BLANQUEO LABORAL

Qué cambia con la nueva Reforma Laboral para empleados, pymes y freelancers

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La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene como uno de sus ejes centrales la regularización de relaciones laborales no registradas o mal registradas. Para ello, prevé incentivos como la reducción de aportes patronales en nuevas contrataciones y mecanismos que faciliten el blanqueo sin que el proceso derive automáticamente en multas o juicios.

Según el Ejecutivo, el objetivo es doble: ampliar el empleo formal y reducir la litigiosidad, un factor que históricamente elevó el costo de contratar en Argentina.

Menos “zona gris” y más previsibilidad

Uno de los problemas que busca atacar la reforma es el fenómeno de los trabajadores en “zona gris”: vínculos contractuales que comienzan como prestación de servicios y terminan siendo recalificados como relación de dependencia en sede judicial.

La nueva normativa intenta reducir ese riesgo, otorgando mayor reconocimiento al contrato de servicios cuando esté correctamente diseñado. Sin embargo, advierte que el empleo encubierto seguirá siendo pasible de reclamo: si existen horario fijo, exclusividad y subordinación, prevalecerán los hechos sobre la forma contractual.

En paralelo, se crea un fondo de cese laboral que reemplaza el esquema tradicional de indemnización “de golpe” por un sistema de capitalización progresiva. El Gobierno sostiene que aportará previsibilidad al costo de desvinculación, mientras que algunos especialistas consideran que podría garantizar cobros más automáticos si está bien financiado. No obstante, también abre el debate sobre el nivel real de protección y quién asume el mayor aporte.

Despidos, bloqueos y condenas en cuotas

La ley habilita el despido con justa causa en casos de bloqueos o tomas de empresas en el marco de reclamos sindicales. Además, permite el pago en cuotas de condenas e indemnizaciones en determinados esquemas, un punto que apunta a aliviar la carga financiera sobre las empresas.

Flexibilidad en horas extras y vacaciones

La reforma también busca regularizar prácticas ya extendidas en sectores como el gastronómico, comercial y tecnológico, donde existen esquemas de administración flexible de horas de trabajo.

Modalidades como el “viernes libre” o la compensación de jornadas especiales quedarían formalmente reconocidas, reduciendo el riesgo de judicialización. En materia de horas extras, se intenta dar marco legal a acuerdos que en muchos casos hoy se negocian por fuera de los convenios.

El foco en las pymes

Para las micro y pequeñas empresas, el “corazón” práctico de la reforma es el incentivo al blanqueo. Se crea la figura del “colaborador” para micro pymes, que permite contratar hasta cierto número de personas bajo un esquema distinto al de relación laboral tradicional.

Se trata de una herramienta pensada para tareas acotadas, aunque especialistas advierten que su uso como empleo encubierto podría derivar en conflictos judiciales.

Además, la reforma busca reducir el “miedo al costo de salida”, uno de los principales frenos a la contratación formal. Con un esquema más previsible, blanquear empleados dejaría de ser una decisión prohibitiva y pasaría a evaluarse en términos económicos.

Empresas con contratistas: más control y más compliance

En los casos de empresas que tercerizan servicios —seguridad, limpieza, logística u obras— se incorporan mecanismos para exigir comprobantes y retener pagos si el contratista incumple con obligaciones previsionales.

La reforma refuerza así un modelo de compliance laboral: si la empresa principal no controla, puede quedar expuesta a responsabilidad solidaria. Esto podría elevar costos administrativos, pero reducir riesgos futuros.

Autónomos y freelancers

Para profesionales independientes, la reforma amplía el reconocimiento del contrato de servicios. Un freelancer que factura a varios clientes, maneja sus horarios y trabaja por entregables tendría un marco más claro y menos riesgoso para las empresas contratantes.

Sin embargo, el esquema no protege situaciones de “monotributistas exclusivos” que cumplen horario fijo y reportan a un superior: en esos casos, la posibilidad de reclamo seguiría vigente.

Como independientes, aguinaldo y vacaciones quedarán librados a la negociación particular, no a la ley.

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CAME pidió debatir el proyecto de “Blanqueo laboral”

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“Un juicio laboral no sólo termina con un puesto de trabajo, también mata a la pyme”, manifestó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que expuso el martes por la tarde en la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, en apoyo al proyecto de ley sobre blanqueo laboral donde indicó que “la iniciativa resume los constantes planteos de nuestra entidad y cumple con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo para que haya un diálogo tripartito entre empleadores, gremios y gobierno”, y enfatizó que este nuevo esquema promueve la promoción del empleo.
El trabajo no registrado es uno de los factores más preocupantes para una pequeña y mediana empresa que, por un lado, teme contratar personal ante el riesgo de un juicio laboral, y por el otro, ante los altos costos de los aportes patronales. Pero, además, para poder contener trabajadores en negro necesita producir ingresos informales y esto desata otro problema contable y financiero, y una competencia desleal con las pymes que están en regla.
Por eso, para CAME este proyecto de ley presentado por el senador Roberto Basualdo sobre regulación del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral, representa un alivio ante la litigiosidad laboral y un descuento del 33% en aportes y contribuciones. “Tenemos que seguir trabajando en bajar el costo argentino para poder ser competitivos”, dijo Díaz Beltrán.
Con esta condonación de deudas fiscales y de seguridad social de todo trabajador que se encuentre parcial o totalmente no registrado al momento de la promulgación de la ley, se espera frenar, en el ámbito administrativo y judicial, la industria del juicio en curso y reducir las multas, el costo fiscal y de seguridad social. “Sería importante complementar esta iniciativa con una moratoria fiscal amplia”, resaltó el titular de CAME.
Además, pidió extender beneficios para las empresas que con mucho esfuerzo cumplen en tiempo y forma con todas las normas.
También participaron, en representación de la entidad gremial empresaria, el secretario de Industria, Pedro Cascales, y el titular de la comisión tributaria, Salvador Femenia.

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