La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció hoy una serie de medidas con el objetivo de reducir el gasto y tender a una “convergencia al equilibrio fiscal” para defender “la solvencia y el prestigio del sector público”.
Entre las principales medidas, dispuso la extensión del congelamiento de personal a todos los organismos de la Administración Pública Nacional (APN) que, además, recibirá las cuotas presupuestarias mensuales “solamente acorde con la proyección de caja real”.
“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, remarcó al respecto.
Asimismo, mediante una modificación a la ley de Administración Financiera, se implementará un régimen de “cuenta única” en toda la APN, similar al que se aplica en “la mayoría de las provincias”, indicó la ministra.
Batakis indicó que esa medida permitirá un ahorro al Estado de $ 600.000 millones anuales.
Por otra parte, ratificó el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), rechazó “de cuajo” la posibilidad de un incumplimiento del pago de la deuda en pesos y desestimó la necesidad de una devaluación, al sostener que “el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio” y que en el Gobierno no se ve en ese sentido “movimientos especulativos”.
Para incentivar el ahorro en pesos, adelantó que se van a ofrecer “otro tipo de instrumentos” más allá de las habituales licitaciones de títulos públicos”, que se irá a “un terreno de tasas positivas” y que se va a “respetar el cronograma de emisiones”.
También afirmó que el actual “amesetamiento” en la acumulación de reservas que transita la Argentina era “previsible” y está relacionado con “el ciclo económico” que tiene el país, vinculado con los tiempos de cosecha y, actualmente, con “la importación de energía”, pero señaló que, “a partir de septiembre esa meseta se va a ir pudiendo superar”.
La ministra agregó que el contexto de guerra en Ucrania “afecta mucho a la Argentina” pero señaló que, pese a esa situación “inédita”, la “matriz estructural de la Argentina está intacta”, y sostuvo que la intención del Gobierno es “mantener esa estructura productiva, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo”.
“Soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal”, puntualizó Batakis en una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda junto a otros ministros y funcionarios del área económica.
Batakis sostuvo que “de ninguna manera está en duda que no podamos cumplir nuestras obligaciones en pesos” y atribuyó esos “rumores” a “una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue elegido por el voto popular”.
En una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de Hacienda, Batakis recordó que “hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos“, en referencia al de Mauricio Macri, pero que en el actual “tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda”.
Batakis afirmó que hoy que el actual “amesetamiento” en la acumulación de reservas que transita la Argentina era “previsible” y está relacionado con “el ciclo económico” que tiene el país, vinculado con los tiempos de cosecha y, actualmente, con “la importación de energía”, pero señaló que, “a partir de septiembre esa meseta se va a ir pudiendo superar”.
Acompañaron a la jefa del Palacio de Hacienda los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
El Gobierno oficializó hoy las designaciones de los nuevos secretarios de Hacienda y de Finanzas que acompañarán la gestión de la ministra de Economía, Silvina Batakis.
Se trata de Martín Di Bella (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), cuyos nombramientos fueron formalizados mediante los decretos 382 y 383, publicados este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y la ministra Batakis.
En ese marco, además, se aceptaron las renuncias presentadas por Raúl Rigo y Rafael Brigo como secretarios de Hacienda y de Finanzas, respectivamente; y se le agradecieron “los valiosos servicios prestados” en el desempeño de sus cargos.
Ambos funcionarios dimitieron tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía.
Las primeras declaraciones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, pueden entenderse como una ratificación del rumbo previo: evitar un salto cambiario pero sin perder competitividad (crawling peg), la importancia de demostrar solvencia fiscal sin aumento de impuestos pero utilizando al déficit como herramienta contracíclica (consolidación fiscal gradual), la relevancia de que aquellos con capacidad de pago se puedan hacer cargo de los costos para poder redistribuir (segmentación tarifaria para acotar cuenta de subsidios), la necesidad de renovar por encima de los vencimientos en pesos (financiamiento neto positivo) y poner los dólares al servicio de la producción (acumulación de reservas), son todos conceptos que validan el rumbo previo, que es el enmarcado dentro del acuerdo con el FMI. De hecho, la ministra se comunicó con la directora del organismo ratificando el cumplimiento del programa.
Pero el andamiaje de política económica que marca este acuerdo, que es el que baliza el mencionado rumbo, es el que entró en crisis ya desde antes de la salida del anterior ministro, justamente por el debilitamiento de dos de sus pilares fundamentales: la salud del crédito en pesos y la dificultad del BCRA para acumular reservas (que en conjunto jaquean la sostenibilidad del crawling peg). El proceso de renuncia de Guzmán y designación de Batakis sólo aceleró esta dinámica de deterioro, empeorando el punto de partida.
También antes del cambio ministerial las principales acciones del Gobierno apuntaban directamente a recomponer esos pilares: las fuertes compras de bonos por parte del BCRA y las restricciones a las importaciones estaban direccionadas justamente a eso. Es cierto que el resultado de ambas acciones es un escenario de mayor inflación y menor actividad que el que se preveía en mayo (lo cual se plasma en nuestras proyecciones más recientes), pero la comparación relevante es contra el escenario en el cual primaba la inacción. Y evitar esto último constituye hoy la primera prioridad del Gobierno.
De esta forma, puede verse que la ratificación del rumbo que fija el acuerdo con el FMI es validada por las primeras declaraciones de la ministra, pero más importante aún, también por las principales acciones del Gobierno antes de su designación, guiadas por el objetivo de evitar un empeoramiento agudo del escenario nominal. Y hasta el momento, esta validación prima por sobre las diferencias internas que parecerían existir al interior de la coalición de Gobierno.
No es la primera vez que este riesgo “ordena” las diferencias internas: en octubre de 2020 (cuando el dólar CCL superó un valor equivalente a más de 400 ARS/USD actuales) o en enero de 2022 (la brecha superó 120%) el Gobierno convalidó un giro ortodoxo y la firma del acuerdo con el FMI. En otras palabras, la actual tensión financiera, que acrecienta los riesgos de un salto cambiario, ayuda a contextualizar la ratificación del rumbo por parte de la ministra.
Lógicamente, las situaciones no son estrictamente comparables, ya que los márgenes actuales lucen más acotados que en los otros episodios: la situación actual de reservas es más endeble, la presión fiscal es más aguda, las importaciones ya se restringieron y, sobre todo, las dudas respecto del rollover en pesos son más acuciantes. Pero también es mayor el costo de incurrir en un salto cambiario -cuando la inflación navega al 80% en lugar de al 40%/50%-, reforzando y ayudando a entender el actual “abroquelamiento”.
Pero además los límites que impone la realidad son más rígidos que los que determina una coyuntura signada por los objetivos urgentes de reconstituir el crédito en pesos y despejar expectativas de una devaluación. Incluso cuando se tranquilice el frente financiero, el margen para desplegar un “giro expansivo” en la política económica es angosto también hacia adelante.
En materia fiscal, porque el programa financiero descansa sobre un financiamiento neto positivo en el mercado local que aún debe ser reconstituido. Y aún cuando en acuerdo con el FMI se habilite un mayor déficit, éste debe ser financiado y no aparecen fuentes frescas en el horizonte: i) aumentar la presión tributaria (negado por la actual ministra) requiere de aprobación legislativa; ii) el mercado de deuda externa permanecerá cerrado; iii) los organismos internacionales ya están aportando financiamiento positivo en el marco del acuerdo con el FMI; iv) el relajamiento de la asistencia monetaria está limitado tanto por los márgenes legales (que también dependen de la aprobación legislativa) como por la realidad (su relajamiento podría afectar la renovación de la deuda en pesos).
En materia tarifaria, porque más allá de que el ahorro que arroje la segmentación es acotado, una profundización del atraso choca con los límites fiscales.
En materia de tasas, porque no sólo implicaría ir en contra explícitamente del acuerdo con el FMI sino también porque el canal de tasas de interés constituye una de las principales herramientas para mantener a raya los dólares financieros.
Y en materia cambiaria, porque un atraso del dólar implica el mismo cortocircuito con el FMI y también porque requiere contar con un “colchón” de reservas (o un salto agudo de términos de intercambio) que no aparece en el horizonte.
Por estas razones, el rumbo que hoy parecería estar ratificado por la urgencia que demanda reconstituir la confianza parecería también tener pocas chances de ser desviado “si pasa el temporal”. En este sentido, la discusión pasará por maximizar los márgenes de acción en las futuras revisiones (que sólo por lo ya ocurrido requerirán de una nueva recalibración) y repriorizar las distintas partidas al interior del gasto con pocas chances de incrementar el déficit total.
Finalmente, cabe remarcar que la ratificación del rumbo (alejando en lo inmediato un desvío de sesgo expansivo) no quiere decir ni que los riesgos de corto plazo se hayan acotado, ni que la tentación de desviarse en los próximos meses haya desaparecido. Pero sí indica que el rumbo económico delineado por la ministra estará determinado por los andariveles que marquen la tensión (o calma) financiera y la tensión (o calma) política.
La renuncia de Martín Guzmán desnudó la enorme fragilidad de Alberto Fernández. El Presidente quedó entrampado entre su desdén a las recomendaciones del sostén político de la coalición y su falta de firmeza en la toma de decisiones, a esta altura un sello distintivo de su presencia en la Casa Rosada. La demora en las decisiones terminó agravando los problemas y se cobró a dos de sus principales respaldos en el círculo íntimo: primero Matías Kulfas, ahora el delfín de Joseph Stiglitz. El ministro que logró desactivar la bomba de la deuda heredada de Mauricio Macri, pasó los últimos meses esperando que algo pase, que la inflación ceda por arte de magia y que los salarios no pierdan la carrera. Pero el mundo está convulsionado. Nada se acomoda solo. La inflación se convirtió en pandemia y las crisis políticas irresolutas se devoran gabinetes.
Ese reproche lo escuchó Juan Manzur en la cumbre de gobernadores del Norte Grande, que se realizó en Formosa. Los gobernadores se plantaron en la exigencia de respuestas rápidas y promesas que se cumplan. En definitiva, pasó más de la mitad de la gestión. La parálisis de la pandemia sirvió como argumento, pero ya cedió protagonismo -. Y las respuestas no aparecen. Ese reclamo de los gobernadores confluye en un punto con los de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien con sus ácidas críticas mengua el poder de Alberto Fernández. Pero le está diciendo lo mismo: “Hacé algo”.
La inflación no da tregua y las principales consultoras estiman que este año no será menor al 75 por ciento. No hay salario que emparde ese espiral nocivo. El empleo se recuperó pero todavía faltan 172 mil puestos de trabajo registrado privado para alcanzar los niveles previos a la gestión Cambiemos, cita un informe del Centro de Economía Política Argentina. El 75 por ciento de las provincias ya registra más empleo privado que en febrero 2020, pero la heterogeneidad regional continúa presente, aunque no tan marcada. El NEA, con Misiones a la cabeza, y el Centro conducen la recuperación del empleo. Pero el poder adquisitivo pierde la carrera contra los precios.
La alquimia de Guzmán no estaba siendo ni medianamente efectiva para la urgencia. La llegada de Silvina Batakis oxigena el área pero la flamante ministra no tiene demasiado tiempo para pruebas y errores. Pero gozará de un consenso interno del que Guzmán carecía.
A su favor tiene el conocimiento pormenorizado de la economía de las provincias y un diálogo fluido con los gobernadores, un sostén político que hoy resulta imprescindible. Pero tiene el apuro de desactivar los cerrojos que dejó su antecesor para frenar la sangría de divisas. La economía necesita de normalidad. Una normalidad que sea mejor que limitar las compras de baratijas en free shops o aguarle el viaje a la clase media. Una normalidad que exige también de la oposición, sus voceros y especuladores, una responsabilidad mayor que la de militar la suba del dólar para alimentar la sensación de caos y de paso obtener pingües ganancias a merced de la pobreza del otro. En medio de la crisis política desatada por los desencuentros públicos entre Presidente y vice, el banco JP Morgan -que financia la campaña de Patricia Bullrich- alertó que en Argentina están dadas las “condiciones necesarias” para una hiperinflación. Total normalidad.
Ahora Cambiemos milita contra las medidas tomadas para frenar la sangría de dólares, como el financiamiento en cuotas de las compras en el exterior. En el Gobierno endeudaron al país hasta el vaciamiento y uno de sus referentes, Javier González Fraga, decía con ironía que viajar no era para cualquiera. “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior”, fue la frase que definió al macrismo explícito. Memoria corta.
A partir de la reactivación de la Liga del Norte Grande, los gobernadores ganaron peso específico en el escenario político. Con sus bemoles, están hoy mucho mejor administradas que la Nación. El orden político es fundamental. La sintonía fina es vital para el buen funcionamiento de las instituciones. El mejor ejemplo es Misiones. La política, desde la Cámara de Diputados, acompaña y robustece las decisiones de la gestión del Ejecutivo. La sociedad recibe esa calma.
La imagen de los gobernadores en sus provincias supera largamente las del Presidente y los cabecillas de la oposición. El gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad es uno de los que tiene una calificación sobresaliente, lo mismo que el intendente capitalino, Leonardo Stelatto, entre los mejores de la Argentina. Los dirigentes “centrales” no gozan de esa aceptación, ni en el oficialismo ni en la oposición.
Por eso no extrañó que la declaración de Formosa cerrara con un respaldo a Batakis, pero una serie de exigencias que marcan la cancha a la nueva ministra, pero, sobre todo, al Presidente. La principal es que el gasoducto Néstor Kirchner, la principal obra pública del Gobierno, cambie su traza e incluya al norte de Corrientes y a Misiones. La obra diseñada para exportar el gas de Vaca Muerta a Brasil, dejó fuera del mapa al noreste argentino, la única región del país que carece del gas natural. A instancias de Herrera Ahuad, los gobernadores incluyeron una demanda unificada: antes de pasar la frontera, se deben atender las necesidades internas.
No fue el único dato que marca cómo se enfrió la relación con el Presidente que llegó con la promesa de ser el más federal de los porteños. Más federalismo reclamaban los gobernadores antes de la salida de Guzmán. Durante todo el fin de semana caótico en medio de la salida del ministro de Economía, ninguno de los gobernadores fue consultado para decidir su reemplazo.
Misiones es una de las pocas provincias que no tiene pertenencia política con la Nación. La boleta corta define la relación con el Gobierno nacional, independientemente del color político, y también permite autoridad a la hora de reclamar o avanzar con las prioridades. Las oposiciones están más concentradas en el juego nacional que en lo que necesita Misiones. Cuando estaba en el Gobierno, Cambiemos hizo campaña con la promesa de la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes para aliviar las asimetrías de Misiones con Paraguay. Macri no sabía de qué se trataba. Ya en la oposición, Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Florencia Klipauka votaron en contra del Presupuesto que contenía la creación de la Zona Aduanera Especial. El kirchnerismo local desde que Alberto llegó a la presidencia, no impulsó ninguna ley que sea beneficiosa para Misiones.
Una muestra de lo que fue hasta ahora la gestión nacional para con las provincias, es la llegada de Daniel Scioli al ministerio de Desarrollo Productivo. Desde que la alianza Cambiemos rechazó el presupuesto 2022, en otra muestra de irresponsabilidad después de cómo dejó al país, Misiones comenzó a negociar con Kulfas alternativas para suplir las obras perdidas -cerca de cien mil millones- y particularmente, la Zona Aduanera Especial, que estaba incluida en la letra chica del proyecto después del veto presidencial de 2021. Entre esas negociaciones estaba el Ahora Canasta, una idea tomada de los Ahora ya vigentes en la tierra colorada, para abaratar el costo de los alimentos mediante el reintegro del IVA. Con esa herramienta, se cuidaría el bolsillo de los misioneros, se ayudaría a los comercios y se evitaría la migración a las ciudades fronterizas de Paraguay o Brasil. Kulfas nunca concretó. Siempre faltaba una firma. La mirada de los equipos técnicos. El ok del Presidente. El ok de Guzmán.
Llegó Scioli, miró los números y el cómo y se selló el acuerdo. El costo fiscal para la Nación será de unos 300 millones. Las familias misioneras, con el reintegro del IVA en alimentos y otros insumos de la canasta básica, se ahorrarán entre 700 y 800 millones al mes, dinero que seguramente volverá a la economía en otras compras. Creatividad para combatir la inflación y sostener el consumo. Misiones es hoy la provincia con mayor empleo de la región y donde más crecen los salarios en el sector privado. Las provincias vecinas, con mayor cantidad de recursos, no exhiben esos resultados. Misiones hoy tiene más empleo que Corrientes, donde Cambiemos impuso su modelo, o que Chaco, donde manda Jorge Capitanich, uno de los referentes del Frente de Todos. Misiones es la única provincia del NEA en tener más de 100 mil trabajadores privados registrados (Chaco registra 73,7 mil; Corrientes 76,4 mil; y Formosa, 25,8 mil).
Los hechos marcan que esa es la matriz con la que se diseñan las políticas de la Renovación y se aplican a las medidas del Gobierno. Mientras se pelea por un mejor precio para la yerba mate, se atiende la demanda de la industria con tasas subsidiadas para capital de trabajo. Esta semana se presentaron dos líneas de financiamiento para el sector yerbatero. Una de hasta 20 millones de pesos para los secaderos más chicos y otra de hasta 40 millones de pesos para los secaderos más grandes. Con una tasa de interés accesible que financian el Banco Nación y la Provincia que va a subsidiar 20 puntos de tasa anual. Hay otros más sutiles. Al mismo tiempo que se decide la prohibición del uso del glifosato en la producción, Misiones consiguió la patente de uso comercial de un biofertilizante que acelera el crecimiento de la yerba, el tabaco, el té y las huertas. Made in Misiones. Hecho en la Biofábrica, tan denostada en su génesis por la oposición que siempre tiene “otras prioridades”. Pensar a largo plazo permite hoy contar con capital humano y soberanía tecnológica para fortalecer el modelo de provincia sustentable. Esa idea va de la mano de un concepto. Un todo. Misiones es una de las primeras provincias en contar con un fuero judicial dedicado exclusivamente a atender delitos y problemáticas ambientales. Este jueves se aprobó la ley firmada por Carlos Rovira, con aportes de otros diputados.
Misiones tiene la capacidad de realizar inversiones para custodiar sus recursos naturales y la producción. Mientras espera la culminación del primer tractor bombero -industria provincial-, el gobernador Oscar Herrera Ahuad presentó el tercer helicóptero de la Provincia. Una inversión de más de tres millones de dólares que permitirá un trabajo más intenso para combatir incendios y asistir a las fuerzas de seguridad. “Esperemos que no sea necesario, pero es mejor estar preparados”, dijo el mandatario. La memoria reciente de la temporada crítica, le da la razón. En Corrientes se quemaron casi un millón de hectáreas y la vecina provincia carece de recursos similares para hacer frente a los siniestros.
Corregir a tiempo también permite sostener el rumbo. A los cambios en el Agro y Cambio Climático, se sumó ahora la renovación de la Junta de Clasificación del Consejo de Educación, un órgano muy cuestionado por los docentes y que demandaba una oxigenación. Lo mismo que en la empresa Aguas Misioneras, donde Jorge Galeano fue reemplazado. “En dos años y medio no vi un solo informe. Había que transparentar hacia fuera y hacia dentro”, dijo el Gobernador en una entrevista concedida a FM República.
En esa línea se enmarca la denuncia penal contra los ex directivos de la Cooperativa Eléctrica de Oberá. Firmada por la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, se busca determinar qué pasó con los fondos de la tradicional entidad de la zona centro. Acumula una deuda de más de mil millones y sólo en el primer cuatrimestre recaudó 1.200 millones, pero el dinero no está. Pedro Helge Andersson, Jorge Gabriel Duarte, ex presidente y vice de la Celo, se vieron las caras con la justicia esta semana. No se sabe en qué va a terminar el proceso. Pero sí que otros dirigentes cooperativos se pusieron a ordenar papeles.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió esta mañana con su equipo de colaboradores y continuará durante la jornada trabajando junto a su gabinete.
Del encuentro, que se realiza en el salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, participan la secretaria de Política Económica, Karina Angeletti; el secretario de Hacienda, Martín Di Bella; el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera; y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.
También están presentes el secretario de Energía, Darío Martínez; el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; el jefe de gabinete de asesores del Ministerio, Juan Manuel Pignocco; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Ramiro Ordoqui, y su par de la secretaría Legal y Administrativa, José Ballesteros.
