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El costo nacional de la energía subió 423% desde 2024 y suma presión sobre las tarifas en Misiones

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El precio de la electricidad atravesó una profunda transformación desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Primero fue el shock del costo mayorista. Después avanzó la reducción de subsidios. Y en 2026 entró en escena una tercera variable que resulta especialmente sensible para Misiones: la cantidad de energía que Nación reconoce como consumo base subsidiable cambia según el mes del año.

Los números permiten dimensionar el cambio.

Para el conjunto de usuarios directos de Energía de Misiones, el costo de compra de electricidad acumuló un incremento del 423% entre 2024 y agosto de 2026, mientras que la tarifa media aumentó 91,7%.

La distancia entre ambos indicadores alcanza más de 331 puntos porcentuales y muestra que la formidable recomposición del costo nacional de abastecimiento no tuvo una correspondencia equivalente en la evolución de la tarifa media de los usuarios misioneros.

El año del shock mayorista

El primer gran movimiento ocurrió en 2024. Durante ese año se produjo el salto más pronunciado en el costo de abastecimiento. De acuerdo con la información de Energía de Misiones, el costo que las distribuidoras debieron afrontar por la compra de energía aumentó aproximadamente 525% en promedio, mientras que el precio de la potencia se disparó más de 3.600%.

Son porcentajes correspondientes al costo de abastecimiento y, por lo tanto, no deben confundirse con la variación de la factura final que recibió cada usuario.

Para el universo de usuarios directos de Energía de Misiones que releva el informe, el costo de compra registró durante 2024 un incremento del 346%, frente a un aumento de 55% de la tarifa media.

El impacto tampoco fue idéntico entre las diferentes categorías. En los residenciales sin subsidio, el costo de compra aumentó 261%; para los residenciales subsidiados, 920%; en comercios y pequeñas industrias, 352%; y entre los grandes usuarios de media tensión, 271%.

Fue, en definitiva, el año del shock del precio nacional de la energía.

Durante 2025 las actualizaciones del precio mayorista continuaron, aunque a una velocidad considerablemente menor. El costo medio de compra aumentó aproximadamente 20%.

Pero mientras se moderaba ese frente, comenzó a ganar peso otro fenómeno: la reducción de los subsidios nacionales y el traslado de una mayor proporción del costo energético hacia los consumidores.

El impacto fue diferente según la categoría y el nivel de asistencia recibido por cada usuario.

Los datos de Energía de Misiones reflejan esa heterogeneidad. Durante 2025, el costo de compra aumentó 21% para los residenciales sin subsidio y 34% para aquellos que todavía recibían subsidios.

La política energética comenzaba así a transitar desde el enorme ajuste inicial de los precios mayoristas hacia una modificación más profunda de quién recibe asistencia nacional y sobre qué cantidad de electricidad.

El cambio estructural llegó con el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025 y puesto en funcionamiento durante 2026.

El nuevo régimen unificó los subsidios energéticos nacionales destinados a los hogares considerados beneficiarios y estableció bloques máximos sobre los cuales se aplican las bonificaciones.

Desde entonces, para entender una factura eléctrica ya no alcanza con mirar cuánto consumió un hogar o si tiene acceso al subsidio. También importa en qué mes realizó ese consumo.

Nación estableció un bloque base de 300 kWh mensuales para enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

Para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite baja a solamente 150 kWh mensuales.

Todo lo consumido por encima de esos bloques queda fuera de la bonificación.

En otras palabras: un mismo hogar puede consumir prácticamente la misma cantidad de electricidad durante dos meses diferentes y recibir un impacto tarifario distinto, porque cambia la cantidad de kilovatios alcanzados por el subsidio nacional.

El calor misionero

Este diseño tiene una derivación particularmente relevante para Misiones.

Entre los meses para los cuales Nación fija el bloque reducido de apenas 150 kWh aparecen marzo y noviembre, períodos en los que las temperaturas misioneras pueden continuar siendo elevadas y mantener un uso intensivo de refrigeración.

El propio Decreto 943 reconoce esta problemática: instruye a la Secretaría de Energía a evaluar las necesidades indispensables de los hogares ubicados en las provincias más cálidas del país o zonas con particularidades bioambientales, habilitando la posibilidad de establecer consumos base diferenciales.

Ese punto abre una discusión particularmente importante para Misiones y el NEA: si un esquema estacional uniforme puede reflejar adecuadamente la demanda eléctrica de regiones con condiciones climáticas muy diferentes al centro del país.

Agosto: 300 kWh subsidiables y continuidad del SEF

El esquema adquiere nueva relevancia con las decisiones adoptadas para agosto.

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. En electricidad, agosto se encuentra entre los meses para los cuales el consumo base alcanza los 300 kWh mensuales. El excedente queda fuera de la bonificación prevista por el régimen.

Las nuevas disposiciones nacionales también profundizan la identificación de los componentes vinculados con el costo de la energía y los subsidios en las facturas, buscando hacer visible cuánto corresponde al abastecimiento y cuánto aporta el Estado nacional mediante las bonificaciones.

La política sigue así una lógica que combina recomposición del precio de la energía con subsidios focalizados sobre una cantidad limitada de consumo.

Como antecedente inmediato, para julio la Secretaría de Energía había elevado al 16,59% la bonificación adicional extraordinaria aplicable a los usuarios eléctricos beneficiarios del SEF, sobre el consumo base correspondiente, por encima del 10,67% originalmente establecido para mayo-julio.

Para los usuarios no residenciales el panorama es diferente.

Comercios e industrias no cuentan con el mismo mecanismo de protección que los hogares subsidiados y, por lo tanto, quedan más directamente expuestos a las recomposiciones del costo mayorista.

Eso se observa también en los números acumulados de Misiones.

Desde 2024, para comercios y pequeñas industrias, el costo de compra de energía aumentó 400%, mientras que la tarifa media avanzó 143%.

Entre los grandes usuarios de baja tensión, el costo acumuló un incremento del 343% y la tarifa media del 135%. Para los grandes usuarios de media tensión, la diferencia llegó a 440% contra 172%.

Y 2026 volvió a mostrar una aceleración: solamente entre enero y julio, el costo de compra para los grandes usuarios de media tensión aumentó 152%, frente a una suba del 83% de la tarifa media.

Para el sector productivo, por lo tanto, la discusión energética se transforma directamente en una cuestión de competitividad, porque la electricidad forma parte de la estructura de costos de comercios, industrias y servicios.

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El Gobierno reordena los fondos de las exportaciones eléctricas y redefine cómo financiará la expansión de la red

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La Secretaría de Energía modificó el esquema de financiamiento de las obras de transporte eléctrico y dejó sin efecto el mecanismo que destinaba hasta el 75% de los recursos de la Cuenta de Exportaciones del Mercado Eléctrico Mayorista al extinto Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF). La decisión concentra nuevamente en el organismo regulador la capacidad de definir el destino de esos fondos mediante instrucciones específicas.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 201/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que deroga los artículos 5°, 6° y 7° de la Resolución 593/2022 y el artículo 3° de la Resolución 606/2023. El cambio se produce después de la disolución del FFTEF, dispuesta por el Decreto 234/2025, y completa el reordenamiento institucional del esquema de financiamiento de las ampliaciones del sistema eléctrico.

La Cuenta de Exportaciones había sido creada en 2021 dentro del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista y se integra con los ingresos netos que CAMMESA obtiene por las operaciones de exportación de electricidad, una vez descontados los costos asociados. La normativa original establecía que esos recursos debían financiar obras de infraestructura energética.

El giro regulatorio consiste ahora en que esos fondos ya no quedan asociados a un vehículo fiduciario específico. La Resolución 201/2026 establece que serán asignados mediante instrucciones regulatorias particulares de la Secretaría de Energía, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 3° de la Resolución 1.037/2021.

En términos de política energética, esto implica un cambio relevante en la administración de los recursos: el Estado conserva la fuente de financiamiento vinculada a las exportaciones eléctricas, pero elimina la asignación automática o predeterminada a través del FFTEF. La Secretaría de Energía podrá determinar qué obras requieren financiamiento en función de las prioridades técnicas y de las necesidades del sistema.

El cambio está directamente relacionado con la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. El Decreto 234/2025 eliminó ese fondo, pero mantuvo la política de financiar ampliaciones del sistema de transporte eléctrico mediante mecanismos diferenciados. Al mismo tiempo, modificó el artículo 31 de la Ley 15.336 y estableció que el 19,86% de la recaudación total del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) será destinado a obras de ampliación del transporte en alta tensión orientadas a abastecer la demanda o interconectar regiones eléctricas para mejorar la calidad y seguridad del suministro.

La resolución de la Secretaría de Energía aclara que esta nueva arquitectura no implica abandonar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional. Las obras incluidas en ese programa mantienen su vigencia como ampliaciones del sistema de transporte en alta tensión, aunque su financiamiento deberá definirse bajo el nuevo esquema y de acuerdo con las prioridades técnicas y presupuestarias que establezca la autoridad.

La diferencia es importante: una obra puede continuar siendo considerada necesaria para el sistema eléctrico sin conservar automáticamente una fuente de financiamiento determinada. El nuevo régimen separa la planificación de las obras de la asignación concreta de los recursos, dejando a la Secretaría de Energía la decisión sobre cuáles proyectos financiar y con qué fuente disponible.

La resolución también depura el universo de proyectos heredados del antiguo esquema. Todas aquellas encomiendas, instrucciones de gestión o instrucciones para iniciar procesos licitatorios vinculadas al FFTEF quedarán sin efecto si no habían derivado en contratos con terceros antes del 28 de marzo de 2025 y tampoco figuran entre los contratos en ejecución incorporados al anexo de la Resolución 343/2025.

La excepción alcanza precisamente a las obras que ya tenían contratos en curso de ejecución al momento de la disolución del Fondo. Esos contratos fueron transferidos a la Secretaría de Energía, que asumió el rol de comitente y quedó a cargo de su continuidad.

La medida también despeja una situación normativa generada por el préstamo que CAMMESA había otorgado a ENARSA para financiar las obras de reversión del Gasoducto Norte, actualmente denominado Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. La Resolución 606/2023 había suspendido transitoriamente el mecanismo de aportes de la Cuenta de Exportaciones al FFTEF hasta que se produjera el reintegro de los fondos.

Con la desaparición del fondo fiduciario receptor, la Secretaría de Energía considera que esa suspensión perdió su objeto y, por esa razón, también elimina el artículo que la establecía. El argumento central es jurídico y operativo: no puede mantenerse un mecanismo de transferencia cuyo destinatario institucional dejó de existir.

El nuevo esquema otorga mayor discrecionalidad a la autoridad energética, pero también coloca sobre ella una responsabilidad mayor: transformar una fuente de recursos disponible en un programa de inversiones que permita resolver los cuellos de botella de la red. En un sistema eléctrico donde la expansión del transporte condiciona la incorporación de nueva generación y la capacidad de abastecer una demanda creciente, la asignación de capital hacia las obras prioritarias se vuelve una decisión estratégica.

Para los usuarios y para las economías regionales, el efecto no necesariamente será inmediato ni se traducirá directamente en la factura eléctrica. El impacto potencial está en otro lugar: una red de alta tensión con mayor capacidad y confiabilidad permite reducir restricciones, mejorar la seguridad del abastecimiento y facilitar la interconexión entre regiones eléctricas.

La resolución, por lo tanto, no anuncia nuevas obras ni asigna en esta instancia un monto determinado a proyectos específicos. Lo que modifica es el mecanismo mediante el cual la Secretaría de Energía podrá decidir el destino de los recursos de la Cuenta de Exportaciones. El próximo paso relevante será observar qué instrucciones regulatorias emita el organismo y qué ampliaciones sean finalmente priorizadas.

El cambio consolida así una nueva arquitectura para el financiamiento de la infraestructura eléctrica: desaparece el fondo fiduciario como vehículo de asignación, se preservan las obras consideradas estratégicas y la Secretaría de Energía recupera una herramienta central para ordenar los recursos disponibles según las necesidades del sistema.

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Energía: el Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

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El Poder Ejecutivo extendió, mediante el DNU 585/2026, la emergencia en generación, transporte y distribución eléctrica bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida busca dar continuidad al proceso de normalización del mercado mayorista y preservar la seguridad de abastecimiento en un contexto de márgenes operativos reducidos y obras de infraestructura aún en ejecución.

El decreto destaca que la generación térmica mantiene una fuerte dependencia del gas natural, por lo que la coordinación entre los sistemas eléctrico y gasífero resulta central para evitar tensiones en costos y suministro. Para las empresas productivas, la prórroga implica la continuidad del marco regulatorio vigente, con avances graduales en materia tarifaria, focalización de subsidios y mecanismos orientados a incentivar inversiones y mejorar la cobrabilidad del sistema.

Entre los indicadores citados por el Gobierno sobresalen un margen de reserva operativa de apenas 4,4 % frente al pico de demanda registrado en 2025 y niveles de utilización superiores al 90 % en instalaciones críticas de transporte. A la vez, la tasa de cobrabilidad del mercado eléctrico mayorista se habría recuperado desde el 48 % a cerca del 97 %, fortaleciendo el flujo financiero del sector.

Para las economías regionales del NEA, la continuidad de las herramientas excepcionales apunta a reducir riesgos de interrupciones y a facilitar la concreción de inversiones en redes y confiabilidad del sistema. La evolución de las obras de transporte y la consolidación del nuevo esquema de subsidios focalizados serán factores decisivos para determinar si la transición logra traducirse en un suministro más robusto y previsible para la actividad productiva.

La emergencia abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica

La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, lo que se evidencia en informes que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.

A esto se agrega el preocupante estado de la infraestructura, que se refleja en el envejecimiento del parque generador eléctrico. Al respecto, el texto oficial detalló que “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.

Asimismo, puntualizó que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas“, ya que “opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%”, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias.

En este sentido, las obras ampliación del sistema de transporte eléctrico, como el sistema “AMBA I” o las líneas de 500 kV, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró que “resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.

El decreto hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, ya que si bien la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, aún existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios.

Al respecto, indicó que “dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.

A mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento. En este sentido, el Gobierno sostiene que con la emergencia busca permitir una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)“evitando impactos abruptos” en los sectores más vulnerables.

La decisión de extender la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2027 busca equiparar los plazos con la emergencia de transporte y distribución de gas natural, ya que la generación térmica sigue siendo un componente sustancial de la matriz eléctrica, y la disponibilidad de gas natural incide en los costos y la seguridad del despacho eléctrico.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que con una interrupción de la emergencia “podrían producirse discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.

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El ajuste del gasto público se profundizó en el semestre: mientras crecen los subsidios energéticos

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El proceso de consolidación fiscal del Gobierno nacional mantuvo su intensidad durante el primer semestre de 2026, aunque con una composición del gasto que comienza a mostrar cambios. Mientras las transferencias a las provincias y la inversión en infraestructura continúan siendo las principales variables de ajuste, los subsidios energéticos registraron un fuerte crecimiento, reflejando las tensiones que aún persisten en el sistema eléctrico pese al proceso de recomposición tarifaria.

De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado de la Administración Nacional acumuló una caída real del 2,3% interanual entre enero y junio. Si bien en junio el gasto mostró una recuperación puntual del 3,7% respecto del mismo mes de 2025, el balance semestral continúa reflejando una política fiscal contractiva.

El ajuste volvió a concentrarse sobre las transferencias discrecionales a las provincias, que registraron una baja acumulada del 62,1% en términos reales. Incluso descontando el cambio metodológico derivado de la reclasificación de los aportes a hospitales SAMIC, la reducción alcanza el 52,3%, consolidando uno de los recortes más profundos del presupuesto nacional.

La inversión en infraestructura también continúa entre las partidas más afectadas. La obra pública acumuló una caída real del 32,4% durante el semestre y en junio sufrió un desplome del 74,9%, explicado tanto por la reducción en construcciones como por la disminución de las transferencias de capital.

El comportamiento de los subsidios económicos mostró, en cambio, una dinámica completamente distinta. El informe señala que crecieron 29,6% en términos reales durante el semestre, impulsados exclusivamente por el segmento energético, donde las erogaciones aumentaron 73,7%. Solo en junio, los subsidios destinados a energía se incrementaron 160,8% respecto del mismo mes del año anterior.

Buena parte de ese incremento estuvo vinculado a las transferencias realizadas a CAMMESA, que concentraron el 79,5% de los subsidios energéticos otorgados durante el semestre y crecieron 71,4% en términos reales. Paralelamente, el informe destaca que la cobertura tarifaria sobre el costo de generación disminuyó desde el 70,1% registrado en mayo de 2025 al 65,5% en mayo de este año, lo que explica parte del mayor esfuerzo fiscal destinado al sistema eléctrico.

En contraste, los subsidios al transporte continuaron ajustándose. Durante el primer semestre retrocedieron 24% en términos reales, principalmente por menores transferencias al Operador Ferroviario y al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte. Dentro de ese esquema también se observa una reducción del 21,6% en los recursos destinados a Belgrano Cargas, empresa que el Gobierno incluyó entre las futuras privatizaciones previstas en su programa financiero.

Las prestaciones previsionales permanecieron prácticamente estables. El gasto destinado a jubilaciones y pensiones registró una leve mejora real de 1,3%, mientras que las partidas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares crecieron apenas 0,3% en el acumulado semestral.

Otro dato que sigue de cerca el mercado es la evolución de la deuda flotante, es decir, las obligaciones de pago ya comprometidas pero aún no canceladas por el Estado. Analytica estimó que al cierre del primer semestre alcanzó los 3,9 billones de pesos, equivalentes al 0,3% del Producto Bruto Interno. El incremento respecto de mayo responde principalmente a factores estacionales vinculados al pago de aguinaldos y mantiene un nivel similar al observado en junio de 2025.

Desde una perspectiva macroeconómica, la composición del ajuste muestra que el Gobierno continúa privilegiando el objetivo de sostener el superávit fiscal, aunque con una reasignación parcial de recursos hacia el sostenimiento del sistema energético. La reducción de la obra pública y de las transferencias a las provincias continúa siendo el principal instrumento de consolidación fiscal, mientras que la evolución de los subsidios energéticos refleja que la normalización del mercado eléctrico todavía demanda un importante esfuerzo presupuestario.

Monitor de Gasto – Junio 2026 Analytica by CristianMilciades

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AlmaSADI: adjudican más de 700 MW en almacenamiento eléctrico y el NEA captó casi un tercio de la potencia

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La Secretaría de Energía adjudicó proyectos por 700,5 MW en la licitación AlmaSADI, destinada a incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico mediante baterías (BESS). El NEA quedó entre las regiones más favorecidas, con 211,5 MW asignados entre Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, consolidándose como un polo estratégico para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.

La Resolución 155/2026 de la Secretaría de Energía oficializó la adjudicación de los acuerdos de almacenamiento correspondientes a la convocatoria “Abastecimiento de Energía Eléctrica por Centrales de Almacenamiento para reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (AlmaSADI)”, uno de los programas más relevantes del proceso de modernización del sistema eléctrico argentino.

La licitación había despertado un fuerte interés del mercado: CAMMESA recibió 235 ofertas que totalizaron 8.338 MW de potencia, más de once veces la capacidad objetivo inicial de 700 MW, lo que refleja el creciente atractivo de las inversiones en almacenamiento energético en Argentina. Finalmente fueron adjudicados 700,5 MW, con un valor promedio de 8.427 dólares por MW/mes.

El NEA concentra inversiones estratégicas

Para el norte argentino, la resolución tiene una relevancia particular. Del total adjudicado, 174,5 MW corresponden a proyectos ubicados en el corredor eléctrico del NEA, una región donde la demanda crece con mayor velocidad que la infraestructura de transporte disponible.

Entre los proyectos seleccionados figuran:

  • BESS Goya (Aluar): 50 MW, identificado para la región NEA Misiones-Corrientes.
  • Villa Ángela (DQD Energy): 30 MW.
  • Castelli (DQD Energy): 20 MW.
  • San Martín (DQD Energy): 20 MW.
  • La Leonesa (DQD Energy): 22,5 MW.
  • CD22 (DQD Energy): 22 MW.
  • CD5 (DQD Energy): 15 MW.
  • Pirané (Intermepro Generación): 12 MW.
  • Charata (DQD Energy): 10 MW.
  • Presidencia Roca (DQD Energy): 10 MW.

La distribución muestra una fuerte concentración de inversiones en Chaco y Formosa, mientras que el proyecto de Goya impacta sobre el área eléctrica que integra a Corrientes y Misiones, uno de los nodos con mayores necesidades de respaldo operativo.

Qué significa incorporar almacenamiento

Los sistemas Battery Energy Storage System (BESS) permiten almacenar electricidad cuando existe disponibilidad y liberarla en momentos de mayor consumo o ante contingencias de la red.

Para el sistema eléctrico argentino cumplen una función distinta a la de una central convencional: no generan energía primaria, sino que aportan potencia inmediata, regulación de frecuencia, reservas operativas y estabilidad de tensión, reduciendo el riesgo de interrupciones del servicio.

La Secretaría de Energía considera que estos proyectos funcionarán como una solución de transición hasta que entren en operación nuevas obras de transporte eléctrico de alta tensión previstas dentro del plan de expansión nacional.

Uno de los datos más relevantes del proceso es el nivel de competencia alcanzado.

La convocatoria recibió 8.338 MW de ofertas para cubrir apenas 700 MW de capacidad objetivo, lo que permitió seleccionar proyectos mediante criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego licitatorio.

El mayor adjudicatario fue Genneia, con proyectos distribuidos en Buenos Aires, NOA, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. En el NEA sobresale DQD Energy, que obtuvo múltiples adjudicaciones en distintas localidades chaqueñas y formoseñas, mientras que Aluar consiguió la adjudicación del proyecto BESS Goya, destinado al corredor energético de Corrientes y Misiones.

Impacto para el sector productivo

Para las economías regionales del NEA, donde industrias forestales, yerbateras, arroceras, alimenticias y establecimientos agroindustriales dependen de un suministro eléctrico continuo, la incorporación de capacidad de almacenamiento representa una mejora en la calidad del servicio más que un incremento directo en la oferta de generación.

Entre los principales efectos esperados aparecen Mayor confiabilidad del abastecimiento durante los picos de demanda. Respuesta más rápida ante contingencias del sistema eléctrico. Mejor integración de energías renovables, reduciendo restricciones operativas. Mayor previsibilidad para industrias electrointensivas y nuevos proyectos de inversión.

Anexo Resolución 155/2026 by CristianMilciades

La resolución también establece que todos los proyectos adjudicados serán incorporados automáticamente al Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA), donde deberán mantener actualizada su información técnica y de avance.

La adjudicación constituye apenas el primer paso. El desafío ahora será que los desarrolladores concreten las inversiones dentro de los plazos comprometidos y que los sistemas entren en operación antes de los próximos períodos de máxima demanda. Para el NEA, donde persisten restricciones estructurales en transporte eléctrico, la puesta en marcha efectiva de estas baterías será un indicador clave para evaluar si el almacenamiento comienza a convertirse en una herramienta capaz de sostener el crecimiento productivo mientras avanzan las obras de infraestructura de mayor escala.

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