En el marco del plan interinstitucional de coordinación, monitoreo y respuesta ante las proyecciones climáticas para 2026/2027, que presentó el Gobernador Hugo Passalacqua, días atrás, los equipos de salud de Zona Noreste ya iniciaron los primeros encuentros de trabajo para planificar estrategias ante posibles eventos.
La jornada permitió analizar las necesidades y desafíos de cada área programática, promoviendo el trabajo articulado entre los distintos niveles de atención para garantizar una cobertura sanitaria eficiente y oportuna.
De esta manera, se continúa consolidando una gestión sanitaria basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y el compromiso permanente con el bienestar de los misioneros.
El debate sobre el modelo forestal en el nordeste argentino sumó un nuevo capítulo de fuerte contenido político, ambiental y simbólico. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.
La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales.
Aunque el Tribunal no posee capacidad jurisdiccional vinculante sobre los Estados, sus fallos buscan generar incidencia política, jurídica y social en torno a conflictos ambientales de alcance global. En este caso, la sentencia coloca bajo cuestionamiento uno de los sectores productivos más relevantes de Corrientes y de buena parte del nordeste argentino. El fallo llega en un momento sensible en Misiones, donde los dirigentes libertarios aseguran que hay que cambiar el modelo productivo para incorporar soja y maíz para compensar la pérdida de la rentabilidad de la yerba mate ahogada por la desregulación que impuso el presidente Javier Milei.
Un fallo que apunta al Estado y al modelo forestal
La sentencia atribuye responsabilidad tanto al Estado nacional como al gobierno de Corrientes por haber promovido activamente la expansión forestal mediante subsidios e incentivos fiscales, al tiempo que -según sostiene el fallo- incumplieron sus obligaciones de control ambiental.
Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.
En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos.
Bajo esta perspectiva, estos ecosistemas poseen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, una concepción inspirada en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y en corrientes jurídicas que ganan espacio en varios países latinoamericanos.
El enfoque implica un cambio profundo respecto de la visión tradicional del derecho ambiental, que suele centrarse en la protección de recursos naturales para beneficio humano y no en el reconocimiento de derechos propios de los ecosistemas.
La sentencia vincula el caso correntino con un proceso similar analizado previamente en la región chilena del Biobío.
Las medidas que propone la sentencia
Principales recomendaciones del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
Eje
Medida propuesta
Expansión forestal
Moratoria inmediata a especies exóticas invasoras y pirófitas, especialmente pinos y eucaliptos.
Restauración ecológica
Planes de restauración y regeneración con participación efectiva de las comunidades locales.
Modelo productivo
Transición hacia esquemas agroecológicos compatibles con los ecosistemas nativos.
Marco legal
Incorporación efectiva de los Derechos de la Naturaleza en la legislación interna.
Comunidades
Garantía de acceso al agua, arraigo territorial y soberanía alimentaria para las poblaciones afectadas.
Trabajo
Erradicación de situaciones de trabajo infantil y condiciones laborales calificadas como esclavas en la cadena forestoindustrial.
Fuente: Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
Según el Tribunal, existe un patrón común en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, donde la expansión de monocultivos forestales genera impactos sobre ecosistemas nativos, modifica la disponibilidad de agua y produce transformaciones socioeconómicas en comunidades rurales.
Durante la presentación del fallo participaron referentes ambientales de Argentina, Chile y Colombia, quienes coincidieron en señalar que el crecimiento de la demanda mundial de celulosa, papel y embalajes está acelerando la expansión de estas plantaciones industriales en América Latina.
Aunque la sentencia se refiere específicamente a Corrientes, el debate tiene especial relevancia para Misiones, una provincia donde la actividad forestal constituye uno de los principales complejos exportadores, con una fuerte presencia de plantaciones de pino y una industria integrada que abarca aserraderos, producción de tableros, pasta celulósica y biomasa.
El fallo reabre una discusión de fondo sobre cómo compatibilizar producción, generación de empleo, exportaciones y conservación ambiental en una región donde la actividad forestal representa una de las principales fuentes de inversión privada.
La tensión entre desarrollo económico y protección de los ecosistemas aparece, una vez más, como uno de los grandes desafíos para el futuro productivo del nordeste argentino.
Durante la presentación de la sentencia, Renata Nicora Chequin, Fiscal de la Tierra del Tribunal, bióloga e integrante de Defensores del Pastizal, señaló que la sentencia “no presenta solamente una sentencia, sino también el reclamo de un territorio, de la Naturaleza y de las comunidades que no pueden comparecer por sí mismas ante los sistemas tradicionales de justicia”.
Nicora Chequín explicó que “estamos ante una transformación profunda del paisaje y de las relaciones ecológicas y sociales en la provincia de Corrientes”. Asimismo, remarcó que la expansión de monocultivos forestales sobre humedales y pastizales “implica no sólo la muerte de la Naturaleza, alteraciones hidrológicas y degradación de suelos, sino también afectaciones directas a las comunidades campesinas”.
“La Naturaleza tiene derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas. Ninguna actividad productiva puede justificarse si destruye los procesos que sostienen la vida. Si mata y contamina, no es progreso”, afirmó. Y concluyó: “Defender la Naturaleza no es oponerse al futuro. Es defender la posibilidad misma de tener futuro”.
Desde los territorios afectados en Corrientes, Chochón Romero destacó la importancia de que las comunidades rurales puedan finalmente ser escuchadas: “Hasta hoy no llegan a oídos de los funcionarios las medidas que necesitamos. Siguen destruyendo nuestras plantas nativas y nuestros territorios para plantar forestaciones”.
En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.
Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, expresó solidaridad con las comunidades afectadas y afirmó que “no podemos permitir territorios ni personas de sacrificio”. También señaló que, aunque la sentencia representa una noticia importante, “el corazón sigue roto viendo cómo la situación empeora día tras día”.
Desde Chile, la activista Janny Figueroa advirtió que el caso de Corrientes refleja un patrón regional que lleva décadas profundizándose en territorios afectados por monocultivos forestales. “Esto es un ecocidio y también un etnocidio”, afirmó, recordando los impactos de los megaincendios en Biobío y denunciando que las comunidades continúan enfrentando desplazamiento, destrucción ambiental y abandono estatal.
La defensora colombiana América Niño también alertó sobre la expansión continental de este modelo extractivista. Relató cómo empresas forestales multinacionales reemplazaron bosques nativos por monocultivos de eucalipto y pino, provocando despojo territorial, criminalización y ruptura del tejido comunitario. “Este modelo transforma la relación de las comunidades con la tierra y convierte a quienes antes producían alimentos en asalariados de las empresas”, sostuvo.
Por su parte, el investigador Sergio Baffoni, de Environmental Paper Network, explicó que la expansión global de la industria papelera y de embalajes descartables está acelerando la destrucción de ecosistemas en América Latina. “Detrás de una caja de cartón hay apropiación de tierras, destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos”, afirmó. Según indicó, la demanda de celulosa y embalajes sigue creciendo rápidamente, profundizando las zonas de sacrificio forestal en la región.
Jacqueline Arriagada, jueza del Tribunal, activista y campesina chilena, recordó que el modelo forestal fue impuesto en Chile “a sangre y fuego” desde la década de 1970, con apoyo estatal sostenido. “Vivir estas formas de extractivismo de muerte para la biodiversidad y las culturas rurales es un drama enorme”, señaló, y destacó la importancia de fortalecer la articulación latinoamericana contra los monocultivos forestales.
Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale, juez del Tribunal, cuestionó el discurso empresarial que presenta las plantaciones industriales como “bosques”. “Un bosque es diversidad plena. Estas plantaciones son desiertos verdes”, afirmó. “Entrábamos a estas plantaciones y el silencio era atroz: no había pájaros ni animales, sólo clones de árboles diseñados para ser talados y exportados”. Viale también advirtió que los monocultivos “no vienen a salvarnos de la crisis climática”, sino que constituyen “zonas de sacrificio creadas para maximizar la ganancia de grandes corporaciones”.
Finalmente, Francesco Martone, coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, destacó que la sentencia “fortalece y consolida la resistencia al modelo forestal desde un enfoque basado en los Derechos de la Naturaleza”, y afirmó que el fallo busca generar “efectos concretos en los territorios” e incidir sobre gobiernos y empresas. “Cuando la sentencia afirma que los monocultivos no son bosques, lo hace en base a evidencia científica acumulada durante décadas de investigación y resistencias territoriales. Evidencia accesible a las empresas y al Estado, y aun así ignorada”.
La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.
Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.
La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó que “celebramos haber alcanzado un hito tan importante en materia de conservación. Misiones siempre ha considerado la protección de la selva como una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios nos permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración continua y su disposición para trabajar con nosotros”.
Se espera que esta aprobación impulse el desarrollo de programas adicionales bajo el Marco JNR del VCS en toda Argentina y en países de América Latina, África y Asia que están explorando enfoques jurisdiccionales a gran escala para la financiación climática y la protección de los bosques. El programa ofrece un modelo replicable para otros gobiernos nacionales y subnacionales que buscan alinear los objetivos de las políticas climáticas, las prioridades de conservación forestal y el acceso a los mercados internacionales de carbono.
La aprobación llega en un momento particularmente oportuno. Misiones se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar la primera venta privada de créditos de carbono de su historia. La potencial compradora sería LATAM Airlines Group, interesada en adquirir entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de carbono para el mercado internacional CORSIA, el sistema global de compensación de emisiones para la aviación. La operación podría rondar los 65 millones de dólares.
La estrategia provincial comenzó formalmente en 2021, cuando Misiones inició el desarrollo de su programa jurisdiccional REDD+ junto a socios internacionales especializados en mercados ambientales. Desde entonces se desarrollaron auditorías, mediciones, validaciones independientes, consultas con comunidades, propietarios privados y organizaciones ambientales, además de la construcción de un sistema institucional capaz de sostener la trazabilidad exigida por los mercados internacionales.
El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.
La aprobación de Verra también fortalece la posición de Misiones frente a potenciales compradores internacionales. Los créditos certificados bajo estándares reconocidos globalmente tienen mayor liquidez, transparencia y aceptación en los mercados voluntarios y regulados de carbono. Precisamente, la organización certificadora acaba de incorporarse formalmente a la Mesa Argentina de Carbono, reforzando su presencia en el país y acompañando el desarrollo de proyectos de calidad internacional.
El avance se suma a otros hitos recientes del sector ambiental misionero. En las últimas semanas también fue certificado el primer proyecto argentino privado de carbono de bosque nativo bajo estándares Verra, desarrollado en la Selva Paranaense y validado por 138.000 créditos de carbono.
La validación del programa jurisdiccional de Misiones tiene además un valor simbólico. Durante décadas la provincia sostuvo políticas de conservación que limitaron actividades productivas sobre grandes extensiones de bosque nativo. Ahora, por primera vez, esa preservación comienza a transformarse en un activo económico reconocido por los mercados internacionales.
En un contexto de creciente demanda global por créditos ambientales de alta integridad, Misiones no solo aparece como la principal referencia argentina en mercados de carbono. Con la aprobación de Verra, la provincia se posiciona como uno de los casos más avanzados del mundo en la monetización de servicios ecosistémicos a escala gubernamental, abriendo una nueva etapa en la relación entre conservación, financiamiento climático y desarrollo económico.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La votación terminó con 141 países a favor, ocho en contra y 28 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Vanuatu, uno de los pequeños Estados insulares más afectados por el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos. El texto reafirma el dictamen emitido por la CIJ en julio de 2025, que sostuvo que los países tienen la obligación jurídica de prevenir daños ambientales significativos y reducir el uso de combustibles fósiles.
Aunque el pronunciamiento de la Corte no es jurídicamente vinculante, especialistas y organismos internacionales consideran que puede tener un fuerte impacto en litigios climáticos, políticas públicas y futuras negociaciones diplomáticas.
Entre otros puntos, la CIJ afirmó que los países deben actuar para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, cooperar de buena fe y evitar daños irreversibles al sistema climático. También dejó abierta la posibilidad de reparaciones o compensaciones en casos donde pueda demostrarse responsabilidad por daños climáticos.
El nuevo respaldo de la Asamblea General busca darle mayor peso político a esa opinión consultiva y consolidarla como referencia para futuras acciones legales y negociaciones multilaterales.
El cambio climático ya no puede entenderse solo como una crisis ambiental. Es también una crisis de derechos humanos que amenaza la vida, la salud, la vivienda, la alimentación, el acceso al agua, la cultura y el futuro de millones de personas en todo el mundo.
Así lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, en una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La decisión supone un avance clave para la justicia climática, porque vincula de forma directa la crisis climática con la protección de los derechos humanos y refuerza la responsabilidad legal de los gobiernos.
La opinión consultiva llega tras años de movilización impulsada por jóvenes de las islas del Pacífico, especialmente desde Vanuatu, una de las regiones más expuestas a los impactos de la crisis climática. Su mensaje es claro: los Estados no pueden seguir retrasando la acción climática ni incumpliendo sus compromisos internacionales sin consecuencias.
¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su función es interpretar el derecho internacional y resolver disputas legales entre Estados. Creada en 1945 junto con la ONU, la CIJ está formada por 15 jueces y juezas de distintas regiones del mundo, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque la Corte no puede juzgar a personas ni imponer sanciones penales, sus decisiones y opiniones tienen un enorme peso jurídico y político. Sus interpretaciones ayudan a aclarar qué obligaciones tienen los Estados en materias como los derechos humanos, el uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos o, como en este caso, el cambio climático.
Que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado sobre la crisis climática es especialmente relevante porque sitúa el debate en el terreno de las obligaciones legales de los Estados, y no solo en el de los compromisos políticos voluntarios.
¿Qué es una opinión consultiva?
Una opinión consultiva es una interpretación jurídica que la Corte Internacional de Justicia emite a petición de órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General. Aunque no tiene carácter jurídicamente vinculante, posee una enorme autoridad porque aclara cómo debe interpretarse y aplicarse el derecho internacional.
No es una sentencia que obligue directamente a los Estados a actuar de una determinada manera, pero sí establece con claridad cuáles son sus responsabilidades legales y puede influir en decisiones judiciales, negociaciones internacionales y políticas públicas.
En el caso del cambio climático, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que respondiera a dos preguntas fundamentales: cuáles son las obligaciones de los Estados para proteger el clima y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuáles son las consecuencias legales cuando sus acciones, o su inacción, causan daños significativos.
La respuesta de la Corte ha sido contundente: proteger el sistema climático mundial es una obligación legal, no una opción política. Y, cuando los Estados incumplen esa obligación, pueden tener que rendir cuentas por las pérdidas y daños causados.
Por eso, aunque la opinión consultiva no sea formalmente vinculante, supone un hito jurídico que puede reforzar las demandas de las comunidades afectadas y servir de referencia para futuras decisiones judiciales y acuerdos internacionales.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado con claridad que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. No se trata de una recomendación política, sino de una exigencia derivada del derecho internacional.
En su opinión consultiva sobre el cambio climático, la Corte señala que estas obligaciones se fundamentan en distintas fuentes jurídicas, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario.
Uno de los mensajes más importantes de la decisión es que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute efectivo de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua o la vivienda.
¿Qué obligaciones tienen los Estados frente al cambio climático?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia deja claro que todos los Estados tienen la obligación de actuar frente al cambio climático para proteger los derechos humanos y evitar daños al sistema climático mundial. Aunque sus responsabilidades pueden variar según sus capacidades y su contribución histórica a la crisis, ningún país puede permanecer al margen.
Entre las principales obligaciones señaladas por la Corte se encuentran:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, en línea con el Acuerdo de París. Esto implica presentar e implementar planes climáticos ambiciosos y revisar periódicamente sus compromisos.
Abandonar progresivamente los combustibles fósiles
La Corte subraya que no eliminar de forma gradual y equitativa el carbón, el petróleo y el gas puede constituir un incumplimiento del derecho internacional. Esto incluye seguir autorizando nuevos proyectos de exploración o manteniendo subvenciones a la industria fósil.
Proteger los derechos humanos
Los gobiernos deben garantizar que sus políticas climáticas protejan derechos como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Cooperar internacionalmente
La crisis climática requiere una respuesta global. Los Estados deben colaborar entre sí y, en particular, los países con más recursos deben proporcionar financiación, tecnología y apoyo técnico a los países más afectados y con menos responsabilidad histórica en la crisis.
Reparar pérdidas y daños
Cuando un Estado incumple sus obligaciones y causa daños significativos, puede estar obligado a ofrecer reparación, incluida una indemnización por las pérdidas y daños sufridos.
Proteger a las personas desplazadas por el clima
La Corte reconoce que las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los impactos del cambio climático deben recibir protección, también cuando cruzan fronteras internacionales.
¿Por qué esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es histórica?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático marca un antes y un después porque, por primera vez, el principal tribunal de las Naciones Unidas ha dejado claro que proteger el clima es una obligación legal de los Estados.
Reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos
La Corte afirma que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda.
Refuerza la posibilidad de exigir responsabilidades a los Estados
La opinión consultiva aclara que los países pueden tener que reparar las pérdidas y daños causados por su inacción climática. Esto puede fortalecer litigios ante tribunales nacionales, cortes regionales de derechos humanos y otros órganos internacionales.
Puede influir en leyes, políticas y decisiones judiciales en todo el mundo
Aunque no es jurídicamente vinculante, la opinión de la CIJ tiene una gran autoridad y puede servir de referencia para:
Tribunales nacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevas leyes y políticas climáticas.
Negociaciones internacionales en Naciones Unidas.
Da respaldo a las comunidades más afectadas
Para los pequeños Estados insulares y otras comunidades en primera línea de la crisis climática, la decisión confirma lo que llevan años denunciando: que el cambio climático amenaza su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.
El papel de Vanuatu y los estudiantes del Pacífico
Detrás de esta histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia hay una historia de perseverancia, liderazgo juvenil y resistencia frente a la crisis climática.
Todo comenzó en 2019, cuando 27 estudiantes de Derecho de la Universidad del Sur del Pacífico, en Vanuatu, decidieron impulsar una iniciativa sin precedentes: llevar la cuestión del cambio climático ante el máximo tribunal del mundo. Su objetivo era lograr que la Corte aclarara qué obligaciones legales tienen los Estados para proteger el clima y los derechos humanos.
La campaña fue liderada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), integrado por jóvenes de distintos países del Pacífico. Entre ellos se encontraba Vishal Prasad, nacido en Fiyi, quien ha explicado que la iniciativa surgió de un “optimismo radical y obstinado” frente a años de promesas incumplidas por parte de la comunidad internacional.
Para estos jóvenes, la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana. El aumento del nivel del mar, los ciclones cada vez más intensos y la degradación de los ecosistemas ponen en riesgo hogares, medios de vida, culturas y formas de vida enteras.
Como resume Vishal Prasad: “Para nuestro pueblo, está en juego casi todo”.
La iniciativa estudiantil logró movilizar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y gobiernos de todo el mundo. Vanuatu asumió el liderazgo diplomático y promovió primero la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicitó la opinión consultiva de la CIJ y, posteriormente, una nueva resolución para impulsar su aplicación práctica.
Este proceso demuestra que incluso los países más pequeños y las voces jóvenes pueden influir en el derecho internacional cuando se organizan y actúan con determinación.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no pone fin al proceso. Al contrario: puede convertirse en una herramienta muy poderosa para impulsar nuevas leyes, reforzar las políticas climáticas y exigir responsabilidades a los gobiernos que no actúen frente a la crisis climática.
La Asamblea General de la ONU votará el 20 de mayo de 2026 una resolución impulsada por Vanuatu para respaldar formalmente la opinión de la Corte y convertir sus conclusiones en una hoja de ruta para la acción climática y la rendición de cuentas.
Pero más allá de la ONU, la opinión consultiva de la CIJ puede servir de referencia para tribunales nacionales e internacionales, fortalecer los litigios climáticos y respaldar las demandas de las comunidades que reclaman justicia climática.
También puede aumentar la presión sobre los países con mayores emisiones históricas para que reduzcan más rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles y aporten financiación y apoyo a los países y comunidades más afectados por la crisis climática.
En última instancia, lo que ocurra ahora dependerá de la voluntad de los gobiernos para traducir esta claridad jurídica en medidas concretas. La votación del 20 de mayo mostrará hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a convertir este avance jurídico en compromisos reales para proteger a las personas y al planeta.
La visita del jurista español Antonio Embid Irujo a Misiones dejó algo más que una agenda académica. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza instaló en Posadas una discusión de fondo sobre agua, energía, infraestructura y sostenibilidad, en momentos en que la región enfrenta tensiones crecientes entre preservación ambiental, desarrollo productivo y demanda energética.
Invitado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), Embid participó del Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales” y de la presentación de una propuesta de doctorado internacional en Derecho con anclaje regional para Misiones y el NEA.
Pero el núcleo político e institucional de su paso por la provincia estuvo en otro lugar: la necesidad de construir reglas modernas de gestión del agua y discutir públicamente el futuro de las grandes infraestructuras estratégicas.
“El agua abundante también puede convertirse en un problema”
Durante una entrevista concedida en el marco de su visita, Embid relativizó la idea de que Misiones está exenta de riesgos hídricos por su abundancia de agua.
“El problema fundamental hoy no es solamente tener agua, sino que sea potable y segura para el consumo humano”, sostuvo. Desde su mirada, la discusión contemporánea ya no se limita a la disponibilidad del recurso, sino a la calidad, la infraestructura de potabilización y la capacidad de sostener sistemas eficientes de abastecimiento.
El especialista remarcó que incluso territorios privilegiados desde el punto de vista hídrico pueden enfrentar problemas derivados de inundaciones, sequías o deficiencias estructurales en distribución y saneamiento.
La observación adquiere relevancia en una provincia atravesada por debates sobre expansión urbana, infraestructura pública y presión sobre recursos naturales estratégicos.
Uno de los planteos centrales de Embid fue la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos que definan prioridades claras en el uso del agua.
Según explicó, las legislaciones contemporáneas establecen una jerarquía encabezada por el consumo humano, seguida por el uso agrario, industrial y energético. Para el jurista, el acceso al recurso por parte de los sectores productivos debe estar regulado mediante títulos jurídicos otorgados por el poder público.
La definición no es menor en una provincia donde el agua atraviesa actividades forestales, agrícolas, industriales, turísticas y energéticas.
En ese punto, Embid evitó ingresar en discusiones ideológicas sobre gestión estatal o privada del servicio. “Lo importante es que funcione con eficiencia y al menor costo posible”, señaló, aunque remarcó que en la mayor parte del mundo las grandes infraestructuras de abastecimiento continúan bajo titularidad pública.
Corpus, energía y sostenibilidad: el debate que vuelve
La entrevista también ingresó en uno de los debates históricos de Misiones: la posibilidad de avanzar en nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná.
Consultado sobre la eventual reapertura de la discusión en torno a Corpus, Embid evitó pronunciarse sobre el proyecto específico, aunque dejó una definición conceptual fuerte: “Las decisiones sin debate en estos temas son terribles normalmente”.
El jurista reivindicó la necesidad de plebiscitos, consultas públicas y procesos de evaluación ambiental previos a cualquier gran infraestructura. A su entender, la legitimidad de esas obras depende de que la sociedad conozca de antemano impactos, beneficios, territorios afectados y consecuencias ambientales.
“Sin información absolutamente difundida no se deberían adoptar esas decisiones”, afirmó.
La postura introduce un elemento institucional relevante en un contexto donde la discusión energética vuelve lentamente a escena impulsada por proyecciones de aumento de demanda eléctrica a mediano plazo.
Embid también buscó desmontar interpretaciones sobre una supuesta retirada europea de la energía hidroeléctrica.
Según explicó, en España no se eliminaron grandes represas hidroeléctricas, sino pequeñas infraestructuras obsoletas que interrumpían el flujo natural de los ríos y ya no cumplían funciones productivas.
El proceso responde —detalló— a directrices de la Unión Europea orientadas a la restauración ambiental y a recuperar dinámicas naturales de los cursos de agua.
Aun así, defendió la energía hidroeléctrica como fuente limpia dentro de las estrategias frente al cambio climático, aunque insistió en que cualquier nuevo desarrollo debe atravesar evaluaciones ambientales rigurosas y análisis de sostenibilidad.
La UGD busca posicionar a Misiones en una agenda jurídica regional
La presencia de Embid también funcionó como plataforma para presentar el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa impulsada junto a la UGD que permitirá a profesionales del NEA desarrollar trayectos doctorales internacionales sin residencia permanente en España.
La propuesta apunta especialmente a líneas vinculadas con derecho ambiental, recursos naturales, integración regional y gobernanza hídrica.
La elección de Misiones como punto de articulación no parece casual. La provincia concentra biodiversidad, recursos hídricos estratégicos y una ubicación transfronteriza que la convierte en un laboratorio natural para discusiones jurídicas sobre sostenibilidad, regulación ambiental y desarrollo.
Más allá de la actividad universitaria, el paso de Embid dejó instalada una discusión que empieza a ganar densidad institucional en el NEA: cómo compatibilizar crecimiento económico, expansión energética y preservación ambiental en un escenario atravesado por cambio climático y nuevas exigencias regulatorias internacionales.
El jurista español insistió en que el desarrollo sostenible implica precisamente eso: crear infraestructura y actividad económica sin deteriorar el recurso que deberá sostener a futuras generaciones.
Para Misiones, donde conviven presión productiva, patrimonio natural y demandas de infraestructura, la discusión sobre agua y energía podría dejar de ser exclusivamente técnica para transformarse en un eje cada vez más político y estratégico.
El modo en que evolucionen esos debates —y el nivel de consenso público que logren construir— aparece como una de las variables que marcarán la agenda ambiental e institucional de la región en los próximos años.
