexto de estabilidad cambiaria. Es un dato relevante en la arquitectura del programa económico y le otorga al Gobierno margen político en un año clave.

Pero el esquema todavía está en construcción. La acumulación de reservas convive con salidas por deuda, la emisión con la necesidad de absorción, y la estabilidad cambiaria con expectativas que aún no terminan de anclarse.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el impacto de la cosecha gruesa, la evolución de la demanda de pesos y la capacidad del Tesoro para sostener la absorción de liquidez. También en cómo reacciona el mercado ante un escenario de tasas reales bajas.

La “pax cambiaria” hoy ordena. La incógnita es si puede sostenerse sin abrir nuevas tensiones en el frente monetario.

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El Banco Central compra dólares, pero la deuda y los pagos externos frenan la suba de reservas

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El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios con saldo comprador, pero la acumulación de reservas sigue enfrentando un límite estructural: los pagos de deuda del Tesoro y las obligaciones financieras del Estado. Este lunes, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones en el Mercado Libre de Cambios, lo que extendió a 49 ruedas consecutivas la presencia compradora del organismo. Sin embargo, el stock de reservas internacionales cayó hasta USD 44.788 millones, perforando el umbral de los USD 45.000 millones.

La caída no respondió a presiones cambiarias sino a pagos por USD 450 millones a organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El episodio revela una tensión que atraviesa la estrategia económica del Gobierno: mientras el Banco Central compra divisas para fortalecer el balance externo, el Tesoro utiliza parte de esos recursos para cumplir con el calendario de deuda pública.

El movimiento expone una pregunta que comienza a instalarse en el debate económico: hasta qué punto la acumulación de reservas podrá sostenerse si el cronograma de pagos continúa absorbiendo divisas del sistema financiero.

Un Banco Central comprador en un mercado con oferta de dólares

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el Banco Central acumuló USD 3.348 millones en compras de divisas, equivalente a más de un tercio de la meta anual prevista para 2026.

La estrategia oficial combina dos mecanismos. Por un lado, el organismo compra dólares en el mercado cambiario. Por otro, el Tesoro intenta neutralizar el impacto monetario de esas operaciones mediante colocaciones de deuda en pesos.

La coordinación busca evitar que la emisión de pesos asociada a la compra de divisas se traduzca en presiones sobre el dólar o sobre los precios. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía decidió no expandir la base monetaria con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria.

En paralelo, el Banco Central estableció un límite diario de compra equivalente al 5% del volumen negociado en el mercado de cambios, además de acuerdos con empresas y entidades financieras para canalizar parte de las operaciones fuera del segmento mayorista.

La política responde a una lógica de intervención gradual: acumular reservas sin provocar movimientos bruscos en el tipo de cambio.

El dólar sigue bajando y amplía la distancia con el techo de la banda

El contexto cambiario muestra, por ahora, señales de estabilidad.

El dólar mayorista retrocedió cuatro pesos hasta $1.396, una caída de 0,3% en la jornada, mientras que en lo que va de 2026 acumula una baja de 59 pesos (4,1%). En el mercado minorista, el billete cerró en $1.415 para la venta en el Banco Nación, con una baja de cinco pesos.

Con esos valores, el tipo de cambio oficial se ubica 236,48 pesos por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.632,48. La distancia, equivalente a 16,9%, es la mayor desde julio del año pasado.

El mercado opera con una oferta sostenida de divisas. Parte de esos ingresos proviene de liquidaciones del sector agroexportador, que se anticipan a la etapa de mayor volumen de ventas externas. También influyen las colocaciones de deuda de empresas y provincias en el exterior, que desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 acumularon USD 11.000 millones.

Las tasas de interés en pesos, que se mantienen elevadas, completan el escenario: desalientan la dolarización y refuerzan la demanda de activos en moneda local.

La deuda pública condiciona la acumulación de divisas

El otro frente que condiciona la política cambiaria es la deuda pública.

Durante febrero, la Administración Central registró operaciones por USD 45.738 millones, entre financiamiento y pagos de capital e intereses. En ese contexto, el stock de deuda de la administración central se ubicó en USD 472.135 millones, con un aumento de USD 11.200 millones respecto de enero.

Sin embargo, el indicador más seguido por el mercado muestra otra dinámica: la deuda consolidada en relación al PBI bajó a 56,9%, una reducción de 2,3 puntos porcentuales en el mes.

La explicación combina varios factores: la evolución del tipo de cambio, ajustes contables vinculados a bonos indexados y la capitalización de intereses.

En paralelo, el cronograma de vencimientos continúa concentrando pagos relevantes. El 27 de febrero el Tesoro afrontó más de USD 1.000 millones en vencimientos de Bopreales y USD 878 millones en intereses del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Hacia adelante, el calendario marca otro punto crítico: un vencimiento superior a USD 4.200 millones previsto para julio.

Según el equipo económico, el financiamiento para cubrir esos compromisos ya estaría asegurado mediante fuentes adicionales de crédito que serán anunciadas en los próximos días.

El desafío del programa económico

La estrategia oficial intenta sostener tres objetivos simultáneos: acumular reservas, mantener la estabilidad cambiaria y cumplir con los pagos de deuda sin generar tensiones financieras.

Para lograrlo, el Gobierno depende de varios factores externos: el ingreso de divisas por exportaciones, el acceso al financiamiento internacional y la capacidad del Tesoro para renovar sus vencimientos en el mercado.

Analistas del sector financiero advierten que la coordinación entre el Banco Central y el Tesoro seguirá siendo un elemento clave para el desempeño económico en el corto plazo.

El esquema funciona mientras exista oferta suficiente de dólares y demanda de instrumentos en pesos. Si alguno de esos equilibrios se altera, el margen de maniobra se reduce.

Un equilibrio que todavía está en construcción

El comportamiento del dólar en las últimas semanas sugiere que el programa económico logró estabilizar el frente cambiario.

Sin embargo, la dinámica de reservas y deuda muestra que esa estabilidad depende de una ingeniería financiera delicada. Cada pago de deuda impacta sobre el balance del Banco Central, mientras que cada intervención cambiaria obliga a recalibrar la política monetaria.

El verdadero test llegará en los próximos meses, cuando coincidan la temporada alta de liquidación del agro, el calendario de vencimientos de deuda y las decisiones de política monetaria global.

En ese cruce de variables se definirá si la estrategia oficial logra consolidar la acumulación de reservas o si el equilibrio actual se vuelve más difícil de sostener.

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El Gobierno emite una nueva letra en dólares para refinanciar deuda con el Banco Central

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación de deuda intraestado para reprogramar compromisos financieros con el Banco Central. A través de la Resolución Conjunta 14/2026, publicada el 16 de marzo, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron la emisión de una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses con vencimiento el 17 de marzo de 2031” por hasta USD 21.086.082, que será colocada directamente en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La decisión responde a un mecanismo previsto en la Ley de Presupuesto 2026, que habilita al Gobierno a refinanciar parte de los intereses de las letras intransferibles que mantiene el BCRA en su cartera. El movimiento financiero no altera la relación institucional entre el Tesoro y el Banco Central —históricamente vinculados por este tipo de instrumentos—, pero sí vuelve a poner en escena la arquitectura de financiamiento interno con la que el Estado administra vencimientos en moneda extranjera.

La medida abre una pregunta recurrente en la política económica argentina: ¿se trata de una simple operación técnica dentro del sistema de crédito público o de una señal más amplia sobre la estrategia de manejo de deuda y liquidez entre el Tesoro y la autoridad monetaria?

Reprogramación de intereses y nueva letra a cinco años

La resolución ejecuta lo establecido en el artículo 55 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, que determinó que durante este ejercicio fiscal el 60% de los intereses y amortizaciones de determinadas letras en dólares en manos del BCRA se refinancien mediante nuevos títulos, mientras que el 40% restante se pague en efectivo.

En este caso, la operación cubre dos vencimientos específicos: USD 6.945.920, correspondientes al 60% del quinto cupón de interés de la Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 15 de septiembre de 2033, cuyo pago opera el 16 de marzo de 2026. USD 14.140.162, correspondientes al 60% del noveno cupón de interés de las Letras del Tesoro Nacional en dólares emitidas bajo el artículo 3° del Decreto 622/2021, con vencimiento el 25 de marzo de 2026.

Para cancelar esos compromisos, el Tesoro emitirá la nueva letra con estas características: Fecha de emisión: 16 de marzo de 2026. Vencimiento: 17 de marzo de 2031. Plazo: cinco años. Colocación: directa al BCRA. Amortización: íntegra al vencimiento

El instrumento devengará intereses semestrales con una tasa vinculada al rendimiento de las reservas internacionales del Banco Central. Ese rendimiento tendrá un límite máximo determinado por la tasa SOFR a un año más 0,71513% menos un punto porcentual, aplicada sobre el capital efectivamente suscripto.

La Oficina Nacional de Crédito Público será la encargada de calcular la tasa aplicable en cada período, a partir de la información que provea el propio Banco Central sobre el rendimiento de sus reservas.

El marco institucional: presupuesto y crédito público

La operación se inscribe dentro del Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que toda operación de endeudamiento del sector público debe estar autorizada por el presupuesto anual o por una ley específica.

En el Presupuesto 2026, el Congreso habilitó al Ministerio de Economía —a través de las Secretarías de Finanzas y Hacienda— a coordinar estas operaciones dentro de los montos y destinos de financiamiento previstos en la planilla anexa al artículo 44.

Ese esquema define al Tesoro como emisor de los instrumentos y al BCRA como acreedor institucional en determinados casos, una relación que se consolidó a lo largo de los últimos años mediante la utilización de letras intransferibles en dólares como mecanismo de financiamiento interno.

La resolución actual no introduce un instrumento nuevo, sino que ejecuta una cláusula presupuestaria ya prevista, que permite refinanciar parte de los intereses mediante títulos a cinco años.

Impacto financiero y dinámica entre Tesoro y Banco Central

Desde el punto de vista operativo, la emisión evita un desembolso inmediato en dólares por la totalidad de los intereses que vencen en marzo. El Tesoro paga una parte en efectivo y convierte el resto en un nuevo compromiso financiero a mediano plazo.

Este tipo de operaciones tiene dos efectos directos: Extiende los plazos de la deuda intraestado, trasladando pagos hacia el futuro. Mantiene el vínculo financiero entre el Tesoro y el Banco Central mediante instrumentos específicos que no se negocian en el mercado.

La nueva letra, al igual que otras emitidas en el pasado, será intransferible, lo que implica que permanecerá en la cartera del Banco Central y no podrá comercializarse en el mercado secundario.

El diseño de la tasa —atado al rendimiento de las reservas— también introduce un mecanismo de referencia indirecta al desempeño de los activos internacionales del BCRA.

Un instrumento recurrente en la arquitectura financiera del Estado

Las letras intransferibles se utilizan desde hace años como herramienta para administrar la relación financiera entre el Tesoro y el Banco Central. Su particularidad radica en que funcionan como activos contables del BCRA y al mismo tiempo como pasivos del Tesoro, sin circulación en el sistema financiero.

En términos de política económica, permiten reorganizar vencimientos y evitar desembolsos inmediatos, aunque trasladan obligaciones hacia adelante dentro del balance consolidado del sector público.

La resolución conjunta firmada por las Secretarías de Finanzas y Hacienda se inscribe en ese mecanismo institucional ya previsto en la ley de presupuesto.

Un movimiento técnico dentro de una estrategia más amplia

La operación por USD 21 millones es relativamente acotada en términos de volumen, pero forma parte de una lógica más amplia de administración de la deuda pública y del vínculo entre el Tesoro y el Banco Central.

El esquema previsto para 2026 —pagar una parte de los intereses en efectivo y refinanciar el resto— busca administrar los flujos financieros sin modificar las reglas del presupuesto vigente.

Sin embargo, cada operación de este tipo vuelve a abrir el mismo interrogante estructural: hasta qué punto las letras intransferibles seguirán siendo el instrumento central para ordenar la deuda intraestado o si, en el mediano plazo, el Gobierno avanzará hacia un rediseño más amplio de esa relación financiera.

Por ahora, la resolución se limita a ejecutar lo ya autorizado por el Congreso. Pero el modo en que el Tesoro continúe utilizando estas herramientas a lo largo del año será un indicador clave para entender la estrategia de financiamiento del sector público.

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El gobierno reacciona mal y tarde a la irregularidad

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Luego de dar una señal de techo a las tasas y de una política monetaria menos restrictiva sobre el final de febrero, el gobierno continuó comprando reservas, aunque intervino en el mercado secundario de títulos indexados al dólar, mantuvo las tasas de cortísimo plazo en alrededor del 20,0% y obtuvo un rollover del 108,1% en la última licitación.

En cuanto a la acumulación de reservas, recordemos que el 23 de febrero se tomaron una serie de medidas que señalizaron un techo a las tasas de interés en pesos y buscaron desacelerar parcialmente el carry. Esto provocó una subida del tipo de cambio que se estabilizó en la zona de $1.400/$1.420. Dado que la oferta de divisas asociada al carry se reduciría, una hipótesis, convalidada hoy, es que a partir de este cambio el BCRA desaceleraría su compra de divisas para no ponerle presión al precio del dólar. Desde el 23 de febrero hasta la fecha, el promedio de compra del BCRA al Sector Privado fue de USD 60 millones diarios, mientras que el promedio del año hasta ese cambio de dinámica que señalamos había sido de USD 73 millones. En principio uno podría pensar que el gobierno eligió una configuración en la cual las tasas de interés comiencen a ser más bajas y menos volátiles, a cambio de aflojar marginalmente el ritmo de compras que sostuvo durante los primeros dos meses del año, siempre que el efecto sobre el tipo de cambio no sea significativo. Aun así, todavía es pronto para sacar conclusiones y un factor que debe ponderarse en el análisis es el contexto internacional que entró en turbulencia, con presiones devaluatorias sobre países emergentes y la incertidumbre generada por la guerra en medio oriente.

En cuanto a las condiciones de política monetaria, el BCRA admitió, en el último informe monetario mensual, que las compras de reservas no tuvieron como contraparte un aumento en la demanda de dinero, algo que habíamos adelantado en el newsletter de CEPA. La mención resulta peculiar dado que contradice el discurso de más de un funcionario de la autoridad monetaria. Por ejemplo, Federico Furiase (hoy Secretario de Finanzas) publicó a principios de febrero que “El Tesoro absorbe pesos que vienen del desarme de repo pasivo del BCRA”, es decir, que la compra dólares sí respondió a un aumento en la demanda de dinero, cuyo incremento se reflejó en una caída del stock de pesos que “sobran” en el sistema financiero (repo pasivo del BCRA) durante el mes de diciembre. Este argumento omite aspectos que expusimos en nuestra 1era edición de febrero. El textual del informe del BCRA es: “En línea con el comportamiento de la demanda de dinero, la Base Monetaria se contrajo 0,8% en términos reales y ajustada por estacionalidad. Comparando el saldo a fin de febrero con el del cierre del primer mes del año registró una disminución de $1,8 billones. Si bien la compra de divisas de la autoridad monetaria fue un factor de creación primaria de dinero (en febrero adquirió USD 1.557 millones, acumulando un total de USD 2.715 millones en el primer bimestre del año), su efecto resultó más que compensado por la contracción asociada a las operaciones del fisco y a las operaciones del BCRA en el mercado secundario”.

La confesión del BCRA en su informe monetario se vio reflejada también en el resultado de la licitación del jueves 12, donde Finanzas obtuvo un rollover del 108,1% y retiró de circulación $0,9 billones. Justamente el monto esterilizado es similar a la emisión por compras de divisas realizadas por el Banco Central desde la última licitación ($0,8B), demostrando una continuidad en la dinámica del BCRA emitiendo y el Tesoro esterilizando. La última colocación también nos dejó algunos detalles clave: aun luego del mal dato de IPC (2,9% general y 3,1% la núcleo para febrero) se convalidaron tasas del 2,6% Efectiva Mensual para mayo de 2026, quedando en terreno negativo; por otro lado, el bonar AO27 en dólares salió al 5,6% TIR y si bien el rendimiento disminuyó respecto a la anterior colocación, también lo hicieron las ofertas rechazadas (USD 286 millones vs. USD 718 millones). Creemos que esto responde a una disminución de los dólares ociosos en el sistema, por lo que a medida que éstos se vayan agotando, es probable que estas tasas no se mantengan en el mediano plazo.    

Según publicaron medios nacionales y replicaron agencias de Wall Street, la renuncia del Secretario de Finanzas Alejandro Lew estuvo relacionada con una frustrada colocación significativa de títulos en dólares para obtener el rollover de los próximos vencimientos, que finalmente se dio bajo la modalidad del AO27, en menor cuantía. La propuesta del ahora exsecretario hubiese sido una emisión bajo ley extranjera acompañado de un canje de títulos y habría conseguido acordar con los principales fondos colocar alrededor de USD 9.500 millones a una tasa del 9,75%. La idea era que el despeje temprano de los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027 acelere la caída del Riesgo País y permita al equipo económico un mayor margen de maniobra. La operación se canceló por orden de Milei.

Esta especulación no suena descabellada si tenemos en cuenta el discurso que adoptó el gobierno a partir del fracaso en la colocación de deuda de diciembre de 2025, donde luego de buscar USD 1.000 millones a menos del 9,0% TNA, obtuvieron USD 910 millones al 9,3% TNA y la postura pasó a ser “eliminar la dependencia de Wall Street”. Este episodio, en conjunto con la reticencia de los fondos extranjeros a los activos argentinos y la búsqueda de imposición de condiciones (recordemos que luego de las elecciones destacaron las declaraciones del director de mercados emergentes del fondo PIMCO, quien pidió “encarecidamente que dejen flotar su moneda” y agregó “los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Punto final.”) contribuyeron a lo que vemos como un deterioro en la relación del gobierno con estos actores y a una puja de poder de negociación en la cual Milei busca demostrar que no los necesita y que prefiere/puede recurrir a mecanismos como el REPO, privatizaciones y concesiones de empresas o colocaciones locales para evitarlos. Estas alternativas no son para nada sostenibles para el refinanciamiento de la carga de vencimientos en moneda extranjera (USD 34.568 millones durante 2026 y 2027 incluyendo Bonares, Globales y Organismos Internacionales) y creemos que más temprano que tarde tendrá que dar el brazo a torcer, a menos que proceda en la descapitalización del Banco Central.

Los balances bancarios continúan dando mal y el gobierno anuncia medidas

La última semana salieron las presentaciones trimestrales de los balances de los bancos y los resultados van en línea con lo que venimos desarrollando desde hace varias ediciones, la morosidad muestra aumentos en el cuarto trimestre para todos los bancos (aunque en niveles muy distintos). El Grupo Financiero Galicia muestra la morosidad más elevada, en 8,2%, mientras que el Banco Macro registra 3,9%. Para las cuatro principales entidades que reportan en bolsa (Galicia, Francés, Macro y Supervielle), a pesar de la diferencia en las cantidades, la dinámica es la misma: fuertes subas en la morosidad del segmento minorista, de entre 0,9 p.p. y 1,4 p.p. de aumento trimestral y en el rango de 4.0 a 5.3 p.p. en términos interanuales. Como consecuencia, las previsiones -los recursos que los bancos reservan para afrontar futuras pérdidas por intereses incobrables- mostraron significativos aumentos en términos reales durante el último trimestre: +408% para el Supervielle (lo que representa 35% de los ingresos trimestrales de la entidad), +243% en el caso del Banco Macro (16,5% de los ingresos), +233% Grupo Financiero Galicia (41% de los ingresos) y +181% en el Banco Francés (25% de los ingresos).

También es relevante marcar la caída de la participación de los bancos privados en el segmento de crédito hipotecario, que tuvo como consecuencia que el Banco Nación se convierta en casi único prestamista. A comienzos de 2025 el BNA otorgaba alrededor del 20% de esta línea y el Galicia lideraba con 32%, mientras que a enero de 2026 el Banco Nación representó el 97% de las hipotecas entregadas. Esto encuentra un correlato en la evolución de las tasas de interés ofrecidas, que en sus mínimos de oct-24 promediaban 5,4% TNA (con acreditación de sueldo) y en feb-26 promediaron 11,4% TNA, un incremento de 6 puntos porcentuales impulsado por la política del Tesoro de ofrecer tasas reales altas en sus títulos. Como reacción a la insostenibilidad del otorgamiento de estas líneas, los bancos habrían pedido al equipo económico medidas relacionadas a la securitización de estos créditos, es decir, el agrupamiento o empaquetamiento de múltiples hipotecas para convertirlas en activos financieros negociables en el mercado secundario de títulos. En este sentido, es posible que el gobierno esté pensando en utilizar los recursos del FAL como garantía de fondeo a mediano/largo plazo para la securitización de los créditos hipotecarios.

En este contexto de fuerte crecimiento del riesgo de crédito se conocieron dos medidas. Por un lado, el BCRA comunicó la implementación de un nuevo instrumento, el Cobro con Transferencia (CCT), que permite el cobro de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata hacia los acreedores (a diferencia del débito automático que puede presentar liquidaciones diferidas). Debería estar disponible para septiembre de 2026. Lo que consideramos más relevante de esta medida es el límite que impone en cuanto a la relación cuota/ingreso de 30% que, si bien era una práctica habitual para los bancos, la novedad es que incorpora a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). Uno de los grandes problemas de la dinámica de sobreendeudamiento de las familias derivó del no control de la relación cuota/ingreso en los PNFC (Mercado Pago, NaranjaX, etc.): aunque los bancos limitaban los nuevos préstamos al 30%, los PNFC permitían financiaciones, provocando que las cuotas (agregando deuda con ambos tipos de entidades) superen ampliamente el 30% del salario. Otros de los aspectos importantes de la nueva modalidad es la asignación de la responsabilidad de fraude al prestamista y el límite a la cantidad de intentos de cobro de las cuotas, ya que ciertas entidades otorgan préstamos a individuos con baja o nula capacidad de pago, pero apuestan a “barrer las cuentas” constantemente. Aunque el CCT contiene medidas que ayudarían a un mercado crediticio más saludable, llega muy tarde y no resuelve el problema de la irregularidad del crédito hoy, sino que suaviza las condiciones en adelante, pero tendrá, como contracara, una reducción de consumo. Como sostenemos constantemente, la morosidad es una consecuencia de un programa económico que no impone un marco de tasas de interés asequibles para las familias, al mismo tiempo que recurre a pisar los salarios como ancla inflacionaria.    

La otra medida anunciada fue el descuento en nómina, muy festejada por el ministro Sturzenegger en redes sociales. La norma, incluida en la Reforma Laboral y que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, consiste en la habilitación a las entidades bancarias para descontar del salario las cuotas de préstamos. Aunque el gobierno la comunique como una medida de alivio a las familias, realmente atiende a las necesidades de las Entidades Financieras. En cuanto a las tasas, el razonamiento se orienta a que, si es más segura la capacidad de cobro, el costo de endeudamiento debería bajar. Además, incentiva a un menor esfuerzo de los prestamistas respecto el análisis crediticio de las familias, ya que cuentan con un seguro de descuento salarial. Por último, aunque se lo presente como una modalidad libre de riesgo, está expuesto a la pérdida del empleo, en un contexto de expectativas de caída de la actividad industrial y la desregulación generada por la reforma laboral.

Los cuatro frentes de Trump: inflación, Irán, crecimiento y elecciones

Previo a la guerra con Irán, los datos de inflación núcleo en Estados Unidos del último trimestre mostraban un valor interanual cada vez menor (2,7% en diciembre, 2,5% en enero y 2,47% en febrero), aunque con datos trimestrales más cercanos al 3% anual. La pregunta era, entonces, si se había estancado el proceso desinflacionario. Pero ahora con el impacto inflacionario evidente derivado del precio del petróleo que oscila entre subas del 28% y 65% desde el inicio del conflicto, la pregunta es otra: la suba del petróleo ¿tendrá un efecto único (one off) o habrá impactos de segunda ronda que puedan llevar a la FED a subir las tasas de interés este año? En este contexto, las probabilidades implícitas de suba de tasas en base a la FED de Atlanta pasaron de 8% previo al conflicto al 23% para fines de 2026.

Este escenario de inflación creciente se presenta en un momento de mucha debilidad del mercado laboral: en febrero se perdieron 92.000 puestos de trabajo y el desempleo subió 0,1 p.p. (a la zona de 4,4%), nivel en el cual se mantiene relativamente estable desde septiembre de 2025 (aunque es 0,6 p.p. mayor al valor de marzo 2025). La debilidad del mercado laboral se refleja en que, en promedio, la variación de empleo en los últimos seis meses fue de una retracción de mil puestos de trabajo por mes, en un país que según estimaciones de la FED y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), debe crear entre 40 mil y 80 mil puestos de trabajo mensuales para mantener estable el nivel de desempleo (debido a la incorporación de jóvenes e inmigrantes al mercado laboral).
Trump llegó al poder con la propuesta inicial del 3-3-3, que hacía referencia a aumentar en 3 millones la producción de barriles de petróleo, 3% el PBI y reducir el déficit financiero al 3%. Pero este escenario se encuentra lejos de cumplirse.

Para el objetivo de 3 millones nuevos de barriles por día el gobierno recurrió principalmente a desregulaciones del sector y quitar beneficios a las energías renovables, el resultado fue una suba de 0,7 millones desde enero a septiembre, donde la producción se estancó y las proyecciones de la EIA (Energy Information Administration) para 2026 no muestran un repunte en la producción, por lo que si se desea alcanzar el objetivo harán falta nuevas medidas o un precio mayor al promedio 2025 (USD $69 por barril).
El 3% de crecimiento del PBI por año aún no se logró: 2,2% en 2025 aunque impactado por el shutdown. Según el discurso oficial se alcanzaría por las desregulaciones y quitas de impuestos, aunque lo más probable es que el motor real para un eventual 3% de crecimiento sea la inteligencia artificial. En ese punto es relevante notar que el impacto de la política antinmigración de Trump lo alejó de la meta. Según estimaciones de la Reserva Federal de San Francisco, la inmigración neta en 2025 alcanzaría las 500.000 personas, frente a los 2,2 millones de 2024, lo que, según estimaciones de la FED de Dallas, redujo el crecimiento del PBI en 2025 entre 0,75 y 1,0 puntos porcentuales.

El último objetivo, de 3% de déficit financiero, depende no solo de una reducción del déficit primario mediante recaudación por aranceles y ajustes al gasto sino también una reducción en la carga de los intereses de la deuda por lo que, durante los últimos meses, se profundizaron las presiones hacia Powell para que baje las tasas. La combinación del fallo adverso de la Corte Suprema y que después de los últimos acontecimientos el mercado redujo sus expectativas de bajas de tasas, genera que se aleje aún más el objetivo.

Respecto al futuro de las tasas de interés, las especulaciones acerca de qué esperar con la asunción de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en mayo, son enormes. Se trata de un ex gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 que, si bien apoyó el Quantitave Easing (inyección de liquidez mediante compras de títulos públicos por parte de la FED), luego se volvió muy crítico de la liviandad con la que se lo utilizó posteriormente (actualmente nos encontramos en un ciclo de inyección de liquidez iniciado en diciembre 2025 por USD 20 mil millones mensuales). Si bien se trata de un perfil con diversas conferencias de prensa en las cuales prioriza controlar la inflación y, por lo tanto, se lo considera más propenso a un endurecimiento de la política monetaria, no es un factor a olvidar que quien propuso su candidatura es el mismo Trump. Luce difícil entender las razones por las cuales Trump hubiera elegido alguien incluso más restrictivo que Powell (a quien critica cada vez que puede por su “demora” en bajar las tasas). Es posible imaginar que, al revés de lo previsto, Kevin Warsh es elegido justamente para hacer el “trabajo sucio” (una baja de tasas más basada en motivos políticos que técnicos) por su reputación de un hombre duro contra la inflación.

Actualmente todos los medios económicos se centran en guerra en Irán. La previsión inicial de guerra corta (por los grandes costos en términos de actividad e inflación que puede generarle a Estados Unidos un conflicto extendido) parecen diluirse con el correr de los días. Se trata de una guerra con un país que parece haberse preparado para el conflicto, que cuenta con fuertes ventajas geográficas para defenderse y que apuesta a un proceso de desgaste atacando plantas desalinizadoras de agua de los países aliados de EE.UU. en la región y cerrando el estrecho de Ormuz para generar el mayor shock de oferta de la historia del petróleo (20 millones de barriles diarios o 20% del volumen global vs 5 millones o 10% del volumen global en la crisis del petróleo de 1973). En este contexto, los países miembros del G7 se comprometieron a liberar 400 millones de barriles para atender al shock (más del doble de lo que liberaron con el ataque de Rusia a Ucrania) y el Tesoro de los Estados Unidos empezó a intervenir activamente en los futuros de petróleo para intentar reducir el shock. Estas decisiones terminaron fortaleciendo la hipótesis de conflicto largo (un problema de flujo no se resuelve con stock). La extensión del conflicto impacta en dos problemas concretos. Por un lado, países como Iraq y Kuwait comunicaron que reducirán su producción ya que no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente para mantener el ritmo sin poder enviar barriles por el estrecho. En segundo lugar, aumenta las probabilidades de daños a capacidades instaladas difíciles de recuperar como la planta de GNL en Qatar, por lo que el mercado comienza a incorporar escenarios de estrés incluso después de una reapertura del estrecho de Ormuz.

La incertidumbre sobre la evolución de la inflación y el impacto futuro del incremento del precio del petróleo, los incumplimientos de promesas sobre PBI, déficit financiero y producción petrolera, la decisión de la Corte Suprema sobre aranceles y el escenario de posible postergación de baja de tasas, se debe analizar al calor de un hecho político trascendente: en noviembre de este año Trump enfrenta las elecciones de medio término, algo que parece condicionarlo en cada decisión.

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