bancos argentinos

BCRA admite que las tasas son “impagables” para muchas familias y pide refinanciar deudas

Compartí esta noticia !

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reconoció en Puerto Iguazú que el elevado costo del crédito está profundizando la mora de los hogares. Pidió a los bancos absorber pérdidas y ofrecer refinanciaciones con tasas más bajas y plazos más largos, sin asistencia estatal.

La discusión sobre la mora crediticia de las familias sumó en Misiones una definición relevante de la autoridad monetaria. Durante la apertura de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, admitió que las tasas de interés todavía se encuentran en niveles elevados y que, para una parte de los hogares, resultan “impagables en términos reales”.

El diagnóstico del funcionario pone el foco en una tensión central del actual proceso económico: mientras el costo financiero para las empresas se redujo con mayor velocidad después del shock cambiario asociado a las elecciones de 2025, las familias continúan enfrentando condiciones crediticias más exigentes. Esa brecha aparece vinculada con una mora que, según Werning, permanece estable en torno al 7,7% desde hace tres meses.

El crédito corporativo bajó más rápido que el familiar

Werning planteó que la evolución de las tasas fue diferente según el tipo de deudor. Después del salto registrado durante el período electoral de 2025, las entidades financieras redujeron rápidamente las tasas reales aplicadas a las empresas.

El funcionario vinculó esa mejora con una menor percepción de riesgo político, mejores expectativas sobre las reformas económicas y perspectivas de remonetización y acumulación de reservas. Como consecuencia, sostuvo que el costo financiero para las compañías quedó aproximadamente en un quinto del máximo alcanzado durante el momento de mayor incertidumbre.

La mora empresarial acompañó esa trayectoria y se mantuvo contenida. Incluso, Werning señaló que actualmente es menor que durante el último ciclo de expansión del crédito privado registrado durante la gestión de Mauricio Macri.

En los hogares, en cambio, el traslado de esa mejora fue mucho más limitado. Según explicó, las tasas destinadas al financiamiento familiar descendieron apenas una cuarta parte desde el máximo electoral y todavía permanecen en torno a tres cuartas partes de aquel pico.

“Las tasas de interés son altas e inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, reconoció el vicepresidente del BCRA.

La salida que propone el Banco Central

Frente al aumento de los incumplimientos, Werning ubicó la solución en una negociación directa entre bancos y deudores. La herramienta central sería la refinanciación, pero bajo condiciones sustancialmente diferentes de las que originaron el problema.

“Esas refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para dar oportunidad de pago y con plazos más largos”, planteó.

El punto es relevante porque una refinanciación con una tasa todavía elevada puede postergar el incumplimiento sin resolver la capacidad de pago. En esa lógica, el costo al que las entidades financieras reestructuren las obligaciones aparece como una variable decisiva para determinar si la mora finalmente comienza a descender.

Werning sostuvo además que los bancos tienen capacidad patrimonial para absorber las pérdidas derivadas de sus carteras crediticias y rechazó que el Estado deba asistirlos por ese motivo.

“Los bancos hoy tienen capital de sobra y claramente tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado; no necesitan asistencia externa”, afirmó.

La definición establece un límite claro frente a eventuales mecanismos de auxilio estatal: la recomposición de las carteras deterioradas debería recaer sobre las propias entidades, mientras que el alivio para los deudores debería surgir de mejores condiciones de financiamiento.

Una mora elevada que podría haber encontrado un techo

El 7,7% de mora que mencionó Werning funciona como el principal dato para medir la magnitud del problema. Según su exposición, el indicador permaneció estable durante los últimos tres meses, lo que podría indicar que el deterioro comenzó a encontrar un techo.

El otro dato relevante es que el crédito destinado a las familias dejó de contraerse, aunque todavía no ingresó en una etapa de recuperación. Para el vicepresidente del BCRA, una nueva expansión del financiamiento a los hogares podría contribuir a mejorar la relación entre los préstamos vigentes y las obligaciones impagas.

Las refinanciaciones, en tanto, crecieron con fuerza. La expectativa oficial es que ese proceso permita comenzar a reducir la mora, aunque el resultado dependerá de las condiciones efectivamente ofrecidas por los bancos.

El desafío consiste entonces en evitar que la refinanciación se transforme simplemente en una acumulación de deuda. Si el nuevo préstamo mantiene un costo incompatible con los ingresos de los hogares, el problema puede trasladarse hacia adelante en el calendario sin modificar su causa.

El Gobierno busca preservar el acceso al crédito

Werning también rechazó iniciativas legislativas orientadas a modificar artificialmente la calificación de los deudores o a intervenir sobre los registros de morosidad. Desde su perspectiva, esas medidas podrían dificultar la evaluación del riesgo por parte de las entidades financieras y terminar restringiendo el crédito futuro.

“Romper el termómetro solo va a generar más incertidumbre”, advirtió.

La posición del BCRA apunta así a preservar el funcionamiento del mercado crediticio sin desconocer el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. El problema, desde esa perspectiva, no sería solamente cuánto crédito existe, sino bajo qué condiciones puede volver a crecer.

La definición también expone una contradicción que atraviesa la recuperación: ampliar el financiamiento puede ayudar a recomponer el consumo y la actividad, pero hacerlo a tasas demasiado elevadas puede incrementar nuevamente la morosidad.

Desinflación, condición para recuperar el crédito

Durante su presentación en Puerto Iguazú, Werning defendió además la continuidad del esquema monetario oficial y descartó utilizar una inflación más elevada como mecanismo para estimular la actividad.

“La estabilidad es condición necesaria y un poco de inflación es algo gravísimo”, sostuvo.

El vicepresidente del BCRA argumentó que la aceleración de precios registrada durante 2023 provocó pérdida de poder adquisitivo, deterioro de las reservas y un debilitamiento del balance de la autoridad monetaria, sin generar un crecimiento sostenible.

En ese marco, el Banco Central mantiene un régimen de control de los agregados monetarios orientado a administrar la liquidez y evitar que movimientos transitorios de precios terminen incorporándose a la dinámica inflacionaria.

La estrategia tiene una consecuencia directa sobre el crédito: la recuperación de los préstamos familiares depende no solo de una reducción de las tasas nominales, sino también de que la estabilización monetaria permita disminuir de manera sostenida el costo real del financiamiento.

El crédito en dólares abre otro frente

La política crediticia también está cambiando en el segmento empresario. El BCRA habilitó recientemente a las entidades financieras a destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan ingresos en dólares.

Werning justificó la medida como una forma de movilizar recursos que permanecen sin utilización dentro del sistema financiero y canalizarlos hacia proyectos productivos. Entre los sectores que podrían beneficiarse mencionó especialmente a la construcción.

La apertura de esta vía de financiamiento contrasta con el escenario de los hogares: mientras el crédito empresarial recupera dinamismo, especialmente a partir de los préstamos en dólares, el financiamiento familiar apenas logró detener su caída.

La señal que dejó Werning desde Misiones combina ambos procesos. El BCRA pretende que el crédito vuelva a expandirse, pero sin abandonar la disciplina monetaria ni trasladar al Estado las pérdidas derivadas de las decisiones crediticias de los bancos.

Para las familias endeudadas, la variable crítica será otra: que esa recuperación llegue acompañada por refinanciaciones capaces de convertir una deuda hoy difícil de pagar en una obligación compatible con los ingresos. Allí se juega si el 7,7% de mora representa efectivamente un techo o apenas una pausa antes de un nuevo deterioro.

Compartí esta noticia !

Créditos hipotecarios: quiénes podrán acceder y cuánto deberán ganar

Compartí esta noticia !

El diseño elegido busca separar el fondeo del riesgo crediticio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no otorgará directamente los préstamos hipotecarios ni asumirá el riesgo de los tomadores.

Los recursos serán canalizados a través de licitaciones de depósitos a plazo fijo ajustables por UVA, con vencimientos de entre uno y cinco años. Los bancos que accedan a esos fondos serán los encargados de transformarlos en créditos hipotecarios destinados exclusivamente a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La lógica económica detrás del mecanismo apunta a uno de los principales obstáculos para el desarrollo del mercado hipotecario argentino: la escasez de fondeo de largo plazo. Al ofrecer recursos UVA con vencimientos más extensos, el Gobierno pretende mejorar la capacidad de los bancos para prestar a 15, 20 o 25 años.

El programa contará con un cupo total de $2 billones, que será colocado progresivamente mediante licitaciones de $200.000 millones. La primera convocatoria está prevista para la próxima semana y funcionará también como una primera prueba del interés de las entidades financieras.

Cada banco podrá captar hasta el 20% del monto ofrecido en cada licitación y dispondrá de 90 días para aplicar los recursos a nuevos préstamos hipotecarios.

Créditos de hasta 150.000 UVA y tasa máxima de UVA + 7,5%

Las condiciones anunciadas establecen que los préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años, mientras que el monto máximo será de 150.000 UVA por crédito.

La tasa tendrá un techo de UVA más 7,5% anual, una condición relevante porque determinará, junto con el valor de la propiedad, el porcentaje financiado y los ingresos del grupo familiar, el nivel de la cuota inicial.

El objetivo oficial es que los $2 billones permitan financiar operaciones para entre 17.000 y 18.000 familias.

Caputo presentó un ejemplo para dimensionar el nivel de ingresos requerido. Para adquirir una propiedad valuada en US$106.667, una familia debería acreditar ingresos mensuales por aproximadamente $3.460.391 y afrontar una cuota inicial de $865.089.

En el ejercicio presentado por Economía, el préstamo tendría un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%.

El ejemplo también expone uno de los límites del regreso del crédito hipotecario: aun con mayor disponibilidad de fondos, la relación entre salarios, valor de las propiedades y cuota continúa siendo determinante para definir qué hogares pueden efectivamente acceder al financiamiento.

Caputo puso el anuncio en perspectiva internacional y señaló que el crédito hipotecario argentino mantiene una profundidad muy inferior a la observada en otros países.

“El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto. Para darles una idea, en Chile representa aproximadamente el 27%. En países más desarrollados como Estados Unidos, llegó a representar el 75%. Entonces, hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande”, sostuvo.

La comparación refleja uno de los problemas estructurales de la economía argentina: la dificultad para construir un mercado financiero capaz de canalizar ahorro hacia préstamos de muy largo plazo.

Décadas de inflación elevada, crisis bancarias, defaults, pesificaciones y cambios en las reglas de juego redujeron la disponibilidad de depósitos y activos financieros con horizontes compatibles con créditos hipotecarios de 20 o 30 años.

Precisamente allí aparece el FGS como proveedor de liquidez de mayor plazo.

El ministro buscó despejar uno de los interrogantes centrales del anuncio: qué riesgo asumen los recursos previsionales administrados por el FGS.

Según explicó, el Fondo no financiará directamente a los compradores ni evaluará su capacidad de pago. Esa responsabilidad continuará exclusivamente en manos de las entidades financieras.

“La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, es el trabajo de los bancos. El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”, afirmó Caputo.

El mecanismo consiste, entonces, en extender el horizonte de las colocaciones que realiza el Fondo.

“Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre un año y cinco años. Y esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, explicó.

Para el Gobierno, el problema de fondo excede al mercado inmobiliario y está relacionado con la histórica ausencia de ahorro doméstico de largo plazo.

“Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos”, sostuvo.

Y agregó que, como consecuencia, “nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales”.

El programa intenta avanzar sobre esa restricción sin recrear un sistema de préstamos hipotecarios otorgados directamente por el Estado. El FGS aportará fondeo; los bancos prestarán, seleccionarán a los clientes y asumirán el riesgo crediticio.

El éxito del esquema dependerá, sin embargo, de varias variables simultáneas: la demanda de los bancos en las licitaciones, el costo financiero final, la evolución de la UVA, los salarios, el precio de las propiedades y, fundamentalmente, la continuidad de un escenario macroeconómico que permita sostener contratos de largo plazo.

Los $2 billones representan una inyección relevante para un mercado hipotecario todavía pequeño, aunque el objetivo de alcanzar hasta 18.000 hogares muestra también la dimensión del desafío habitacional y financiero.

La primera licitación por $200.000 millones será, en ese sentido, el primer termómetro concreto para medir cuánto apetito existe entre los bancos por captar fondeo UVA de largo plazo y convertirlo en nuevas hipotecas.

Durante la presentación, el ministro también aprovechó para defender la marcha del programa económico y cuestionar el diagnóstico de la oposición.

“La Argentina viene creciendo por encima de los niveles de la OCDE, el producto en niveles récord, el consumo en niveles récord, exportaciones también en niveles récord y no solo del agro y minería sino también de pymes. El escenario que se trata de vender desde la oposición es lo opuesto al que está ocurriendo”, afirmó.

Caputo sostuvo además que, en sus conversaciones con empresarios, el principal interrogante pasó de las variables económicas al escenario electoral de 2027.

“Hoy el riesgo que plantea la mayoría de las industrias es el electoral. Me junto todo el tiempo con las diferentes industrias. Cuando se les pregunta su mayor preocupación, su única preocupación es la reelección”, señaló.

Finalmente, vinculó esa incertidumbre con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, escenario que descartó: “Es natural porque del otro lado hay evidencia empírica que sería volver al infierno y entiendo la preocupación. Más allá de que para mí hay 0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”.

Compartí esta noticia !

Argentina lidera la morosidad en América Latina y queda última en crédito

Compartí esta noticia !

Argentina quedó en una posición singular dentro del sistema financiero latinoamericano: registra el mayor nivel de créditos impagos entre los 16 países relevados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y, simultáneamente, el menor nivel de crédito en relación con el tamaño de su economía. Los datos, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran una morosidad del 7,3% y un ratio crédito/PBI de apenas 14,3%.

El contraste resulta significativo. Mientras la irregularidad de los préstamos en Argentina casi triplica el promedio regional de 2,78%, la profundidad crediticia local se encuentra muy por debajo del 47,3% que exhibe América Latina en promedio. En otras palabras, el sistema financiero argentino presta poco en términos relativos, pero una proporción creciente de esos préstamos enfrenta dificultades de pago.

El informe de Felaban, entidad que reúne a 540 instituciones financieras de la región, también muestra que la morosidad no es exclusivamente argentina. La cartera vencida de los bancos latinoamericanos alcanzó en marzo un saldo cercano a USD 104.621 millones, 10% más que en diciembre de 2025 y 44% por encima del registro de un año atrás. El indicador regional de morosidad pasó así de 2,51% a 2,78% interanual.

Argentina, sin embargo, se ubicó en el extremo superior del ranking, seguida por Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el otro extremo aparecen República Dominicana, con 1,1%, El Salvador, con 1,4%, y Uruguay, con 1,7%.

El problema no es solamente cuánto se presta, sino cómo se recupera

La combinación de baja profundidad financiera y elevada morosidad modifica el diagnóstico tradicional sobre el crédito argentino. Durante años, el escaso volumen de préstamos privados funcionó también como un límite para la acumulación de riesgos sistémicos: un sistema que presta poco tiene una exposición menor frente a incumplimientos masivos.

El escenario comenzó a cambiar con la recuperación del financiamiento observada durante los últimos dos años. La desaceleración de la inflación, una menor competencia de los instrumentos remunerados del Banco Central y una mayor estabilidad cambiaria favorecieron la expansión del crédito al sector privado. Esa recuperación contribuyó, a su vez, a recomponer la actividad económica después del fuerte ajuste inicial de la actual gestión.

Pero el crecimiento del crédito también expuso un problema que permanecía parcialmente oculto: la capacidad de pago de los hogares y empresas. La expansión de los préstamos, sin una mejora equivalente en los ingresos disponibles, puede traducirse en un aumento de la cartera irregular.

El dato adquiere mayor relevancia porque el sistema bancario tradicional concentra aproximadamente dos tercios de los $14 billones contabilizados como préstamos en situación irregular. El resto corresponde al universo de proveedores de financiamiento no bancario, donde participan fintech, tarjetas de supermercados y cadenas comerciales, mutuales y cooperativas.

La inflación sigue condicionando la profundidad financiera

La historia reciente de la economía argentina ayuda a explicar esta combinación. La inflación elevada deteriora el ahorro de largo plazo, dificulta la planificación financiera y aumenta el riesgo asociado a prestar en moneda local durante períodos extensos.

Según el relevamiento de Felaban, Argentina es el único país incluido en la muestra que mantiene una inflación anual de dos dígitos. Bolivia, que había registrado 20,4% durante 2025, logró reducir significativamente su ritmo de aumento de precios durante el primer semestre de 2026.

La inflación afecta tanto la oferta como la demanda de crédito. Para los bancos, implica mayores dificultades para establecer condiciones financieras sostenibles y administrar el riesgo. Para familias y empresas, en cambio, reduce la previsibilidad necesaria para asumir compromisos de largo plazo.

La recuperación del crédito durante los últimos dos años muestra que una reducción de esas restricciones puede reactivar el financiamiento. Pero el salto de la morosidad plantea la segunda parte del desafío: que el crecimiento del crédito sea acompañado por capacidad de pago, mejores mecanismos de evaluación y condiciones financieras compatibles con los ingresos.

Un punto crítico: la cobertura frente a los incumplimientos

Otro indicador del informe agrega una señal de atención. El nivel de cobertura del sistema bancario latinoamericano —que mide la relación entre las provisiones constituidas y el saldo de cartera vencida— se ubicó en 164% en marzo de 2026, por debajo del 170% registrado un año antes.

Argentina aparece entre los países con menor cobertura. El indicador local fue de 84%, por debajo del 100% y solamente por encima, dentro de los países comparados, de Panamá, que registró 93%. En contraste, República Dominicana alcanzó 316%, Uruguay 226% y Ecuador 210%.

La combinación de una morosidad elevada y una cobertura inferior al total de la cartera vencida constituye uno de los puntos que el sistema financiero deberá seguir de cerca a medida que continúe expandiéndose el crédito.

El desafío para Argentina: prestar más sin repetir los ciclos de endeudamiento

El dato central del informe no es solamente que Argentina tenga una morosidad del 7,3%. El verdadero problema estructural aparece cuando ese porcentaje se cruza con el 14,3% de crédito sobre PBI. El país necesita profundizar su mercado financiero para acercarse a los niveles regionales, pero esa expansión debe evitar que un crecimiento rápido del endeudamiento de hogares y empresas termine deteriorando todavía más las carteras.

Ese equilibrio será particularmente relevante en segmentos como los créditos hipotecarios, personales y destinados a pequeñas empresas, donde el acceso al financiamiento puede generar efectos positivos sobre consumo, inversión, construcción y actividad productiva.

La discusión, por lo tanto, excede la cuestión de si los bancos deben prestar más. El desafío consiste en construir un sistema capaz de ampliar el crédito de manera sostenible: con moneda y plazos compatibles, evaluación adecuada del riesgo, protección del ahorro y mecanismos que permitan atravesar episodios de estrés sin transformar el endeudamiento en una nueva fuente de inestabilidad.

Para una economía que todavía tiene uno de los sistemas financieros menos profundos de la región, el dato de Felaban deja una paradoja difícil de ignorar: Argentina necesita mucho más crédito, pero primero debe lograr que ese crédito sea sostenible para quien lo recibe y recuperable para quien lo otorga.

Compartí esta noticia !

Caputo anunció un plan de $2 billones para ampliar el crédito hipotecario con fondos de la Anses

Compartí esta noticia !

El Gobierno anunció este miércoles un nuevo esquema para intentar reactivar el crédito hipotecario en Argentina, con un programa de $2 billones destinado a generar fondeo de largo plazo para los bancos. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los recursos provendrán de licitaciones de depósitos a plazo fijo entre entidades financieras y tendrán como objetivo ampliar los préstamos para la compra, construcción, ampliación y refacción de la primera vivienda.

El anuncio fue realizado a las 10 en el Palacio de Hacienda, donde Caputo estuvo acompañado por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier. La iniciativa retoma una alternativa que el Gobierno ya había anticipado y pone al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses en el centro de una estrategia para generar ahorro de mayor plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo programa para ampliar la oferta de crédito hipotecario en Argentina, utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como fondeo de largo plazo para los bancos. El esquema contempla licitaciones por un total de $2 billones y apunta a facilitar préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La medida busca atacar uno de los problemas estructurales del sistema financiero argentino: el descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos hipotecarios que pueden extenderse durante 15, 20 o 25 años. La estrategia oficial consiste en que el FGS coloque depósitos a plazo fijo ajustados por UVA más una tasa adicional, mientras las entidades financieras utilizan ese fondeo para ampliar la cartera de créditos hipotecarios.

Según explicó Caputo durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el programa tendrá licitaciones de $200.000 millones cada una. Los depósitos podrán constituirse a uno o cinco años, con tasas mínimas de UVA más 2,5% para el primer tramo y UVA más 4,5% para el segundo. Los bancos, a su vez, no podrán otorgar con estos fondos créditos hipotecarios por encima de una tasa de UVA más 7,5%.

El programa estará destinado exclusivamente a primera vivienda y los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años. El monto máximo será equivalente a 150.000 UVA por crédito. La estimación oficial es que, tomando como referencia el monto promedio actual de los préstamos, el programa podría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias, aunque esa cifra dependerá del valor promedio de los créditos que finalmente originen los bancos.

Caputo planteó que el objetivo excede al mercado inmobiliario. Para el ministro, el desarrollo del crédito hipotecario puede convertirse en un mecanismo de impulso para la construcción, el consumo asociado al equipamiento de los hogares y la formalización de trabajadores que hoy permanecen fuera del sistema financiero tradicional.

El diagnóstico oficial parte de una comparación que muestra la baja profundidad del crédito hipotecario argentino. Caputo señaló que el stock de préstamos hipotecarios representa actualmente alrededor del 2% del producto, frente a aproximadamente 27% en Chile y niveles históricamente mucho mayores en Estados Unidos. En pesos nominales, el stock pasó de unos $7,5 billones al inicio de la gestión a $16,8 billones, mientras que, medido en UVA, el crecimiento informado por el ministro fue del 57%.

El FGS como puente entre el ahorro y la vivienda

La innovación central del esquema no consiste en que la ANSES otorgue directamente las hipotecas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad aportará liquidez mediante depósitos de mayor plazo, pero serán los bancos los responsables de seleccionar a los tomadores, otorgar los préstamos y asumir el riesgo crediticio.

“Los bancos son los encargados de dar el crédito hipotecario, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”, explicó Caputo al ser consultado sobre eventuales incumplimientos. Según precisó durante la presentación, la mora actual de los créditos hipotecarios se ubica en torno al 1,6%.

El diseño también apunta a preservar la lógica financiera del FGS. Juan Cruz Michele, representante del Fondo, explicó que el organismo trabajó durante varios meses junto con los ministerios de Economía y Capital Humano para encontrar una alternativa que permitiera canalizar recursos hacia el mercado hipotecario sin asumir directamente el riesgo de las familias.

La primera licitación está prevista para la próxima semana, por $200.000 millones. La continuidad del programa dependerá de la velocidad con la que los bancos transformen ese fondeo en nuevas hipotecas.

El Banco Central tendrá un papel operativo y de supervisión. Las licitaciones se realizarán mediante un sistema de subastas y el organismo deberá controlar que las entidades participantes destinen efectivamente los recursos recibidos a préstamos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por el FGS.

El desafío es que la cuota compita con el alquiler

La apuesta económica del Gobierno busca reconstruir un circuito que durante décadas tuvo escaso desarrollo: ahorro de largo plazo, financiamiento hipotecario y construcción. La dificultad está en que los bancos argentinos tienen depósitos predominantemente de muy corto plazo, mientras que una hipoteca exige fondeo compatible con plazos de 15 a 30 años.

En ese punto, el FGS funciona como un puente financiero. En lugar de colocar los recursos en instrumentos de duración más corta, el programa busca extender el plazo de los depósitos bancarios y permitir que las entidades tengan mayor capacidad para prestar a largo plazo.

El ejemplo presentado por Caputo permite dimensionar el esquema. Para una propiedad de algo más de US$100.000, con un préstamo equivalente a unos US$80.000, el ejercicio oficial plantea una cuota cercana a $865.000 mensuales a 25 años, bajo una tasa de UVA más 7,5%. El ingreso requerido, considerando que la cuota represente hasta el 25% de los ingresos, sería de unos $3,46 millones.

La referencia es particularmente relevante para el mercado inmobiliario porque ubica el debate en la relación entre cuota e ingreso, más que exclusivamente en el precio de las propiedades. La posibilidad de transformar un gasto mensual de alquiler en una cuota hipotecaria es, precisamente, uno de los argumentos centrales con los que el Gobierno busca estimular la demanda.

Construcción, crédito y dólares: el segundo frente

El anuncio se complementa con otra medida recientemente comunicada por el Gobierno: la posibilidad de que los bancos utilicen una parte de sus depósitos en dólares para financiar proyectos de personas jurídicas, bajo las normas macroprudenciales definidas por el Banco Central.

La combinación apunta a actuar sobre ambos lados del mercado. Por un lado, más financiamiento para desarrolladores y proyectos inmobiliarios; por otro, mayor disponibilidad de crédito hipotecario para compradores de primera vivienda.

El efecto esperado excede entonces al sistema financiero. Si el mecanismo logra traducirse en nuevas obras, puede impactar sobre construcción, materiales, equipamiento, servicios profesionales y empleo. Ese es el canal de transmisión que el Gobierno identifica como uno de los principales multiplicadores de la política.

El punto crítico estará en la ejecución. El programa tiene recursos definidos, límites de tasa, mecanismos de licitación y supervisión, pero su impacto económico dependerá de que los bancos efectivamente conviertan el fondeo en préstamos y de que una cantidad significativa de hogares pueda cumplir con las condiciones de acceso.

La primera licitación, prevista para la próxima semana, será por eso la primera prueba concreta del esquema. Más que el volumen anunciado, el indicador a seguir será cuánto de esos $200.000 millones logra transformarse en hipotecas y a qué velocidad.

Compartí esta noticia !

ARCA ajusta el intercambio automático de información y redefine qué cuentas quedan fuera del reporte fiscal

Compartí esta noticia !

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las reglas del régimen de intercambio automático de información financiera bajo el Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE y precisó qué instituciones y cuentas pueden quedar excluidas de las obligaciones de información. El cambio apunta a cerrar zonas grises en la aplicación del sistema y a evitar que determinadas estructuras de inversión sean consideradas de bajo riesgo cuando, en los hechos, no cumplen con las condiciones previstas por la normativa internacional.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5887/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y modifica la Resolución General 4056 y sus normas complementarias. El nuevo esquema será aplicable a las obligaciones de información correspondientes al período fiscal 2026 y siguientes, por lo que impactará sobre los reportes que deberán preparar las instituciones financieras alcanzadas por el régimen.

El punto central de la reforma está en la redefinición de las denominadas Instituciones Financieras No Obligadas a Declarar. ARCA eliminó el punto 5 del Anexo II de la normativa anterior y reformuló las condiciones para que determinados instrumentos de inversión colectiva puedan acceder a la exclusión del régimen de reporte.

La nueva redacción establece que podrán quedar comprendidas como instrumentos de inversión colectiva exentos aquellas entidades de inversión cuya totalidad de participaciones corresponda a personas humanas o entidades que no sean consideradas personas declarables. La excepción alcanza a las ENF Pasivas cuando las personas que ejercen el control sean personas declarables, una condición que impide utilizar la exclusión como vía para dejar fuera del sistema estructuras que presentan un riesgo fiscal relevante.

La modificación también contempla un supuesto particularmente importante para el funcionamiento del mercado financiero: los instrumentos de inversión colectiva cuyas participaciones se encuentren íntegramente mantenidas en custodia a través de una o más instituciones financieras obligadas a reportar. En esos casos, la exclusión podrá operar siempre que esas instituciones cumplan íntegramente con las obligaciones de debida diligencia y reporte previstas por el CRS.

El criterio cambia cuando existen participaciones registradas directamente a nombre de inversores que sean personas declarables o ENF Pasivas cuyos controlantes sean personas declarables. En esas situaciones, la exclusión deja de resultar aplicable. El objetivo es que la responsabilidad de identificar y reportar información no desaparezca simplemente por la forma jurídica o la estructura de tenencia utilizada para canalizar una inversión.

En términos prácticos, ARCA busca que el intercambio automático de información siga al beneficiario y a la obligación de reporte efectiva, evitando que una estructura considerada formalmente exenta termine funcionando como un vehículo para eludir los controles previstos por el estándar internacional. La lógica es consistente con el espíritu del CRS: las excepciones deben limitarse a estructuras que efectivamente presenten un bajo riesgo de utilización para fines de evasión tributaria.

La resolución también modifica el tratamiento de determinadas cuentas de depósito que permanecen excluidas del régimen de información. Allí se incluyen expresamente el fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción, las cajas de ahorro destinadas al pago de planes o programas de ayuda social y la Cuenta Gratuita Universal.

Sin embargo, la exclusión no es irrestricta. Para que esas cuentas mantengan esa condición, los montos de las operaciones deberán mantenerse dentro de los límites mensuales fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y las entidades financieras no deberán detectar inconsistencias entre el perfil del titular y los montos o modalidades de las operaciones realizadas.

Este último requisito introduce un criterio de control que excede la simple denominación de la cuenta. Una cuenta destinada a asistencia social o a determinadas prestaciones puede permanecer fuera del intercambio automático de información, pero su operatoria debe resultar compatible con el perfil económico esperado de su titular. De esta manera, la normativa combina una protección para instrumentos de finalidad social con un mecanismo destinado a detectar eventuales usos incompatibles con esa finalidad.

La decisión tiene relevancia para bancos, entidades financieras, administradores de fondos, vehículos de inversión y otros sujetos alcanzados por el CRS, porque precisa cuándo una estructura puede ser considerada exenta y cuándo debe quedar sometida a las obligaciones de debida diligencia e información. También reduce el margen para interpretaciones divergentes que, según ARCA, surgieron a partir de la experiencia acumulada desde la implementación del régimen y del intercambio técnico con el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios.

El cambio, además, tiene una dimensión de política fiscal: no modifica la existencia del intercambio automático de información, sino que busca mejorar la calidad y precisión de los datos que ingresan al sistema. La solución adoptada consiste en concentrar el reporte allí donde existe efectivamente una obligación de identificar a los titulares y controlar sus cuentas, mientras se mantienen fuera del régimen determinadas estructuras y productos considerados de menor riesgo bajo condiciones concretas.

Para los contribuyentes y operadores financieros, la consecuencia más importante será revisar durante 2026 la clasificación de las cuentas, vehículos e instrumentos que hasta ahora podían ser considerados excluidos. La nueva reglamentación obliga a verificar no solamente la naturaleza jurídica de una estructura, sino también quiénes son sus titulares, quiénes ejercen el control y si existe una institución financiera obligada que efectivamente cumpla con las tareas de debida diligencia y reporte.

La resolución entra en vigencia desde su publicación y alcanza las obligaciones de información correspondientes al período fiscal 2026 en adelante. Con esta actualización, ARCA procura alinear el régimen argentino con los criterios del CRS y, al mismo tiempo, reducir los espacios de interpretación que podían generar tanto reportes innecesarios como exclusiones que no resultaran compatibles con los objetivos del intercambio internacional de información tributaria.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin