Cámara de Representantes

Presentaron el Parlamento de la Mujer 2026 con foco en la producción rural

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La Cámara de Representantes de Misiones puso en marcha una nueva edición del Parlamento de la Mujer 2026, una iniciativa institucional que este año estará centrada en el rol de la mujer productora en la economía provincial. El programa reunirá a 40 mujeres de distintos sectores de la provincia, quienes participarán de reuniones de comisión el 25 de marzo y culminarán el proceso con una sesión especial el 26 de marzo en el recinto legislativo.

El eje elegido —“Mujer productora, motor de desarrollo, soberanía y bienestar local”— introduce una lectura política clara dentro de la agenda legislativa: visibilizar el peso económico y social del trabajo rural femenino en la estructura productiva misionera. La iniciativa, que permite a las participantes ocupar simbólicamente las bancas del Parlamento y presentar proyectos, busca traducir experiencias territoriales en propuestas que puedan ingresar al circuito formal de debate legislativo.

En un contexto donde las legislaturas provinciales exploran mecanismos de participación social vinculados a la elaboración de políticas públicas, el Parlamento de la Mujer vuelve a aparecer como una herramienta de articulación entre la agenda territorial y el trabajo institucional. La incógnita que sobrevuela cada edición es cuánto de ese debate logra finalmente transformarse en legislación efectiva.

Un mecanismo institucional que conecta demandas sociales con la agenda legislativa

El Parlamento de la Mujer fue creado por ley en 2009 y desde entonces funciona como un espacio de participación que busca acercar problemáticas sociales al ámbito legislativo. La dinámica consiste en convocar a mujeres de distintos sectores sociales y productivos para que elaboren proyectos y expongan sus experiencias en el mismo recinto donde sesionan los diputados provinciales.

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macias, destacó que el programa se consolidó como un canal institucional para visibilizar realidades sociales que muchas veces no llegan de manera directa al debate parlamentario. Según explicó, las participantes aportan experiencias vinculadas a sus comunidades y ese intercambio permite que los legisladores incorporen nuevas problemáticas a la agenda pública.

En la práctica, el Parlamento funciona como un espacio intermedio entre la participación social y la producción legislativa. Las parlamentarias presentan iniciativas, debaten en comisiones y finalmente realizan una sesión en el recinto, replicando el funcionamiento formal de la Cámara.

De acuerdo con la Legislatura, varias de las propuestas surgidas en ediciones anteriores terminaron transformándose en proyectos de ley que luego fueron tratados por los diputados.

El foco en la mujer rural y su peso en la economía provincial

La edición 2026 introduce un enfoque específico: el papel de la mujer rural en el sistema productivo de Misiones. El tema busca colocar en el centro del debate el vínculo entre producción, desarrollo local y participación social.

Desde la Legislatura se planteó que el trabajo de las mujeres en las chacras y en la economía regional cumple un rol clave en la estructura productiva de la provincia, tanto en términos de generación de ingresos como de sostenimiento de las economías familiares.

La diputada provincial Heidy Schierse explicó que las 40 participantes ocuparán simbólicamente las bancas del recinto, donde expondrán problemáticas vinculadas a sus territorios y presentarán propuestas orientadas a mejorar las condiciones de sus comunidades.

El programa no se limita a las actividades en la capital provincial. Según indicaron desde la organización, el trabajo incluye recorridas y actividades en distintos puntos del territorio misionero, con el objetivo de recoger demandas locales antes de la etapa de debate legislativo.

Participación, agenda social y construcción legislativa

El Parlamento de la Mujer se posiciona como un dispositivo institucional que busca fortalecer la participación ciudadana dentro del funcionamiento legislativo.

Para la Cámara de Representantes, el valor del programa radica en que las participantes trasladan al ámbito parlamentario experiencias que surgen directamente de la vida social y productiva de la provincia. Ese flujo de información permite que los legisladores conozcan problemáticas concretas y evalúen su incorporación a la agenda legislativa.

El hecho de que algunas iniciativas surgidas en este espacio hayan sido posteriormente convertidas en leyes refuerza la lógica de articulación entre participación social y producción normativa.

Al mismo tiempo, la elección del eje temático anual funciona como una señal política sobre qué debates busca impulsar la Legislatura en el plano público.

Un espacio que se proyecta más allá de la sesión final

El calendario del Parlamento de la Mujer 2026 tendrá dos momentos centrales: las reuniones de comisión del 25 de marzo y la sesión final del 26 en el recinto legislativo. Sin embargo, desde la Cámara sostienen que el impacto del programa no se agota en esas jornadas.

La expectativa institucional es que los proyectos elaborados por las participantes puedan alimentar el trabajo legislativo posterior y convertirse en iniciativas formales dentro de la Cámara.

En ese punto se juega la verdadera dimensión política del programa: si las propuestas logran atravesar el circuito institucional y convertirse en leyes, el Parlamento de la Mujer deja de ser solo un espacio simbólico de participación y se transforma en un mecanismo concreto de construcción legislativa.

Por ahora, el proceso recién comienza. Las discusiones que emerjan en las comisiones y en la sesión final marcarán qué temas logran instalarse en la agenda parlamentaria de los próximos meses.

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Alertan por el impacto social de la desregulación en el sector yerbatero

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La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) profundizó la crisis del sector yerbatero y generó un impacto social directo sobre más de 11.000 familias productoras en Misiones, en un contexto donde los indicadores de exportación muestran buenos resultados, pero la economía interna de las chacras se deteriora de manera acelerada. Así lo advirtió la diputada provincial Arabela Soler, quien reclamó la restitución de las funciones del organismo como herramienta central para que los productores puedan negociar precios justos con el sector industrial.

La legisladora en dialogo con LT17 Radio Provincia sostuvo que la quita de atribuciones del Inym dejó a los pequeños productores sin mecanismos de protección en un mercado desregulado, lo que derivó en una fuerte asimetría dentro de la cadena yerbatera, con beneficios concentrados en los eslabones industriales y comerciales.

Asimetrías en la cadena yerbatera y deterioro de la economía rural

Soler describió un escenario de desigualdad estructural entre los distintos actores del sector. Mientras que los números de exportación muestran un desempeño positivo, la realidad de los productores primarios es diametralmente opuesta. “En materia de números y exportaciones nos está yendo muy bien, pero nuestra economía interna se está desplomando día a día”, señaló.

Según explicó, los sectores más perjudicados son aquellos que no son propietarios de la hoja verde, en particular los pequeños productores y algunos secaderos que funcionan como pymes y que hoy concentran stock de yerba canchada estacionada. En contraste, los molinos cuentan con mayor capacidad financiera y operativa para administrar su materia prima y sostener su posición en el mercado.

La diputada remarcó que la eliminación de la posibilidad de fijar precios de referencia, función que históricamente ejercía el Inym, dejó a los productores sin previsibilidad ni poder de negociación. “Al sector yerbatero le quitaron las funciones de la noche a la mañana y es por eso que se desploma”, afirmó, y contrastó esta situación con otros sectores productivos que aún conservan instancias de consenso para definir precios.

La agenda legislativa y el reclamo por la restitución de funciones del Inym

En este contexto, Soler destacó la agenda legislativa territorial impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, que permitió reunir a legisladores de todos los espacios políticos para analizar la crisis. “Estuvimos todos de acuerdo que acá no hay banderas políticas, no hay ideales, más que poder defender nuestro producto emblema”, sostuvo.

Durante ese encuentro, se realizó un diagnóstico compartido sobre una problemática que, según la diputada, se arrastra desde hace casi dos años. Lejos de tratarse de una situación inesperada, advirtió que el deterioro del sector es conocido y sostenido en el tiempo, y que ahora el desafío pasa por definir medidas concretas dentro de las herramientas disponibles a nivel provincial.

Soler fue enfática al señalar que, sin la restitución plena de las funciones del Inym —en particular la capacidad de establecer referencias de precios—, no habrá soluciones de fondo. “Sin las funciones del Inym o la de fijar un precio de nuestra materia prima no va a haber una solución mágica”, aseguró, aunque reconoció que podrían implementarse medidas paliativas con resultados a mediano plazo.

Entre el cese de cosecha y la subsistencia diaria

Más allá de las variables económicas, la legisladora puso el foco en el impacto social de la crisis. La mayoría de los productores yerbateros de Misiones son pequeños chacareros que dependen de la venta de hoja verde para cubrir gastos básicos. “Son productores que tienen que mandar al colegio a sus hijos, pagar la luz, vivir el día a día”, describió.

En ese escenario, las estrategias colectivas, como el cese de cosecha para forzar una suba de precios, se vuelven difíciles de sostener. “No todos tienen la posibilidad de esperar”, explicó Soler, al relatar la tensión entre la necesidad de mantener la unidad sectorial y la urgencia de generar ingresos para la subsistencia familiar.

La diputada insistió en que los productores deben apoyarse en el instituto que los nuclea y reforzar sus asociaciones para recuperar capacidad de negociación. En un contexto de libre mercado, subrayó la necesidad de contar con herramientas concretas que permitan sentarse a negociar con los industriales sin quedar en desventaja.

La crisis del Inym, concluyó, no es solo productiva ni económica: es una problemática social que atraviesa a miles de familias rurales y pone en riesgo la sostenibilidad del principal producto emblema de Misiones.

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Presentaron en Misiones la reforma del Código Penal: modernización, delitos ambientales y cibercrimen

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Borinsky expuso en Misiones los ejes del Nuevo Código Penal y su relevancia federal. Se analizó su impacto institucional y ambiental. El Salón Dos Constituciones fue sede de una jornada clave para socializar los alcances de la reforma penal más trascendente desde 1921.

En el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes se presentó este viernes el Proyecto del Nuevo Código Penal de la Nación, en un acto encabezado por autoridades judiciales, legislativas y académicas de Misiones. La actividad, considerada de interés institucional, buscó socializar los contenidos de una reforma integral que reemplazaría el Código Penal de 1921, introduciendo nuevas figuras delictivas, fortaleciendo el rol de la víctima y sumando por primera vez un capítulo específico de delitos ambientales. Su impacto promete reconfigurar el funcionamiento del sistema de justicia en un contexto de cambios sociales acelerados y creciente complejidad del crimen.

Un debate institucional sobre la modernización del sistema penal

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, abrió el encuentro acompañada por los ministros Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz —en su carácter de Ministro de Enlace del Fuero Penal—, Ramona Beatriz Velázquez, Valeria Fiore Cáceres y Cristina Irene Leiva, además del Procurador General Carlos Jorge Giménez.

También participaron autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones —Mirta Delia Tyden, Mario Osvaldo Boldú y Gustavo Fabián Cardozo— junto a la jueza federal Verónica Skanata, quienes reforzaron la dimensión federal de la discusión.

Venchiarutti Sartori destacó que la reforma se impulsa “después de haber pasado una pandemia y después de haber entendido que el mundo se globalizó y que los delitos que están actualmente en el Código Penal a lo mejor no se pueden adaptar a este mundo globalizado”.
Agregó que “los legisladores no pueden correr atrás de los cambios sociales porque son demasiado bruscos, abruptos y vertiginosos”, y recordó que “la Constitución fue modificada por última vez en el año ‘94, han pasado muchísimos años”.

Durante el acto se declaró de interés institucional la “Presentación del Dr. Mariano Hernán Borinsky del Proyecto de Nuevo Código Penal de la Nación Argentina” y se entregaron distinciones a los expositores.

El aporte misionero: delitos ambientales y desafíos regulatorios

El ministro Juan Manuel Díaz, doctor en Derecho y docente universitario, expuso sobre “Delitos Ambientales en el Proyecto del Nuevo Código Penal de la Nación”. Subrayó que la inclusión de este capítulo constituye una novedad trascendental, ya que “esa comprensión de lo ambiental fue desarrollándose y evolucionando en el tiempo”.

El ministro recordó que entre 2000 y 2022 el Observatorio de Derecho Penal y Contravencional Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe presentó 20 proyectos de protección de bosques nativos en el Congreso sin resultados favorables. En ese marco, afirmó que “de aprobarse esta propuesta, finalmente va a tener una adecuada protección en el Código Penal”.

Cerró su exposición destacando que la reforma representa “un enorme derecho en la responsabilidad de poder transmitir este capital natural, estos valiosos bienes como un legado para la posteridad”.

La diputada Anazul Centeno, presidenta de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, valoró el trabajo articulado entre poderes del Estado. “Fruto de este trabajo es que en estos últimos años hemos avanzado en normativas y reformas que son importantísimas para los misioneros”, señaló.
Además, recordó que Misiones es una de las provincias con mayor proporción de jóvenes, lo que implica “mayor cantidad de gente y, por ende, mayor conflictividad, y el servicio de justicia tiene que ser eficiente, tiene que ser cercano”.

Borinsky detalló los ejes estructurales del nuevo Código Penal

El cierre estuvo a cargo de Mariano Hernán Borinsky, doctor en Derecho por la UBA, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión redactora del proyecto. Explicó que antes de avanzar en la reforma realizó un diagnóstico sobre el trabajo de 17 comisiones anteriores, y destacó la necesidad de recorrer el país: “el Código Penal es federal, son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada una tiene sus particularidades, su litigiosidad y sus intereses”.

Borinsky subrayó que el nuevo texto se organiza sobre ejes centrales vinculados con la unificación normativa, la incorporación de nuevas figuras delictivas y la actualización frente al impacto tecnológico. “A partir de la pandemia subió muchísimo lo que tiene que ver con el cibercrimen”, afirmó, y destacó la inclusión de “títulos específicos que tienen que ver con criminalidad económica y cibercrimen”.

La presentación reunió a magistrados y funcionarios de la Justicia Provincial y Nacional, legisladores provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo y un amplio público académico.

La reforma, presentada como la más trascendente de los últimos tiempos, propone un nuevo Código Penal moderno y unificado, que reemplazaría las más de mil reformas parciales acumuladas desde 1921.

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La Cámara de Representantes de Misiones reconoce el libro del juez Juan Manuel Lezcano

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Misiones declaró de Interés Provincial la nueva edición del libro “Derecho Civil – Parte General” y refuerza su estrategia de modernización institucional

La Cámara de Representantes de Misiones declaró de Interés Provincial la nueva edición del libro “Derecho Civil – Parte General” del juez Juan Manuel Lezcano, mediante resolución aprobada el 4 de septiembre de 2025. La obra, presentada el 13 de agosto de 2025 en la Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas, se consolida como un insumo técnico relevante para la actualización doctrinaria y el fortalecimiento institucional del sistema judicial misionero.

La decisión legislativa se apoya en el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, presidida por la diputada Anazul Centeno y acompañada por la vicepresidenta Blanca Raquel Núñez y los vocales Analia Bibiana Labandoczka, María del Carmen Méndez Asón, Héctor Rafael Pereyra Pigerl, Ariel Fernando Pianesi, Elvio Ceferino Rodríguez, Juan José Szychowski, Lilian Catalina Tartaglino, entre otros.

Un reconocimiento institucional con impacto académico y judicial

La declaración destaca el “beneplácito por la presentación de la Nueva Edición del libro Derecho Civil – Parte General”, y ordena remitir copia al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas, según consta en la resolución C.R./D. 813-2025/26 y en el dictamen N.º 42-2025/26.

El reconocimiento legislativo apunta a reforzar la calidad técnica de la formación jurídica en Misiones en un momento donde la actualización doctrinaria resulta crítica para la aplicación práctica del Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, la obra del Dr. Lezcano sistematiza jurisprudencia reciente, doctrina vigente y análisis operativo del derecho privado, convirtiéndose en un manual de referencia tanto para litigantes como para magistrados.

Además, el autor se desempeña como juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Apóstoles, un órgano reconocido por la eficiencia de su gestión y la ausencia de mora judicial. Su trayectoria docente y su participación en los programas de capacitación del Centro de Capacitación Judicial de la Provincia refuerzan la relevancia institucional de su aporte.

Contexto político, académico y económico de la decisión

La declaración se inscribe en la estrategia provincial de fortalecer la profesionalización judicial y mejorar la calidad regulatoria en sectores sensibles como propiedad, contratos, familia y responsabilidad civil. Estos campos, centrales para la actividad económica, requieren actualización permanente por su impacto directo en:

  • Seguridad jurídica para inversiones y transacciones comerciales.
  • Reducción de litigiosidad a partir de mejores prácticas interpretativas.
  • Eficiencia institucional en juzgados de primera instancia.
  • Formación continua para abogados, funcionarios y estudiantes.

En un escenario donde la economía regional depende crecientemente de la estabilidad normativa —desde el desarrollo inmobiliario hasta la industria del conocimiento—, el aval legislativo a una obra técnica de referencia opera como un gesto político de alineamiento entre los poderes del Estado en favor de la modernización jurídica.

La decisión también consolida la relación entre la Cámara de Representantes y el sistema universitario local, reforzando el rol de las instituciones académicas en la producción de conocimiento aplicado y capacitación profesional.

Qué puede cambiar para el sistema jurídico misionero

El reconocimiento legislativo probablemente genere efectos en tres niveles:

1. Sistema judicial

  • Mayor difusión de criterios interpretativos homogéneos.
  • Herramientas actualizadas para operadores del derecho.
  • Fortalecimiento de los programas de capacitación judicial.

2. Sistema académico

  • Incorporación del texto como bibliografía obligatoria en cátedras de Derecho Civil.
  • Impulso a la investigación local en derecho privado.
  • Mayor interacción entre juzgados y universidades.

3. Sector económico y productivo

  • Más previsibilidad en contratos y operaciones comerciales.
  • Mejora en la calidad de dictámenes y asesoramientos jurídicos.
  • Reducción de costos transaccionales por mayor certeza normativa.

En síntesis, la declaración no constituye solo un reconocimiento simbólico: se integra en una política de fortalecimiento institucional que busca elevar los estándares técnicos del ecosistema jurídico provincial.

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Valeria Fiore Cáceres se suma al STJ y se avalan designaciones de nuevos jueces y fiscales

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Valeria Fiore Cáceres será ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Nuevos jueces y fiscales en toda la provincia

La actual defensora del Pueblo obtuvo acuerdo legislativo en la Cámara de Representantes y se incorporará al máximo órgano judicial provincial. Su designación fue impulsada por el Poder Ejecutivo, que destacó su trayectoria jurídica, su experiencia en mediación y su compromiso con una justicia restaurativa e inclusiva.

La Cámara de Representantes aprobó el pliego y avanza la designación

La defensora del Pueblo de Misiones, Valeria Fiore Cáceres, fue designada como nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), tras recibir el acuerdo legislativo del pleno de la Cámara de Representantes durante la XIII sesión del Período Legislativo N.º 53.

El nombramiento, propuesto por el Poder Ejecutivo provincial, fue defendido ante el cuerpo por el diputado Rolando Ariel Roa, miembro informante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Consejo de la Magistratura en el ámbito legislativo.

Fiore Cáceres, reconocida por su labor como docente universitaria y delegada de la Universidad Católica de Santa Fe en Posadas, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y en la gestión pública. Su incorporación al STJ se formalizará una vez que el gobernador Hugo Passalacqua emita el decreto correspondiente y se lleve a cabo la ceremonia de juramento.

La futura magistrada reemplazará al ministro Jorge Antonio Rojas, quien se retira tras 34 años de trayectoria en la justicia provincial.

“La doctora Fiore Cáceres representa una mirada moderna y comprometida del derecho, con perspectiva de género, mediación y resolución pacífica de conflictos”, destacó el informe legislativo durante la sesión.

Un perfil vinculado al derecho con enfoque social y restaurativo

Desde el Poder Ejecutivo provincial se valoró especialmente el perfil técnico y humano de Fiore Cáceres. En los fundamentos de su postulación, se remarcó su aporte a una justicia restaurativa, inclusiva y de cercanía, orientada a fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Su paso por la Defensoría del Pueblo de Misiones la posicionó como una figura con amplia experiencia en mediación y defensa de derechos colectivos, particularmente en temáticas vinculadas a la niñez, las mujeres y las comunidades más vulnerables.

El enfoque interdisciplinario de su trabajo —que combina herramientas jurídicas, pedagógicas y sociales— fue considerado un aporte relevante al STJ, en un contexto en el que la justicia provincial busca avanzar hacia modelos más accesibles y eficientes.

Con su nombramiento, Misiones refuerza la integración femenina en los espacios de decisión judicial, en línea con las políticas de equidad de género que la provincia viene implementando en los últimos años.

Renovación en el Poder Judicial: nuevos jueces y fiscales en toda la provincia

En la misma sesión legislativa, la Cámara de Representantes también dio acuerdo a una serie de designaciones judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo, que completan vacantes en distintas jurisdicciones del interior misionero.

Los pliegos aprobados corresponden a los siguientes cargos:

  • Martín Alejandro Rau, juez del Tribunal Penal N.º 2 de Posadas.
  • Pedro Benito Piriz, vocal de Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, Posadas.
  • David Ezequiel Augusto Milicich, juez del Tribunal Penal N.º 1 de Oberá.
  • Héctor Mariano Viola, juez de Paz Letrado de Santa Ana.
  • Mariana Vanessa Golemba, jueza de Paz Letrada de Jardín América.
  • Juan Pablo Fernández Rissi, fiscal del Tribunal Penal N.º 1 de Oberá.

La ceremonia de toma de juramento se realizará una vez que el gobernador Passalacqua firme los decretos de designación y remita las notificaciones correspondientes al Superior Tribunal de Justicia.

Durante el debate parlamentario, estuvieron presentes los ministros del STJ Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, Roberto Rubén Uset, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Cristina Irene Leiva, junto al Procurador de la Provincia, Carlos Jorge Giménez, quienes acompañaron el proceso institucional.

Un Poder Judicial en transformación

Las nuevas designaciones refuerzan el proceso de renovación institucional y fortalecimiento territorial del Poder Judicial misionero, impulsado por el Ejecutivo y avalado por la Legislatura provincial.

El Consejo de la Magistratura continúa siendo el órgano clave en la selección de magistrados y funcionarios judiciales, garantizando transparencia y pluralidad en los procesos de nominación.

Con la incorporación de Fiore Cáceres al STJ y la designación de nuevos jueces y fiscales, Misiones avanza en la consolidación de un sistema judicial más cercano, moderno y con perspectiva social, en un momento donde la ciudadanía exige respuestas ágiles y un servicio de justicia confiable.

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