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Misiones compite por una inversión millonaria con siete nodos de almacenamiento de energía

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La transición energética argentina acaba de abrir una nueva etapa. La licitación AlmaSADI, impulsada por el Gobierno nacional y administrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, recibió ofertas por 232 proyectos de almacenamiento eléctrico mediante baterías, equivalentes a 8.230 MW de potencia y una inversión potencial cercana a los USD 8.200 millones. Aunque el objetivo inicial es adjudicar apenas 700 MW -por un monto estimado de USD 700 millones-, la magnitud de las propuestas evidencia el fuerte interés privado por participar en la modernización del sistema eléctrico argentino.

En ese escenario, Misiones emerge como una de las provincias con mayor presencia estratégica. Mientras gran parte del debate se concentró en los precios récord presentados por empresas como Genneia, 360Energy o Central Puerto, Misiones logró posicionar siete nodos considerados críticos para la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI): Iguazú, Wanda, Aristóbulo del Valle, San Vicente y tres posiciones asociadas a la estación transformadora de San Isidro.

La novedad adquiere relevancia porque el almacenamiento energético se convirtió en una de las principales herramientas para resolver problemas estructurales de la red eléctrica. Las baterías permiten almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla instantáneamente cuando el consumo aumenta o cuando se producen contingencias en la red, reduciendo cortes y mejorando la calidad del servicio.

Nodo Ubicación Empresa Oferente Importancia Estratégica
BESS Iguazú Puerto Iguazú Windearth Patagonia Turismo internacional y demanda estacional
BESS Wanda Wanda Windearth Patagonia Distribución energética del Norte
BESS Aristóbulo del Valle Centro de Misiones Windearth Patagonia Nodo clave de la Ruta 14
BESS San Vicente San Vicente Windearth Patagonia Polo forestal y agroindustrial
BESS San Isidro Posadas Windearth Patagonia Centro neurálgico del sistema provincial
BESS San Isidro I Posadas Windearth Patagonia Refuerzo de capacidad metropolitana
BESS San Isidro II Posadas Windearth Patagonia Redundancia y respaldo operativo

Una licitación récord

La convocatoria AlmaSADI recibió ofertas de 37 empresas nacionales e internacionales que presentaron 232 proyectos distribuidos en nodos críticos del NEA, NOA, Centro, Litoral, Cuyo, Pampa y Buenos Aires.

Los números reflejan una competencia inédita:

  • 232 proyectos presentados.
  • 8.230 MW ofertados.
  • 37 empresas participantes.
  • USD 8.200 millones de inversión potencial.
  • 700 MW a adjudicar en esta primera etapa.
  • Contratos de abastecimiento por 15 años.
  • Entrada en operación prevista desde mayo de 2027.

El interés fue tal que la potencia ofertada superó en más de once veces el objetivo licitado.

Uno de los aspectos más comentados durante la apertura de sobres económicos fue la agresividad de las ofertas.

Según Energía Estratégica, el precio promedio ponderado de la licitación se ubicó en USD 10.568 por MW/mes.

Sin embargo, la dispersión fue enorme:

  • Precio mínimo observado: USD 7.397 MW/mes.
  • Precio máximo observado: USD 12.500 MW/mes.
  • Diferencia entre extremos: más de USD 5.100 MW/mes.

Las ofertas más competitivas provinieron principalmente de Genneia -propiedad de Jorge Brito- que presentó cinco proyectos por debajo de USD 7.800 MW/mes, convirtiéndose en la empresa con los valores más bajos de toda la licitación.

También sobresalió 360Energy, que ofertó varios proyectos por debajo de los USD 9.000 MW/mes, mientras que Central Puerto, pese a presentar la mayor potencia total en competencia (1.220 MW), se movió en torno a un promedio de USD 10.740 MW/mes.

La evaluación económica tendrá un peso decisivo en la adjudicación definitiva prevista para el 8 de julio.

El mapa misionero de las baterías

La gran novedad para Misiones es la aparición de siete proyectos distribuidos en los principales puntos críticos de la red provincial.

La empresa Windearth Patagonia figura como oferente en:

  • BESS Iguazú.
  • BESS Wanda.
  • BESS Aristóbulo del Valle.
  • BESS San Vicente.
  • BESS San Isidro.
  • BESS San Isidro I.
  • BESS San Isidro II.

La selección de estos nodos no es casual.

Puerto Iguazú registra uno de los mayores crecimientos de demanda del NEA debido al turismo internacional. Wanda constituye un punto clave para la distribución eléctrica del norte provincial. Aristóbulo del Valle funciona como nodo central sobre el corredor de la Ruta Nacional 14, mientras que San Vicente concentra una intensa actividad forestal, agroindustrial y comercial.

Por su parte, San Isidro representa el corazón del sistema eléctrico misionero y el principal punto de alimentación del área metropolitana de Posadas.

La presencia simultánea de estos siete proyectos convierte a Misiones en una de las jurisdicciones con mayor capilaridad territorial dentro de la licitación.

La compañía que aparece detrás de todos los proyectos misioneros no es una desconocida en la provincia.

Windearth Patagonia S.R.L. es una firma especializada en ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de parques solares y eólicos. Tiene presencia en Argentina y España y ya participa activamente del desarrollo energético misionero.

Entre sus iniciativas más relevantes figuran:

  • Parque Solar Fotovoltaico Aristóbulo.
  • Parque Solar de Oberá (20 MW).
  • Parque Solar San Vicente (19,8 MW).

Además, desarrolla soluciones de generación distribuida, autoconsumo industrial y fabricación de aerogeneradores de baja potencia.

Su protagonismo en AlmaSADI consolida una estrategia de largo plazo vinculada al crecimiento de la infraestructura energética provincial.

El NEA fue una de las regiones con mayor concentración de proyectos.

Chaco y Formosa reunieron 62 proyectos por aproximadamente 1.790 MW de potencia ofertada, reflejando la necesidad de fortalecer una red históricamente exigida por el crecimiento de la demanda y las limitaciones de transporte eléctrico.

En ese contexto, la incorporación de sistemas BESS en Misiones apunta a reducir restricciones operativas, mejorar la estabilidad del servicio y crear condiciones para futuras inversiones productivas.

La apuesta es estratégica: las baterías no generan energía, pero permiten utilizar mejor la infraestructura existente, incrementar la confiabilidad del sistema y acompañar la expansión de fuentes renovables.

Por eso la licitación AlmaSADI es observada como uno de los proyectos energéticos más relevantes de la última década. Y dentro de ese proceso, Misiones logró instalar siete nodos clave que podrían convertirse en piezas fundamentales para la seguridad energética provincial durante los próximos quince años.

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El Gobierno desaceleró la quita de subsidios energéticos para contener la inflación

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El Gobierno nacional moderó durante el primer cuatrimestre de 2026 el ritmo de reducción de subsidios energéticos para evitar un mayor impacto inflacionario sobre hogares y empresas. La decisión implicó un incremento real de las transferencias estatales al sector eléctrico y gasífero, que alcanzaron los $1,76 billones, equivalentes al 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los datos surgen de un informe técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que expone uno de los principales dilemas económicos del programa de Javier Milei:
cómo sostener la desaceleración inflacionaria sin provocar un shock tarifario que afecte consumo, actividad y conflictividad social.

Para provincias periféricas como Misiones, donde el costo energético tiene impacto directo sobre industria forestal, comercio, secaderos yerbateros y pequeñas empresas, la decisión tiene implicancias económicas concretas.

El ajuste tarifario perdió velocidad

El informe de la OPC muestra que la cobertura tarifaria sobre el costo real de generación eléctrica cayó del 84% al 75% promedio en términos interanuales durante el primer cuatrimestre.

Traducido:
los usuarios comenzaron a pagar proporcionalmente menos del costo total de la energía. La diferencia volvió a ser absorbida por el Estado mediante subsidios.

Eso explica el fuerte aumento de transferencias a: CAMMESA; ENARSA; y fondos fiduciarios energéticos. El movimiento refleja un cambio táctico del Gobierno.

Tras el fuerte sinceramiento tarifario de 2024 y parte de 2025, Economía comenzó a administrar con mayor cautela las actualizaciones para evitar que la inflación núcleo vuelva a acelerarse.

CAMMESA concentró casi toda la asistencia eléctrica

El sector eléctrico absorbió el 75% de todos los subsidios energéticos ejecutados por Nación durante el primer cuatrimestre.

La mayor parte fue canalizada a través de CAMMESA, la administradora del mercado mayorista eléctrico, que recibió: $1,29 billones; equivalentes al 97% de las transferencias eléctricas. El resto incluyó: asistencia a Entidad Binacional Yacyretá; sostenimiento del sistema de transmisión; y fondos para la sustentabilidad del mercado eléctrico.

Gas: ENARSA volvió a ganar protagonismo

En el sistema gasífero, los subsidios crecieron todavía más: un 269,7% interanual real, según la OPC. El principal receptor fue ENARSA, que concentró el 72% de los fondos destinados al gas.

El segundo actor relevante fue el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (FFGAS), vinculado al esquema de Zona Fría.

La dinámica muestra que, pese al discurso de reducción del gasto, el Estado todavía cumple un rol decisivo para sostener precios energéticos políticamente administrables.

El nuevo equilibrio económico

El dato tiene una doble lectura. Por un lado, el gasto en subsidios sigue siendo mucho más bajo que el promedio histórico:
el 0,16% del PIB actual se ubica muy por debajo del promedio de 0,29% registrado desde 2015 para igual período.

Pero por otro lado, el crecimiento real de las transferencias muestra que el Gobierno debió desacelerar la eliminación de subsidios para sostener la desinflación.

Ese equilibrio es particularmente delicado porque: el FMI exige consolidación fiscal; el mercado sigue mirando el superávit; y la inflación continúa siendo la principal variable política del Gobierno.

Subsidios a Energia 1° Cuatrimestre 2026 by CristianMilciades

Yacyretá vuelve a aparecer en el mapa energético

El informe también confirma transferencias vinculadas a Entidad Binacional Yacyretá, una pieza estratégica para el abastecimiento eléctrico regional.

Para Misiones, Yacyretá no sólo representa generación energética:
también es una variable geopolítica y económica clave dentro de la relación bilateral con Paraguay.

El sostenimiento financiero del sistema eléctrico mayorista vuelve a poner en escena la discusión sobre: costos reales de generación; distribución federal de energía; y subsidios cruzados entre regiones.

La política energética de Milei empieza a mostrar una transición más pragmática que ideológica. Aunque el discurso oficial sigue defendiendo la reducción de subsidios, la dinámica inflacionaria obligó a moderar el ritmo de ajuste.

La economía encontró un nuevo equilibrio parcial: tarifas más altas que en años anteriores; pero todavía parcialmente subsidiadas. El interrogante hacia adelante es cuánto tiempo podrá sostenerse esa estrategia sin tensionar: el objetivo de superávit; las metas con el FMI; y el bolsillo de empresas y consumidores.

Porque en la Argentina actual, la energía dejó de ser solamente un servicio público. Se convirtió nuevamente en una variable central de estabilidad macroeconómica y competitividad regional.

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Misiones logró la quita de $90.000 millones de deuda de Energía de Misiones con Cammesa

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Misiones obtuvo la condonación de una deuda cercana a los 90.000 millones de pesos que Energía de Misiones mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El anuncio fue realizado por el líder del Frente Encuentro Misionero ,Carlos Rovira, quien explicó que el resultado se alcanzó en el marco del tratamiento de la denominada “ley hojarasca” en la Cámara de Diputados de la Nación.

La quita de la deuda fue consecuencia directa del entendimiento alcanzado en el Congreso durante el debate del paquete de medidas impulsado por el Gobierno nacional. Rovira sostuvo que el beneficio para la provincia se gestó en ese intercambio político, donde el oficialismo misionero condicionó su acompañamiento a la obtención de resultados concretos para el territorio.

La eliminación del pasivo constituye un respiro de magnitud para la empresa estatal, que venía arrastrando un saldo deudor de alto volumen con el organismo nacional encargado de administrar el mercado eléctrico mayorista. En un escenario marcado por el peso creciente de los costos energéticos sobre las economías provinciales, la quita libera a Energía de Misiones de una carga financiera difícil de absorber en el corto plazo.

Desde el espacio que conduce la provincia remarcaron que el acuerdo demuestra la efectividad de una estrategia política basada en el diálogo institucional con la Nación. La obtención de este tipo de beneficios, señalaron, se enmarca en una línea de trabajo que busca canalizar el acompañamiento legislativo en resultados tangibles para la administración provincial, particularmente en un área sensible como la del suministro eléctrico.

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Energía habilita una central a biomasa en Misiones y la familia Gruber se suma a la generación eléctrica

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El Gobierno nacional autorizó el 23 de abril, mediante la Resolución 101/2026 de la Secretaría de Energía, el ingreso de la empresa Establecimiento Don Guillermo S.R.L. al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como agente generador. La decisión habilita la operación de la Central Térmica a Biomasa EDG Bioenergía, con una potencia de 3 megavatios, ubicada en Eldorado, Misiones. El movimiento, de escala acotada en términos de potencia, adquiere relevancia política en un contexto donde la estrategia energética combina apertura a inversiones privadas, generación distribuida y aprovechamiento de recursos regionales. La pregunta es si se trata de un caso puntual o de una señal más amplia hacia un modelo descentralizado.

Un ingreso técnico con aval regulatorio

La autorización se inscribe dentro del marco de las leyes 15.336 y 24.065, que regulan el funcionamiento del sistema eléctrico y el MEM. El proceso siguió el circuito habitual: evaluación técnica, validación de requisitos y publicación para eventuales objeciones, sin que se registraran impugnaciones.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) certificó que la empresa cumple con las condiciones exigidas para operar, tanto en términos técnicos como de información para la programación del sistema. Además, deberá completar la instalación de equipamiento vinculado a comunicaciones y monitoreo, en línea con los estándares del mercado.

El proyecto cuenta también con aval ambiental. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones aprobó el estudio de impacto ambiental, lo que habilita su desarrollo en términos regulatorios.

La central se conectará en 13,2 kV a la Cooperativa de Electricidad Eldorado Ltda. (CEEL), que a su vez se integra al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de instalaciones de 33 kV bajo jurisdicción de Electricidad de Misiones S.A. (EMSA). Es decir, se trata de una inserción en red con fuerte anclaje local pero impacto en el sistema nacional.

Distribución de riesgos y reglas del juego

Uno de los puntos menos visibles pero más relevantes de la resolución es la asignación de costos. La Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA a trasladar a la empresa los sobrecostos o penalidades que puedan generarse por eventuales indisponibilidades en su conexión al sistema.

Este criterio fija una señal clara: el ingreso al MEM no solo habilita la venta de energía, sino que también implica asumir riesgos operativos. La lógica es consistente con un esquema donde el Estado regula, pero traslada a los privados la responsabilidad por su desempeño técnico.

En términos institucionales, el movimiento refuerza el rol de CAMMESA como administrador del sistema y consolida el funcionamiento del MEM como espacio de coordinación entre actores públicos, privados y cooperativos.

Escala chica, señal relevante

Aunque los 3 MW representan una potencia limitada dentro del sistema nacional, el proyecto introduce varias capas de lectura. Por un lado, promueve la generación a partir de biomasa, una fuente vinculada a economías regionales. Por otro, articula actores diversos: una empresa privada, una cooperativa local y una empresa provincial.

En ese cruce, la decisión puede leerse como un gesto hacia la integración de proyectos de menor escala en el esquema energético, sin necesidad de grandes inversiones centralizadas.

Para el Gobierno, este tipo de habilitaciones suma volumen a una narrativa de diversificación energética. Para las provincias, abre la puerta a proyectos con impacto territorial directo.

Un modelo que se arma caso por caso

La resolución no define una política general, pero encaja en una secuencia de decisiones que apuntan a flexibilizar el acceso al mercado eléctrico. Cada proyecto aprobado construye, en la práctica, un modelo más abierto.

Habrá que observar si este esquema se acelera en los próximos meses y si aparecen más iniciativas similares, especialmente en regiones con disponibilidad de recursos como la biomasa.

También será clave el desempeño operativo de estas plantas: en sistemas interconectados, incluso los proyectos pequeños pueden tensionar la red si no cumplen estándares.

Por ahora, el Gobierno habilita, regula y traslada riesgos. El equilibrio entre expansión, confiabilidad y costos todavía está en construcción.

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Energía ordena una reconfiguración estructural del sistema gasífero en plena emergencia energética

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El Gobierno avanzó con una decisión de alto impacto en la arquitectura del sistema energético argentino. A través de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 12 de marzo, el Ministerio de Economía dispuso una reconfiguración integral del sistema de transporte de gas natural, que incluye la rescisión de contratos vigentes vinculados al Gasoducto Perito Pascasio Moreno, la eliminación del programa estatal Transport.Ar y un nuevo esquema de asignación de capacidad mediante concursos abiertos.

La medida no es meramente técnica. Se inscribe en el marco de la emergencia energética vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y apunta a rediseñar el funcionamiento de la red gasífera a partir de un cambio estructural: el desplazamiento del abastecimiento hacia Vaca Muerta y el agotamiento del modelo histórico basado en el suministro desde el norte del país y las importaciones desde Bolivia.

En términos políticos, la resolución refleja una estrategia más amplia del Gobierno: reordenar el sistema energético bajo criterios de mercado, reducir el peso operativo del Estado y abrir espacio a inversiones privadas en infraestructura. El interrogante que queda abierto es si este rediseño logrará traducirse en mayor eficiencia y expansión del sistema o si abrirá nuevas tensiones contractuales en una red históricamente atravesada por acuerdos de largo plazo.

El cambio estructural detrás de la decisión

El corazón de la resolución es un diagnóstico técnico que ya circulaba en el sector energético: la red de gas argentina fue diseñada para flujos que hoy ya no existen.

Durante décadas, el sistema funcionó con un flujo predominante norte–sur, con gas proveniente de la Cuenca Noroeste y complementado por importaciones desde Bolivia. Ese esquema comenzó a deteriorarse por dos factores que ahora el Gobierno considera permanentes: la declinación productiva del norte y la reducción del suministro boliviano.

En paralelo, el desarrollo de Vaca Muerta cambió el mapa energético del país. La Cuenca Neuquina pasó a concentrar el crecimiento de la oferta y empuja flujos crecientes hacia los centros de consumo del centro y el área metropolitana.

Ese desplazamiento generó distorsiones en el uso real de los gasoductos. Según informes técnicos del ente regulador citados en la resolución, muchos contratos vigentes no reflejan los flujos actuales ni el uso efectivo de la infraestructura.

A eso se suma un tercer elemento: la incorporación del Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir picos de demanda invernal, lo que introdujo nuevas rutas de abastecimiento dentro del sistema.

El resultado es un sistema de transporte que opera con contratos, rutas y asignaciones de capacidad pensadas para otra geografía energética.

La decisión del Gobierno busca corregir ese desajuste.

Fin del programa estatal Transport.Ar y rescisión de contratos clave

El rediseño incluye una decisión simbólica y operativa: dejar sin efecto el Programa Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, creado en 2022 para expandir la infraestructura con intervención estatal.

La Secretaría de Energía sostuvo que las obras previstas no se ejecutaron en su totalidad y que la gestión de los activos estatales no alcanzó los resultados esperados.

La resolución también ordena rescindir en un plazo de diez días el contrato de transporte firme del Gasoducto Perito Pascasio Moreno (GPM) —ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner— celebrado entre ENARSA y CAMMESA.

Ese contrato había sido concebido para transportar gas de Vaca Muerta destinado principalmente a la generación eléctrica. Sin embargo, informes oficiales indican que la utilización efectiva de esa capacidad no cumplió plenamente con el objetivo de reemplazar combustibles líquidos en las centrales térmicas.

El Gobierno también ordenó rescindir o modificar otros contratos que obstaculicen el uso eficiente de la infraestructura, incluyendo acuerdos vinculados con Transportadora de Gas del Sur (TGS) relacionados con ampliaciones del sistema.

En la práctica, el Ejecutivo busca liberar capacidad en el sistema y reorganizar su asignación bajo nuevas reglas.

Nuevas rutas de gas y concursos abiertos

La resolución introduce una reorganización profunda del sistema.

El nuevo esquema contempla: Reasignación de capacidad de transporte existente. Definición de nuevas rutas de transporte de gas. Modificación del sentido de algunos flujos históricos. Eliminación de rutas que ya no responden al esquema de abastecimiento actual.

La capacidad disponible se asignará mediante concursos abiertos, bajo principios de acceso no discriminatorio y libre utilización de la red, tal como establece el marco regulatorio del gas natural.

El ente regulador —actualmente el ENARGAS o el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, una vez que esté plenamente operativo— deberá implementar la reasignación y adaptar los reglamentos de transporte y distribución.

Ese proceso también implicará nuevos cuadros tarifarios provisorios, que deberán aprobarse mediante procedimientos de participación ciudadana.

Un sistema integrado que diluye fronteras entre activos estatales y privados

Otro punto clave del rediseño es la integración operativa del sistema.

El Gobierno plantea que el transporte de gas debe funcionar como una cadena unificada desde el punto de producción hasta el punto de entrega, independientemente de quién sea el titular de los activos.

En esa lógica, las capacidades de ENARSA se integrarán a las rutas operadas por las licenciatarias privadas, garantizando continuidad en el servicio y evitando fragmentaciones contractuales.

La medida también instruye a la Subsecretaría de Hidrocarburos a propiciar la derogación del Decreto 689/2002, que establecía un régimen excepcional para contratos vinculados a exportaciones de gas pactados originalmente en moneda extranjera.

Según la resolución, ese tratamiento diferencial ya no tiene justificación en el contexto regulatorio actual y genera distorsiones tarifarias dentro del sistema.

Un rediseño con impacto en el mercado energético

La reconfiguración del sistema llega en un momento en que el Gobierno busca reactivar la inversión privada en infraestructura energética.

En ese marco, la expansión del Gasoducto Perito Pascasio Moreno avanza mediante una iniciativa privada presentada por Transportadora de Gas del Sur, que dio lugar a un proceso licitatorio adjudicado en octubre de 2025.

El nuevo esquema de transporte también se articula con la licitación para importar GNL a través de un comercializador privado, convocada en febrero de 2026, destinada a garantizar el abastecimiento en los próximos inviernos.

El objetivo implícito es que la red de gas acompañe la expansión de Vaca Muerta. La propia resolución reconoce que la producción podrá crecer hasta donde lo permita la capacidad de transporte.

En otras palabras, la infraestructura se convierte en el cuello de botella de la próxima etapa del desarrollo gasífero.

El escenario que se abre

La resolución no agota el proceso. Para que la reconfiguración entre plenamente en vigencia, el ente regulador deberá dictar las medidas operativas y avanzar con la reasignación de capacidades y la adecuación tarifaria.

Ese proceso implicará negociaciones contractuales, revisiones regulatorias y eventuales disputas entre actores del sistema.

Lo que sí queda claro es que el Gobierno decidió reordenar el sistema gasífero sobre una nueva geografía energética, donde Vaca Muerta marca el eje del abastecimiento y la infraestructura deberá adaptarse a ese cambio.

Si ese rediseño logra traducirse en mayor eficiencia operativa y nuevas inversiones privadas será una de las variables clave para el futuro energético del país. Pero la reconfiguración recién comienza, y sus efectos reales dependerán de cómo se implementen las nuevas reglas dentro de una red compleja donde contratos, intereses y flujos físicos se entrelazan desde hace décadas.

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