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Deuda y morosidad récord: CADAM advierte que el crédito se convirtió en un “salvavidas de plomo”

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) volvió a poner el foco sobre uno de los factores que comienza a condicionar con mayor fuerza al consumo: el creciente endeudamiento de los hogares y el peso que las cuotas, intereses e impuestos tienen sobre los ingresos disponibles de las familias.

La entidad recordó que había advertido sobre este escenario en febrero de 2025, cuando publicó un informe bajo el título “Créditos a los sectores vulnerables: ¿Un salvavidas o un ancla?”. Entonces señalaba que el acceso al financiamiento, lejos de funcionar necesariamente como una herramienta de alivio para los sectores de menores ingresos, podía terminar profundizando sus dificultades financieras.

Más de un año después, CADAM sostiene que aquella advertencia cobró especial vigencia ante el crecimiento de la morosidad de las familias, particularmente en los préstamos concedidos fuera del sistema bancario tradicional, un segmento en el que adquirieron mayor protagonismo las fintech y las billeteras virtuales.

El fenómeno tiene una derivación que excede al mercado financiero. Para los distribuidores mayoristas, cada peso que los hogares deben destinar al pago de cuotas, intereses y cargos financieros es un peso que deja de estar disponible para alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales.

De ese modo, el deterioro de la capacidad de pago termina trasladándose al consumo masivo, en momentos en que los hogares deben administrar con mayor cautela sus ingresos.

El costo de la morosidad termina en la tasa

CADAM plantea que tanto las entidades bancarias como las plataformas financieras deberían quedar sujetas a una regulación que contemple especialmente sus niveles de morosidad.

El argumento es que una cartera con una elevada proporción de créditos incobrables no afecta solamente a la entidad que concedió esos préstamos. Ese riesgo termina incorporándose al costo financiero de los nuevos créditos y, finalmente, trasladándose a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

“Cuando una entidad presta mal y acumula incobrables, incorpora ese costo a la tasa de interés. En definitiva, el que paga termina pagando también por el que no paga”, advirtió la cámara.

Sobre esa base, CADAM propone evaluar mecanismos mediante los cuales los altos niveles de morosidad deriven en mayores exigencias regulatorias o de encajes para las entidades financieras.

La organización aclara que el planteo no apunta a establecer controles directos sobre las tasas de interés, sino a generar incentivos para mejorar los criterios de otorgamiento y promover un esquema de crédito más responsable.

Impuestos que también encarecen el financiamiento

A la tasa de interés y al riesgo de incobrabilidad se suma, según el diagnóstico de los mayoristas, la presión tributaria que recae sobre las operaciones financieras.

Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas provinciales o municipales forman parte de la estructura de costos que finalmente enfrenta quien toma un préstamo.

CADAM resume esa combinación en una ecuación: costo del dinero, más incobrables, más impuestos, igual a crédito caro.

Por eso, la entidad considera que una política orientada a recuperar el consumo debería actuar simultáneamente sobre ambos frentes: reducir la morosidad mediante una regulación más estricta sobre la calidad de las carteras crediticias y disminuir los impuestos que encarecen los préstamos personales.

“Si queremos recuperar el consumo, debemos bajar la morosidad y sacar los impuestos que encarecen el financiamiento de los préstamos personales”, sostuvo la cámara, que también reclamó una mayor intervención regulatoria del Banco Central sobre bancos y fintech.

El planteo adquiere relevancia porque el deterioro financiero de los hogares puede generar un círculo difícil de quebrar. Las familias recurren al crédito para compensar la falta de ingresos disponibles, pero el costo del financiamiento reduce posteriormente su capacidad de compra. A medida que aumenta el peso de las cuotas, se achica el margen para el consumo cotidiano y crece, al mismo tiempo, el riesgo de incumplimiento.

Para CADAM, allí radica el problema que había anticipado en 2025: cuando el buen pagador debe absorber parte del costo generado por la morosidad y, al mismo tiempo, soportar los impuestos incorporados al financiamiento, el crédito deja de funcionar como una herramienta para atravesar dificultades o anticipar consumo y termina convertido en un “salvavidas de plomo”.

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El Black Week Nacional Mayorista se extiende una semana más

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Según relevaron desde el sector, las ventas crecieron hasta un 25% en los salones de venta de los mayoristas adheridos y, además, se destacó la incorporación de nuevos clientes, principalmente familias que nunca antes habían realizado compras en este canal.


Durante una semana más, unos 200 locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— continuarán ofreciendo promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, artículos de perfumería y limpieza.


La iniciativa representa un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.


En ese sentido, la última Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas difundida esta semana por el INDEC reveló que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) continúa en terreno negativo, con una caída de -4,4% en abril. El dato surge de un balance negativo del 26,7% respecto de la situación comercial actual y de 12% en relación a los stocks en volumen, que no logran ser compensados por las expectativas a futuro, que apenas muestran un leve saldo positivo del 1,3%.


Con el Black Week Nacional Mayorista, CADAM busca “combatir la inflación” y fortalecer el canal mayorista, del que se abastecen miles de comercios de cercanía de todo el país —supermercados, almacenes, perfumerías y kioscos—, aunque esta edición también mostró una fuerte participación del consumidor final.


Las promociones, que incluyen descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo, son definidas por cada empresa adherida, según sus propios productos y condiciones comerciales.


Desde CADAM señalaron que “el objetivo de la acción es fomentar el consumo y acercar precios competitivos tanto a comerciantes como a las familias”.

Se podrán consultar los locales adheridos desde https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista

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CADAM rechaza la paritaria de Comercio y advierte sobre el impacto

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifiesta su firme rechazo al reciente acuerdo paritario del sector Comercio, en particular al bono extraordinario de $120.000 (sumando los no remunerativos anteriores que se vienen acumulando por $40.000, $60.000 y ahora con el nuevo acuerdo $20.000 más), por considerarlo inconsulto, inviable para gran parte de las empresas y desconectado de la realidad económica que atraviesa el sector.

Desde CADAM se advierte que este tipo de decisiones, adoptadas sin la participación de todos los actores representativos del sector empleador, profundizan las dificultades de las empresas, especialmente de las pymes, que ya operan con márgenes negativos o extremadamente ajustados.

Cabe destacar que, además, la entidad apunta, desde hace tiempo, a los “autobeneficios” de los aportes incuidos en las paritarias para ciertos actores que la firman, que se suman a los aumentos salariales y representan una carga adicional significativa para los empleadores.

 Entre ellos vienen destacando:

Contribución Solidaria a OSECAC: desde hace tiempo CADAM viene rechazando el aporte por COVID-19 a la obra social OSECAC (vigente desde abril de 2021 en el marco de la pandemia).
Y ahora aparece en la nueva paritaria un aporte solidario por $28.000 mensuales por cada trabajador como contribución adicional extraordinaria.


Aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. Se trata de un fondo que, según declaraciones judiciales, les permite recaudar más de $30.000 millones anuales y beneficia a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitación y fortalecimiento institucional que administran CAME y CAC.

con esta nueva paritaria pretenden además recaudar por las sumas no remunerativas también.

Y, por otra parte, está el aporte al

Seguro complementario de retiro obligatorio “La Estrella”: implica un costo adicional del 1,6% del salario.

CADAM remarca que estos conceptos incrementan sustancialmente el costo laboral total y afectan la competitividad del sector formal, fomentando la informalidad y dificultando la generación de empleo genuino.

En este contexto, la entidad elevará una misiva al Gobierno Nacional para expresar que no se siente representada en la mesa paritaria del sector Comercio, y exigirá su incorporación en las negociaciones, dado que constituye un actor clave dentro del entramado empleador.
“Las decisiones que impactan directamente en la sostenibilidad de nuestras empresas no pueden tomarse sin nuestra participación. Es imprescindible avanzar hacia acuerdos más equitativos, transparentes y sostenibles”, por ende “solicitamos a la Secretaría de Trabajo que no se homologue el nuevo acuerdo paritario”

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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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Mayoristas rechazan nuevos “costos ocultos” en la paritaria de Comercio

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Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazan nuevos “costos ocultos” en la paritaria de comercio y exigen una reforma laboral urgente

La CADAM manifestó un fuerte rechazo al nuevo acuerdo salarial de la actividad comercial, al denunciar que las subas pactadas vuelven a incrementar aportes obligatorios que, según el sector, elevan los costos laborales sin mejorar el salario real ni la competitividad empresaria. Los mayoristas advierten que estos mecanismos —como el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) y el seguro La Estrella— “promueven la informalidad” y “se trasladan inevitablemente a precios”, profundizando tensiones en un sector crítico para el abastecimiento.

Aumentos paritarios y mayor presión económica: el conflicto por los aportes obligatorios

El acuerdo firmado entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las entidades empresarias CAC, CAME y UDECA vuelve a encender la discusión sobre los denominados “costos ocultos” que acompañan cada recomposición salarial en la actividad que emplea a 1,2 millones de trabajadores, la más grande del país.

CADAM sostuvo que no se siente representada en la negociación y lanzó un mensaje directo:
“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”.

El principal punto de fricción es el aporte obligatorio al INACAP, equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que, según el sector mayorista, se redistribuye entre CAC y CAME “bajo el pretexto de capacitación”, aun cuando el trabajador nunca reciba formación.
CADAM cuestiona que, al pactarse cada aumento salarial, las cámaras firmantes —que integran la mesa paritaria— obtengan automáticamente una mayor recaudación.

En una resolución clave, el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que “Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras (…) a cargo de no asociados o afiliados, salvo aceptación voluntaria”.

El decreto también prevé la revocación de esos aportes mediante simple notificación fehaciente.
Sin embargo, una medida cautelar presentada por el propio INACAP logró exceptuarse de la aplicación al argumentar que se trata de un instituto “independiente”. En esa causa, la institución declaró recaudar más de $30.000 millones al año.

Más cargas: el seguro La Estrella y la contribución COVID-19 que sigue vigente

A los cuestionamientos sobre INACAP se suma el impacto del Seguro Complementario Obligatorio La Estrella, cuya alícuota pasó al 1,6% del salario desde junio de 2025. CADAM advierte que se trata de otro componente que crece automáticamente con cada paritaria, sin correlato en mejoras de productividad.

Otro foco de conflicto es la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, aplicada desde el convenio de abril de 2021.
El aporte sigue vigente aunque la pandemia haya finalizado y aunque el trabajador no esté afiliado a OSECAC.

CADAM sostiene que esta estructura de cargas “distorsiona” el costo laboral, desalienta la formalidad y reduce la competitividad de las pymes:
“Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, reclamaron al exigir que esos importes “pasen al salario del trabajador” en lugar de financiar instituciones externas a la nómina.

Impacto económico y pedido de reforma: presión sobre pymes, precios y paritarias

Desde el sector mayorista advierten que la acumulación de cargos parafiscales genera tres efectos inmediatos. Aumento del costo laboral total, incluso por encima del incremento salarial pactado. Traslado a precios, que afecta a consumidores y deteriora la competitividad del sector formal. Incentivo a la informalidad, especialmente en pymes con baja capacidad financiera.

    CADAM también reclama integrar la mesa de negociación colectiva. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, señalaron. El sector insiste en que sin representación efectiva, los acuerdos se diseñan sin medir el impacto real en estructuras comerciales que operan con márgenes ajustados.

    La entidad exige una reforma laboral que proteja a empleados y pymes, permita eliminar cargas no salariales y transparente la composición real del salario, evitando lo que consideran “abusos institucionalizados”.

    Un conflicto que tensará la agenda regulatoria y el sistema paritario

    La controversia abre un nuevo frente en la agenda de desregulación del Gobierno y anticipa posibles litigios con cámaras y sindicatos que buscan preservar ingresos institucionales asociados a las paritarias.

    El fallo cautelar que excluyó al INACAP del Decreto 149/2025 podría transformarse en un caso testigo para futuros planteos judiciales, mientras las pymes presionan por una reconfiguración estructural del sistema de aportes obligatorios.

    El conflicto también podría tensar la política de ingresos: los trabajadores demandan actualizaciones salariales reales frente a la inflación, mientras las empresas reclaman una reducción de cargas indirectas que, según afirman, “se consumen cualquier margen de mejora”.

    La discusión sobre quién debe financiar la estructura institucional de la actividad comercial promete instalarse como uno de los debates más sensibles del mercado laboral en 2026.

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