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El Tesoro captó $4,49 billones en una licitación con fuerte demanda y combinó pesos, CER y dólar linked

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La Secretaría de Finanzas adjudicó $4,49 billones en la licitación realizada el miércoles 12 de agosto, sobre un total de ofertas por $6,49 billones. La operación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por CER, títulos dólar linked y una reapertura del Bonar 2029, en una estrategia que buscó atender distintas preferencias de cobertura y rendimiento dentro del mercado local.

El resultado implica que el Tesoro aceptó aproximadamente el 69% del valor efectivo ofertado en los instrumentos denominados en pesos y dólar linked. En total se recibieron 3.978 ofertas: 3.594 correspondieron a títulos en pesos y 384 a instrumentos vinculados al dólar. El valor efectivo ofertado alcanzó los $6,485 billones y el adjudicado llegó a $4,492 billones, tomando para los títulos denominados en dólares el tipo de cambio de referencia del 11 de agosto, de $1.492,179 por dólar.

La mayor parte de la colocación se concentró en la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, cuya reapertura recibió ofertas por un valor nominal de $3,631 billones. El Gobierno adjudicó $2,724 billones de valor nominal, equivalentes a $3,286 billones de valor efectivo, a un precio de corte de $1.206,31 por cada $1.000 de valor nominal y una TIREA de 28,54%. Con la nueva colocación, el monto nominal en circulación de este instrumento pasó a $6,504 billones.

El segundo instrumento en pesos fue una nueva Letra del Tesoro ajustada por CER, con vencimiento el 29 de enero de 2027. La demanda alcanzó $1,238 billones de valor nominal, mientras que se adjudicaron $659.715 millones, por un valor efectivo de $646.521 millones. El precio de corte quedó en $980 por cada $1.000 de valor nominal y la TIREA fue de 4,51%.

La licitación también mostró demanda por cobertura frente a la evolución del dólar. En la Letra dólar linked con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 se ofertaron USD 301 millones de valor nominal y se adjudicaron USD 159 millones, por un valor efectivo equivalente a $234.411 millones. El precio de corte fue de USD 991 por cada USD 1.000 y la TIREA alcanzó 7,33%.

Para la nueva Letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026, las ofertas también alcanzaron USD 301 millones, mientras que Finanzas adjudicó USD 221 millones. El valor efectivo equivalente fue de $324.511 millones, con un precio de corte de USD 986 por cada USD 1.000 y una TIREA de 6,91%.

El componente en moneda estadounidense tuvo además una colocación específica del Bonar 2029. El Tesoro recibió ofertas por USD 71,16 millones de valor efectivo y adjudicó USD 46,89 millones. La reapertura del Bono del Tesoro Nacional en dólares al 6%, con vencimiento el 31 de octubre de 2029, tuvo un precio de corte de USD 937,85 por cada USD 1.000 de valor nominal, una TNA de 8,39% y una TIREA de 8,72%.

En este último instrumento se aplicó un prorrateo de 60,148011569324% sobre las ofertas recibidas al precio de corte. El mecanismo permitió distribuir la adjudicación entre los inversores ante una demanda superior al monto efectivamente colocado.

La operación dejó además una segunda instancia abierta para este jueves 13 de agosto. Entre las 11 y las 13, el Gobierno habilitará una segunda vuelta para el Bonar 2029, por adhesión y al mismo precio de corte de USD 937,85 por cada USD 1.000 de valor nominal. En esa instancia podrá colocarse hasta un valor nominal de USD 50 millones y podrán participar personas humanas o jurídicas mediante el sistema de licitaciones.

Desde el punto de vista financiero, la licitación permite observar cómo el Tesoro está distribuyendo su estrategia de financiamiento entre instrumentos con distintos perfiles de riesgo y cobertura. La tasa fija ofrece previsibilidad nominal para el inversor, el CER incorpora protección frente a la inflación y las letras dólar linked trasladan al rendimiento la evolución del tipo de cambio aplicable. La coexistencia de estos instrumentos permite al Estado captar fondos sin depender de una única fuente de demanda y, al mismo tiempo, ofrece al mercado alternativas para posicionarse frente a diferentes escenarios macroeconómicos.

La resolución conjunta publicada este jueves formalizó, además, las emisiones y ampliaciones necesarias para instrumentar la licitación. Entre ellas se encuentra una nueva Letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026, una Letra ajustada por CER con vencimiento el 29 de enero de 2027 y las ampliaciones de la letra dólar linked de septiembre, la letra capitalizable de noviembre y el Bonar 2029.

El dato central para el mercado, sin embargo, es la magnitud de la demanda: sobre $6,49 billones ofrecidos, el Tesoro decidió adjudicar $4,49 billones. La colocación confirma que, aun con distintos instrumentos y horizontes, existe profundidad suficiente para que el Gobierno pueda renovar y administrar parte de sus necesidades financieras mediante el mercado local, mientras los inversores siguen demandando alternativas tanto en pesos como vinculadas al dólar y a la inflación.

Comunicado Resultados 20260812 by CristianMilciades

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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Nación cancela $813 mil millones con CABA

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La Casa Rosada formalizó una operación financiera por $813.442 millones para cancelar parte de la deuda que mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el conflicto judicial de la coparticipación. La cancelación no será en efectivo, sino mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro con vencimientos entre 2026 y 2027. La decisión, publicada por el Ministerio de Economía, tiene una lectura que excede la ingeniería financiera: mientras Nación busca evitar una mayor salida de caja en pesos, las provincias observan cómo el Gobierno prioriza resolver litigios con distritos de peso político y financiero en un contexto de extrema restricción presupuestaria.

Para Misiones, la señal tiene un doble impacto. Por un lado, confirma que la administración nacional continuará utilizando instrumentos de deuda para administrar obligaciones judiciales y fiscales. Por otro, reabre la discusión sobre la distribución de recursos federales y la capacidad de negociación de las provincias periféricas frente al poder central.

La Resolución Conjunta 29/2026 de Finanzas y Hacienda establece que el pago se realizará mediante una combinación de BONCAP y LECAP capitalizables. El esquema evita un desembolso inmediato de liquidez y traslada vencimientos hacia adelante, una estrategia consistente con la política financiera que impulsa el equipo económico de Luis Caputo: preservar reservas, sostener el superávit financiero y evitar emisión monetaria directa.

El punto central es político. La deuda con CABA surge de la cautelar de la Corte Suprema por la quita de fondos coparticipables aplicada durante la gestión de Alberto Fernández. El Gobierno nacional decidió ahora cerrar parte de esa discusión mediante títulos públicos, en un movimiento que busca reducir incertidumbre judicial y enviar una señal de cumplimiento al mercado.

Para las provincias del NEA, donde la dependencia de transferencias nacionales es estructuralmente más alta, el dato no pasa inadvertido. Misiones mantiene históricamente un reclamo por inequidades en la distribución de recursos federales y por el costo económico de las asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay. Mientras CABA logra monetizar judicialmente su reclamo, las provincias fronterizas continúan negociando compensaciones fiscales vinculadas al comercio, el combustible y la competitividad regional.

La diferencia no es menor. En el AMBA, la discusión gira alrededor del reparto de impuestos nacionales. En Misiones, el problema incorpora además la pérdida de consumo hacia Encarnación o Foz do Iguaçu cuando el tipo de cambio genera distorsiones de precios. Esa fuga impacta directamente sobre comercio, empleo y recaudación provincial.

El uso de bonos para cancelar deuda también tiene implicancias sobre la economía real. La decisión evita presión inmediata sobre el gasto corriente, pero incrementa compromisos financieros futuros. Para sectores productivos del NEA, eso implica que la posibilidad de una expansión fiscal nacional orientada a infraestructura o programas de estímulo seguirá limitada.

La cadena forestal, la yerba mate y el comercio fronterizo dependen en gran medida de costos logísticos, rutas, energía y consumo interno. Si el Tesoro concentra recursos en estabilización financiera y administración de deuda, el margen para políticas activas sectoriales continúa siendo reducido.

Además, el instrumento elegido muestra otro dato relevante para el sector privado: Economía continúa profundizando el mercado de títulos en pesos como mecanismo central de financiamiento. La señal busca fortalecer la curva en moneda local y sostener la estrategia de desinflación sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central.

Los bonos utilizados para cancelar la deuda con CABA tienen vencimientos relativamente cortos:

  • 20% del pago se hará con un BONCAP al 30 de junio de 2026.
  • Otro 40% se distribuye entre LECAP con vencimiento en agosto y octubre de 2026.
  • El 40% restante irá a un BONCAP con vencimiento en abril de 2027.

El mensaje implícito es que el Gobierno apuesta a mantener condiciones financieras relativamente estables durante los próximos dieciocho meses para refinanciar esos compromisos sin tensiones mayores.

Para Misiones, el movimiento vuelve a instalar un interrogante de fondo: cómo se reposicionan las provincias exportadoras y fronterizas dentro del nuevo esquema fiscal argentino. La administración Milei sostiene un enfoque de fuerte centralización financiera y disciplina del gasto. Eso obliga a las provincias a fortalecer recursos propios y competitividad regional en un contexto donde la asistencia nacional aparece cada vez más condicionada.

El escenario a seguir de cerca es doble. Primero, cómo reaccionará el resto de las provincias frente al acuerdo financiero con CABA y si reaparecen reclamos por fondos compensatorios. Segundo, qué margen real tendrá Nación para sostener el equilibrio fiscal sin afectar obra pública, infraestructura logística y programas vinculados a economías regionales. En una provincia como Misiones, donde el costo del transporte y la competencia fronteriza condicionan toda la actividad económica, esa discusión impacta directamente sobre producción, empleo y consumo.

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El Gobierno capta $10,42 billones en la última licitación del Tesoro

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El Gobierno nacional logró colocar $10,42 billones en la licitación de instrumentos del Tesoro realizada este 12 de marzo, en una operación que volvió a mostrar el peso creciente del financiamiento en moneda local dentro de la estrategia fiscal. La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por $12,90 billones, de las cuales adjudicó poco más de diez billones entre instrumentos en pesos, títulos ajustados por inflación, bonos atados a tasas bancarias y deuda vinculada al dólar.

El dato central de la jornada no es solo el volumen colocado, sino la señal política que busca enviar el equipo económico: sostener el financiamiento del Tesoro en el mercado doméstico sin recurrir a emisión monetaria directa. En un escenario donde cada licitación funciona como test del apetito de los inversores, la capacidad de renovar y ampliar deuda se volvió un termómetro de confianza sobre la política económica.

Una licitación dominada por instrumentos en pesos

La mayor parte de la operación se concentró en instrumentos denominados en pesos y dólar linked, donde el Tesoro recibió 7.546 ofertas y adjudicó $10,17 billones de valor efectivo.

Dentro de ese universo, los títulos ajustados por inflación (CER) volvieron a captar una porción significativa de la demanda.

Entre ellos se destacaron:

  • La Letras del Tesoro ajustada por CER con vencimiento el 15 de mayo de 2026 (X15Y6), que adjudicó $2,736 billones de valor efectivo.
  • La nueva letra CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con $1,088 billones adjudicados.
  • El bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que colocó $854.554 millones.
  • El bono CER con vencimiento en junio de 2028 (TZX28), con $1,865 billones adjudicados.

El menú también incluyó instrumentos a tasa fija y a tasa variable.

Entre los títulos a tasa fija, el Tesoro adjudicó $2,209 billones en la letra capitalizable con vencimiento el 15 de mayo de 2026, con una tasa efectiva mensual de corte de 2,60% y una TIREA de 36,07%. También colocó $407.370 millones en una letra con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con una TEM de 2,53% y TIREA de 34,96%.

Por su parte, los instrumentos atados a la tasa TAMAR —referenciada en tasas mayoristas bancarias— también encontraron demanda. La letra con vencimiento el 31 de agosto de 2026 adjudicó $593.373 millones, mientras que el bono con vencimiento el 26 de febrero de 2027 colocó $418.481 millones, con TIREA de 39,83% y 42,16% respectivamente.

Cobertura cambiaria y demanda por dólar linked

La licitación incluyó además títulos vinculados al dólar oficial, una herramienta que el Tesoro utiliza para captar inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

En este segmento se adjudicaron: $81.980 millones en la letra dólar linked con vencimiento el 30 de abril de 2026, con una TIREA de 6,35%. $162.533 millones en una nueva letra dólar linked con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con TIREA de 5,13%.

El uso de estos instrumentos refleja la necesidad del Tesoro de ofrecer alternativas de cobertura cambiaria sin emitir deuda directamente en moneda extranjera.

Bonar 2027: colocación parcial y segunda vuelta

En paralelo, el Gobierno licitó el BONAR 2027 (AO27), un bono denominado y pagadero exclusivamente en dólares estadounidenses.

En este caso, se recibieron ofertas por USD 440,07 millones, aunque finalmente se adjudicaron USD 151,80 millones de valor efectivo.

El precio de corte se fijó en USD 1.011,98 por cada valor nominal de USD 1.000, con una TIREA de 5,59% y una tasa nominal anual de 5,45%.

Debido al volumen de ofertas, el Tesoro aplicó un prorrateo de 71,8150469387755% sobre las propuestas recibidas al precio de corte.

Además, el Gobierno habilitó una segunda vuelta para el 13 de marzo, entre las 11:00 y las 13:00, destinada a inversores interesados en suscribir el bono al mismo precio de corte. En esta etapa se podrán colocar hasta USD 100 millones adicionales de valor nominal.

Financiamiento en pesos y señales al mercado

Más allá del detalle técnico, la licitación forma parte de la dinámica central de la política económica actual: financiar al Estado a través del mercado local.

Cada operación cumple al menos tres funciones simultáneas: Renovar vencimientos de deuda existentes. Obtener financiamiento adicional para el Tesoro. Enviar señales de estabilidad financiera al mercado.

    El volumen de ofertas —$12,90 billones— indica que los instrumentos del Tesoro continúan encontrando demanda en el sistema financiero y entre inversores institucionales.

    Al mismo tiempo, la diversidad de instrumentos ofrecidos refleja una estrategia de diversificación: tasa fija, ajuste por inflación, tasa bancaria y cobertura cambiaria.

    Lo que el mercado observará en las próximas licitaciones

    La lectura política y económica de estas operaciones no se agota en una sola jornada.

    Las licitaciones del Tesoro funcionan como una secuencia continua donde cada resultado influye en el siguiente. El nivel de rollover, las tasas convalidadas y la composición de los instrumentos adjudicados permiten inferir expectativas del mercado sobre inflación, tipo de cambio y tasas de interés.

    La segunda vuelta del BONAR 2027 será uno de los próximos indicadores a observar, porque permitirá medir si la demanda por deuda en dólares se mantiene o si los inversores privilegian instrumentos en moneda local.

    En paralelo, la dinámica del financiamiento en pesos seguirá siendo un componente central de la gobernabilidad económica. Mientras el Tesoro logre sostener la colocación de deuda en el mercado doméstico, el Gobierno podrá administrar vencimientos sin recurrir a mecanismos más disruptivos.

    El verdadero test, sin embargo, siempre aparece en la siguiente licitación.

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    Finanzas sale al mercado con diez instrumentos y busca refinanciar deuda de corto y mediano plazo

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    La Secretaría de Finanzas convocó a una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y dólares estadounidenses, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2026, con liquidación el viernes 30. El menú incluye letras y bonos a tasa fija, variable, ajustados por CER y un instrumento dólar linked, en una operación clave para la estrategia de financiamiento del Estado, la administración de vencimientos de corto y mediano plazo y la gestión de liquidez en un contexto macroeconómico aún desafiante.

    La licitación se inscribe en el programa regular de colocaciones quincenales de deuda en moneda local y combina nuevos instrumentos con reaperturas, con el objetivo de ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores y extender el horizonte de vencimientos hasta 2028. Todas las colocaciones se realizarán bajo los procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

    Un menú diversificado: tasa fija, CER, tasa variable y dólar linked

    En esta convocatoria, la Secretaría de Finanzas ofrece diez instrumentos distribuidos en cuatro grandes categorías. En primer lugar, se licitarán instrumentos en pesos a tasa fija, entre los que se destacan dos nuevas Letras del Tesoro Nacional Capitalizables (LECAP): una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 y otra al 31 de julio de 2026, ambas a emitirse el 30 de enero de 2026, con amortización íntegra al vencimiento y tasa efectiva mensual capitalizable, a determinar en la licitación.

    A ellas se suman la reapertura de la LECAP con vencimiento 30 de noviembre de 2026 (S30N6) y del Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 15 de enero de 2027 (T15E7), ambos con precio a determinar en el proceso licitatorio.

    En el segmento de tasa variable, se reabre la Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026 (M31G6), un instrumento que ajusta su rendimiento en función de la tasa mayorista y que suele captar el interés de inversores que buscan cobertura ante movimientos de las tasas de interés.

    El bloque de instrumentos ajustados por inflación (CER) incluye una nueva Letra del Tesoro Nacional ajustada por CER a descuento con vencimiento 31 de julio de 2026, junto con la reapertura de la LECER al 30 de noviembre de 2026 (X30N6) y de dos bonos cero cupón: el BONCER con vencimiento 30 de junio de 2027 (TZX27) y el BONCER al 30 de junio de 2028 (TZX28). En estos casos, el capital se ajusta según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), conforme al artículo 4º del decreto 214/02, con el Banco Central de la República Argentina como informante y la Oficina Nacional de Crédito Público como agente de cálculo.

    Finalmente, en dólares estadounidenses, se ofrece la reapertura de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026 (D30A6). La suscripción será en pesos, utilizando el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA correspondiente al 27 de enero de 2026.

    Fechas, tramos y reglas de la licitación

    La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 horas del miércoles 28 de enero de 2026, mientras que la liquidación se efectuará el viernes 30 de enero de 2026 (T+2). Todas las licitaciones se realizarán por indicación de precio, sin precios mínimos ni máximos, con la excepción de las nuevas LECAP, para las cuales los oferentes deberán indicar la tasa efectiva mensual.

    El proceso se estructurará en dos tramos: no competitivo y competitivo.
    El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que no cuenten con especialización financiera, con un tope de VNO $ 50.000.000 para instrumentos en pesos y VNO USD 50.000 para el instrumento en dólares, admitiéndose una sola oferta por inversor. En este segmento quedan excluidos los fondos comunes de inversión, fondos públicos, compañías de seguros y demás entidades consideradas agentes especializados.

    El tramo competitivo, en cambio, estará habilitado para inversores con montos superiores a esos límites y para todo tipo de entidades financieras, con una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 en instrumentos en pesos y VNO USD 1.000 en el dólar linked, sin límite máximo de suscripción.

    Las ofertas deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados en la CNV, y no se pagarán comisiones.

    Financiamiento, rollover y señales al mercado

    La licitación se produce en un escenario de necesidad de refinanciar vencimientos de corto plazo, administrar el stock de deuda en pesos y seguir construyendo una curva de rendimientos que combine previsibilidad y cobertura frente a la inflación y al tipo de cambio. La inclusión de instrumentos CER y dólar linked apunta a captar demanda de inversores que buscan protección, mientras que las LECAP a tasa fija permiten testear expectativas sobre tasas reales y desinflación.

    Además, la reapertura de bonos con vencimientos en 2027 y 2028 contribuye a extender plazos y reducir la concentración de pagos en el corto plazo, un aspecto clave para la sostenibilidad del programa financiero. El resultado de la licitación será seguido de cerca por el mercado, ya que funcionará como termómetro del apetito por deuda en pesos y de la confianza en el esquema macroeconómico vigente.

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