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Morosidad: casi 7 millones de argentinos quedaron fuera del crédito y los jóvenes son los más afectados

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La recuperación del crédito, uno de los principales motores que el Gobierno exhibió durante la segunda mitad de 2024 y los primeros meses de 2025, comienza a mostrar signos de agotamiento. Mientras la administración de Javier Milei insiste en que la estabilidad macroeconómica permitirá sostener el crecimiento, los indicadores financieros revelan un deterioro persistente en la capacidad de pago de las familias. La morosidad volvió a aumentar en mayo y ya acumula 19 meses consecutivos de suba, un fenómeno que deja a casi siete millones de argentinos fuera del mercado formal de crédito.

Según un informe de la consultora 1816, elaborado sobre la base de datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central, más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser consideradas “sujetos de crédito” por registrar incumplimientos en sus obligaciones financieras. La estimación implica que alrededor de siete millones de personas quedaron excluidas tanto del financiamiento bancario como del extrabancario.

El reporte advierte que esta situación reduce significativamente la posibilidad de que el crédito vuelva a impulsar el nivel de actividad en el corto plazo. “De acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025”, sostuvo la consultora.

No obstante, el informe aclara que el impacto macroeconómico podría ser limitado debido al todavía reducido peso del crédito dentro de la economía argentina. “El bajo nivel de intermediación financiera hace que el PBI pueda seguir creciendo aun cuando el financiamiento a las familias permanezca estancado”, señala el estudio.

La mora alcanzó el nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad

Los datos muestran un deterioro continuo. La mora de los créditos otorgados a familias pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo, mientras que en el segmento empresarial aumentó de 3,3% a 3,5%. Considerando la totalidad del sector privado no financiero, la irregularidad avanzó de 7,3% a 7,7%.

La magnitud del deterioro resulta significativa si se observa la evolución de los últimos dos años. En octubre de 2024 la morosidad de los hogares rondaba apenas el 2,5%. En menos de veinte meses se multiplicó por más de cinco, alcanzando niveles que no se registraban desde la crisis posterior al colapso de la Convertibilidad.

El informe explica que para revertir esa tendencia sería necesario que el stock total de préstamos creciera más rápidamente que el volumen de créditos en mora. Sin embargo, aunque desde mayo el crédito en pesos dejó de caer en términos reales, prácticamente no mostró expansión.

La consultora también detectó un cambio de estrategia dentro del sistema financiero. Mientras los bancos públicos sostuvieron relativamente estable la oferta crediticia, las entidades privadas redujeron considerablemente el otorgamiento de nuevos préstamos durante los primeros meses del año, limitando la renovación del financiamiento.

Las billeteras virtuales concentran el mayor deterioro

El problema aparece con mayor intensidad fuera del sistema bancario tradicional.

En las entidades financieras no bancarias —segmento que incluye billeteras virtuales y empresas de crédito— la morosidad alcanzó el 32,2% en mayo. Hace apenas un año y medio ese indicador se ubicaba por debajo del 10%.

La diferencia no es menor. Este tipo de financiamiento suele ofrecer requisitos más flexibles para acceder al crédito, aunque a cambio aplica tasas de interés considerablemente superiores a las del sistema bancario, incrementando el riesgo de incumplimiento cuando los ingresos familiares pierden capacidad de compra.

La consultora remarca que, sumando bancos y entidades no financieras, el deterioro refleja una pérdida sostenida de la capacidad de pago de los hogares argentinos.

Los menores de 35 años concentran el mayor nivel de incumplimiento

Uno de los datos más preocupantes del informe es el fuerte impacto sobre la población joven.

Casi cuatro de cada diez personas menores de 35 años que mantienen créditos vigentes presentan al menos una obligación impaga. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, la irregularidad alcanza el 42,8%, mientras que en el segmento de 26 a 35 años llega al 39,3%.

A partir de los 36 años los porcentajes comienzan a descender. Entre quienes tienen entre 36 y 45 años, el 31% registra al menos un crédito en mora, mientras que entre 46 y 55 años el indicador baja al 23,5%.

El informe interpreta que la combinación de ingresos más inestables, mayor utilización del crédito para consumo y financiamiento mediante plataformas digitales explica buena parte del deterioro observado en los segmentos etarios más jóvenes.

Caputo había atribuido el fenómeno al sobreendeudamiento

La evolución de los indicadores contrasta con el diagnóstico que el Gobierno había realizado meses atrás.

En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el aumento de la morosidad respondía principalmente al sobreendeudamiento de las familias y a que muchos bancos expandieron agresivamente el crédito luego de la desaceleración inflacionaria.

Según el funcionario, muchas personas tomaron préstamos esperando que la inflación continuara licuando sus deudas, mientras que las entidades financieras no estaban preparadas para administrar ese crecimiento.

Sin embargo, los datos de mayo muestran que la tendencia aún no logró revertirse y que el deterioro continúa extendiéndose tanto en bancos como en el sistema financiero no bancario.

Más allá de la estabilización cambiaria y de la desaceleración de la inflación, el incremento sostenido de la mora introduce un nuevo desafío para la economía.

Con una porción creciente de la población excluida del crédito formal, el consumo financiado pierde capacidad para sostener la demanda interna, especialmente en rubros de bienes durables y consumo masivo.

Los próximos informes oficiales del Banco Central, correspondientes a junio y julio, serán determinantes para evaluar si el pago del aguinaldo logra aliviar parcialmente la situación o si la tendencia ascendente de la morosidad termina consolidándose como uno de los principales límites para la recuperación del mercado interno durante la segunda mitad de 2026.

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Misiones elimina retenciones automáticas sobre billeteras virtuales y pagos con tarjeta para usuarios particulares

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En línea con el anuncio realizado por el gobernador Hugo Passalacqua sobre la eliminación de retenciones para quienes utilizan billeteras virtuales y tarjetas en sus operaciones cotidianas, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) publicó la Resolución General 11/2026, ratificada por el Ministerio de Hacienda, que introduce un cambio de fondo en el tratamiento fiscal de las operaciones digitales.

La modificación apunta a un problema que se había vuelto cada vez más habitual con la expansión de las billeteras virtuales y los pagos digitales: hasta ahora, una persona que no estaba inscripta como contribuyente y recibía transferencias o cobros mediante tarjeta podía quedar alcanzada por retenciones de Ingresos Brutos debido a que el sistema presumía automáticamente que desarrollaba una actividad comercial.

En otras palabras, el simple hecho de utilizar una CBU o una CVU para recibir dinero podía disparar retenciones fiscales, aun cuando se tratara de movimientos personales, familiares o de consumo cotidiano.

Aunque en la práctica la Provincia ya venía aplicando este criterio en numerosos casos, la nueva normativa le otorga respaldo jurídico y adapta el régimen provincial a los parámetros establecidos recientemente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), despejando una situación que generaba frecuentes reclamos entre usuarios de medios de pago electrónicos.

La nueva resolución elimina esa presunción automática y remite a los parámetros de habitualidad definidos por ARCA mediante la Resolución General 5794/2025.

En consecuencia, ya no bastará con recibir transferencias o pagos electrónicos para ser considerado sujeto alcanzado por el régimen de retenciones. Deberán verificarse las condiciones objetivas establecidas por la normativa nacional para determinar si efectivamente existe una actividad económica habitual.

La modificación alcanza tanto a las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales (CVU) como a cuentas bancarias tradicionales (CBU).

Desde el Gobierno provincial explican que el objetivo es diferenciar claramente a quienes desarrollan una actividad comercial de quienes simplemente utilizan herramientas digitales para administrar sus finanzas personales.

Más seguridad jurídica en la economía digital

El cambio también representa una actualización técnica del régimen provincial. Cuando Misiones adhirió en 2021 al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC), utilizó como referencia una resolución de la entonces AFIP para determinar cuándo existía habitualidad comercial.

Tras la derogación de esa norma nacional, la Provincia había establecido en 2024 un parámetro basado en un monto fijo de 200.000 pesos para presumir actividad económica. Sin embargo, la aceleración de la inflación y la posterior actualización de los criterios nacionales volvieron obsoleta esa referencia.

La Resolución General 11/2026 reemplaza ese esquema y adopta directamente los parámetros que establezca ARCA, evitando que el régimen provincial quede nuevamente desactualizado frente a los cambios económicos.

Además, la norma introduce modificaciones administrativas para optimizar el padrón de contribuyentes, exentos y sujetos no alcanzados por el impuesto, mejorando el intercambio de información con la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial para incentivar la utilización de medios electrónicos de pago y reducir distorsiones tributarias que afectaban especialmente a personas que no realizan actividades comerciales.

En los últimos años, la masificación de las billeteras virtuales generó numerosos casos en los que usuarios particulares sufrían retenciones por simples transferencias entre familiares, reintegros de gastos compartidos o cobros ocasionales, situaciones que ahora dejarán de quedar automáticamente bajo sospecha fiscal.

La medida también acompaña el crecimiento de la economía digital y busca otorgar mayor previsibilidad a consumidores y usuarios de plataformas financieras, en un contexto donde las operaciones electrónicas se consolidan como uno de los principales medios de pago en la provincia.

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Los pagos digitales consolidan su avance: las transferencias crecieron 26,6% y el QR interoperable se disparó más de 63%

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El sistema nacional de pagos profundizó durante mayo su transformación hacia los medios digitales. Las transferencias inmediatas, los pagos con QR interoperable y las billeteras virtuales volvieron a liderar el crecimiento de las transacciones, mientras que el efectivo y los instrumentos tradicionales continúan perdiendo participación en un proceso de digitalización cada vez más acelerado.

De acuerdo con el Informe de Pagos Minoristas publicado por el Banco Central (BCRA), durante mayo se realizaron 759,9 millones de transferencias inmediatas (“push”) en pesos por un total de $87,5 billones. En términos interanuales, las operaciones crecieron 26,6% en cantidad y 12,9% en montos reales, consolidando a este instrumento como el principal canal de movimiento de dinero entre personas y empresas. Más de tres cuartas partes de estas operaciones (76,6%) tuvieron como origen o destino una Cuenta Virtual Uniforme (CVU), lo que refleja el creciente protagonismo de las fintech y las billeteras digitales.

Las transferencias en moneda extranjera también mostraron una expansión significativa. En mayo se concretaron cerca de dos millones de operaciones por un equivalente a USD 3.389 millones, con incrementos interanuales de 27,3% en cantidad y 40,7% en volumen medido en dólares.

También continuó creciendo el uso de las transferencias “pull”, mecanismo utilizado para debitar fondos previamente autorizados desde otra cuenta. Durante mayo se registraron 43,9 millones de operaciones por $4,2 billones, con aumentos interanuales de 15,1% en cantidad y 8% en términos reales.

Uno de los segmentos con mayor expansión volvió a ser el de los pagos con transferencia (PCT) interoperables mediante códigos QR. Durante el mes se realizaron 103,7 millones de operaciones por $2,4 billones, lo que representa un crecimiento interanual de 63,7% en cantidad y de 57,7% en montos reales. El 98,8% de estos pagos se inició mediante códigos QR interoperables, mientras que apenas el 1,2% utilizó claves aleatorias o tokens.

El informe también muestra que la interoperabilidad continúa consolidándose. Del total de pagos con QR, el 52,8% fue realizado desde cuentas bancarias (CBU) y el 47,2% desde cuentas virtuales (CVU). Del lado de los comercios, el 52,4% de las acreditaciones terminó en cuentas de pago administradas por proveedores de servicios de pago, reflejando el crecimiento de este ecosistema financiero. Actualmente existen 90 billeteras digitales interoperables registradas y 63 aceptadores de pagos con transferencia habilitados por el Banco Central.

La expansión del dinero digital también se refleja en la evolución de las cuentas de pago. Durante abril, último dato disponible, existían 66,2 millones de cuentas de pago, de las cuales 13 millones registraban saldo por aproximadamente $700.000 millones. Paralelamente, los fondos invertidos en Fondos Comunes de Inversión Money Market a través de proveedores de servicios de pago alcanzaron los $7,5 billones. En conjunto, ambos conceptos ya representan el 7,5% del total de los depósitos privados en pesos del sistema financiero.

En contraste con el avance de los pagos digitales, los débitos directos registraron una caída de 7,7% interanual en cantidad de operaciones. Durante mayo se efectuaron 11 millones de débitos automáticos por $1,9 billones, mientras que la tasa de efectividad alcanzó el 40%.

Otro fenómeno que continúa profundizándose es la digitalización del cheque. Durante mayo se compensaron 4,7 millones de cheques por un total de $22,9 billones, pero el cheque electrónico (ECHEQ) ya explicó el 84,9% de los montos compensados y el 63,5% de las operaciones. Además, comenzaron a consolidarse los ECHEQ denominados en dólares, con 152 documentos compensados por USD 29 millones. En paralelo, los rechazos por falta de fondos representaron apenas el 2,1% de la cantidad de cheques compensados y el 1,4% de los montos.

En materia de consumo, las tarjetas de crédito volvieron a superar a las de débito en cantidad de operaciones. Durante abril —último dato disponible para este segmento— se registraron 172,1 millones de pagos con tarjeta de crédito por $9,9 billones, frente a 164,3 millones de operaciones con débito por $4,9 billones. Sin embargo, ambos instrumentos continúan mostrando caídas interanuales tanto en cantidades como en montos reales, reflejando un contexto de menor consumo y una creciente migración hacia las transferencias inmediatas como medio de pago.

El efectivo también continúa perdiendo terreno. El 89% de las extracciones todavía se realiza mediante cajeros automáticos, aunque este canal registró una caída interanual del 33% en cantidad de operaciones y del 13% en montos reales. Durante abril se realizaron 40,2 millones de extracciones por $4,1 billones, con un monto promedio cercano a los $103.200 por operación.

En el transporte también continúa ampliándose el uso de los pagos digitales. En mayo se registraron 24,7 millones de viajes abonados mediante QR, principalmente en colectivos y subterráneos, mientras que la utilización de la tarjeta SUBE mostró una disminución interanual de 15,9% en cantidad de viajes durante abril.

El informe del Banco Central refleja un cambio estructural en los hábitos de pago de los argentinos. La interoperabilidad entre bancos y billeteras digitales, junto con el crecimiento de las transferencias inmediatas y los pagos con QR, consolida un ecosistema financiero donde las operaciones electrónicas ganan terreno de forma sostenida frente al efectivo y los instrumentos tradicionales, una tendencia que continúa redefiniendo el sistema nacional de pagos.

Informe Mensual Pagos Minoristas 2026 05 by CristianMilciades

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Misiones incorpora ciudadanía digital y prevención de estafas a la educación financiera obligatoria

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una profunda actualización de la ley de Educación Financiera con el objetivo de adaptar la formación de estudiantes a los desafíos que plantea la economía digital. La reforma amplía el alcance de la normativa vigente e incorpora contenidos vinculados con ciudadanía digital, bancarización, medios de pago electrónicos, protección de datos personales y prevención de estafas.

La nueva legislación transforma el actual esquema en el Programa Provincial de Educación Financiera para la Autonomía y Ciudadanía Digital, una herramienta que busca brindar conocimientos económicos, financieros y tecnológicos que permitan a los estudiantes tomar decisiones informadas, responsables y autónomas en un entorno cada vez más atravesado por la digitalización.

Uno de los cambios centrales es que la educación financiera pasa a consolidarse como un eje transversal y obligatorio en todos los niveles y modalidades de los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia. La iniciativa apunta a que los contenidos no queden limitados a materias específicas, sino que formen parte de una estrategia educativa integral.

La reforma incorpora además el concepto de ciudadanía digital, entendido como el ejercicio responsable, crítico y seguro de derechos y obligaciones en entornos virtuales. En ese marco, la ley promueve la formación en protección de datos personales, identidad digital, seguridad informática y prevención de fraudes vinculados a operaciones económicas realizadas a través de plataformas digitales.

La actualización amplía significativamente los contenidos mínimos del programa. A los conceptos tradicionales de ahorro, planificación financiera y administración del dinero se suman herramientas cada vez más presentes en la vida cotidiana, como la bancarización, el uso de cuentas bancarias, tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas, billeteras virtuales, pagos mediante código QR y gestión de presupuestos personales y familiares.

La prevención de estafas digitales ocupa un lugar destacado dentro de la nueva normativa. La ley incorpora contenidos específicos para identificar maniobras fraudulentas, resguardar información sensible y fortalecer la seguridad en las transacciones digitales, una problemática que afecta de manera creciente a usuarios de todas las edades.

La implementación del programa se realizará prioritariamente a través de espacios curriculares ya existentes, como Economía, Matemática y Formación Ética y Ciudadana. Además, prevé una fuerte utilización de herramientas tecnológicas y recursos pedagógicos digitales alojados en plataformas provinciales.

La norma también incorpora mecanismos innovadores para ampliar el acceso a la capacitación. Entre ellos se destacan cursos digitales sobre instrumentos financieros, home banking, billeteras virtuales y préstamos; modalidades de formación como MOOCs, bootcamps, tutorías y mentoring; señalética con códigos QR en organismos públicos para acceder a contenidos educativos; y el desarrollo de una aplicación móvil y un chatbot basado en inteligencia artificial orientado a la educación financiera.

La iniciativa sancionada reúne aportes de diversos proyectos legislativos impulsados por las diputadas Sara Butvilofsky, Analía Labandoczka y Nelli Guerrero, además de propuestas presentadas por el exdiputado Paulino Mela, la exdiputada Lilia Torres y recomendaciones surgidas del Parlamento de la Mujer en sus ediciones 2024 y 2026.

En los fundamentos de las iniciativas, las autoras coincidieron en la necesidad de actualizar la educación financiera frente a los cambios tecnológicos y económicos de los últimos años. Butvilofsky destacó que el programa busca brindar una capacitación integral vinculada con el desarrollo del emprendedurismo y la economía provincial.

Por su parte, Labandoczka señaló que uno de los objetivos centrales es dotar a la población de herramientas para prevenir fraudes, enfrentar publicidades engañosas y fortalecer la inclusión financiera en un contexto marcado por el crecimiento de las transacciones digitales.

Guerrero, en tanto, puso el foco en una realidad que atraviesa especialmente a los jóvenes: el uso cotidiano de billeteras virtuales, pagos con QR, transferencias, créditos, suscripciones digitales y compras en línea, junto con la creciente exposición a riesgos vinculados al fraude y la manipulación en entornos digitales.

Durante el tratamiento legislativo, la diputada Paula Franco, miembro informante del proyecto, sostuvo que la educación financiera y la ciudadanía digital son hoy dimensiones inseparables.

“La educación financiera y la ciudadanía digital van de la mano. Hoy es fundamental que los estudiantes aprendan a prevenir estafas, proteger sus datos personales y utilizar de forma segura las herramientas digitales”, afirmó.

Franco agregó que la reforma busca fortalecer la conexión entre la educación, el mundo productivo y las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. “Queremos que la educación tenga una mayor conexión con el territorio, con el mundo productivo y con las oportunidades que necesitan nuestros jóvenes para desarrollar sus propios proyectos”, concluyó.

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Fintech, criptomonedas y tarjetas no pagarán impuesto al cheque

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Un decreto publicado este jueves amplió el alcance de las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios para empresas de servicios de pago, proveedores de activos virtuales, operadores de tarjetas y transportadoras de caudales. La medida busca equiparar tratamientos tributarios entre actores que realizan funciones similares y reducir costos de transacción en sectores vinculados a la economía digital.

La decisión oficial, formalizada mediante el Decreto 475/2026, modifica el régimen de exenciones del denominado “impuesto al cheque”, uno de los tributos que más inciden sobre la intermediación financiera y los movimientos bancarios. El cambio incorpora nuevos beneficiarios y actualiza criterios que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica del sistema de pagos.

Para el sector privado, la señal es clara: el Gobierno busca eliminar distorsiones tributarias que afectaban a empresas fintech, plataformas de pagos y operadores de activos virtuales, actividades que ganaron peso en la economía argentina durante los últimos años, pero que mantenían diferencias regulatorias respecto de otros participantes del sistema financiero.

Menos costo transaccional para la economía digital

La principal novedad es la incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) al listado de actividades alcanzadas por la exención.

Las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para operaciones vinculadas a la actividad de estos operadores quedarán exceptuadas del gravamen, siempre que estén debidamente registradas ante los organismos competentes.

La medida alcanza a empresas vinculadas al ecosistema cripto que operan legalmente en Argentina y que hasta ahora enfrentaban una carga tributaria adicional sobre movimientos operativos que no implicaban generación de valor agregado, sino mera circulación de fondos.

Desde una perspectiva económica, la eliminación de ese costo mejora la competitividad de plataformas locales frente a competidores internacionales y reduce el costo operativo de servicios vinculados a pagos digitales, tokenización y activos virtuales.

Fintech y cobranzas: equiparación tributaria

El decreto también amplía beneficios para las empresas dedicadas al cobro electrónico de servicios, impuestos y otras obligaciones por cuenta y orden de terceros.

La modificación incluye expresamente las cuentas utilizadas para depósitos de efectivo en cuentas bancarias o de pago y las empleadas por agentes oficiales que actúan dentro de esas redes.

La actualización normativa busca reconocer la transformación del sistema de cobranzas argentino, donde los canales digitales y las redes de proximidad cumplen funciones que históricamente realizaban entidades bancarias tradicionales.

Para miles de comercios que funcionan como puntos de cobranza o recepción de pagos, la medida puede traducirse en menores costos administrativos y financieros, favoreciendo la expansión de servicios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Tarjetas y transporte de caudales también quedan alcanzados

Otra modificación relevante incorpora beneficios para las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.

Las cuentas utilizadas para gestionar préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y las operaciones vinculadas a la emisión o cancelación de obligaciones negociables quedarán exentas del impuesto.

La decisión apunta a reducir el costo financiero asociado al funcionamiento de la infraestructura de pagos electrónicos, un componente central para el comercio formal.

Además, se suman las empresas transportadoras de caudales registradas ante el Banco Central. Las cuentas utilizadas exclusivamente para rendir fondos en efectivo a sus clientes también quedarán alcanzadas por el beneficio.

Aunque el avance de los pagos digitales reduce gradualmente el uso de efectivo, la logística de valores continúa siendo un eslabón clave para actividades comerciales, supermercados, estaciones de servicio y cadenas de distribución en gran parte del interior del país.

Qué cambia para el sector productivo

Entre los principales efectos de la medida aparecen menor carga tributaria sobre movimientos operativos de empresas fintech y plataformas digitales. Reducción de costos de intermediación financiera para actores vinculados a pagos electrónicos. Mayor competitividad para operadores de activos virtuales regulados. Incentivos para ampliar servicios financieros en localidades del interior. Equiparación tributaria entre empresas que desarrollan actividades similares. Menores costos de infraestructura para redes de cobranza y medios de pago.

La ampliación de exenciones no modifica la estructura general del impuesto al cheque, pero sí profundiza una tendencia regulatoria orientada a favorecer la digitalización financiera y reducir cargas sobre actividades consideradas estratégicas para la modernización del sistema de pagos.

El desafío estará en medir si la reducción de costos regulatorios logra traducirse en una mayor expansión de servicios financieros, especialmente en regiones donde la inclusión financiera todavía representa una barrera para el crecimiento de las pymes y las economías regionales.

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