cambio climático

El precio global del carbono superó los US$107.000 millones y acelera la presión sobre las economías exportadoras

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El Banco Mundial confirmó que los mecanismos de fijación del precio del carbono triplicaron su recaudación en una década y ya cubren casi el 30% de las emisiones globales. El avance de estos sistemas empieza a redefinir competitividad, comercio exterior y acceso a financiamiento para sectores productivos intensivos en energía y recursos naturales.

Según un informe del Grupo Banco Mundial publicado el pasado 19 de mayo, los ingresos derivados de la fijación del precio del carbono se triplicaron en la última década: aumentaron de menos de US$30.000 millones en 2016 a movilizar más de US$107.000 millones para presupuestos públicos en 2025.

En el informe anual titulado State and Trends of Carbon Pricing 2026 (Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono 2026) se revela que actualmente existen 87 políticas de fijación de precios del carbono en el mundo, un aumento de siete con respecto al año anterior. Asimismo, se muestra que todas las grandes economías de ingreso mediano han implementado o tienen previsto implementar mecanismos de fijación directa del precio del carbono. India y Viet Nam son los países que realizaron avances más significativos en este ámbito en 2025. En la publicación también se señala que los precios directos del carbono han crecido un 7% desde la edición del año pasado del informe y que se han duplicado en la última década. El precio promedio del carbono es ahora de casi US$21/tCO2e.

Un poco más del 29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en todo el mundo están ahora cubiertas por mecanismos de fijación directa del precio del carbono. Esta cifra aumentaría a alrededor de un tercio si los instrumentos actualmente en desarrollo se implementaran en más economías emergentes importantes.

“La fijación del precio del carbono y los mercados de carbono pueden desempeñar un papel importante al permitir que los países determinen su propia matriz energética”, dijo Paschal Donohoe, director gerente y oficial principal de Conocimientos del Grupo Banco Mundial. “Cuando están bien diseñados, pueden ayudar a impulsar la eficiencia y la innovación, al tiempo que movilizan recursos para las prioridades de desarrollo. Durante más de 20 años, este informe ha ayudado a los responsables de formular políticas y al sector privado a comprender mejor la evolución de estos mercados y las oportunidades que representan”.

En los mercados de créditos de carbono, el volumen total de las emisiones de créditos de carbono aumentó un 8% entre 2024 y 2025. En tanto, los precios de los créditos de carbono disminuyeron levemente durante 2025, pero algunos tipos de proyectos continuaron teniendo un sobreprecio, incluidos aquellos que pueden ser utilizados por aerolíneas internacionales o proyectos de conservación forestal y reforestación con alta calificación.

El Grupo Banco Mundial se ha comprometido a ayudar a los países a alcanzar sus propios objetivos de desarrollo para facilitar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. Un área de apoyo es el creciente acceso al financiamiento disponible a través de los mercados de carbono. A tal fin, el Departamento de Clima del Grupo Banco Mundial complementa sus servicios básicos de financiamiento y asesoría con productos clave que respaldan a los clientes a lo largo de la cadena de valor de las soluciones climáticamente inteligentes.

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Con la presencia del Dr. Embid, la UGD impulsa dos propuestas clave para la comunidad jurídica

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La Universidad Gastón Dachary recibirá al reconocido jurista español Antonio Embid Irujo, quien participará de un seminario internacional sobre cambio climático y gobernanza del agua, y de la presentación de una propuesta doctoral con anclaje regional para Misiones y el NEA.

Durante la semana del 25 de mayo, la Universidad Gastón Dachary (UGD) recibirá la visita del Dr. Antonio Embid Irujo, profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y referente iberoamericano en derecho de aguas y medio ambiente. En ese marco, participará de dos actividades de interés para la comunidad jurídica local.

Pensar el agua es pensar el futuro

El martes 26 de mayo, a las 16:00 hs, se realizará el Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales”. La actividad tendrá lugar en la Sala de Videoconferencias de la sede central de la UGD (Salta esquina Colón), ubicada en el segundo piso, y también podrá seguirse de manera virtual mediante un enlace de acceso.

La propuesta da continuidad al seminario desarrollado en 2025, “Derecho, Integración y Gestión Hídrica Trinacional para un Desarrollo Sostenible”, que abordó los desafíos de la gestión del agua en la triple frontera desde una perspectiva ambiental, jurídica y de gobernanza.

En esta oportunidad, el encuentro profundizará esa línea de trabajo, poniendo el foco en el cambio climático como condicionante central de la gobernanza hídrica e incorporando nuevas perspectivas, entre ellas la dimensión cultural y ética del agua como bien común, el derecho humano al agua, la justicia ambiental y el aporte científico-técnico vinculado al patrimonio natural provincial y la protección del Acuífero Guaraní.

El Seminario contará con expositores nacionales e internacionales. En representación del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), la Lic. Cecilia Evelyn Miranda, directora de Investigación, y la abogada María Emilia Coni Ceballos, investigadora de la institución, presentarán un trabajo vinculado a la conservación del patrimonio natural y su relación con los recursos hídricos de la provincia, incluyendo un análisis de la legislación aplicable.

Luego, Pablo Ramón Lucatelli, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, desarrollará una mirada sobre el agua como bien común, elemento esencial para la vida y eje de la gobernanza pública, con énfasis en la necesidad de fortalecer una cultura hídrica basada en la responsabilidad social, la educación ambiental y la protección del recurso.

Por su parte, el Dr. Eduardo José Ramón Lludgar, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, abordará el agua como derecho humano fundamental y el rol de los poderes judiciales en la protección de derechos colectivos, ambientales y sociales, destacando su vínculo con la dignidad humana, la salud, el ambiente y el desarrollo sostenible.

El cierre de exposiciones estará a cargo del Dr. Antonio Embid Irujo, quien ofrecerá una perspectiva jurídica sobre el cambio climático, sus impactos globales y los principales desafíos regulatorios, institucionales y judiciales que plantea. También analizará su vínculo con la producción energética, las emisiones y el creciente impacto de la litigación climática en las políticas públicas y decisiones judiciales.

La jornada finalizará con un espacio de intercambio y consultas entre especialistas y asistentes. La moderación estará a cargo del Ing. Juan Pablo Cinto y de Romario Dohmann, subsecretario de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar.

La capacitación está destinada a estudiantes, docentes, profesionales, funcionarios públicos y a todas las personas interesadas en profundizar en la perspectiva jurídica vinculada a la defensa del agua y los recursos naturales.

Formación doctoral internacional

Por otra parte, el miércoles 27 de mayo, a las 17:00 hs, se realizará la presentación del Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una propuesta que tendrá anclaje regional en Misiones y el nordeste argentino.

La iniciativa surge en el marco de la cooperación académica entre la Universidad de Zaragoza, una de las instituciones universitarias con mayor trayectoria en España, y la Universidad Gastón Dachary, con el objetivo de facilitar el acceso de profesionales de Misiones y el NEA a una formación doctoral internacional en Derecho.

El programa permitirá a los interesados avanzar en su proceso doctoral sin necesidad de residencia permanente en España, con seguimiento académico de especialistas, orientación para la definición de líneas de investigación y actividades presenciales periódicas en Misiones junto a docentes e investigadores de la Universidad de Zaragoza.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es el acompañamiento del grupo académico encabezado por el Dr. Embid, particularmente relevante para Misiones y la región por su realidad transfronteriza, su riqueza hídrica, su biodiversidad y sus desafíos ambientales, institucionales y productivos.

Durante la presentación se brindará información sobre las características del Doctorado, líneas de investigación, requisitos de admisión, modalidad de trabajo, duración, acompañamiento académico y beneficios para quienes se inscriban en el marco del convenio UNIZAR–UGD.

La actividad está dirigida a la comunidad jurídica, universidades, colegios profesionales, poderes judiciales, organismos públicos, municipios, organizaciones sociales e interesados en investigación jurídica avanzada.Las personas interesadas en participar de cualquiera de las actividades y que no puedan asistir de manera presencial podrán solicitar el enlace para sumarse virtualmente escribiendo a: extension@ugd.edu.ar

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Colombia se propone lo imposible: quiere plantar 2,3 millones de árboles para reforestar 2.000 hectáreas de bosque en 40 años

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Mientras crece el debate global sobre la efectividad de las campañas masivas de plantación de árboles para mitigar el cambio climático, Colombia decidió avanzar con una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados mediante especies nativas, compromisos de conservación a largo plazo e integración económica de las comunidades locales.

La iniciativa, denominada Sembrando Futuro 2.0, contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de bosque en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó. El plan prevé la plantación de 2,3 millones de árboles autóctonos y ya es considerado uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos del país.

Sin embargo, el diferencial del programa no radica únicamente en la magnitud de la forestación, sino en el modelo de sostenibilidad diseñado para garantizar la supervivencia y recuperación efectiva del ecosistema a largo plazo.

El proyecto apunta a reconstruir corredores biológicos, recuperar biodiversidad y restablecer servicios ambientales en zonas degradadas. Para ello, fueron seleccionadas más de 70 especies nativas, entre ellas nueve consideradas amenazadas, evitando así los modelos tradicionales de monocultivo forestal que suelen ser cuestionados por especialistas ambientales.

La primera etapa del programa ya supera las 1.000 hectáreas restauradas y las tareas de plantación comenzaron en septiembre de 2023. La meta final es completar las 2.000 hectáreas distribuidas en cinco regiones estratégicas desde el punto de vista ecológico.

En los últimos años, distintos expertos ambientales comenzaron a advertir que muchas campañas globales de plantación de árboles fracasan porque priorizan cantidad sobre calidad ecológica. La falta de diversidad de especies, la ausencia de mantenimiento y la escasa participación comunitaria suelen convertirse en factores críticos.

Precisamente allí es donde Sembrando Futuro 2.0 intenta diferenciarse. El proyecto incorporó acuerdos de conservación renovables a 40 años con propietarios privados, pequeños productores y organizaciones comunitarias. Esa escala temporal modifica completamente la lógica habitual de los programas de reforestación, muchas veces limitados a ciclos políticos o financiamientos de corto plazo.

El esquema busca que las comunidades locales no queden relegadas a un rol secundario, sino que participen activamente en los beneficios económicos derivados de la conservación ambiental.

Hasta el momento ya se firmaron 25 acuerdos de conservación y los participantes reciben cerca del 55% de los ingresos asociados a créditos de carbono generados por el proyecto. Ese componente económico aparece como uno de los pilares centrales de la iniciativa.

La lógica detrás del modelo es simple: transformar la protección del bosque en una actividad económicamente viable para quienes viven en esos territorios. De esta manera, la conservación deja de depender exclusivamente de la conciencia ambiental y comienza a integrarse dentro de las economías regionales.

Además del impacto ecológico, el programa ya generó más de 240 empleos locales vinculados a viveros, plantación, monitoreo y mantenimiento forestal.

El proyecto también recibió una calificación “A” de Sylvera, firma internacional especializada en evaluación de proyectos de carbono. La calificación destacó especialmente el diseño técnico, la contabilidad de carbono y los beneficios sociales y ambientales de la iniciativa.

El caso colombiano se produce en un momento en que América Latina busca posicionarse como actor clave dentro de los mercados globales de carbono y soluciones basadas en naturaleza. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación, expansión agropecuaria y degradación ambiental.

La experiencia de Sembrando Futuro 2.0 comienza a ser observada con atención por distintos países de la región debido a su combinación de restauración ecológica, financiamiento climático y participación comunitaria.

El desafío de fondo, sostienen especialistas, ya no pasa solamente por plantar árboles, sino por lograr que los bosques sobrevivan, recuperen biodiversidad y generen incentivos económicos suficientes para garantizar su preservación durante décadas.

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Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

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La selva atlántica de Brasil, uno de los ecosistemas más biodiversos y también más castigados de América Latina, muestra una paradoja cada vez más evidente: mientras la deforestación alcanzó en 2025 su nivel más bajo en cuatro décadas, la calidad ecológica del bosque sigue deteriorándose por la pérdida sostenida de las áreas más antiguas y biodiversas.

Durante los últimos 30 años, la llamada Mata Atlántica mantuvo una cobertura forestal relativamente estable, con entre 28 y 30 millones de hectáreas de bosque nativo entre 1989 y 2018. Sin embargo, esa aparente estabilidad oculta una transformación profunda: los bosques maduros, con mayor capacidad de captura de carbono y refugio de biodiversidad, fueron reemplazados progresivamente por vegetación joven, de menor complejidad ecológica.

Un estudio publicado en Science Advances reveló que entre 2000 y 2015 la pérdida anual de bosques antiguos osciló entre 220.000 y 80.000 hectáreas, con un mínimo de 76.200 hectáreas en 2015. Actualmente, cerca del 11% de la selva atlántica está compuesta por vegetación joven y un tercio tiene menos de diez años de antigüedad. El fenómeno refleja un “rejuvenecimiento forestal” que, aunque compensa superficie, no reemplaza la riqueza biológica ni los servicios ecosistémicos de los bosques maduros.

El avance de la agricultura intensiva y de las plantaciones comerciales aparece como el principal motor de esta transformación. La expansión de la soja, la caña de azúcar y el café desplazó millones de hectáreas de vegetación nativa. En los últimos 40 años, la Mata Atlántica perdió 2,4 millones de hectáreas, una reducción del 8,1% respecto de 1985. Hoy, apenas conserva el 31% de su vegetación original y cerca de la mitad de la deforestación reciente afecta áreas con más de 40 años de antigüedad, consideradas estratégicas para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

Aun así, 2025 marcó un punto de inflexión. Según la organización SOS Mata Atlântica, la deforestación cayó a 8.658 hectáreas, el registro más bajo desde 1985 y la primera vez en cuatro décadas que la pérdida anual baja de las 10.000 hectáreas. La disminución fue del 40% respecto de 2024 y fue confirmada por dos sistemas independientes de monitoreo.

Este resultado fue celebrado por organizaciones ambientalistas, que consideran posible avanzar hacia la meta de “deforestación cero” si se sostienen las políticas de control, la presión social y la vigilancia territorial. Sin embargo, advierten que el escenario sigue siendo frágil.

Uno de los principales focos de preocupación es la aprobación del llamado “proyecto de ley de devastación”, una reforma que flexibiliza la legislación ambiental y elimina la necesidad de autorización federal previa para aprobar desmontes, transfiriendo esa competencia a autoridades locales. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intentó vetar parte de la norma, el Congreso anuló esos vetos y ahora la constitucionalidad de la ley quedó en manos del Supremo Tribunal Federal.

En paralelo, Brasil impulsa una estrategia ambiciosa de restauración ecológica a gran escala. Uno de los principales proyectos busca recuperar 15.000 hectáreas degradadas en el norte del estado de Río de Janeiro, con apoyo del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. La iniciativa forma parte de la Estrategia Forestal nacional y combina regeneración ambiental con desarrollo económico regional.

Entre 2023 y 2025, este programa movilizó alrededor de 1.400 millones de dólares, con potencial para plantar 280 millones de árboles, generar 70.000 empleos y capturar 54 millones de toneladas de carbono. Además, contempla más de 800 puestos de trabajo directos en viveros, recolección de semillas y mantenimiento forestal, consolidando una lógica donde conservación y economía dejan de presentarse como opuestos.

Como símbolo de esa recuperación, se registró recientemente la reproducción del guacamayo escarlata en la Mata Atlántica por primera vez en casi 200 años. Para las autoridades ambientales, el regreso de esta especie clave en la dispersión de semillas es una señal concreta de que la restauración puede revertir daños históricos.

Brasil logró frenar parte de la destrucción, pero el desafío ya no es solo conservar superficie, sino recuperar calidad ecológica. Porque en los bosques, como en la economía, no todo crecimiento significa desarrollo.

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CRA advierte por un “súper Niño” y pide anticipación ante un escenario climático de alto impacto

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El pronóstico de un evento climático de gran magnitud volvió a encender alarmas en el sector agropecuario. La entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió sobre la posible configuración de un “súper El Niño” para el período 2026-2027, un escenario que, de confirmarse, podría ubicarse entre los más intensos registrados y afectar de manera directa a las economías regionales.

La advertencia se apoya en proyecciones climáticas que muestran un progresivo calentamiento del Pacífico ecuatorial. Según esos modelos, el fenómeno podría incluso superar la intensidad registrada en 2015, con efectos asociados a lluvias más intensas, mayor frecuencia de eventos extremos y riesgo elevado de inundaciones.

Un marco climático que tensiona al sistema productivo

Los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya reflejan señales compatibles con ese escenario. Para el trimestre otoño-invierno 2026 se proyectan precipitaciones superiores a lo normal en amplias regiones del país, junto con temperaturas por encima de los valores históricos.

Traducido a términos productivos, el fenómeno implica una doble presión. Por un lado, la actual campaña de cosecha gruesa podría enfrentar complicaciones operativas por excesos hídricos, afectando la transitabilidad y la calidad de los cultivos. Por otro, la planificación de la siembra fina se vería condicionada por suelos saturados, riesgos de anegamiento y ventanas de trabajo más acotadas.

A esto se suma un componente adicional: el incremento en la variabilidad climática. Tormentas intensas, ráfagas, granizo y olas de calor aparecen como factores que elevan la incertidumbre en todas las etapas del ciclo productivo.

De la previsión a la gestión del riesgo

Frente a este escenario, CRA plantea un cambio de enfoque. El clima deja de ser una variable externa para convertirse en un eje central de planificación. Entre las medidas recomendadas aparecen: revisión de sistemas de drenaje, planificación logística anticipada, monitoreo constante de pronósticos y evaluación de coberturas de riesgo

El planteo también incorpora una dimensión institucional. La entidad señala la necesidad de articular acciones con gobiernos provinciales y organismos técnicos para mitigar impactos sobre infraestructura rural, especialmente caminos y sistemas de transporte.

Presión sobre la agenda pública

El planteo de CRA introduce un elemento clave en la agenda agroeconómica: la necesidad de políticas públicas adaptativas frente a eventos climáticos extremos. Sin hacer referencias explícitas a medidas concretas, la entidad deja planteado que la respuesta no puede recaer únicamente en los productores.

En este contexto, el clima se convierte en un factor de presión sobre la gestión pública. La previsibilidad, el acceso a información confiable y la disponibilidad de herramientas de contingencia pasan a ser variables críticas para sostener la producción.

Riesgo sobre producción e infraestructura

Un evento de alta intensidad no solo implica mayores lluvias. También supone costos adicionales en logística, posibles pérdidas de rendimiento, deterioro de calidad y afectación de infraestructura clave.

Las economías regionales, altamente dependientes de condiciones climáticas estables, aparecen como uno de los eslabones más sensibles. El aumento de eventos extremos podría traducirse en mayor volatilidad productiva y financiera.

Implicancias para Misiones y el NEA

Si bien el informe no detalla impactos específicos por provincia, el comportamiento típico del fenómeno en Sudamérica sugiere un aumento de lluvias y humedad en amplias zonas. En regiones como Misiones y el NEA, esto podría implicar riesgos de saturación de suelos, afectación de caminos rurales y mayor presión sobre sistemas productivos intensivos.

La integración de sistemas agroforestales y la dependencia de la logística terrestre en la región refuerzan la necesidad de anticipación.

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