brecha de género

La mordaza invisible: cómo la violencia digital expulsa a las mujeres del debate público

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A horas de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, los hechos de violencia de género siguen siendo noticia diaria. Pero no se trata únicamente de violencia sexual o un femicidio. La violencia política contra las mujeres ya no necesita manifestarse en un recinto legislativo, una reunión partidaria o una campaña electoral. Hoy encuentra un territorio mucho más amplio, inmediato y difícil de regular: las redes sociales.

Un relevamiento realizado entre el 4 y el 11 de mayo de 2026 sobre publicaciones de medios nacionales y provinciales analizó 3.163 comentarios vinculados a dos dirigentes políticas de perfiles ideológicos diferentes: la diputada nacional Myriam Bregman y la diputada provincial misionera Paula Franco. El objetivo era observar cómo se construye la conversación digital cuando una mujer ocupa espacios de poder.

Los resultados del estudio dirigido por la licenciada Carla Chini, del “Observatorio de la Trama Social para un Proyecto Regional de Desarrollo Sustentable” de la Universidad de la Integración Sudamericana, muestran un patrón inquietante: la agresión rara vez se concentra en las ideas. En cambio, se dirige a la condición de mujer de quien participa del debate público.

En el caso de Paula Franco, legisladora provincial de Misiones, abogada y magíster en Políticas Públicas, el estudio analizó 743 comentarios publicados en cuentas de Facebook e Instagram de Canal 12 y otros medios de Misiones. Los ataques más frecuentes no cuestionaban proyectos legislativos, iniciativas de transparencia o propuestas de modernización del Estado. El blanco era otro.

La principal modalidad detectada fue la deslegitimación de la autonomía profesional. Expresiones como “acomodada política”, “hija de”, “paracaídas” o referencias permanentes a supuestos favores políticos aparecieron de forma recurrente. El mecanismo es conocido: desplazar cualquier mérito académico o profesional y explicar la presencia de una mujer en la política exclusivamente a través de vínculos familiares o personales.

El fenómeno resulta particularmente llamativo porque Franco posee una trayectoria profesional concreta y formación específica en gestión pública. Sin embargo, gran parte de los comentarios analizados ignoraban deliberadamente esos antecedentes para construir una narrativa donde el acceso al cargo no era consecuencia de capacidades propias sino de relaciones de poder masculinas.

La segunda categoría de agresiones detectada fue la patologización. El estudio encontró una recurrencia significativa de expresiones como “loca”, “iluminada” o “desesperada”. La utilización de presuntas alteraciones emocionales para desacreditar a una mujer constituye uno de los mecanismos históricos más persistentes de exclusión política. Mientras los hombres suelen ser cuestionados por sus decisiones, las mujeres continúan siendo cuestionadas por su estabilidad emocional.

La tercera modalidad fue la sexualización. En numerosos casos, la discusión pública se desplazó desde las políticas que impulsaba la legisladora hacia insinuaciones sobre su vida privada, relaciones personales o comentarios vinculados a su apariencia física. El objetivo es evidente: reducir la autoridad política a una dimensión íntima o corporal.

El informe también detectó procesos de animalización mediante términos como “yegua”, “burra”, “cuadrúpeda” o “tilinga”. Estas expresiones, lejos de ser simples insultos, constituyen mecanismos simbólicos destinados a deshumanizar y degradar la figura pública femenina.

La distribución de los agresores también ofrece información relevante. El 59% de los ataques identificados provenía de perfiles masculinos. En estos casos predominaban las agresiones directas, la sexualización y los cuestionamientos a la capacidad intelectual.

Por su parte, el 32% correspondía a perfiles femeninos. Allí aparecía con mayor frecuencia otro tipo de discurso: acusaciones de acomodo, cuestionamientos éticos y descalificaciones sobre méritos académicos o profesionales.

El dato rompe con una simplificación habitual. La violencia política de género no es ejercida exclusivamente por hombres. También puede ser reproducida por mujeres cuando incorporan y replican estereotipos culturales profundamente arraigados.

Quizás uno de los hallazgos más preocupantes del estudio no sea el contenido de los ataques, sino la reacción que generan. Los comentarios más agresivos son también los que reciben mayores niveles de validación social.

Las reacciones de “Me gusta” y “Me divierte” concentran buena parte de la interacción en publicaciones donde aparecen insultos, descalificaciones o ataques personales. En contraste, prácticamente no se registraron reacciones de rechazo.

La consecuencia es la creación de un ecosistema donde la agresión obtiene recompensa social. El odio se transforma en entretenimiento. La humillación pública se convierte en contenido.

Y la violencia deja de percibirse como una conducta reprochable para pasar a formar parte de la normalidad de la conversación digital.

El caso de Myriam Bregman muestra patrones similares.

Sobre una muestra de 2.420 mensajes relevados en medios nacionales, el 65% de las agresiones provinieron de perfiles masculinos y estuvieron orientadas a descalificar su ideología mediante referencias a su condición de mujer, su apariencia o su origen. Términos como “loca”, “zurda”, “rusa” o “yegua” aparecieron de manera reiterada en publicaciones vinculadas a debates políticos o encuestas electorales.

La coincidencia entre ambos casos resulta significativa.

Se trata de dirigentes con trayectorias, partidos y posicionamientos ideológicos completamente distintos. Sin embargo, reciben formas de agresión notablemente similares.

La variable común no es la ideología.

Es el género.

Por eso la violencia digital contra las mujeres no puede analizarse únicamente como un problema de moderación de contenidos o convivencia en redes sociales.

Se trata de una barrera política. Una barrera que busca instalar la idea de que las mujeres deben justificar permanentemente su presencia en espacios de decisión.

Una barrera que intenta reducir credenciales académicas a vínculos personales, propuestas de gestión a estereotipos y liderazgo a características físicas.

El relevamiento muestra que la violencia política digital no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Posee patrones reconocibles, mecanismos repetidos y formas de validación social que permiten su reproducción. Comprender cómo funciona es el primer paso para enfrentarla.

La agresión es apenas un eslabón en la cadena de violencias. Hay otros que directamente impiden la participación de la mujer. El estudio de Chini señala que en el 2019 hubo en Misiones 54 candidatas a intendentas y legisladoras, el mayor número alcanzado de candidatas, luego de implementarse la Ley de Paridad de Género. 

Ese año y en los siguientes desde el actual “Observatorio de la Trama Social para un Proyecto Regional de Desarrollo Sustentable” de la Universidad de la Integración Sudamericana se consultó a mujeres y hombres sobre cuál es el factor que influye para que la mujer participe o no en política, ya sea en listas a cargos y/o en espacios de toma de decisiones. Las respuestas hacían referencia en primer lugar a la falta de recursos económicos con los que cuentan las mujeres para llevar adelante una campaña y la falta de apoyo para que puedan conseguirlos; en segundo lugar a la violencia política por razones de género, tanto digital como presencial y como tercera opción a la doble carga de trabajo: profesional y doméstica. 

“El rol de la mujer es cuidar a su familia”; “la mujer no debe trabajar y debe estar lejos de la política” fueron algunas de las frases recuperadas. 

Un 58% de las personas encuestadas consideraba que los tipos de liderazgo son básicamente iguales, el 31% pensaba que son diferentes, pero de todas maneras no las eligen a la hora de preguntar sobre si las votarían y un importante número indicaba que es más fácil para los hombres acceder a cargos políticos.

Aunque hemos avanzado mucho, la realidad es que la “cancha” sigue estando bastante inclinada. 

1. La “doble jornada” y la carga de cuidados

Esta es, quizás, la barrera más persistente. Socialmente, todavía se espera que las mujeres sean las principales responsables del hogar y el cuidado de hijos o familiares dependientes.

El conflicto de tiempo: La política exige horarios impredecibles y reuniones, lo cual se enfrenta con las responsabilidades domésticas.

El costo de oportunidad: Mientras un candidato suele tener una estructura de apoyo en casa, muchas candidatas deben gestionar la logística familiar antes de salir a una reunión.

2. Violencia política por razón de género

No se trata solo de críticas a la gestión, sino de ataques dirigidos por el simple hecho de ser mujer.

Acoso en redes sociales: Las candidatas reciben significativamente más insultos personales, amenazas de violencia sexual y comentarios sobre su apariencia que sus colegas varones.

3.Deslegitimación: Se cuestiona su inteligencia, su salud mental o se asume que llegaron ahí por “ser la esposa de” o por favores personales.

Gran parte de la política ocurre fuera de las oficinas: en cenas, partidos de fútbol o reuniones informales donde se cierran acuerdos y se designan candidaturas.

Exclusión: Al ser espacios históricamente masculinos, las mujeres suelen quedar fuera de estos círculos de confianza donde se reparte el poder real.

Falta de mentoría: Hay menos referentes mujeres en niveles altísimos que puedan “abrir camino” o mentorizar a las nuevas generaciones.

4. La brecha de financiamiento

Acceso al capital: Las redes de donantes suelen estar concentradas en hombres de negocios que, por sesgos inconscientes, tienden a invertir en candidatos que se parecen a ellos.

Percepción de riesgo: Algunos partidos políticos siguen viendo las candidaturas femeninas como “arriesgadas” o menos competitivas, destinándoles menos recursos económicos.

5. El sesgo mediático y los estereotipos

La prensa y la opinión pública a menudo evalúan a las mujeres con una vara distinta:

El escrutinio estético: Se habla más de su ropa o de su tono de voz que de sus propuestas legislativas.

El dilema de la competencia: Si una mujer es firme, se la tacha de “agresiva” o “difícil”; si es empática, se la considera “débil” o emocional.

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Generación Z, manósfera y elecciones

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La manósfera -ese conjunto de foros, canales de YouTube y redes sociales que agrupan a varones que reivindican la masculinidad tradicional y el antifeminismo- cobró visibilidad pública con la serie Adolescencia y el documental de Louis Theroux en Netflix. Se ha vuelto un fenómeno corriente entre los varones jóvenes. Sin embargo, aún no hay mayor conciencia sobre los efectos que produce.

Durante décadas, la academia analizó el comportamiento electoral como si hombres y mujeres opinaran de manera homogénea. Hoy eso ya no es sostenible. Un análisis de datos electorales en más de veinte países elaborado por John Burn-Murdoch (Financial Times, 2024) mostró que los varones jóvenes se identifican crecientemente con posiciones conservadoras o de derecha, mientras que las mujeres jóvenes se desplazan hacia el feminismo, el progresismo y la izquierda. Una encuesta de Ipsos en 31 países lo confirmó: seis de cada diez varones de la Generación Z creen que la igualdad de las mujeres los perjudica. Estamos ante algo más que una anomalía estadística: estamos ante un síntoma de época.

En Argentina, una investigación del Observatorio de Políticas Públicas de la UNVM  (2025) con jóvenes de entre 16 y 30 años reveló que el 49,8% de los varones se identifica con posiciones de centroderecha a extrema derecha, frente al 28,7% de las mujeres. En 2025 esa brecha creció al 28,9%. Este grupo representará el 53% del padrón electoral para las elecciones presidenciales de 2027.

¿La juventud se ha derechizado? No exactamente, pero intentan entender las dinámicas políticas sin atender a las tensiones de género parece difícil al día de hoy. Existen al menos tres ejes explicativos. El primero es económico: las mujeres concentran el trabajo precarizado y las tareas de cuidado no remuneradas, mientras algunos varones perciben los avances de las agendas de género como amenazas a su estatus. El segundo es cultural: #NiUnaMenos y #MeToo transformaron el vocabulario político y la identidad colectiva de muchas mujeres. El tercero es digital: hombres y mujeres habitan ecosistemas separados, consumiendo contenidos distintos y construyendo identidades políticas que raramente se cruzan. Varones hiperconectados a merced de influencers con narrativas que representan opciones electorales que, habitualmente, enmascaran una pertenencia a una derecha radicalizada a nivel mundial.

Desde 2016 crece en Estados Unidos el movimiento Repeal the 19th, que exige derogar el derecho al sufragio femenino. No es nostalgia: es la manosfera trasladada a la política electoral. ¿Qué sigue? ¿Derogar el derecho de las mujeres a estudiar? ¿A heredar? ¿A trabajar? ¿A divorciarse? ¿A hablar en público? No es un planteo exagerado. Prestar atención a esta polarización es urgente, porque el distanciamiento ideológico entre géneros impacta directamente sobre la estabilidad democrática y los derechos conquistados.

No estamos ante una generación que gira hacia la derecha. Lo que aparece es una generación en la que hombres y mujeres siguen trayectorias políticas cada vez más opuestas.

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El 8M en perspectiva económica

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8M y economía: un informe advierte que las brechas de género se profundizan en el nuevo esquema fiscal. Un diagnóstico económico que reabre la discusión política sobre el modelo

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que vuelve a poner en el centro del debate el impacto social del actual programa económico. El documento sostiene que las políticas implementadas durante la gestión del gobierno nacional no afectan de forma neutral a la población, sino que amplían brechas estructurales entre varones y mujeres, especialmente en empleo, ingresos, acceso a políticas públicas y protección social.

Los datos relevados al tercer trimestre de 2025 muestran un patrón persistente: menor participación femenina en el mercado laboral, mayor precariedad, ingresos más bajos y una sobrerrepresentación en los segmentos de menores recursos. La pregunta que subyace al diagnóstico no es solo estadística. También es política: ¿puede sostenerse un programa de ajuste fiscal sin ampliar desigualdades preexistentes?

El informe propone leer las cifras dentro de un contexto más amplio: la reconfiguración del gasto público, la reforma laboral aprobada en febrero y los cambios en programas sociales y de cuidados, que forman parte del nuevo equilibrio fiscal impulsado por la administración nacional.

Radiografía de las brechas: empleo, ingresos y pobreza

Los indicadores laborales muestran una desigualdad persistente entre varones y mujeres.

La tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, mientras que en los varones llega al 70,1%, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo: 7,4% para mujeres frente a 5,9% en varones.

En materia de informalidad laboral la distancia también aparece, aunque más acotada. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones.

La brecha salarial resulta todavía más marcada. Según el informe, los ingresos masculinos superan entre 27,3% y 29% a los femeninos, diferencia que se amplía hasta 40% entre trabajadores informales.

Ese diferencial tiene consecuencias directas sobre la estructura social. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% del año anterior, lo que refuerza el fenómeno que los economistas denominan “feminización de la pobreza”.

La contracara es la distribución en los niveles altos de ingresos. En el decil superior, la participación femenina cae al 37%, mientras que 63% de ese segmento corresponde a varones.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los factores estructurales que condiciona la inserción laboral femenina se encuentra fuera del mercado de trabajo formal.

El informe señala que las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que impacta en su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa.

Ese patrón se refleja también en la composición sectorial del empleo. El trabajo en casas particulares, altamente feminizado, muestra cifras contundentes: 98,8% de quienes desempeñan esa actividad son mujeres.

Además, el sector sufrió un deterioro reciente. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, acompañado por una caída del salario real del 35,2%.

El impacto del ajuste en políticas públicas

El informe del CEPA pone especial atención en el rediseño presupuestario implementado en los últimos años. Según el relevamiento, el presupuesto 2026 consolidó la reducción o eliminación de programas orientados a reducir desigualdades de género.

El dato central: 7,5 de cada 10 programas vinculados a la reducción de brechas sufrieron recortes o directamente dejaron de existir.

Entre los principales cambios se destacan: Moratoria previsional: ajuste del 41,71%. Prestación Alimentar: reducción del 17,26%. Pensiones para madres de siete hijos: caída del 0,83%.

En contraste, el único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo, que registra un aumento del 74,64%, interpretado en el informe como un mecanismo de contención social frente al ajuste general.

En paralelo, tres programas orientados a reducir brechas laborales —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron virtualmente eliminados en el presupuesto proyectado para 2026.

Violencia, salud y políticas de cuidado: el reordenamiento presupuestario

Las áreas vinculadas a políticas de género también muestran cambios significativos.

Los programas destinados a protección de víctimas de violencia de género registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.

En el mismo período, la Línea 144, destinada a la atención de casos de violencia, registró una caída del 90% en la cantidad de personas asistidas durante 2025, mientras que la meta proyectada para 2026 sería 79,1% menor que en 2023.

En el área de salud sexual también aparecen modificaciones relevantes: Educación Sexual Integral (ESI): reducción del 98%, quedando sin crédito presupuestario para 2026. Salud Sexual y Procreación Responsable: ajuste del 20,9%. Programa de VIH e infecciones de transmisión sexual: incremento del 11,2%.

El informe agrega un dato llamativo: durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo en el marco del programa nacional correspondiente.

En el campo de las políticas de cuidado, la paralización de la obra pública impactó en programas vinculados a infraestructura social. Según el documento, no se proyecta construir ningún jardín de infantes en 2026, tras la eliminación de programas de infraestructura educativa y de cuidado.

Reforma laboral y tensiones sobre derechos laborales

El documento también analiza los efectos potenciales de la reforma laboral aprobada en febrero, que introduce cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo.

Entre los aspectos destacados aparecen: Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, compensado con reducción de contribuciones al sistema previsional. Despido por embarazo: se elimina la posibilidad de solicitar reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Banco de horas: permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Teletrabajo: derogación de la ley que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Período de prueba: extensión a seis meses para trabajadoras de casas particulares, cuando antes era de 15 días.

Según el informe, estos cambios podrían generar mayor flexibilidad laboral pero también nuevas tensiones en materia de estabilidad e ingresos, particularmente en sectores con alta presencia femenina.

Un debate económico que trasciende el 8M

El informe del CEPA llega en un momento de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobierno nacional sostiene una estrategia centrada en orden fiscal, reducción del gasto y desregulación del mercado laboral, mientras distintos centros de estudios advierten sobre impactos sociales diferenciados.

Las cifras presentadas no resuelven el debate. Pero sí introducen un elemento que vuelve cada año en la agenda del 8 de marzo: la economía no es neutral. Las decisiones fiscales, laborales y presupuestarias reordenan incentivos, recursos y oportunidades.

La discusión que se abre hacia adelante no será solo estadística. También será política: cómo se distribuyen los costos del ajuste y quiénes quedan más expuestos en el nuevo equilibrio económico.

8M 2026 en Perspectiva Económica by CristianMilciades

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