En un contexto regional marcado por fuertes contrastes políticos, el presidente argentino Javier Milei aparece como el mandatario con mayor deterioro de imagen en América Latina durante marzo, según el último relevamiento de CB Consultora Opinión Pública. La caída de -4,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior lo posiciona como el dirigente con peor evolución relativa en la región.
El dato adquiere relevancia al cruzarse con su ubicación estructural en el ranking. En la medición de febrero, Milei se encontraba en el octavo lugar, con una imagen positiva de 46,8% y una negativa que ya superaba el 50% . Es decir, la caída registrada en marzo no parte de un nivel alto, sino de una base ya tensionada, lo que refuerza la señal de desgaste.
En la parte alta del ranking, el liderazgo regional muestra otra dinámica. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la medición de marzo con 72,3% de imagen positiva, seguida muy de cerca por Nayib Bukele, con 71,8%, y por Luis Abinader, quien completa el podio con 58,7%.
El dato no es menor: mientras Milei cae con fuerza, Abinader es el presidente que más crece en el mes, con una suba de +3,9 puntos, lo que marca un contraste claro entre liderazgos que consolidan apoyo y otros que entran en zona de desgaste.
El fondo de la tabla: fragilidad política persistente
En el otro extremo, el ranking sigue mostrando núcleos de baja legitimidad en algunos países. El presidente peruano José María Balcázar se ubica último con 25,2%, seguido por Delcy Rodríguez con 26,4% y Daniel Noboa con 33,5%.
Estos niveles reflejan contextos políticos inestables o de fuerte conflictividad interna, donde la aprobación presidencial se mantiene estructuralmente baja.
El retroceso de Milei no puede leerse aislado del contexto argentino. La dinámica de ajuste económico, la caída del consumo y el deterioro de indicadores sociales comienzan a tener correlato en la percepción pública.
En términos comparativos, el presidente argentino no sólo pierde imagen, sino que lo hace más rápido que el resto de los líderes de la región, lo que lo convierte en el principal foco de atención del ranking.
Por Tamara Taraciuk Broner / AQ – La seguridad se puede mejorar sin comprometer los derechos. Miren a Bogotá, São Paulo y Guatemala.
Es difícil hablar de seguridad pública en América Latina hoy sin hablar de El Salvador y de su presidente, Nayib Bukele. En una región donde la preocupación por la delincuencia es alta y los grupos del crimen organizado están expandiendo su alcance en muchos lugares, El Salvador se destaca. Bajo el mandato de Bukele, las tasas de homicidios y extorsiones del país se han desplomado, y barrios enteros, antes dominados por pandillas armadas, ahora son seguros para que los residentes caminen.
Pero esos resultados han tenido un costo aterrador: decenas de miles de personas encarceladas sin el debido proceso, un estado de emergencia constantemente extendido y una aguda concentración de poder debido a controles y equilibrios inexistentes. Pocos se detienen a preguntarse si los avances contra el crimen son sostenibles, o a calcular los costos para la democracia y las libertades civiles. Y El Salvador no es el único caso que sugiere que, al vivir con miedo, los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más dispuestos a sacrificar derechos a cambio de seguridad. El porcentaje de personas en nuestra región dispuestas a aceptar un gobierno no democrático si resuelve sus problemas aumentó de 46% en 2016 a 51% en 2023, según Latinobarómetro.
A medida que los políticos de la región hacen dudosas promesas de llevar políticas de mano dura al estilo de Bukele a sus países de origen, vale la pena preguntarse: ¿existe una alternativa viable para América Latina hoy? ¿Se puede mejorar la seguridad pública sin que suponga un costo masivo para los derechos individuales?
La respuesta es un sí tentativo. Ningún modelo es perfecto ni se puede replicar automáticamente, pero en Guatemala, São Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia), una combinación de investigación y sanción eficaces con políticas sociales destinadas a la inclusión social ha dado resultados tangibles sin comprometer el estado de derecho. Vale la pena mirar estos ejemplos para ver cómo se lograron los resultados.
Avances de Guatemala
Guatemala fue uno de los países más violentos de la región a principios de la década de 2010, pero desde entonces ha visto una reducción progresiva de la violencia letal. Mientras que en 2009 la tasa de homicidios fue de 45,6 por cada 100.000 habitantes, en 2023 alcanzó un mínimo histórico de 16,7, aunque persisten muchos problemas, como la violencia contra las mujeres y el narcotráfico.
El país logró esto a través del fortalecimiento institucional, el aumento de la capacitación y el equipamiento, y la sustitución del enfoque caso por caso de los fiscales por investigaciones dirigidas a las estructuras criminales. Paralelamente, el gobierno implementó un programa social llamado “escuelas abiertas”, que extendió el horario extraescolar y permitió a los jóvenes pasar tiempo en un entorno seguro, limitando su exposición a las organizaciones criminales.
La fiscalía y la policía guatemaltecas continuaron investigando los homicidios de manera estratégica a pesar de la división política del país, el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la persecución de funcionarios de justicia que investigaban delitos políticamente sensibles, muchos de los cuales fueron procesados u obligados a exiliarse.
El caso de São Paulo
São Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, alcanzó un máximo de 52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2000. Esa tasa bajó a 6,1 en 2018 y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, siendo la tasa de 2023 de 7,8. La mayoría de los cambios en las políticas públicas para mejorar la seguridad y reducir los homicidios comenzaron en 1995 y continuaron a lo largo de dos gobiernos sucesivos del Partido de la Social Democracia (PSD) de Brasil.
Un factor clave fue que el departamento de policía civil responsable de investigar los homicidios en los que se desconocía quién era el autor. En 2001, un plan para investigar los homicidios cometidos por reincidentes hizo que el número de asesinos encarcelados se multiplicara por siete, y las tasas de resolución de casos alcanzaron el 65% en 2005, mientras que la unidad responsable de asesinatos en masa y homicidios múltiples logró una tasa de resolución del 95% en 2003. Las autoridades invirtieron en sistemas de información para rastrear los homicidios. Eso les permitió asignar mejor los recursos y el personal. Con alrededor del 67% de los homicidios cometidos con armas de fuego, otras medidas se centraron en confiscar y destruir estas armas. Vale la pena señalar que, si bien los homicidios disminuyeron, la letalidad policial sigue siendo una preocupación.
Las autoridades también implementaron programas sociales y comunitarios, como el “Joven Aprendiz”, que, a partir de 2000, brindó capacitación a jóvenes de 14 a 17 años de origen vulnerable para prepararlos para el mercado laboral y luego les asignó un trabajo remunerado para aplicar sus habilidades. En 1997 se puso en marcha un modelo de policía comunitaria, en el que los agentes se encomendaban a grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales para diagnosticar y abordar los problemas relacionados con la seguridad.
Trayectoria de Bogotá
En 2022, la ciudad de Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1984. (Aunque ese progreso puede estar disminuyendo: en 2023, la tasa de homicidios aumentó un 5,3%).
El modelo “Mockus y Peñalosa”, que lleva el nombre de exalcaldes, implementado entre 1995 y 2003, se centró en programas de concientización sobre el consumo de alcohol y medidas de control de armas de fuego. También incluyó la asistencia social a las poblaciones desplazadas y a los jóvenes consumidores de drogas, así como la rehabilitación de zonas degradadas, siguiendo la “teoría de las ventanas rotas” que indica que los espacios con signos visibles de abandono pueden incitar a conductas delictivas. Las autoridades promulgaron reformas institucionales, supervisando y evaluando la conducta policial e invirtiendo importantes recursos para renovar el equipo de transporte y comunicación de la policía.
Una mejor alternativa para la región
Las políticas implementadas en estas áreas no son perfectas. Por ejemplo, una deficiencia significativa en las estrategias, tanto en São Paulo como en Bogotá, es que no necesariamente se enfocan en delitos perpetrados por el crimen organizado, una preocupación creciente en la región, o con armas de fuego obtenidas ilegalmente.
Pero muestran un camino en la dirección correcta: hacia una política de seguridad eficaz basada en el estado de derecho. Los dos ingredientes cruciales a este respecto son una política eficaz de aplicación de la ley penal con las debidas garantías procesales para investigar y enjuiciar a quienes cometen delitos, junto con una política de prevención social para abordar las condiciones que llevan a las personas, especialmente a los jóvenes, a la delincuencia. Este enfoque combinado debe trascender la polarización basada en la ideología mediante la articulación de políticas punitivas típicamente promovidas por la derecha y políticas sociales generalmente propuestas por la izquierda.
Dada la complejidad de abordar las causas estructurales de la delincuencia, es necesario elaborar políticas de seguridad duraderas, que requieren esencialmente cierto nivel de consenso entre los diversos actores políticos. Debido al alcance transnacional de la delincuencia organizada, la coordinación y la cooperación regionales también son esenciales.
También es vital una política estratégica de comunicación y la sensibilidad hacia las principales preocupaciones de la población. La narrativa es moldeada por quien actúa primero, y actualmente, son los defensores de la mano dura. Una estrategia alternativa debe llegar a públicos más amplios y diversos, especialmente a los jóvenes. Esto requiere emplear nuevos formatos, contenidos, plataformas y un lenguaje diferente, apelando a las emociones en lugar de a los datos duros.
La región necesita un líder democrático dispuesto a asumir este desafío. Quienquiera que tenga éxito será capaz de abordar una preocupación primordial —el derecho de las personas a la seguridad y la obligación del Estado de garantizarla— y contribuir a frenar el retroceso democrático demostrando que, para variar, la democracia puede cumplir.
Tamara Taraciuk Bronerdirectora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano
Javier Milei mantuvo una reunión este sábado con Nayib Bukele, quien acaba de asumir un nuevo periodo como presidente de El Salvador. El mandatario argentino llegó acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien luego de la ceremonia -en la que estuvo sentado en primera fila- lo acompañó a saludar al salvadoreño.
“Estimado presidente”, saludó Milei a Bukele con un abrazo a quien, además, le expresó el placer de conocerlo en persona. Inmediatamente el mandatario argentino le preguntó: “¿Cómo es esto de ser reelecto?”. “Es necesario porque cuando uno emprende reformas no alcanza el tiempo. Cuando se empiezan a ver los frutos se termina el mandato y se necesita poder administrar los frutos”, respondió el salvadoreño.
El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, saludan al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su segunda investidura. pic.twitter.com/RGnYeWwzKl
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 1, 2024
Entre risas el líder de La Libertad Avanza se refirió al caso de Argentina: “Nosotros también la estamos remando pero afortunadamente está funcionando”.
Milei aterrizó esta mañana en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el principal del país, donde fue recibido con una alfombra roja y el protocolo oficial desplegado para la llegada de distintos mandatarios. Se trata de la primera vez que Milei asiste a la toma de posesión de otro presidente desde que llegó a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre.
El presidente salvadoreño, de 42 años, arrasó en las elecciones del pasado 4 de febrero al obtener el 84,6 por ciento de los votos, lo que se interpretó como un apoyo masivo a su política de represión del crimen organizado, con la captura de más de 76.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con bandas. Gracias a su alta popularidad, el líder de Nuevas Ideas se convirtió en el primer presidente en ser reelegido en El Salvador desde que el país entró en democracia, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección inmediata.
“Sí, juro”, respondió Bukele a la juramentación hecha por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien le impuso la banda presidencial en las instalaciones del centenario Palacio Nacional.
El acto fue privado, sin acceso al público, transmitido en cadena nacional y en el que solo estuvieron presentes el rey de España, Felipe VI; el presidente de la Argentina, Javier Milei; otros mandatarios, la familia y cercanos de Bukele.
Afuera, en la Plaza Capitán General Gerardo Barrios, cientos de personas, entre invitados especiales de diferentes sectores del país e internacionales, simpatizantes de Bukele y del partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), esperaban su discurso. Bukele se convierte así en el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador en asumir para un segundo período consecutivo, tras décadas de dictadura militar y una guerra civil de 12 años (1980-1992). Diversos actores políticos y sociales de El Salvador han manifestado que no reconocen la legalidad ni legitimidad del segundo mandato de Bukele por ser contrario a la Carta Magna.
También participaron en el acto de investidura la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; sus homólogos de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, y el primer ministro de Belice, John Briceño. Además, se hizo presente una comitiva del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en representación el gobierno de Joe Biden, liderada por Alejandro Mayorkas.
Momentos antes de la investidura, el Congreso de amplía mayoría oficialista dio inicio a una sesión plenaria extraordinaria en las instalaciones del Teatro Nacional para luego trasladarla al Palacio Nacional.
Bukele, próximo a cumplir 43 años y empresario de la publicidad, se impuso en los comicios del 4 de febrero pasado con más del 85 por ciento de los votos válidos a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.
Su participación en esas elecciones se dio después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, elegida por la legislatura 2021-2024 sin seguir el proceso legal establecido, emitiera un acto en el que cambió el criterio de interpretación de la Constitución.
Con esta resolución, que de acuerdo con expertos no tiene efectos generales y no es de obligatorio cumplimiento por no ser un fallo, Bukele no debía esperar diez años para buscar una reelección.
El último presidente salvadoreño en reelegirse para un segundo período consecutivo fue el dictador y general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944, y dejó el poder tras una huelga general.
En medio del caos pandillero, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció que dimitirá tras el establecimiento de un consejo presidencial de transición.
Este martes (12/3) ante el bloque político regional de la Comunidad del Caribe, Caricom, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció que renunciará al cargo una vez se haya formado un consejo de transición en el país que permita el nombramiento de un premier interino.
“El gobierno que dirijo no puede mantenerse insensible ante esta situación. No hay sacrificio demasiado grande para nuestro país. El gobierno que dirijo se retirará de inmediato tras la instauración del consejo”.
Tomó aquella decisión en medio de una crisis institucional del país al borde del colapso por la violencia de las bandas criminales que controlan Puerto Príncipe.
Bandas fuertemente armadas atacaron el Palacio Nacional e incendiaron parte del Ministerio del Interior y estaciones de policía con bombas molotov. También asaltaron puertos y prisiones. Más de 4.000 presos se fugaron en esos asaltos.
Durante el fin de semana la violencia aumentó tanto que provocó el cierre de sus principales aeropuertos internacionales. Henry ahora está varado en Puerto Rico. Hace una semana llegó a allí tras un vuelo proveniente de Nairobi, Kenia, donde negociaba un despliegue militar respaldado por Naciones Unidas de policías del país africano. A hora es incapaz de poner un pie en el país que aparentemente dirige.
“Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad regresen lo más rápido posible”, concluyó Henry en un mensaje grabado.
En los últimos días, gobernantes de los países caribeños y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunieron en Jamaica para abordar con urgencia una solución que frenara la creciente crisis en Haití, tomada por pandilleros.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reconoció la dimisión de Henry y adelantó que el sucesor interno será designado por un consejo presidencial con dos observadores y 7 miembros votantes. “Los representantes del consejo provendrán del sector privado y de la sociedad civil e incluirán un líder religioso”.
Así, Henry cedió a la presión de los criminales. El líder de la banda criminal más famosa del país, Jimmy “Barbecue” Chérizier, había vuelto a pedir al primer ministro que dimitiera.
“Si Ariel Henry no renuncia y la comunidad internacional continúa apoyándolo; nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio”.
Haití no ha tenido elecciones desde 2016. El gobierno de Henry considerado corrupto e ilegítimo porque en repetidas ocasiones no celebró elecciones. Henry fue el primer ministro que más tiempo estuvo en el cargo desde que se aprobó la Constitución haitiana en 1987. Juró el cargo casi 2 semanas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. El Parlamento no existe desde que los mandatos de los últimos senadores que quedaban expiraron en enero de 2023.
Justamente la violencia en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde que el 28/02 se conociera que Ariel Henry se había comprometido a celebrar elecciones en Haití antes de septiembre 2025, una fecha muy lejana si se tiene en cuenta que él debió concluir su mandato el 07/02/2023, según un acuerdo de 2022.
Bajo el gobierno de este hombre, las pandillas tomaron el control de gran parte del país y aterrorizaron regularmente a los civiles, cortando el suministro de alimentos y combustible y bloqueando carreteras. Casi la mitad de la población pasa hambre habitualmente, según diversas ONGS.
Henry había intentado conseguir un grupo de trabajo de tropas extranjeras respaldado por la ONU para reforzar la policía del país y reforzar el orden desde octubre de 2022. El 1 de marzo, finalmente consiguió que Kenia firmara un acuerdo para enviar 1.000 oficiales al Caribe.
Solo un pequeño grupo de militares estadounidenses lograron entrar al país. Blinken anunció el lunes 100 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, así como otros 33 millones de dólares en ayuda humanitaria y el despliegue pendiente de las oficiales de Kenia.
De todas maneras, las autoridades deberán negociar con los pandilleros que aún controlan el 80% de Puerto Príncipe.
Sobre este punto, si falla la propuesta de paz de Blinken, podría barajar la oferta persistente del presidente de El Salvador,Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño se ofreció a normalizar Haití si ONU lo respalda y paga los costos de la fuerza de intervención. El proceso de “restauración del orden” implicaría el envío de una misión de asistencia y el establecimiento de una “oficina de El Salvador en la República de Haití”.
La idea sería replicar una estado de excepción enfocado en “la guerra contra las pandillas” que redujo 92% de los homicidios en El Salvador. Ecuador tomó el mismo enfoque y pareciera estar funcionando.
Aunque efectivo en términos de seguridad ante la urgencia, el régimen de excepción de Buekele es criticado por varios organismos de derechos humanos que denuncian el control de Bukele casi total de diversas partes del gobierno. Entre las polémicas, la Asamblea Legislativa depuró el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces y nombrando a más de 150 sustitutos, muchos de ellos vinculados al gobierno de Bukele, según una investigación de la Revista Factum.
Un poco de historia: violencia, negociaciones de paz y llegada de Bukele al poder
Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador el 1 de junio de 2019, luego de haber ganado las elecciones con el 53,1% de los votos. De esta manera, el frente electoral de Bukele superaba ampliamente las cifras obtenidas por el oficialismo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Estos dos espacios políticos habían gobernado el país centroamericano en las últimas décadas; la derecha de ARENA había estado representada en el Poder Ejecutivo por cuatro presidentes entre 1989 y 2009, mientras que la centroizquierda del FMLN administró el país en la década posterior. Por esa razón, el día que fue electo presidente, Bukele celebró la ruptura del bipartidismo salvadoreño y hasta se animó a afirmar que, tras 27 años desde los Acuerdos de Paz, El Salvador podía por fin pasar la página de la posguerra civil.
Los Acuerdos de Paz fueron alcanzados luego de años de negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas y constituyen un hito en la historia contemporánea de El Salvador. Firmados el 16 de enero de 1992 en la Ciudad de México, esta serie de convenios entre el gobierno salvadoreño y el FMLN apuntaba a poner fin al conflicto armado que venía teniendo lugar desde fines de la década de 1970. Como parte integral de éstos se creó la Comisión de la Verdad para El Salvador, que tuvo a su cargo la producción de un Informe sobre el conflicto. En él se investigaron los graves hechos de violencia ocurridos entre enero de 1980 y julio de 1991, reflejando las “violaciones reiterativas” y las “transgresiones” de los derechos humanos realizadas por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla, respectivamente.
El Informe, publicado en marzo de 1993, indicaba en su introducción que El Salvador estaba transitando “un camino afirmativo e irreversible de consolidación de la paz interna y de adaptación de conductas para el mantenimiento de un auténtico y perdurable ambiente de convivencia nacional”. Treinta años después, este tono esperanzador se reveló acertado sólo en un sentido específico: la violencia armada entre el Ejército y las organizaciones guerrilleras y su saldo de miles de muertes y desapariciones dejaron de ser el eje de la vida social y política salvadoreña. Pero la combinación entre el histórico subdesarrollo, la desigualdad socioeconómica y la incapacidad del Estado de lidiar con los problemas estructurales del país dieron nacimiento a un nuevo fenómeno de violencia social: las pandillas.
El origen de las pandillas
Las pandillas son organizaciones criminales creadas originalmente por la inmigración salvadoreña en Estados Unidos, buena parte de la cual se dirigió allí durante los años del conflicto armado. Lograda la paz, estas organizaciones (entre las cuales sobresalen la Mara Salvatrucha y Barrio 18) se expandieron hacia El Salvador y otros países latinoamericanos. La descomposición social encontrada resultó terreno fértil para desplegar sus células (clicas) y desarrollar sus variadas actividades delictivas (narcotráfico, asesinato por encargo, extorsión, contrabando, etc.). Desde fines del siglo pasado, la respuesta del Estado salvadoreño a este fenómeno creciente incluyó dosis variables de persecución judicial, policial y militar, pero también negociación y pactos. El resultado fue sumamente deficiente: El Salvador ocupa desde hace años uno de los primeros lugares entre los países con mayores tasas de homicidios del mundo.
Desde el inicio de su gobierno, Bukele también desplegó una política de negociación con las pandillas, que incluyó beneficios carcelarios a cambio de reducción de los homicidios y apoyo electoral. Cuando el medio periodístico El Faro publicó la investigación que revelaba estas negociaciones, el gobierno desconoció las evidencias. Por el contrario, en marzo de 2022 el propio presidente destacaba el “trabajo combinado de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada” en haber reducido en un 80% los “homicidios, desapariciones forzadas y otros delitos“ y en haber registrado en febrero el “mes más seguro” de la historia del país desde 1996.
Paralelamente y desde diciembre de 2020, Bukele negó la importancia de los Acuerdos de Paz, calificándolos de “farsa” y de “pacto de corruptos” y achacando la continuidad de las violaciones a los derechos humanos durante la posguerra al bipartidismo del que él, en última instancia, formó parte (Bukele había sido alcalde de San Salvador por el FMLN antes de llegar a la Presidencia y, como tal, también había negociado con las pandillas).
En suma, el Presidente aprovechaba las limitaciones de la paz lograda a principios de los noventa y los errores y crímenes de las presidencias anteriores a la suya para presentarse como un presidente fundacional, negando la importancia del conflicto armado, de las negociaciones que condujeron a su fin y de los pactos secretos que mantuvo con las organizaciones criminales (que surgieron en el vacío dejado por el propio conflicto) para la reducción de los homicidios.
Ruptura del pacto y régimen de excepción
El pacto entre las pandillas y el gobierno de Bukele llegó abruptamente a su fin apenas días después del “mes más seguro”. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, se contabilizó en El Salvador un total de 87 asesinatos; en particular, el 26 de marzo fue el día con más homicidios (62) en todo el presente siglo. La reacción del gobierno no se hizo esperar: el presidente le pidió a la Asamblea Nacional que declare el régimen de excepción la noche del sábado 26 y en pocas horas el órgano legislativo (ya el domingo 27 y con mayoría de integrantes del oficialismo de Nuevas Ideas) actuó en consecuencia sancionando el decreto legislativo nro. 333 por treinta días y renovado mes a mes en diecisiete oportunidades, el último de ellas el miércoles 9 de agosto, un día después de que se cumplieran 500 días ininterrumpidos de esta nueva etapa histórica en el país centroamericano.
El régimen de excepción cuenta con dos problemas de origen:
1) El primero es que su aprobación, como lo indica un informe de la organización no gubernamental Cristosal, “no es acorde con el marco constitucional y con las obligaciones del El Salvador en materia de derechos humanos” por distintas razones. La causa que origina la sanción del régimen (el “repunte de hechos violentos”) no justifica por sí sola la existencia de “graves perturbaciones del orden público” invocadas en el decreto 333 ni la correspondiente suspensión de derechos constitucionales. Asimismo, la Asamblea tampoco hizo el análisis de proporcionalidad necesario para justificar la sanción del régimen en su totalidad ni la suspensión de cada derecho concreto, todo lo cual contradice la jurisprudencia y los tratados internacionales adoptados por El Salvador, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
2) El segundo problema del régimen de excepción es que es innecesario para llevar a cabo la lucha contra las pandillas. Esto lo revela con claridad una nota del medio El Faro, al hacerse las siguientes preguntas sobre la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa: “¿Acaso no tenía ya potestad la Policía de capturar a pandilleros activos que se encontrasen reunidos? ¿Acaso los allanamientos de las últimas horas, en los que encontraron armamento en casas de pandilleros, no eran ya posibles antes del régimen de excepción? ¿Acaso no han aprobado los jueces, desde hace años, intercepciones a los teléfonos de pandilleros en menos de 24 horas? ¿Acaso las pandillas no están ya tipificadas como organizaciones criminales y la pertenencia a ellas como asociación ilícita para delinquir?”. Las respuestas evidentemente afirmativas a estos interrogantes nos sugieren que el objetivo del régimen trasciende el combate a los crímenes de las pandillas con las que el gobierno de Bukele había pactado hasta marzo de 2022.
En concreto, el régimen de excepción de El Salvador implicó desde su inicio la suspensión de una serie de derechos y garantías consagrados en la Constitución salvadoreña. Estos son el derecho a asociarse libremente; la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones; el límite de la detención administrativa de 72 horas; y los derechos de las personas detenidas a ser informadas sobre sus derechos y las razones de su detención y a contar con asistencia de defensa. La única modificación significativa realizada en las distintas prórrogas del régimen ocurrió en agosto de 2022, cuando se dejó sin efecto la suspensión del derecho a la asociación libre. Pero desde ya, la presunción de inocencia nunca dejó de verse severamente afectada en la práctica.
El régimen de excepción, en la práctica
En efecto, el régimen de excepción se terminó convirtiendo en un “mecanismo permanente de represión y violación a derechos constitucionales”, en el que la “estrategia operativa principal” fue la “ejecución de detenciones arbitrarias masivas”, como indicó Cristosal al cumplirse un año de su instauración. En ese mismo aniversario y en línea con este planteo, desde Amnistía Internacional se alertó sobre el procesamiento penal y encarcelamiento indiscriminado (más de 66.000 personas); las desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias (al menos 132) bajo la custodia del Estado; los tratos crueles e inhumanos; el hacinamiento carcelario; y la criminalización de las personas que viven en la pobreza y sus efectos colaterales (gastos adicionales de la familia ante el encarcelamiento de la persona proveedora, mayores cargas de cuidado en las mujeres, crecimiento del trabajo infantil, etc.). Este era el saldo provisorio que dejaba en El Salvador la coordinación cómplice de los tres poderes del Estado, la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos (que incluyó la sanción de nueva legislación punitiva y hasta una “ley mordaza”) y la falta de adopción de medidas tendientes a evitar su violación sistemática.
Desde fines de marzo se han sucedido distintos eventos que muestran que el régimen de excepción salvadoreño continúa coexistiendo con una ampliación de la escalada represiva y de la impunidad por parte del Estado. En junio, la Fiscalía General de la República archivó 142 casos de muertes en las cárceles. Al mes siguiente, el partido de Bukele avanzó en reformas penales con el fin de facilitar los juicios masivos, afectando las garantías del debido proceso. Por último, el 1 de agosto el gobierno de Bukele dispuso un cerco de siete mil soldados y mil policías que por primera vez abarcaba todo un departamento (el de Cabañas, en el centro-norte del país). Estos episodios se inscriben en un contexto en el que las detenciones continuaron aumentando, alcanzando más de 72.000 casos según cifras oficiales esgrimidas en la última prórroga del régimen de excepción y contribuyendo a consolidar a El Salvador como el país con mayor tasa de población carcelaria en el mundo.
Este es el resultado de 500 días de régimen de excepción dispuesto por el gobierno de Nayib Bukele. Evidentemente muy distinto al que habría derivado de una estrategia de seguridad con prioridad en la prevención y rehabilitación y con reconocimiento a la labor de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos, como se había comprometido a hacer el Presidente ante Amnistía Internacional a pocos días de asumido su mandato.
