“Pretendían atacar el corazón del programa económico nacional”. Con ese argumento salió a justificarse el diputado nacional de Cambiemos, Luis Pastori, el único misionero que votó en contra de la posibilidad de que la Provincia tenga un impuesto cero a la transferencia de los combustibles, como arma para combatir las asimetrías con Paraguay y Brasil.
La iniciativa formó parte de una batería de proyectos impulsados por la oposición para ponerle freno a los tarifazos en la energía.
La dramática defensa de Pastori deja al desnudo que no hay plan B al ajuste de tarifas sobre el consumidor para parchar un déficit fiscal que sigue creciendo en paralelo a la inflación y al endeudamiento.
Si ese es el corazón, se entienden los problemas cardíacos. Pastori acusó a la oposición de pretender mellar la salud del Gobierno frenando sus políticas con “proyectos improvisados”, similar argumento al que utilizó cuando rechazó la declaración de la emergencia yerbatera, a la que calificó de “una mentira”. La avanzada desreguladora del Presidente y la amenaza de un nuevo tractorazo, demuestran, un año después, que la crisis estaba latente.
No hacía falta tanta obediencia, entienden incluso en el radicalismo. Con una abstención o incluso, votando a favor, no cambiaba el resultado final de la votación en el Congreso, pero simbólicamente no se ponía (ni a la UCR) a favor de los tarifazos y en contra de los misioneros.
El apuro no parece ser el problema real, sino la voluntad política de encontrar soluciones. A fin de cuentas, la ley Pymes, de la que él fue promotor con la esperanzadora inclusión del artículo 10 con herramientas específicas para combatir las asimetrías, pasó por todas las formalidades y todavía sigue sin reglamentarse en su totalidad.
“No solo apuntábamos a la nafta, sino a la reactivación de la economía, a que haya un mayor movimiento y una mayor fuente de ingresos por recaudación. Eso es lo que perdió Misiones en este ida y vuelta de caprichos. Nos perjudican los caprichos cuando no hay racionalidad. Las veces que tuvimos que acompañar cosas que creímos que hacían bien al país, lo hicimos”, señaló el diputado Ricardo Wellbach como síntesis de una sesión en la que el oficialismo bloqueó todas las iniciativas de la oposición al requerir los dos tercios de los votos.
La Nación nunca atendió ni entendió las problemáticas fronterizas. Las asimetrías ahora pasaron a ser “exageradas”, pero las colas para ir a Paraguay siguen siendo eternas y el combustible está mucho más barato, nueve pesos menos que en Posadas. Ya hay una consecuencia directa. La venta de combustibles cayó entre 12 y 15 por ciento desde la eliminación del ITC diferenciado. Pero discutir algún remedio es “apurado”.
Hasta ahora el único ajuste real vino por el lado de las tarifas y la eliminación de subsidios que recae sobre el usuario de a pie. En los últimos dos años, la tarifa eléctrica aumentó 2.500 por ciento y la única aspirina es un pago en cuotas de una parte de la factura. Es un costo político que recae sobre la Nación y que se acrecienta ante cada suba. El bolsillo es mucho más transparente que las preferencias políticas. No miente. Y eso hace al descontento, indisimulable.
El Presidente advirtió el malhumor creciente. Y para evitarse un mal mayor, pretendió trasladar ese costo a los gobernadores, a través de un pedido de bajar impuestos en las tarifas. Si la responsabilidad es de todos, no es de ninguno en especial.
Pero la realidad marca que el escenario es dispar. Hay provincias como Buenos Aires, con una carga impositiva que supera el 15 por ciento. Otras están por la mitad y Misiones, en el promedio de cinco por ciento de Ingresos Brutos a la distribución de energía. Ante un aumento del 2500 por ciento, la quita de un impuesto que significa el 5 por ciento, no modifica sustancialmente la ecuación final.
El pedido presidencial de un “costo compartido” por los gobernadores, responde al malhumor social por las tarifas, que no estaba en los planes.
Hace apenas unos meses se firmó el Pacto Fiscal en el que se acordó la reducción gradual de Ingresos Brutos a los servicios de electricidad gas y agua del 5 por ciento a cero en 2022. Pretender cambiar las reglas de juego apenas unos meses después no es la mejor muestra de solidez ni previsibilidad.
Incluso se barajó en un momento un proyecto de ley del propio Gobierno para bajar todos los impuestos, incluido el IVA –que alcanza al 27 por ciento en el sector comercial-. Eso significaría perder recaudación en un impuesto que además se coparticipa. Nunca hubo un mínimo replanteo que apunte a la ganancia empresaria.
De todos modos, la primera en salir a cumplir los deseos de Macri, fue María Eugenia Vidal, quien ordenó una rebaja de impuestos que ella misma había restablecido este año. No se pagaban desde 2016, pero la favorita presidencial apeló a la Justicia para volver a cobrarlos. Ahora, convenientemente, anunció una rebaja del 15 por ciento, lo mismo que representaban el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y el Fondo Especial para Grandes Obras que ella reinstauró.
Por supuesto, en Cambiemos y los medios se elogió el “gesto” desprendido. Pero ese gesto va de la mano de una enorme caja extra que recibió Vidal gracias al desprendimiento –forzoso– del resto de las provincias. Cuarenta mil millones adicionales de coparticipación que antes se repartían en porciones a cada Estado. Semejante incentivo, lo menos que puede despertar es la generosidad.
En Misiones, pese a los recursos cedidos, el Gobierno hizo un enorme esfuerzo para que la tarifa no suba en la misma proporción que los aumentos que llegaban. Absorbió parte de los mayores costos de la energía que se compra al sistema federal y ahora subsidió la tarifa final para el usuario. Antes, por decisión del gobernador Hugo Passalacqua, se había congelado el Valor Agregado de Distribución. Ese esfuerzo se tradujo en una transformación sorprendente, que pone en cuestionamiento el mito de que en Misiones se paga la energía más cara del país. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, a marzo, Emsa estaba entre la cuarta y la segunda distribuidora con tarifas más bajas del país y al mismo tiempo, entre las de menor carga impositiva.
Pese al permanente latiguillo opositor, Emsa es hoy una empresa que está muy cerca de alcanzar el equilibrio financiero, se enorgullecen en el Gobierno. Ven como un acierto la elección de Passalacqua al poner al frente a Guillermo Aicheler, un outsider que vino con mano de hierro a sanear la empresa. También destacan la decisión del Gobernador de congelar el VAD para que el bolsillo sienta menos.
Seguramente será uno de los temas a analizar por el Gobernador en su discurso del 1 de Mayo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Hay mucha expectativa por el texto del discurso, que se mantuvo encerrado bajo siete llaves. Cada palabra será estudiada con lupa para encontrar alguna señal sobre el año político que se avecina.
Los primeros escarceos muestran a una Renovación unida y a una oposición que se esfuerza por mostrar despliegue con suerte dispar. Los socios radicales de Cambiemos no pudieron nominar a candidatos para disputar espacios en el Instituto de Previsión Social. El mismo problema tienen a la hora de desembarcar en los barrios. Una cosa es el dirigente que necesita mostrarse y ser parte. Otra cosa el militante, que debe explicar que el cambio que hoy se siente en el bolsillo, es a la larga lo más conveniente.
Del otro lado, como depredadores cuando huelen sangre, los opositores que hasta ahora se habían lamido las heridas de las derrotas electorales, descubrieron que juntos, pueden poner en apuros al Gobierno. El peronismo “federal”, el más kirchnerista y otras corrientes, se encontraron de pronto, juntos en posiciones similares en contra del aumento de las tarifas. Pero hasta el radicalismo y la siempre dispuesta Lilita Carrió descubrieron la debilidad del Gobierno que se desgasta al defender el ajuste como respuesta a todo. Dispararon fuego amigo, buscando salir lo menos dañados del mal momento de los socios.
Ese es el verdadero costo político, incluso mayor que el descontento social, que deberá pagar el Gobierno nacional por su política de ajustes. La oposición encontró puntos en común para construir desde la diversidad. Esa cercanía no existía hasta el tarifazo. La foto en Córdoba, con Juan Schiaretti como anfitrión de un variopinto escenario político, todavía sin liderazgos claros, revela que al oficialismo le ha nacido un potencial rival.
Y mientras atiende el frente político, el Gobierno debió lidiar con el económico, el que hasta ahora menos dolores de cabeza le había dado. Pero un día todo junto pareció flaquear. El dólar se disparó en una preocupante corrida y obligó al Banco Central a una fuerte intervención para frenar la sangría. En una semana se usó todo un arsenal: suba de tasas y ventas por 4343 millones de dólares. Pero el dólar cerró por encima de los 21 pesos. Cinco pesos por encima del pronóstico de Alfonso Prat Gay, cuando advertía que un dólar a 16 pesos sería un fracaso del Gobierno.
El presidente del Banco Central, Federico Struzenegger es, pese a todo, el menos cuestionado en medio de la tormenta. Las peores críticas se las llevan el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El enojo empresarial está en alza. Sienten que las tasas altas terminan influyendo en la inflación y conspiran contra la posibilidad de crecimiento. Tampoco comparten la política para contener al dólar. Y algunos voceros lo hacen público: “No apostamos al cambio para esto”. En definitiva, viven de las ventas y el mercado interno no repunta salvo en sectores puntuales.
Ahora, una de las entidades empresarias de mayor peso en la Argentina, será comandada por un misionero: Gerardo Díaz Beltrán fue electo presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y quiere aportarle una mirada federal a la entidad. “Estamos en un país que tiene un discurso permanentemente federalista, pero que no se da en la práctica. Por qué, no empezar por casa e iniciar ese federalismo, por CAME era el momento de hacerlo”.
