El Gobierno elimina las retenciones a las exportaciones de acero y aluminio hasta diciembre
El Gobierno elimina los derechos de exportación para el acero y el aluminio destinados a países con altos aranceles.
La medida busca fortalecer la competitividad de la industria metalúrgica argentina frente al proteccionismo internacional. Regirá hasta diciembre de 2025 o hasta que los países destino reduzcan sus gravámenes.
Incentivo a las exportaciones industriales
El Gobierno nacional oficializó este martes el Decreto 726/2025, mediante el cual fijó en 0% la alícuota de los derechos de exportación para una serie de productos de acero y aluminio, comprendidos en las posiciones arancelarias 72.08 a 76.07 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
La decisión beneficiará exclusivamente a las ventas dirigidas a países que aplican aranceles de importación “ad valorem” iguales o superiores al 45%, con el objetivo de mitigar los efectos del proteccionismo externo y estimular la competitividad industrial argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se produzca una reducción de los aranceles impuestos por los países de destino, lo que ocurra primero.
Sectores estratégicos: acero y aluminio como pilares industriales
El decreto fundamenta que la Argentina “cuenta con capacidades productivas relevantes” en los sectores de aluminio y acero, considerados estratégicos dentro de la estructura industrial y exportadora del país. Ambos generan altos niveles de empleo, valor agregado y divisas, pero enfrentan crecientes restricciones internacionales.
En particular, se mencionan “prácticas proteccionistas” por parte de diversas naciones, que a través de aranceles de importación de magnitud significativa han restringido el acceso de los productos metalúrgicos argentinos al comercio mundial.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo dispuso la reducción transitoria de los derechos de exportación, medida orientada a “fomentar e impulsar las exportaciones, generar condiciones más favorables para la actividad industrial y fortalecer la competitividad del sector”.
Los productos beneficiados incluyen chapas, planchas, alambres y tubos de acero, así como barras, perfiles y laminados de aluminio, que conforman la base de múltiples cadenas productivas, desde la construcción y la energía hasta la industria automotriz y la fabricación de bienes de capital.
Intervención de la Secretaría de Coordinación de Producción
El artículo 2° del decreto establece que la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para su implementación.
Asimismo, deberá informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la nómina de países alcanzados por la medida, es decir, aquellos que aplican aranceles iguales o superiores al 45% a los productos mencionados, así como cualquier modificación posterior en ese tratamiento arancelario.
De este modo, la disposición aligera la carga tributaria sobre exportadores industriales, al tiempo que se alinea con el enfoque de apertura comercial impulsado por la actual administración.
El decreto también instruye al Poder Ejecutivo a comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.122 sobre el control legislativo de los decretos delegados.
Alivio fiscal para la industria metalúrgica
La reducción a cero de los derechos de exportación representa una señal pro-mercado en un contexto de estancamiento del comercio global y altos costos logísticos internacionales.
La medida busca dar alivio fiscal a las industrias metalúrgicas y metalmecánicas —entre ellas Aluar, Acindar, Tenaris, y una red de pymes proveedoras— que enfrentan un escenario de baja rentabilidad y competencia desigual frente a competidores internacionales subsidiados o protegidos.
La disposición se suma a otras decisiones recientes orientadas a mejorar la inserción externa de sectores industriales, en línea con la política de “libertad económica y apertura comercial” promovida por el Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que este tipo de incentivos “fortalece la capacidad exportadora y contribuye al desarrollo de cadenas de valor con empleo formal y agregado local”.
