A pocos días de cumplirse dos años del inicio de la pandemia por coronavirus y con la reciente vuelta a clases con la presencialidad total, se vuelve fundamental poner en valor los espacios comunitarios y de organización que buscaron acompañar y contener el proceso pedagógico de las infancias en este tiempo.
La educación popular, aquella que se posiciona como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje se basa en la experiencia práctica de las propias personas y su comunidad, también logró reinventarse en tiempos de pandemia.
La necesidad de conectividad, de intercambio colectivo y de aprender desde nuevas plataformas, permitieron que distintos barrios populares de Posadas se organizaran para garantizar la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo.
“Nadie se salva solo” fue una frase que resonó con fuerza durante los primeros meses de pandemia y, una vez más, las mujeres jefas de hogar y referentas comunitarias pusieron la cabeza y el corazón para generar un lugar donde los gurises puedan hacer sus tareas, conectarse a las clases virtuales y, de paso, llenar la panza.
Los recorridos por los barrios -que, estoy convencida que son muchos más de los que frecuento- demostraron que estos espacios lograron contener a los chicos e incluso mejorar el rendimiento educativo que años anteriores del inicio de la pandemia.
Aprender a leer y escribir, un proceso tan significativo que representa el primer paso de libertad a través del conocimiento, fue posible gracias al gran acompañamiento que se realizaron en las bibliotecas, comedores, merenderos, iglesias y otros espacios comunitarios.
Hoy nuestros barrios de Posadas cuentan con nuevas bibliotecas, repletos de libros usados y nuevos donados por el Parque del Conocimiento. También con conexión a Internet, útiles escolares para compartir y espacios adecuados para el encuentro de estudio.
Estas redes de contención pedagógica, visibilizaron que las formas de enseñar también se transformaron y estos espacios se convirtieron en encuentros de talleres de títeres, música y actividades recreativas.
Sin embargo, no sólo los chicos fueron beneficiados, sino también estudiantes de la Universidad. Se me vienen a la mente dos estudiantes de enfermería que pudieron rendir en la Biblioteca de Manantiales, lugar que logramos que accedan a internet mediante Marandú. Justo estudiantes de enfermería, profesión tan necesaria y revalorada en estos tiempos.
Lejos de romantizar la brecha social que se vio aún más amplia durante la pandemia en los barrios populares, se pone en valor la red de contención y de soporte pedagógico que se gestó ante una necesidad, donde con la asistencia de un Estado provincial presente, se pudo dar respuestas inmediatas a la concentración de demandas.
Este “aniversario” de la pandemia, que no propicia ninguna celebración, nos invita a reflexionar acerca de aquellas pequeñas luchas diarias que se convirtieron en conquistas y hoy permiten que cientos de niños y niñas no sólo asistan a la escuela diariamente, sino también tengan un espacio donde se garantice el Derecho al juego, a la cultura y a la educación popular.
Tras ser electa vicepresidenta del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de Misiones, la legisladora Soledad Balán cierra el año con un balance positivo que incluye la presentación de proyectos de inclusión social y un arduo y característico trabajo territorial.
En el segundo año atravesado por la pandemia, la Cámara de Representantes de Misiones sancionó más de 100 leyes vinculadas -en su mayoría- a temáticas de salud, educación y medio ambiente; acordes a las situaciones sociales que atraviesa el país en general y la Provincia en particular. En ese sentido, la diputada Soledad Balán brindó aportes significativos a estos ejes de trabajo, que representan la institucionalización y la implementación de políticas de Estado para los ciudadanos.
Tras un intenso trabajo de relevamiento, experiencias territoriales y considerando la amplia demanda habitacional, presentó un proyecto de Ley que busca implementar al Ejecutivo Provincial la Secretaría de Estado de Acceso al Hábitat.
El mismo, tendrá como facultades asistir en la coordinación y concertación entre el sector estatal, social y privado, con el objetivo de “hacer efectivo el derecho al hábitat, entendido como un ambiente sano y seguro, conformado por la tierra, la vivienda adecuada y los servicios e infraestructuras básicas, conforme a lo previsto en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional”, según consta en la propuesta.
En ese marco, también se articularon acciones junto a instituciones provinciales para -en tanto se trate el proyecto de Ley- el Ejecutivo pueda mediar entre propietarios y quienes habitan las tierras, sin necesidad de acudir a la judicialización.
Esto representa una posibilidad de generar soluciones habitacionales a un gran porcentaje de la población, tanto para aquellos que no pueden acceder a una vivienda, como aquellos que disponen de tierras sin regularización ni acceso a los servicios.
La articulación con otros organismos municipales y provinciales, también permitió el desarrollo de relevamientos en barrios populares para gestionar su urbanización. El proceso de encuestas inició en la chacra 252 y parte de la 246 de Posadas, y busca bajar fondos de Nación para realizar mejoras en las infraestructuras.
Asimismo, recientemente presentó un proyecto de Ley para instituir el Programa Provincial de Asistencia en Energía Eléctrica a Comedores y/o Merenderos Comunitarios de Misiones, a través del cual se crea un Régimen Tarifario Especial gratuito de servicios de luz y conexiones eléctricas.
En materia de salud, impulsó un proyecto para la creación del Programa de Atención Accesible y Adecuada a la Salud Sexual y Reproductiva de Personas con Discapacidad, a fin de que puedan acceder a información, asesorías de salud y contar con la figura de un intérprete, brindando autonomía en la atención y una garantía jurídica a las Leyes y Convenciones existentes.
Por otra parte, propuso la institución de la “Semana de Prevención del Maltrato y Actos Crueles Hacia los Animales” que busca promover la conciencia social en los diferentes ámbitos educativos provinciales a partir de jornadas, capacitaciones, talleres y campañas audiovisuales. En ese marco, Balán acompaña a la Fundación Libre Relincho, con insumos de atención, cuidado y alimentación para los caballos rescatados del maltrato.
Este período legislativo demostró la particularidad de un cambio de paradigma en la Cámara de Representantes, que en los últimos años adoptó una impronta más activa, que no limita las tareas legislativas meramente a la sanción de leyes, sino a conocer de cerca las realidades sociales que viven los ciudadanos y articular con el Ejecutivo las soluciones pertinentes.
En ese sentido, Balán se destacó por acompañar las acciones desarrolladas en el marco de la Campaña Provincial de Gestión Menstrual -mediante un beneplácito- que desde su lanzamiento el 8 de marzo, brindó capacitaciones en toda la Provincia a ciento de mujeres, como así la entrega de más de 15.000 copitas menstruales durante el 2021.
Asimismo, resalta el acompañamiento al Programa “El Deporte como Estrategia Preventiva del Consumo Problemático en Niños, Niñas y Adolescentes”, declarado de interés provincial que, ejecutado a través del Ministerio de Prevención de Adicciones, a la fecha realizó actividades preventivas en más de 15 municipios de la Provincia.
Respecto al compromiso con la sustentabilidad, sumó el interés provincial de acciones impulsadas por sectores sociales específicos, como la Semana de la Movilidad Sostenible desarrollada el pasado 7 y 8 de octubre; el “Día Provincial de Reducción de Pérdida y Desperdicios de Alimentos”, el “Día Nacional para la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos” y el “Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos”, que se conmemora el 29 de septiembre de cada año; entre otros proyectos de Ley y declaraciones de interés.
Territorio de compromiso social
Desde su gestión legislativa y militancia política, la funcionaria se caracterizó desde sus inicios por el acompañamiento a los sectores sociales más postergados, sobre todo, en los barrios populares de la Provincia para equiparar las desigualdades sociales y garantizar el acceso a la educación, salud y un hábitat adecuado. Durante el 2021, hizo entrega de más de 500 libros y recursos bibliográficos educativos a bibliotecas populares y merenderos del barrio Manantiales, la Chacra 159 y 189, donde funcionan centros de apoyo escolar para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en diversas etapas escolares. Además, se desarrollaron actividades deportivas que fomentan el juego, la actividad física y el deporte; y se brindó insumos y herramientas para las mejoras edilicias de las mismas, como acceso a internet, ventilación y mejoras en el alumbrado público.
Asimismo, articuló la capacitación y gestión de insumos para que mujeres y referentas de los barrios puedan armar y mantener huertas, cuya producción es utilizada, por un lado, para el sostenimiento de los comedores, y por otro, para la comercialización que fomenta la independencia económica y la soberanía alimentaria.
En la línea de acceso a los servicios, se desarrollaron operativos integrales en el barrio Néstor Kirchner, Manantiales, Los Patitos II, Cruz del Sur, Estepa, Prosol II, Porvenir II, Sol de Misiones, San Marcos y las chacras 159 y 189, donde se brindaron servicios de vacunación, nutrición, ginecología, atención primaria de la salud, tramitación del DNI, la SUBE y peluquería.
En relación a los niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación con instituciones provinciales, más de 300 chicos de diez barrios populares pudieron acceder a visitar el Parque del Conocimiento, disfrutar obras de teatro y, por otra parte, realizar talleres frecuentes en la Escuela de Robótica.
Esto representa la posibilidad de aprender y conocer mediante nuevas formas pedagógicas que son política de Estado en Misiones, sin límites geográficos ni barreras sociales.
La diputada Soledad Balán, de cara a las proyecciones legislativas 2022, fue electa vicepresidenta del bloque del Frente Renovador, desde donde asegura “se dará continuidad al abordaje de leyes superadoras que atiendan las demandas más urgentes de todas y todos los misioneros”.
Bajo el lema “un chico más en la cancha es una menos en la calle” se presenta la primera Liga de Fútbol Mixto de Barrios Populares.
El lanzamiento se realizará el viernes en el barrio Villa Bloset (Benavidez 1059) a las 19.30 horas. El certamen estará integrado por 12 equipos que conocerán el formato de disputa en la presentación.
El evento deportivo tiene la particularidad de que empresas privadas podrán patrocinar a los equipos de barrio.
El torneo tiene como meta primordial la igualdad e inclusión entre los jóvenes a través del deporte, destacaron desde la organización a cargo de la Asociación Cultural Sanmartiniana.
Regulariza el dominio de más de 4000 barrios populares y beneficiaría a 3,5 millones de personas. Ahora la iniciativa será girada al Senado.
Tras recibir 194 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el oficialismo que estipula la expropiación de terrenos para urbanizarlos, mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. La iniciativa también fue votada en particular, donde tuvo modificaciones consensuadas.
La media sanción se produjo a las 02.30 de la madrugada, sobre el cierre de una sesión especial que se extendió por más de 14 horas. Durante la jornada, la Cámara baja también aprobó la “ley Justina” de trasplante de órganos, la “ley Brisa” de reparación económica para hijos de víctimas de femicidio y un régimen para la donación de alimentos.
Motorizado desde el ministerio de Desarrollo Social y defendido por organizaciones sociales, el texto de urbanización de barrios populares fue presentado en el mes de abril por los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (PRO) y beneficiaría a 3,5 millones de personas, equivalente a 850 mil familias.
Como miembro informante, el diputado Pablo Tonelli (PRO) explicó que el propósito “consiste en regularizar el dominio de más de 4.000 barrios populares, significa que van finalmente a ser dueños de la propiedad que ocupan y contribuye a la mejora del hábitat”.
“La integración urbana está orientada al acceso a los servicios, a la eliminación de las barreras urbanas, a un fortalecimiento de los espacios. Es una mejora sustancial de vida de los que están en situación vulnerable”, dijo Tonelli.
Además, recordó que “se suspenden los desalojos que pueden estar en curso” en barrios populares.
Fabio Quetglas (UCR) mencionó que “en menos de 20 años se instalaron el 45% de las villas existentes” y recordó la elaboración de un registro de barrios populares que “constituye una herramienta para hacer política pública”.
“Todo el esfuerzo que hagamos por mejorar el hábitat de los ciudadanos está justificado. La vivienda es el acceso a un paquete de derechos”, resumió el legislador radical.
La diputada Mayra Mendoza (FPV-PJ) dijo que este proyecto “no resuelve gran parte de los proyectos de los habitantes de los barrios populares” y pidió incorporar una nueva definición de integración socio-urbana.
Asimismo, Mendoza inquirió al oficialismo: “Dudamos de la intención que tiene el gobierno, porque hacen uso de los más humildes. Están ahogando al pueblo argentino”. Sin embargo, adelantó que su bancada acompañaría el texto con modificaciones.
Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, valoró “el enorme trabajo de campo del relevamiento” y definió la iniciativa como “una restitución de derechos para familias que están esperando que el Estado les dé condiciones para una vida digna”.
En tanto, Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria, reivindicó el trabajo de las organizaciones sociales en el relevamiento y adelantó el acompañamiento a la iniciativa.
“Pero no se confundan, los movimientos populares no queremos propinas ni dádivas. Queremos derechos. Vamos a pelear por cada peso que les están sacando a los pobres. Queremos tierra, pan, techo y trabajo”, dijo Grosso en el recinto.
Héctor Flores, de la Coalición Cívica, advirtió que “es una oportunidad inédita para cambiar la historia de estos barrios sin ley, para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de salir de las condiciones estructurales de pobreza”.
Desde el bloque del Frente para la Victoria –PJ, Agustín Rossi, titular de la bancada, calificó a la ley como “un punto de partida” y estimó que “el Estado tendrá que arbitrar los medios y el esfuerzo económico”.
“No es lo mismo efectuarla en medio de un fuerte ajuste del Estado nacional, es un punto de contradicción en lo que estamos viendo hoy”, denunció Rossi.
Como titular del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), remarcó el valor de “dos años sin choques, sin ideologizar, el trabajo entre el Estado y las organizaciones sociales”.
La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.
También propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.
En el debate en el plenario de comisiones, una de las modificaciones introducidas al texto original radica en la cláusula que autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación, aún en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios.
En consecuencia, se necesitará el acuerdo de las tres partes. También se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del ministerio de Desarrollo Social.
Los diputados Negri, Massot y Carrió presentaron una iniciativa para dar sustento al plan que quiere comenzar a implementar el Gobierno nacional
Los presidentes de las bancadas que integran el interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (Pro) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley de “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”, consensuado con el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes.
“Estamos dando un paso clave en la principal política que tiene el Gobierno, que es la lucha contra la pobreza. La aplicación de esta ley conllevará el esfuerzo de Nación, provincias y municipios y esto se traducirá en más y mejor federalismo. Estamos caminando hacia una Argentina con más igualdad”, celebró Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos. El proyecto
“Declárese de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por Decreto 358/2017. Entiéndase por ´Barrio Popular´ a aquel con las características definidas en el Capítulo XI del Decreto N° 2670 del 1° de diciembre de 2015”, dice el artículo 1.
La iniciativa oficialista sostiene que sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados: “La declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el RENABAP a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional”.
El proyecto plantea que será la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien actuará como Sujeto Expropiante, la cual “individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá, además de identificar los inmuebles sujetos a expropiación, promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. “A tal efecto, la reglamentación fijará un plazo perentorio para acordarlas, que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. En caso de falta de avenimiento, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá iniciar la acción judicial de expropiación prevista en el art. 18 de la Ley N° 21.499, dentro de los 90 días hábiles de fracasada la etapa de avenimiento, o desde el vencimiento del plazo previsto en el precedente, lo que ocurra primero”.
Por otro lado, la misma Agencia y el Ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.
“En caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, dice el proyecto.
El artículo 10 plantea: “Todos los gastos que se deriven de cada uno de los convenios firmados para el cumplimiento de la presente ley, serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”. Pero, además, el artículo 11 autoriza al PEN a la creación de un Fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley.
El fideicomiso estará facultado para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el RENABAP, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional, Provincial o Municipal, como los que se incorporen como consecuencia de su expropiación, con el objeto de afectarlos al régimen de integración socio urbana y regularización dominial que se establece en la presente ley.
