Las tibias señales de recuperación insinuadas en el segundo semestre del año 2016, cuando la economía creció 0.5% (1.1% anualizado), fueron seguidas de algunos indicadores todavía menos favorables durante los primeros meses de 2017 (industria, ventas minoristas, confianza del consumidor). De todas maneras, la mejora en salarios y jubilaciones en moneda constante que se daría en el segundo trimestre permitiría que éstos se ubiquen alrededor de 3% por encima del promedio observado el año pasado.
Esto ayudaría a lograr una modesta recuperación del consumo privado que, a finales de año, todavía no mostraba ningún signo en ese sentido. Al revés de lo ocurrido con el PIB mensual, el consumo privado en el segundo semestre cayó 1.4% respecto del segundo trimestre del año pasado.
Respecto de la inflación, y luego del salto observado en febrero, la tasa de marzo volvería a ubicarse alrededor del 2% mensual, un valor todavía alejado de la meta oficial. La información semanal recopilada por FIEL también muestra un aumento en la inflación núcleo, que según nuestro análisis debería desaparecer en pocos meses.
Los cambios de precios relativos bruscos (tarifas, por ejemplo) tienen un impacto negativo pero transitorio sobre la inflación núcleo, según surge de un análisis econométrico de los componentes de la variación mensual de precios.
En ese contexto, el gobierno ha anunciado algunas medidas puntuales que procuran acelerar el ritmo de recuperación: el regreso de las cuotas sin interés (a menores plazos), la simplificación de los requisitos para crear una empresa, con algún apoyo creditico para las nuevas empresas a tasas subsidiadas, o el acuerdo con el sector automotriz.
Algunas de estas medidas tienen aspectos positivos para el mediano plazo (como es el caso de la simplificación de requisitos para crear una empresa), pero en otras se utilizan desgravaciones impositivas como instrumento de política industrial, ignorando la evidencia empírica internacional y local del impacto sobre el bienestar de la sociedad de este tipo de medidas. Además, esto va en contra de uno de los requisitos que debería incluir una reforma tributaria ambiciosa que es ampliar la base imponible para poder bajar alícuotas. Así, por ejemplo, se suman a los generosos incentivos fiscales para el aumento del contenido nacional en los vehículos fabricados en el país, la también generosa desgravación de los aportes de capital a las empresas Pymes, que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Simplificación que acaba de aprobar el Congreso Nacional.
También se han propuesto desde otros ministerios que se otorguen incentivos fiscales a la construcción de viviendas para alquiler. En ese contexto, no sorprende que el sector privado solicite más desgravaciones como la propuesta para los pagos con tarjeta de crédito en hoteles. Perforar la recaudación de impuestos vía desgravaciones de todo tipo atenta contra los objetivos de largo plazo de lograr un desarrollo equitativo porque éstas afectan negativamente la asignación de recursos y porque quienes disfrutan de la rebaja de impuestos son, generalmente, las personas de mayores ingresos. Las urgencias de corto plazo deberían resolverse sin generar daños en el mediano plazo.
En el conflicto con los docentes en la Provincia de Buenos Aires, la decisión del gobierno parece haber sido la opuesta. Se eligió avanzar sobre ineficiencias estructurales, como el generoso sistema de licencias, para tratar de mejorar la oferta salarial.
Está por verse si el gobierno bonaerense podrá lograr imponer su propuesta, pero sería el primer caso en el cual se ceden recursos a cambio de reformas estructurales.
En otros casos, se hizo lo contrario (devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, devolución de los fondos retenidos por el gobierno anterior a las obras sociales sindicales, mejora en los planes sociales), lo cual generaba dudas de que el resto de los actores acuerde en algún momento una mejora en las normas que regulan su actividad.
Finalmente, los datos fiscales del primer bimestre del año deben ajustarse para poder proyectarlos a mediano plazo porque incluyen ingresos que no se repetirán en el futuro (blanqueo y algunos dentro de rentas de la propiedad) y otros egresos también transitorios (como los pagos de sentencias a jubilados dentro del programa de reparación histórica). Los ingresos tributarios “depurados” habrían aumentando 29% en el primer bimestre del año comparado con el mismo período del año anterior, mientras que los egresos primarios “depurados” lo habrían hecho 34%.
Esto revela las dificultades que existen para reducir el déficit primario estructural. La Argentina necesita cumplir sin dilaciones con su programa fiscal de mediano plazo. El cociente deuda / PIB está influido positivamente por el atraso cambiario.
El acceso al financiamiento permite hacer una corrección gradual, pero esta no puede volver a demorarse porque podría correrse el riesgo de enfrentar, primero, un aumento en los spreads y, luego, dificultades para colocar más deuda neta en un país que carece de colchones significativos en moneda extranjera.
