Bullrich

Bullrich anunció récord de decomisos en el primer semestre 2025

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó en San Isidro el balance oficial del primer semestre de 2025, que confirma un récord histórico en incautaciones de cocaína, con un incremento del 6% respecto a 2024, año en el que ya se había alcanzado una marca inédita con un salto del 63% interanual. Según la funcionaria, las cifras son la prueba concreta de la eficacia de la política de seguridad implementada en todo el país.

El informe oficial detalló que entre enero y junio de 2025 se realizaron 15.000 procedimientos antidrogas, lo que representa un 16% más que en 2024, con un aumento del 27% en la cantidad de detenidos. Bullrich subrayó que esto implica “un menor nivel de impunidad” y destacó la articulación entre Fuerzas Federales, provinciales, organismos judiciales y de inteligencia criminal.

Los principales resultados muestran un aumento del 35% en las incautaciones de marihuana, un crecimiento del 5% en drogas sintéticas, y la consolidación de estrategias operativas focalizadas. La ministra puntualizó que más del 80% de los operativos de secuestro de drogas fueron ejecutados por fuerzas federales, con epicentro en territorios críticos como el conurbano bonaerense, Rosario y el norte fronterizo.

Planes territoriales: Rosario, frontera norte y grandes urbes

El Plan Bandera – Rosario fue uno de los ejes centrales de la política. Solo en el primer semestre se realizaron 1.738 procedimientos, con 1.469 detenciones, el secuestro de 1.660 kilos de droga, 55.000 dosis de drogas sintéticas y casi un millón de kilos de precursores químicos. La política de saturación territorial permitió que los homicidios dolosos en Rosario se redujeran un 66% en 2024 respecto a 2023, con fuerte baja de tiroteos, amenazas e intimidaciones.

En paralelo, el Plan Güemes, enfocado en el corredor norte (principalmente Orán y zonas limítrofes), contabilizó 1.193 procedimientos y 464 detenidos, apuntando a desarticular las rutas de ingreso de estupefacientes al país.

Por su parte, el Plan 90/10, diseñado para grandes ciudades con altos índices de homicidios, desplegó 3.995 procedimientos con 2.951 aprehendidos, logrando intervenir tanto en grandes cargamentos como en narcomenudeo de escala barrial.

Argentina mejora sus índices globales de seguridad

Además del récord en decomisos, Bullrich remarcó que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de América Latina, mejoró cinco posiciones en el Global Peace Index (del puesto 51 al 46) y fue clasificada en nivel 1 de seguridad para viajeros por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un hito para la política de seguridad nacional.

“Estos resultados demuestran que la estrategia integral, con inteligencia criminal, presencia territorial y articulación judicial, está dando frutos”, afirmó la ministra, acompañada por los secretarios de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier.

En 2025, la Argentina también alcanzó un récord en la cantidad de sustancias incorporadas a los listados oficiales de estupefacientes, lo que, según Bullrich, fortalece la capacidad del Estado para sancionar nuevas modalidades de narcotráfico.

El Gobierno nacional proyecta mantener y profundizar los planes de seguridad vigentes durante el segundo semestre del año. Según fuentes oficiales, la prioridad será reforzar el control en fronteras críticas y sostener la reducción de la violencia urbana vinculada al narcotráfico.

El desafío de cara a 2026 será consolidar estos resultados en un marco de coordinación federal y garantizar recursos presupuestarios para mantener la operatividad en niveles récord.

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Oficializaron la reestructuración de las fuerzas federales

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El Gobierno comunicó modificaciones en el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería. Las reformas apuntan a reorganizar funciones y ampliar las competencias operativas

El Gobierno confirmó el inicio de una profunda reestructuración de las fuerzas federales. Los cambios, oficializados esta madrugada a través de la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial, están relacionados con un rediseño de las estructuras orgánicas y funcionales de organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión afecta a las principales instituciones encargadas de la seguridad interior, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La reforma se enmarca dentro del objetivo de optimizar los recursos disponibles, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según los textos oficiales, la reorganización responde a la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos y adaptarse a contextos dinámicos que requieren estructuras flexibles y eficientes.

Las modificaciones no solo afectan la designación de funciones y responsabilidades, sino que también introducen novedades en la administración interna y los procedimientos de actuación. La publicación de los nuevos organigramas representa un cambio significativo en la gestión del sistema federal de seguridad.

Por ejemplo, la PSA podrá cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, es decir, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.

Servicio Penitenciario Federal

En el caso del SPF, la reforma más relevante es su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio responde a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.

Además del cambio de dependencia, el SPF tiene un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantiene gran parte del contenido original, la nueva normativa incorpora una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

Se introducen reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.

Prefectura Naval Argentina

En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modifica la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.

El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganiza su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

Así, se fortalecen sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.

Policía de Seguridad Aeroportuaria

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención modificó artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto amplía el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.

Entre los cambios figura la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizan los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.

Gendarmería Nacional Argentina

Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogó la ley sancionada en 1972, y se la remplazó por un nuevo estatuto. El texto eliminó referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituyo por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.

Se redujo la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizó todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzó el control interno, se revisó el sistema disciplinario y se estableció normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.

Se clasificaron sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitó su participación en misiones internacionales.

En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.

“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo”, explicaron.

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El Gobierno disuelve la ANMaC y crea el nuevo RENAR bajo control del Ministerio de Seguridad

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En línea con la Ley Bases, el Ejecutivo avanza en la reorganización de organismos descentralizados para achicar el gasto público y mejorar la eficiencia estatal

En el marco del proceso de reestructuración del Estado impulsado por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), que pasará a operar como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 445/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y responde a la estrategia de reducir el tamaño y el costo de la estructura estatal sin desatender las funciones esenciales en materia de control de armas y explosivos.

El decreto establece que el nuevo RENAR mantendrá las funciones que hasta ahora ejercía la ANMaC, entre ellas, la fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429, el control de materiales regulados y la cooperación en políticas de prevención de la violencia armada.

Sin embargo, se elimina el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), creado por la ley original (27.192). Desde ahora, el financiamiento de esas iniciativas dependerá directamente de los recursos asignados al Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con el decreto, esta centralización “redundará en una reducción del gasto público”, ya que las tareas de apoyo y administrativas necesarias para el funcionamiento del nuevo organismo serán absorbidas por el Ministerio.

Un rediseño en línea con la Ley Bases y el ajuste estructural del Estado

El Ejecutivo se ampara en el artículo 3° de la Ley 27.742, que le permite modificar o eliminar competencias, reorganizar estructuras y transformar entes estatales cuando se considere que su mantenimiento resulta innecesario o costoso.

El informe técnico que acompaña la decisión —elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional— revela que existen 111 organismos desconcentrados y descentralizados dentro de la administración nacional, con 477 autoridades superiores, y un crecimiento en la planta de personal del 148% entre 2010 y 2024, pasando de 35.481 a 88.095 agentes.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, justificó la transformación señalando que la nueva figura permitirá “optimizar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales, sin que se vea resentido el control técnico sobre armas y explosivos”.

El decreto aclara que se mantendrán los cargos, la situación de revista y las unidades organizativas de la ANMaC hasta tanto se adecúe la nueva estructura organizativa del Ministerio de Seguridad. También se dispone que todo movimiento de personal derivado de esta transformación deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Además, el RENAR podrá establecer aranceles y tasas equitativas para sus servicios técnicos y administrativos, según dispone el artículo 4° del nuevo texto legal.

Por último, se instruyó al Ministerio de Seguridad a elevar la nueva estructura al Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso Nacional deberá dar tratamiento al decreto a través de la Comisión Bicameral Permanente.

La disolución de la ANMaC, creada en 2015 como un organismo autárquico con personería jurídica propia, marca un retroceso en la autonomía institucional que había sido concebida para garantizar estándares técnicos en el control de armas, con participación de organismos de derechos humanos y organizaciones civiles.

Si bien el gobierno asegura que se mantendrán las funciones de fiscalización, la centralización bajo el mando del Ministerio de Seguridad y la eliminación del fondo específico de prevención de violencia armada podrían limitar la capacidad operativa y técnica del nuevo organismo, en especial en el diseño de políticas públicas integrales y con enfoque social.

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Bullrich propone trasladar el control migratorio de Iguazú para facilitar el turismo

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En una conferencia en Posadas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno nacional evalúa trasladar el control migratorio de Puerto Iguazú a las inmediaciones del aeropuerto internacional. El objetivo es facilitar el turismo de corta duración y descomprimir el ingreso de extranjeros que arriban por vía terrestre o aérea. La medida forma parte de una nueva estrategia de seguridad para la región de frontera en Misiones.

Reconfiguración del ingreso migratorio en Iguazú

El anuncio fue realizado este sábado en el Hotel Julio César, en Posadas, donde Bullrich estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato local Diego Hartfield. La funcionaria explicó que el traslado del puesto de Migraciones al aeropuerto permitirá que los turistas -principalmente brasileños y paraguayos- puedan circular dentro de Puerto Iguazú sin someterse de inmediato al trámite migratorio.

“Es una iniciativa pensada para mejorar la experiencia turística, impulsar las compras minoristas y dinamizar la economía de frontera”, sostuvo Bullrich, en línea con el nuevo régimen previsto por el Decreto 366/2025, que busca agilizar el flujo de personas sin descuidar la seguridad nacional.

Bullrich también confirmó que a partir de agosto se implementará un sistema de control fronterizo unificado en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Se tratará de un único punto binacional de ingreso y egreso que funcionará con personal argentino y paraguayo, y que apunta a reducir sensiblemente los tiempos de espera entre Posadas y Encarnación.

“Esto va a beneficiar tanto al comercio como al turismo y al tránsito vecinal. Es una medida que venía siendo reclamada hace tiempo por los usuarios del paso”, señaló la ministra.

Nueva estrategia en la Triple Frontera: seguridad y cooperación internacional

Bullrich destacó además que el Gobierno nacional actualizó, por primera vez desde 1996, los protocolos de seguridad en la Triple Frontera, en coordinación con los ministros de Paraguay y Brasil. “Esta es una zona sensible, donde se cruzan intereses del crimen organizado, contrabando, narcotráfico y sicariato”, explicó.

En ese marco, se anunció el refuerzo de la frontera seca en Bernardo de Irigoyen, a través de la implementación de zonas de control conjunto entre las fuerzas federales argentinas y sus pares brasileñas. Según datos oficiales, en 2023 se registraron al menos siete asesinatos por encargo relacionados con bandas criminales transnacionales en esa región.

La ministra remarcó que los cambios impulsados por el Gobierno buscan “equilibrar los objetivos de seguridad con el fomento del turismo y el comercio local”. En ese sentido, señaló que Misiones ocupa un lugar estratégico en el mapa fronterizo argentino, y que “el Estado debe estar presente con tecnología, acuerdos internacionales y medidas que acompañen el desarrollo sin renunciar al control”.

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Bullrich firmó la actualización del Comando Tripartito de la Triple Frontera

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La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmó en Buenos Aires un nuevo Acuerdo Interministerial de Cooperación Policial junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Enrique Lewandowski, y al ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero.

El acuerdo actualiza el histórico Comando Tripartito de la Triple Frontera, creado en 1996, que coordina el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay en una de las regiones más sensibles para el combate al crimen organizado.

“Después de 30 años logramos actualizar el protocolo de funcionamiento del Comando Tripartito, algo urgente y necesario”, destacó Bullrich, y remarcó que este avance no solo fortalece la cooperación policial, sino que proyecta al Mercosur como un bloque preparado para enfrentar el crimen organizado transnacional.

El acuerdo, que entra en vigencia de inmediato, refuerza el compromiso de los tres países para compartir información, coordinar operativos y fortalecer la seguridad en las fronteras frente a delitos como narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, trata de personas y lavado de dinero. “Ya incorporamos al temario de la próxima reunión la posible creación de una agencia contra el crimen organizado, porque hoy todos debemos analizar cómo operan estas redes y trabajar de manera conjunta”, señaló la ministra.

Además, Bullrich subrayó la importancia de que la triple frontera no sea vista solo como un foco de problemas. “Queremos que esta región deje de estar estigmatizada. Aquí compartimos una de las maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú, y un polo comercial y turístico clave para nuestros países”, afirmó, destacando que el trabajo conjunto debe servir tanto para combatir el delito como para promover el desarrollo.

El compromiso tiene una vigencia inicial de cinco años, con renovación automática, y podrá ser modificado o rescindido por cualquiera de las partes con previo aviso. Las autoridades de seguridad de los tres países destacaron que este paso refuerza los lazos de confianza mutua y fortalece la seguridad regional bajo los principios del respeto a los derechos humanos y la democracia.

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