Bullrich

El Gobierno dará de baja permisos para cultivar cannabis medicinal ¿Qué pasará en Misiones?

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno dará de baja todos los permisos para el cultivo de cannabis medicinal, en el marco de una revisión integral del Registro del Programa Cannabis (Reprocann). La medida busca frenar lo que la funcionaria describió como un “descontrol” en el uso de estos permisos, que, según afirmó, facilitan el desvío de marihuana hacia el mercado ilegal.

Bullrich citó un caso emblemático: “Encontramos a un miembro de la hinchada de Colón con un carné del Reprocann que le permitía cultivar 18 plantas, pero tenía 18.000. Usaba un sistema de luces continuas, como en los criaderos de pollos, y argumentaba que era para uso medicinal. Sin embargo, esa producción no se destinaba a tal fin”. En una entrevista con TN, la ministra subrayó que, aunque el cannabis medicinal está amparado por la Ley 27.350, el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal no lo está.

“Vamos a dar de baja todo y empezar de cero”, afirmó Bullrich, quien también criticó la falta de apoyo legislativo a otras iniciativas de seguridad, como la ley de antimotines y el registro genético de ADN. “La impunidad es lo que genera violencia, no la marihuana en sí”, agregó, enfatizando la necesidad de un control más estricto.

¿Cómo impactará eso en Misiones? La producción de Biofábrica no se verá afectada, porque la ministra apunta al Reprocann, que contiene a los autocultivadores. Sin embargo, podría disparar la demanda de pacientes que se quedarán sin sus cultivos.

Misiones continúa posicionándose como referente en el desarrollo integral del cannabis, integrando los sectores de salud, producción y sostenibilidad. A través de la Mesa Provincial Interinstitucional de Abordaje del Cannabis, que reúne a los tres poderes del Estado, sectores académicos, colegios profesionales y comunidades productivas, se promueven espacios de diálogo e intercambio para garantizar el acceso seguro al cannabis medicinal y fomentar su desarrollo como una alternativa económica viable.

En el último encuentro de la mesa, se presentó una propuesta de ley elaborada junto a la comunidad cannábica, que busca atender las demandas de usuarios, asociaciones, cooperativas, ongs y empresas. Este proyecto tiene como objetivo establecer un marco normativo que respalde tanto el acceso al cannabis terapéutico como su producción sostenible, reforzando el compromiso provincial con la salud pública y la generación de nuevas oportunidades productivas.

El cannabis representa una oportunidad para diversificar las actividades rurales, generar empleo e ingresos, y contribuir a la economía local desde un enfoque responsable, resiliente, sostenible e inclusivo“, destacó Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación del Ministerio del Agro y la Producción.

En el ámbito de la salud y la investigación, la Provincia invierte en proyectos de economía del conocimiento, con empresas como la Biofábrica y Misiopharma, que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías para beneficio directo de la población. La producción de cannabis medicinal y la distribución gratuita de aceite de cannabis para pacientes con epilepsia refractaria son solo algunos ejemplos de los esfuerzos en este campo.

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Operativo Guazaratí

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Ahora vamos a ir al plan Guazaratí”, prometió convencida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

No busque la palabra en el diccionario ni en el traductor. No existe ese vocablo en guaraní. La ministra confundió Guazaratí con Guazurarí o Guaçurarí, el apellido del indio misionero, ascendido a general del Ejército Argentino por decreto nacional del 1 de abril de 2014. No fue el único desliz. La ministra estaba anunciando un “nuevo plan” de seguridad, apuntado a militarizar Bernardo de Irigoyen, que comparte frontera con Brasil y por donde circulan diariamente miles de personas en un tráfico vecinal comercial, turístico y familiar.

La ministra equiparó a la frontera misionera con Piedras Blancas, el municipio de Salta que comenzará a construir un alambrado de 200 metros para “evitar” el ingreso de migrantes y de cocaína boliviana, en una frontera que se extiende por 742 kilómetros. Como en el municipio salteño, donde hasta los concejales libertarios salieron a protestar por no haber sido consultados y a advertir que el alambrado tendrá un impacto comercial, pero nulo en la seguridad, en Misiones también los comerciantes de Bernardo de Irigoyen señalaron que el tráfico vecinal en esa ciudad es cultural y ajeno a grandes problemas de seguridad. Cuando les conviene, vienen los brasileños y cuando no, cruzan los argentinos, como sucede ahora. No es una zona de grandes conflictos y, a pesar de los anuncios, ya tiene una fuerte presencia militar, con el Ejército y de seguridad, con Gendarmería y Policías, que trabajan en forma coordinada. 

¿Cuál es el trasfondo de la confusión y la descoordinación? Hace unos días vino a Misiones una funcionaria de la cartera de Seguridad a “conocer el terreno”. Estuvo en Iguazú y se quedó sorprendida cuando la llevaron a conocer la frontera seca de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira. Con un poco de sentido común, en la Provincia le hicieron notar que la frontera noreste no es la más problemática, sino la frontera oeste, desde Puerto Libertad hacia abajo, por donde ingresa la marihuana de Paraguay y donde las fuerzas federales compiten entre sí con escasa eficiencia. No hubo forma de convencerla de que lo que había visto no era ciudad de Juarez. Así se pergeñó el “plan” que inicialmente iba a ser bautizado simplemente Bernardo de Irigoyen, pero que, nuevamente la Provincia, sugirió que sea denominado Guaçurarí, para al menos equipararlo con el héroe salteño Juan Manuel de Güemes. La ministra lo rebautizó Guazaratí

¿Sabés qué va a pasar?”, preguntó un veterano oficial de una fuerza de seguridad que opera en la Triple Frontera -zona estigmatizada si las hay-. “Nada”, se respondió. Para el especialista el “plan” Güemes, Guazaratí o Guaçurarí, no son más que un poco de ruido para tapar una realidad que está a la vista en el Conurbano bonaerense, que en algunas zonas parece tierra de nadie, y particularmente en Rosario, donde la propia Bullrich desembarcó con toda la pompa con la promesa de bajar la inseguridad, pero los muertos se siguen contando de a varios por día. Claramente, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, la seguridad es un problema mal atendido y que no ha mejorado con la militarización, como sucedió en Rosario. Los funcionarios nacionales, como en otras gestiones -Bullrich no es siquiera original-, pretenden imponer recetas, muchas veces parecidas o iguales, para zonas con problemáticas distintas y sin escuchar a los actores locales. Un problema del unitarismo histórico de la Argentina, que cíclicamente parece agigantarse. 

Para el presidente Javier Milei, los gobernadores son unos “gastadores compulsivos” y administradores ineficientes que “despilfarran” los recursos que generosamente les gira “la Nación”. 

Sin entrar en discusiones abstractas sobre el concepto ni sobre la preexistencia de las provincias, lo cierto es que no todas las situaciones son iguales ni todas las provincias están administradas de la misma manera. 

Ahora la discusión es sobre la carga fiscal de las provincias en la economía. Misiones desde hace décadas tiene a la producción primaria libre de impuestos, pero es rigurosa con los demás eslabones de la cadena, lo que generó una inédita autonomía económica y recursos propios para sostener políticas aún en tiempos de contracción como los actuales. 

Los unicornios como Mercado Libre y los pooles sojeros, claman por baja de impuestos para aumentar ganancias, pero se desentienden de las demandas que deben ser atendidas localmente. 

En Santa Fe, Marcos Galperín se quejó por una suba de Ingresos Brutos a las operaciones de Mercado Libre, pero se llamó a silencio cuando el gobierno de esa provincia reveló que sólo en diciembre del año pasado hubo más de 40 mil operaciones en negro a través de la aplicación. Doble moral que le dicen. 

Los números oficiales también revelan una profunda asimetría en el reparto de los recursos federales, que, una vez más, no pertenecen a “la Nación”, sino que son generados por las provincias. En 2024 Misiones nuevamente fue la que más aportó al Tesoro Nacional, en el NEA, en materia de recaudación de impuestos nacionales, pero fue la que menos recibió por esos conceptos. Si se suma la recaudación de IVA, impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, Impuestos Internos y Monotributo impositivo (todos coparticipables) el NEA recaudó, 762.828 millones. De ese total, Misiones aportó el 35,4%, un valor superior a Corrientes, que  sumó el 26,6%, Chaco el 25,3% y Formosa el 12,7%. 

Pero Misiones apenas recibió apenas el 21,3% de los fondos que llegaron al NEA, el valor más bajo en la región, ya que Chaco captó el 31,8%, Corrientes el 23,9% y Formosa el 23%.

En el Gobierno señalan que la asimetría es incluso más profunda, ya que los datos de la Afip contemplan las empresas por jurisdicción y muchas compañías que operan en Misiones tienen domicilio fiscal en Capital Federal y por ende tributan allí. Si se evaluara por lugar de operación, el municipio ahora gobernado por Jorge Macri no sería el más productivo, como se jacta con desdén el primo del ex presidente.

Sin embargo, esa idea de “Nación responsable” y provincias nadando en la abundancia del despilfarro, se impone en la discusión política y alimenta la centralidad del discurso presidencial. Pocos se animan a contradecirlo en tiempos en que las encuestas le son favorables. 

El gobernador Hugo Passalacqua marcó distancia al señalar que Misiones no sube alícuotas y desde hace años tiene a toda la producción primaria exenta del impuesto a los Ingresos Brutos. Ese modelo se mantiene firme, mientras que el alivio fiscal llega a través de la suba del piso, como en el caso de los sujetos obligados a la percepción y retención de Ingresos Brutos o los beneficios anunciados para el pago del Impuesto al Parque Automotor, un tributo que aumentó por debajo de la inflación. La economía se puede incentivar por distintas vías. Bajar impuestos no es el único camino. Durante los 90 Misiones tenía impuestos cero para la industria. El resultado no fue positivo: Estado desfinanciado y endeudado, IETE, desempleo en alza y pobreza récord. No pasó hace tanto, aunque algunos parezcan tener memoria de corto plazo. 

El intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk, un miembro del partido Activar, que lidera Pedro Puerta, el hijo del ex gobernador de los 90, aplicó una inédita suba de las tasas por Carnaval. Para aprovechar los días de celebración popular, el alcalde decidió cobrarles -por anticipado- hasta 185 mil pesos por día a los comercios locales que abran en los lugares de desfile. Puerta, quien por estas horas intenta eludir los coletazos del escándalo de su amigo y socio político Germán Kiczka, en sus discursos suele prometer una rebaja de impuestos para “impulsar una provincia productiva”. Haz lo que digo…

Los impuestos no definen resultados económicos. La producción yerbatera, que tiene impuestos cero, atraviesa ahora una profunda crisis con un desplome de los precios de la materia prima producto de la desregulación que impuso el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. En paralelo, el consumo interno cayó durante el año pasado 9,33 por ciento, en lo que fue el peor año desde 2017. La industria cerró un año en rojo, con costos operativos que se dispararon y ventas en baja. Apenas las exportadoras “salvaron el año” con un récord de envíos al exterior. 

Paradójicamente, el radicalismo que tuvo mucho que ver con el diseño del Instituto Nacional de la Yerba Mate, se dedicó en los últimos años a minar la confianza en esa institución -salvo durante la gestión Cambiemos- ahora insta a los productores a “autorregular” la cosecha para presionar por mejores precios. “Cosecha por goteo”, sugirió un veterano boina blanca. 

Pero con la cosecha del año pasado, que llegó a los 986.737.613 kilos, con un alza de 27,35 por ciento en relación con 2023, la industria tiene suficiente stock para también “autorregular” los precios. El factor externo que significó la desregulación, golpeó de lleno a todo el sector. Habrá que ver quienes sobreviven en el mediano plazo. 

En el sector forestal también se siente pleno el cambio de época económica. Por la caída del mercado interno y externo, en Corrientes y Entre Ríos los aserraderos están de remate. Acon Timber, el aserradero más grande del país, recién instalado en la vecina provincia vecina, dejó de exportar por el dólar bajo y la escasa rentabilidad. En Misiones, donde desde hace unos años se regula el precio de la materia prima, las empresas se mantienen en funcionamiento, aunque también sufren por las bajas ventas. Las quejas empresariales por los impuestos aquí no encuentran eco: en Corrientes no hay precio mínimo de la materia prima. El factor externo, el plan “guazaratí” económico, influye mucho más de lo esperado, aunque la economía de Misiones se mantiene por encima de las demás provincias de la región, con algunas señales claras de reactivación. En enero se patentaron 861 cero kilómetro, lo que significa un aumento del 92,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. En términos mensuales, el crecimiento fue del 209,7% respecto a diciembre de 2024. 

De todos modos, el presidente Javier Milei goza de una imagen positiva que se mantiene -la última encuesta de CEOP arroja quizás una luz amarilla, con un empate técnico entre quienes lo desaprueban (48,7 contra 48 de imagen positiva) y una proyección negativa- y que le permite tallar en las negociaciones políticas de cara a las elecciones. El Cambiemos residual se debate entre encolumnarse en silencio o jugar en soledad y mantener identidad. De cualquier modo, el partido encabezado por Macri ha perdido centralidad y ya no es una “opción ganadora” ante un mileísmo que tiene una base electoral similar. El desbande en la alianza es inevitable: los dirigentes quieren salvar la ropa, aunque en las fuerzas del cielo no son del todo bienvenidos. En Misiones, la relación con la Renovación es más fiable que cualquier acuerdo con lo que queda de Cambiemos. En definitiva, el modelo de gestión económica exhibe resultados que se parecen mucho a los objetivos trazados por Milei.

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Comerciantes de Bernardo de Irigoyen rechazan la militarización de la frontera con Brasil

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La decisión del Gobierno nacional de reforzar la seguridad en los pasos fronterizos a través del denominado Plan Güemes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó rechazo en el sector comercial de Bernardo de Irigoyen. Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio local, advirtió que la medida afectaría la dinámica cultural y económica de la frontera con Brasil.

En diálogo con Open 101.7, Feldman sostuvo que la situación en Irigoyen es distinta a la de otras fronteras del país y que el comercio no depende de grandes volúmenes de mercadería ilegal, sino del tránsito diario de personas. “Acá el principal impacto es cultural, porque el movimiento en la frontera no se compara con el de Bolivia, donde se ven cargas pasando de un lado al otro. Acá la gente cruza con una bolsita en la mano, es más un intercambio turístico y comercial de pequeña escala”, explicó.

El dirigente remarcó que se realizaron inversiones para fomentar la integración entre las dos ciudades fronterizas y que el nuevo enfoque de seguridad del Gobierno contradice esas políticas. “Distintos gobiernos han creado un parque turístico ambiental internacional de integración, donde las personas pueden caminar y hacer ejercicio sin necesidad de pasar por migraciones. No tiene sentido que ahora se quiera poner una barrera para evitar ese tránsito”, sostuvo.

Si bien Feldman coincidió en la necesidad de reforzar controles en pasos clandestinos utilizados para el contrabando de mercaderías en camiones, cuestionó que el Gobierno nacional no haya consultado a los actores locales antes de tomar la decisión. “No tienen idea de cómo se maneja la frontera en el día a día. Primero deberían analizar la situación y mejorar la infraestructura, porque el actual paso fronterizo no es adecuado para la cantidad de vehículos y personas que transitan”, indicó.

Caída del comercio por la devaluación del real

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen describió un panorama complejo para el sector, afectado por la devaluación del real brasileño y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. “Las ventas cayeron más de un 70% y el turismo también disminuyó mucho. Antes, muchos brasileños venían a comprar a Argentina, pero ahora la gente busca precios más bajos en Brasil”, comentó.

Ante esta situación, los comerciantes locales han tenido que reducir personal y ajustar precios para sostenerse. “La mayor parte de los negocios han achicado su estructura, bajando costos y despidiendo empleados. Es impresionante la cantidad de gente que se quedó sin trabajo”, lamentó.

El cierre del paso fronterizo durante la pandemia ya había golpeado la economía de la zona, y ahora la incertidumbre sobre nuevas restricciones en la frontera genera preocupación en los comerciantes. “Si cada año baja más el turismo y la gente deja de cruzar, va a ser muy difícil para los negocios sostenerse”, concluyó Feldman.

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Plan Güemes: Bullrich promete militarizar la frontera de Bernardo de Irigoyen con Brasil

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que en el marco del Plan Güemes implementarán mayores controles en las fronteras con Brasil y con el resto de los países limítrofes de la Argentina. La decisión surge en medio de la tensión creciente entre la Argentina y Bolivia por la construcción de un cerco de 200 metros en el paso entre Aguas Blancas (Salta) y Bermejo.

Ahora vamos a ir a la frontera en Misiones con Brasil, que es una frontera que se pasa caminando en muchos lugares y en donde hemos tenido sicariatos y problemas”, anticipó Bullrich en diálogo con radio Mitre.

La funcionaria dijo que evaluarán cuáles son las medidas apropiadas para cada zona, aunque descartó por ahora impulsar la construcción de nuevos cercos como sucederá en Aguas Blancas, donde los gobiernos nacional y provincial decidieron instalar un alambrado para obligar a que todas las personas que transitan la zona realicen los trámites y controles migratorios para pasar una nación a la otra.

“Vamos a ir en orden. Ahora hicimos Aguas Blancas, después vamos a ir a la Triple Frontera, que la tenemos controlada hace mucho tiempo y vamos a ir los límites con Brasil, donde tenemos un problema muy serio”, puntualizó.

Bullrich explicó que la mecánica varía de acuerdo a la política cambiaria de cada país. Hay momentos en el que salen productos de Argentina hacia Brasil porque tienen precios más bajos y otros momentos -como ahora- en donde los contrabandistas intentan ingresar productos al país sin pagar impuestos.

El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo es el combate contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte, a través del control y las capacidades de análisis criminal.

Además del despliegue de fuerzas federales y la estrategia de abordaje entre estas, fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan también implica el fortalecimiento de la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, destacaron en un comunicado desde el Ministerio de Seguridad argentino.

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Misiones será una de las primeras provincias en implementar el Servicio Cívico

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Así lo informó el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez sobre la iniciativa destinada a jóvenes de 18 a 24 años que NO estudian NI trabajan.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, anunció la inminente puesta en marcha del Servicio Cívico, un programa destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que actualmente no estudian ni trabajan.

La iniciativa, desarrollada conjuntamente por los ministerios de Seguridad y Capital Humano, tiene como objetivo brindar formación integral en valores, disciplina, educación y herramientas para facilitar la inserción laboral.

“Este programa no solo busca capacitar a los jóvenes, sino también ayudarlos a retomar sus estudios y abrirles oportunidades concretas de empleo. Es un paso fundamental para fomentar la inclusión y garantizarles un futuro con orden, formación y posibilidades reales de crecimiento”, señaló Pérez.

Un enfoque en la inclusión y el empleo

El programa, que posicionará a Misiones como una de las primeras provincias en implementar esta política, apunta a fortalecer el tejido social al proporcionar una plataforma que combine capacitación técnica y desarrollo personal.

Con el objetivo de abordar problemáticas como la deserción escolar y la falta de empleo juvenil, el Servicio Cívico representa una estrategia integral para integrar a los jóvenes al sistema educativo y al mercado laboral.

El anuncio refuerza el compromiso de la provincia de Misiones con políticas públicas que promuevan la inclusión social y el desarrollo humano, convirtiéndose en un modelo a seguir en el resto del país.

¿Que es el Servicio Cívico voluntario anunciado por Bullrich?

La ministra de Seguridad publicó en su cuenta oficial de X la vuelta del Servicio Cívico, que se llevará adelante en 11 ciudades del país, y tiene como objetivo “sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y de la droga”. 

“De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral”, indicó la ministra. Y agregó: “Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”.

Este programa, según el ministerio de Seguridad, “ofrece talleres de formación que culminan con certificaciones reconocidas, brindando herramientas para la inserción laboral o la finalización de estudios”.

La convocatoria se llevará a cabo por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, y al finalizar la capacitación evaluarán los perfiles “para orientar a cada joven hacia oportunidades laborales o educativas, promoviendo la libertad individual y la superación personal”.

¿Qué dicen los datos sobre los jóvenes“ni-ni”?

Existen distintas metodologías para medir la evolución de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Por un lado, varía el rango de edad de una persona que se considera como “joven”, pero además debe analizarse, por ejemplo, cómo contabilizar a las personas que se encargan del cuidado del hogar -en su mayoría mujeres- o qué hacer con quienes no trabajan, pero que están activamente buscando empleo.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza cada semestre el INDEC en 31 aglomerados urbanos cuenta con datos sobre estudios y trabajo. Chequeado consultó al especialista Jorge Paz, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), quien realizó un análisis de los microdatos de la EPH para saber cuántos son los jóvenes que no estudian ni trabajan, y cómo ha sido la evolución a lo largo de los años. 

Los datos muestran un incremento en el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan durante 2024 con respecto al mismo período de 2023. En 2024 fue del 13,5% en el primer trimestre y 12,09% en el segundo trimestre; valores que superan los registrados en los mismos períodos de 2023 (12,91% y 11,65% respectivamente). 

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) publicó la nota de investigación “Jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la Argentina urbana pre-post pandemia (2017-2021)”. 

Allí explican que a pesar de que en el 2021 la escolarización de los jóvenes experimentó una mejora con respecto a años anteriores, los jóvenes de 18 a 24 años excluidos del sistema educativo representan a más de la mitad. Además, un cuarto de ellos no estudia, ni trabaja, por lo que son doblemente excluidos (de la educación y del mercado laboral).  

“El porcentaje de mujeres que se encuentran doblemente excluidas, es decir que no trabajan ni estudian, es 10 puntos porcentuales mayor que sus pares varones”, agrega el informe, y luego apunta que “los jóvenes pertenecientes a hogares pobres vienen mejorando su inserción educativa a lo largo de los años, logrando aumentar casi 9 puntos porcentuales entre el 2017 y el 2021. Esto significó una reducción en los indicadores de los que solo trabajan y de los que no estudian ni trabajan”.

¿Cómo fue el Servicio Cívico durante el macrismo y cuál era la situación de los “ni-ni” en 2019?

En julio 2019 la entonces ministra Bullrich anunció el nuevo “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, que estaba dirigido a la capacitación y formación de jóvenes de entre 16 y 20 años, y también era de manera voluntaria.

La mayoría de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban en 2019, cuando Bullrich lanzó aquel primer nuevo servicio cívico, eran mujeres que realizaban tareas de cuidado. “De los 1.080.682 jóvenes que están catalogados como ni-ni, el 67% son madres adolescentes que cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores”, señaló un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“Dado que la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres que se dedican al cuidado, no parecería una política muy efectiva para intervenir en ese grupo”, explicó en ese momento a Chequeado Gala Diaz Langou, directora de Protección Social de CIPPEC.

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