Los diputados misioneros de Juntos por el Cambio, Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka votaron en contra del presupuesto nacional 2022 y de la creación de la zona libre de impuestos en Misiones.
Actuaron obedeciendo mandatos partidarios y buscando hacerle un daño político al Gobierno nacional, terminaron causando graves consecuencias a los misioneros, porque en el presupuesto había un paquete de obras millonarias para los 77 municipios que se había gestionado durante meses de trabajo, la zona aduanera especial, un aporte económico para el cuidado de bosques y otras iniciativas incorporadas a pedido de los diputados renovadores.
Debido a esto, los intendentes misioneros, indignados por este comportamiento destructivo, se están contactando para elaborar un repudio conjunto al voto de los diputados opositores. En la misma línea están a punto de expresarse algunas cámaras de comercio y agrupaciones económicas que tenían la ilusión de contar con una herramienta de crecimiento y generación de riqueza, que fue derrumbada con el voto opositor.
Los exportadores, las empresas industriales, las tecnológicas, los comerciantes y otros sectores también están indignados y manifestándose en las redes sociales.
Las principales críticas apuntan al hecho de que, al tener una mayoría, los opositores podían haber elaborado un presupuesto alternativo y aprobarlo, pero no presentaron propuestas, su único objetivo fue oponerse y dañar al gobierno. Al mismo tiempo, todo el país se quedó sin presupuesto para 2022 y los misioneros sin la zona libre de impuestos.
Luego de una sesión maratónica en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo no consiguió los votos necesarios para aprobar el proyecto de Presupuesto Nacional 2022, lo que sin duda afectará su funcionamiento administrativo y la asignación de recursos para las provincias, entre ellas Misiones.
Entre las consecuencias más inmediatas del voto negativo de la alianza Cambiemos -los misioneros Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni rechazaron la ley- se destacan las que afectan a la educación, los fondos previsionales, el transporte público y, en el caso de Misiones, la posibilidad de la creación de una Zona Aduanera Especial para revertir las asimetrías con el comercio de Brasil y Paraguay:
– Queda sin vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado al mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales y otros organismos, que finaliza el 31/12/2021. Implica una pérdida de recursos para Misiones de $2.176.885.001
– Pierde vigencia también la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que establece que el presupuesto consolidado del Gobierno Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar una participación del 6% en el Producto Interno Bruto (PIB).
– Perderá vigencia la transferencia automática de fondos por $ 58.477.242.261 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza a las provincias en concepto de anticipo a cuenta para financiar gastos corrientes a las provincias que no transfirieron sus regímenes provisionales a la Nación. – Perderá vigencia la actualización del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, que preveía para el 2022 un importe de $46.000.000.000, recursos destinados a compensar los desequilibrios financieros del transporte público en las provincias.
– El Poder Ejecutivo Nacional no podrá crear Áreas Aduaneras Especiales ni autorizar la extensión de Zonas Francas donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes.
-También queda fuera del presupuesto el importante plan de inversiones en infraestructura por más de 96 mil millones de pesos para Misiones, que incluía obras en salud, energía, viviendas y corredores viales.
Si bien algunos de estos puntos podrán ser resueltos con fondos del presupuesto que será prorrogado por decreto (que habilita la reasignación de partidas para cubrir cuestiones urgentes), los misioneros perderán recursos de transferencia automática y los tiempos de resolución podrían extenderse.
Los diputados de Cambiemos por Misiones rechazaron el Presupuesto 2022 que incluía un paquete de obras por 96.500 millones de pesos y la creación de la Zona Aduanera Especial en Misiones. Sin embargo, en un comunicado firmado por Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka, aseguran que “la búsqueda de consensos siempre fue el fundamento de nuestro comportamiento”.
“Fue de un Diputado de nuestro espacio la propuesta de que la iniciativa vuelva a Comisión, para darle el tratamiento que se merece, atendiendo cada cuestión. El resultado: la propuesta fue rechazada en ese momento por el kirchnerismo. Después de más de veinte horas de sesión, un sector afín al oficialismo volvió a plantear la posibilidad de un acuerdo para seguir negociando, quizás finalmente al caer en la cuenta que no le daban los números. Pero víctimas de su propia soberbia se terminó frustrando esta posibilidad por la permanente vocación del kirchnerismo, esta en vez en boca del presidente de su bancada, Máximo Kirchner, de agredir, exacerbar los conflictos y alterar los ánimos”, acusaron.
“Como Diputados y como ciudadanos no estamos contentos de que se haya frustrado esta votación. Sí esperamos que de esta experiencia aprendamos todos a escuchar y a respetar las posiciones diversas y a aceptar que cuando no se alcanzan las mayorías necesarias es imprescindible encarar el camino del diálogo y el consenso”.
En referencia a los temas que hacen a Misiones, la alianza opositora señaló que “valoramos que se haya evaluado la posibilidad de creación de una Zona Aduanera especial”, pero “recordemos que el año pasado ya se encontraba incluida en el presupuesto que fuera votado y aprobado, pero no se llegó a aplicar esta medida como consecuencia del veto del presidente Alberto Fernández”.
“Apelando a la buena fe, y en base a lo sucedido en el 2020, creemos que no es necesario que esta iniciativa sea incluida en el proyecto de Presupuesto. Por ello, le pedimos al presidente de la Nación, puesto que tiene la facultad de hacerlo, que disponga cuanto antes esa medida por decreto, en beneficio de todos los misioneros”.
Tras el anuncio de Evolución Radical de alejarse del bloque de la UCR y formar una bancada propia en la Cámara de Diputados, al no haber podido superar sus diferencias con la conducción que lidera Mario Negri, Juntos por el Cambio deberá lidiar con esa tensión y con un interbloque que quedará conformado por al menos siete bloques diferentes en la Cámara baja.
La decisión de Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, de separarse de la estructura del bloque que lidera Mario Negri, tras las tensiones que protagonizaron ambos sectores en las últimas semanas, sorprendió al sector del cordobés que aspiraba a limar asperezas antes de la reunión prevista para las esta tarde a las 18, en la que se ratificarán a las autoridades de esa bancada.
Esta mañana, en un comunicado de una página, los diputados de Evolución Radical que responden a Lousteau, pero cuya voz en la Cámara de Diputado es el porteño Emiliano Yacobitti, que venía cuestionando la conducción ejercida por Negri, dieron detalles de la escisión.
“El radicalismo renovador armará un bloque radical dentro de Juntos por el Cambio”, adelantaron en el texto los diputados que conformarán el bloque UCR Evolución, integrado por 12 legisladores, presididos por el diputado electo Rodrigo de Loredo, de Córdoba.
El documento se dio a conocer pocas horas antes de la reunión en la que se definirán las autoridades del bloque radical, que conduce hasta el momento Negri.
La reunión se realizará además, de cara a las sesión preparatoria que se realizará mañana, en la que jurarán los diputados que resultaron electos el 14 de noviembre y en la que se procederá también a la renovación de autoridades de la Cámara baja.
Hasta el momento, a esa reunión sólo asistirán los 33 diputados que respaldan la continuidad de Negri al frente del bloque, que ratificarán su conducción y el resto de los cargos.
Los 12 legisladores que decidieron pegar el portazo afirmaron en el texto: “Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social”.
De esta manera, este espacio que presidirá Rodrigo De Loredo (Córdoba), estará integrada por los siguientes once diputados y diputadas: Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martinez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (CBA), Victoria Tejeda (Sta Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martin Berhongaray (La Pampa). Con 12 diputados, el bloque UCR Evolución superará en un diputado al bloque de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que está integrado por 11 legisladores.
Fuentes parlamentarias afirmaron que esta separación del bloque de la UCR le quitaría fuerza al radicalismo dentro del interbloque Juntos por el Cambio, ya que se alejaría mucho más del volumen numérico que ostenta el PRO, entre 53 y 54 de los 116 legisladores que integran el espacio.Confirmada esta ruptura, la UCR quedaría en 33; UCR Evolución en 12; la Coalición Cívica en 11; el sector de Monzó y Margarita Stolbizer, con 4 diputados; el monobloque liderado por el economista Ricardo López Murphy y otro del salteño Carlos Zapata, referenciado en Alfredo Olmedo.
Para llegar a sumar 54 integrantes, el bloque PRO resolvió finalmente cambiar su nombre por el de “Frente PRO”, con el propósito de contener a algunos de los legisladores electos en los últimos elecciones que no se sienten identificados con el macrismo y evitar que conformen bancadas por separado, como de hecho ya ocurrió con el sector de Monzó.
Esa nueva designación permitió que el bloque pase de tener 50 integrantes a 54, a partir de las incorporaciones de Avanzar San Luis, integrado por el exgobernador Claudio Poggi; de los sanjuaninos Marcelo Orrego y Susana Laciar, con partido propio, y a la misionera Florencia Klipauka Lewtak, del sector del hijo del exgobernador Ramón Puerta y del exsenador Miguel Pichetto.
De todos modos, la decisión del sector que lidera Lousteau no sorprendió demasiado a los diputados que respaldan a Negri, ya que se trata del tercer intento de Evolución de separarse de la estructura formal del bloque.
Las tensiones en el seno de ese espacio se profundizaron el jueves pasado cuando Yacobitti dejó en claro que podían irse del bloque, en una reunión que se hizo en el despacho del diputado de la UCR, Miguel Bazze, cercano a Negri.En ese encuentro, los diputados de Evolución exigieron la jefatura del Interbloque de JXC para ese espacio, pero desde el sector que lidera Negri le respondieron que ese planteo no era viable porque numéricamente ese lugar le corresponde al PRO.
Además, ese planteo no contaría con el aval de las otras fuerzas que integran el interbloque de JXC, tanto por el PRO como por la CC, le dijeron tb a los diputados que hoy se decidieron a separarse y conformar un bloque separado de sus correligionarios, aunque dentro del frente Juntos por el Cambio.
Las fuentes revelaron que ese escenario se profundizó con los hechos ocurridos el viernes en el Comité Nacional durante la elección de autoridades de la Juventud Radical, donde fue electa Valeria Pavón, una joven correntina que responde al sector encolumnado con los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales, que respaldan la continuidad de Negri.
En los próximos días, y además de definir el número que tendrá cada bancada, la coalición opositora debe resolver si continuará con el esquema actual de jefaturas. El interbloque, también en manos de Negri, deberá resolver si el cordobés continúa también al frente de esa estructura parlamentaria, a pesar de que el Frente PRO, con mayor número de integrantes, podría reclamar ese lugar en manos de Cristian Ritondo, quien aún no cuenta con total aval entre los legisladores de la CC que responden a Carrió.
Sin querer, la yerba mate tocó fibras sensibles en Misiones y abrió un debate que sirve para actualizar conceptos políticos. El disparador fue la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate que limitó las futuras plantaciones a cinco hectáreas por productor para evitar una sobreproducción que tire abajo los precios. Es un fantasma que en forma cíclica sobrevuela el mercado yerbatero. A fines del siglo pasado, en la era de la desregulación, una crisis de sobreoferta y bajos precios le dio vida al mismo INYM al calor de un tractorazo que hace poco cumplió dos décadas. Es el mismo fantasma que hace poco obligó al INYM a prohibir las plantaciones durante 2017, 2018 y 2019, una medida mucho más drástica que nunca llegó a cumplirse durante el gobierno de Cambiemos.
Ahora la limitación de plantaciones abrió un litigio que deja expuestos los modelos y las políticas productivas de Misiones y Corrientes.
Por estas horas será la Corte Suprema la que dirima dónde finalmente se debe discutir la potestad del INYM de poder regular los mercados. La yerbatera La Cachuera cuestionó esa potestad ante el juez Gustavo Fresneda, un juez federal de Paso de los Libres muy cercano al radical Ricardo Colombi y que llegó ocupar ese cargo en los últimos meses del gobierno de Cambiemos. El magistrado siquiera escuchó los argumentos del INYM o de Misiones en defensa de la regulación de plantaciones y falló a favor de los intereses de la empresa que, coincidentemente, son los mismos que los exhibidos por el gobierno correntino y la principal yerbatera de la provincia vecina, Las Marías.
El INYM apeló y consiguió un primer guiño. La misma Cámara Federal de Corrientes elevó la causa a la Corte para que dirima dónde debe discutirse el tema: la Justicia federal misionera reclamó la causa, ya que tanto el INYM como La Cachuera tienen domicilio aquí. En Paso de los Libres siquiera se planta yerba.
Pero es una causa que va más allá del deseo de La Cachuera de expandir sus yerbales. Está en juego mucho más. Está en juego la misma existencia del INYM, cuya razón de ser es el poder regular los precios y mercados para garantizar una sustentabilidad de la cadena. Sin esa facultad, es volver a los 90.
La política productiva de Misiones también se pone sobre el tamiz. Se trata de la definición de un modelo productivo que Misiones y que forma parte de su misma identidad: pequeñas parcelas con miles de familias de productores que viven de la yerba, el tabaco u otros productos. La provincia de Corrientes es antagonista. Tiene otro modelo, que, depende de la óptica, es mejor o peor, pero, en esencia, distinto.
Incluso, el debate va más allá de la yerba. Supongamos que La Cachuera, o cualquier otra marca, quisiera plantar mil hectáreas de soja. ¿Debería el Estado mirar al costado? ¿Ceder su capacidad regulatoria? ¿No intervenir?
Hace no mucho tiempo la alianza Cambiemos quiso experimentar con Misiones, y ampliar la frontera agrícola en sociedad con la corporación Maizar. La propuesta era plantar 200 mil hectáreas de maíz transgénico para exportar a Brasil. Nada se decía del impacto ambiental. Sólo la férrea oposición del Gobierno provincial y el grito en el cielo de cientos de productores, frenó el entusiasmo de algunos dirigentes rurales y los funcionarios locales del gobierno de Mauricio Macri.
La discusión sobre el rol del Estado divide aguas entre Misiones y Corrientes. La diferencia sustancial radica en el modelo fiscal y su trascendencia en la economía. Mientras algunos sectores políticos y empresarios cuestionan el modelo tributario misionero, lo cierto es que la economía local tiene cimientos mucho más sólidos para mostrar que del otro lado del Chimiray. En el sector forestal, por caso, el empleo aquí es más del doble que en Corrientes, que se muestra como potencia y es citada por representantes de la oposición como modelo a seguir. La diferencia se amplía cuando se miden otros parámetros del empleo privado: desde el inicio de la pandemia, el crecimiento misionero del empleo privado formal fue del 4,4%, creando 4.340 puestos de trabajo. Misiones se ubica como la provincia de mayor generación del empleo del NEA y la segunda a nivel país, sólo superada por Tierra del Fuego, con una plantilla mucho menor..
En términos absolutos, Misiones creó más puestos de trabajo que todo el resto de las provincias del NEA en conjunto (3.164 entre Chaco, Corrientes y Formosa). Es también, la misionera, la economía con mayor empleo registrado de la región, con 102.057 puestos, mientras que Corrientes tiene solo 76.720.
La discusión disparada por la yerba mate es de tanta relevancia que la primera plana de la política misionera salió en defensa de la limitación de plantaciones y de la producción primaria.
Inicialmente fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad el que ratificó la posición de Misiones, “porque acá están los tareferos, acá están los yerbales y no queremos que la sobreoferta del producto, tire para abajo el precio de la yerba y disminuya nuestra capacidad productiva”.
“Nosotros dijimos claramente, antes de las elecciones legislativas. La provincia de Corrientes apoya y acompaña esta medida dictada por un juez de Paso de los Libres. Misiones apoya y acompaña la decisión del INYM que es una decisión de protección y cuidado a nuestros productores y a nuestra cadena productiva”, recordó Herrera Ahuad.
“Voy a ser tajante y contundente. El gobierno de Misiones se pone al frente, acompañando a nuestros productores y acompañando la decisión del Instituto Nacional de la Yerba Mate”, subrayó Herrera Ahuad.
Después, el presidente de la Legislatura y conductor político de la Renovación, Carlos Rovira se expresó en coincidencia con la “muy acertada y firme decisión del Juez José Luis Casals de declararse competente para poner orden a un atropello de la autoridad judicial de Jurisdicción de Corrientes en lo referente a un pedido de una empresa para plantar cientos de hectáreas de yerba”.
En el mismo sentido, Rovira elogió el “coraje y trascendencia” del presidente del INYM, Juan José Szychowski “en defensa de los pequeños productores y en el camino de la lucha por un precio justo para nuestro producto madre: la yerba mate”.
Szychowski había dicho que “la decisión judicial afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución no puede implementarse vamos camino a una sobreoferta de hoja verde llevando a la caída de precios y a una crisis en el sector yerbatero”.
Para Rovira, el debate es mucho más profundo que el conflicto puntual por la resolución 170, que fue cuestionado por La Cachuera. Se trata nada menos que del equilibrio de una de las principales cadenas productivas de Misiones, de la que dependen miles de productores y sus familias. “Acá no se trata solo de las tierras, sino del precio, la producción, la economía en su conjunto”, analizó.
Al mismo tiempo, el conductor de la Renovación recordó que se trata de defender un precio de referencia para la yerba en torno a los 50 centavos de dólar -idea que ya había expuesto hace algunos años-. Ese es el precio promedio que hoy está pagando el mercado, pero que rápidamente puede caer si los grandes jugadores del mercado tienen cada vez más materia prima y dejan de comprar al pequeño productor.
Rovira entiende que la resolución del organismo yerbatero es un “acto de defensa en contra de grandes actores sectoriales que buscan quedarse con plantaciones e influir en el precio”.
Las respuestas no son meras descripciones. El gobernador correntino -de Cambiemos- Gustavo Valdés, había cuestionado el límite de plantaciones y amenazado con ir a la Justicia.
El juez Fresneda, de Paso de los Libres, donde no se planta yerba, en definitiva, defiende un modelo productivo, que tiene del otro lado de la frontera, a Las Marías como principal exponente. Esa firma en Corrientes y La Cachuera en Misiones, son el uno y dos del mercado yerbatero.
“Nos acompañamos mutua y permanentemente, porque queremos sumar más legisladores para plantear nuevos debates en el Congreso de la Nación”, señaló Valdés durante su visita a Misiones para explicar su vínculo con Martín Arjol, el ganador de la interna en la alianza Cambiemos. Lejos de la agenda misionerista, el diputado electo por Cambiemos responde a su padrino político y salió en coro a repetir el mensaje pour la galérie del gobernador correntino: casi dos semanas tardó Valdés en cuestionar el laudo de la Nación que fijó un precio para la yerba mate muy por debajo de lo que pedían los productores misioneros. “Consideramos que el valor mínimo por kilogramo no debería ser menor a los $52 para el productor yerbatero. Nos hubiese gustado un acuerdo de precios entre todos los sectores. Pese a nuestro esfuerzo no se pudo llegar a un acuerdo en la mesa del Instituto Nacional de Yerba Mate. Debemos revalorizar la producción y la industria de manera conjunta, con estrategias en común para abastecer al mercado interno y afianzar las exportaciones”, dijo Valdés.
Sin embargo, durante toda la discusión de precios, en el seno del INYM, los representantes correntinos no movieron una sola ficha a favor de un precio como el que proponían los productores. Los directores correntinos apelaron al “consenso” entre lo que pedía la producción y lo que ofrecía la industria -35 pesos ofreció la industria correntina y a ese valor se plegó la misionera-. Misión imposible, ya que el valor propuesto por la industria no cubre los costos de producción, según la grilla del propio INYM y porque la producción se resiste a cobrar menos de 50 pesos, el equivalente a unos 50 centavos de dólar que, el sector productivo y el Gobierno de Misiones, consideran debería ser el valor promedio permanente.
Vale preguntarse cuál es la posición formal del radicalismo, que se mantiene ajeno al debate. Hace unos días la diputada Anita Minder -que perdió ante Arjol-, recordó en tono nostálgico a Raúl Solmoirago como uno de los mentores de la ley del INYM: “En palabras propias decía que ‘esta política yerbatera contempla como eje en su diseño a la familia rural, la equidad y el desarrollo regional. Procura implementar políticas de desarrollo sustentable, dentro del marco de economía de mercado, apuntando a la incorporación del productor al complejo productivo social. Es la única alternativa para poder preservar a la actividad y compartir entre todos, productores y molineros, el negocio yerbatero dentro de un marco de desarrollo rural socialmente aceptable. De no ser así, asistiremos a la desaparición del productor”. ¿Es aquel radicalismo o éste, identificado con Valdés?
Pero el radicalismo, así como el partido Justicialista, mantienen un llamativo silencio ante los debates estructurales de la provincia. Cada cual atiende su juego. La UCR está en medio de su interna para definir autoridades parlamentarias y que rol jugará ante el PRO, el socio mayor en la alianza al que desdeñan por lo bajo, pero con el que se emparentan desde hace tiempo: a 20 años de la caída de la alianza, la entonces ministra Patricia Bullrich era ministra, hoy es jefa política.
En el peronismo tampoco hay reacción. El partido Justicialista sigue sin poder definir su situación interna. A falta de votos, Gonzalo Costa de Arguibel insiste en acceder a la conducción partidaria por la vía rápida. Esta semana presentó un petitorio ante la Secretaría Electoral para que proclame su lista, Convergencia Justicialista. como nueva autoridad y conducción partidaria. La Cámara Nacional Electoral, que había avalado las facultades del partido para formar coaliciones electorales en Misiones, advirtió que no presentó ningún elemento nuevo al reclamo, por lo que resulta inadmisible.
