En el marco de la reunión de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación, el senador nacional por Misiones, Dr. Carlos Arce, planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional a los eventos organizados por instituciones y colegios profesionales, subrayando el rol clave de la conectividad aérea para el desarrollo del sector.
Durante su intervención, Arce sostuvo que estos eventos representan una oportunidad estratégica para las economías provinciales, al tiempo que generan movimiento turístico, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de redes profesionales.
En ese sentido, remarcó que “debemos apoyar y dar mayor difusión a los eventos que organizan instituciones y colegios profesionales”, y señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan muchas provincias es la falta de conectividad.
“El país tiene destinos con gran potencial para el turismo de reuniones, pero muchas veces no cuentan con los vuelos necesarios, que es justamente lo que demandan quienes organizan y participan de estos eventos”, explicó.
Asimismo, el legislador misionero destacó la importancia de que el Senado, a través de la Comisión de Turismo, acompañe activamente estos procesos: “Es fundamental que estos eventos no se sientan solos, sino que tengan el respaldo institucional, la difusión y la colaboración que podemos brindar desde este ámbito”.
Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, anunciaron que renuncian al aumento de dieta correspondiente a los legisladores nacionales, en un gesto que -explicaron- busca acompañar el contexto económico que atraviesa el país y reafirmar el compromiso asumido con los misioneros. De este modo, rechazaron el incremento que eleva a once millones de pesos las dietas que cobrarán los integrantes de la Cámara alta.
A través de un pronunciamiento público, ambos legisladores señalaron que la decisión responde a una concepción de la política basada en la responsabilidad con la sociedad y la coherencia entre el discurso y las acciones. En ese sentido, remarcaron que el actual escenario económico exige señales claras de austeridad por parte de quienes ocupan cargos institucionales.
“Desde el misionerismo reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, expresaron.
En ese marco, Arce y Rojas Decut explicaron que optaron por declinar el incremento salarial previsto para los integrantes del Senado de la Nación, al considerar que el contexto nacional requiere gestos concretos de prudencia y sensibilidad social por parte de la dirigencia política.
Los legisladores indicaron que la medida busca honrar el compromiso asumido con la ciudadanía de Misiones, que -sostuvieron- espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que enfrentan muchas familias argentinas.
Asimismo, subrayaron que el rol de la política debe centrarse en el servicio a la sociedad y que ese compromiso comienza por el ejemplo. “En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, afirmaron.
Finalmente, los senadores ratificaron que continuarán trabajando por los intereses de Misiones en el Congreso de la Nación, manteniendo una línea de acción basada en la austeridad, el compromiso institucional y la coherencia entre el decir y el hacer.
En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Congreso de la Nación, el Senado entregó el Diploma de Honor a los doctores Antonio Lorusso, Liliana Voto y a la misionera María Lourdes Bertoni, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales, docentes y sociales en el ámbito de la medicina argentina.
El acto fue organizado por el senador nacional por Misiones, doctor Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, médico cirujano y especialista en tocoginecología y mastología, quien impulsó el homenaje como una forma de destacar la vocación de servicio y el compromiso humano de tres referentes de la salud y la docencia médica del país.
“Este reconocimiento no sólo distingue trayectorias académicas y científicas sobresalientes. Distingue, sobre todo, una forma de ejercer la medicina: con entrega, compromiso, con un profundo respeto por la vida humana y con la convicción de que cada paciente es, ante todo, una persona que merece ser acompañada y cuidada”, expresó el senador Arce durante su discurso.
La ceremonia contó con la presencia de los legisladores nacionales Sonia Rojas Decut, Carlos Fernández y Colo Vancsik, además de autoridades académicas y referentes del ámbito médico, quienes acompañaron con calidez el reconocimiento a los tres profesionales distinguidos.
Trayectorias ejemplares
La doctora María Lourdes Bertoni, oriunda de Eldorado, Misiones, fue distinguida por sus más de cincuenta años de labor en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde atendió miles de nacimientos y formó a generaciones de médicos, obstetras y enfermeras. Fue directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, miembro fundadora de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Misiones y creadora del servicio y residencia de obstetricia del Hospital Madariaga.
El doctor Antonio Lorusso, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es un referente nacional e internacional en ginecología y mastología. Presidió la Sociedad Argentina de Mastología, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Su trayectoria docente incluye una extensa labor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular consulto. En el año 2024, la Universidad Nacional de Tucumán inauguró un Centro Integral de Atención de la Mujer que lleva su nombre.
Por su parte, la doctora Liliana Voto, médica ginecóloga y obstetra, fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Departamento Materno Infanto Juvenil del Hospital Fernández, donde impulsó políticas pioneras de atención integral. Es profesora titular de tocoginecología en la Universidad de Buenos Aires y fue reconocida por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia como “Mujer en Obstetricia y Ginecología del Año” en el año 2006.
Un homenaje a la vocación y al servicio
Al cierre del acto, el senador Carlos Arce agradeció la presencia de los homenajeados y destacó que cada una de estas trayectorias “representa una vida entera dedicada al cuidado de la salud, a la enseñanza y al compromiso con el bienestar de las comunidades”.
El Senado de la Nación, a través de este reconocimiento, reafirmó su compromiso con quienes, desde la medicina y la docencia, fortalecen el sistema sanitario y los valores humanos que lo sostienen.
En una votación clave en la Cámara Alta, los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se sumaron a la mayoría que rechazó el veto presidencial a la Ley 27.794, que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión fue respaldada por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, en un nuevo revés legislativo para el Gobierno nacional, que incluyó el voto de Martín Göerling Lara, que hasta ahora era un aliado mileísta.
El rechazo al veto se inscribe en una pulseada de alto voltaje entre el Poder Ejecutivo y las provincias. El proyecto en cuestión —impulsado por los 24 gobernadores— busca modificar el mecanismo de asignación de los ATN, evitando su distribución discrecional y garantizando un reparto diario, automático y transparente, en línea con la Ley 23.548 de coparticipación federal.
La incorporación del nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) dispone que los ATN se distribuyan según los criterios ya estipulados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación, integrándose a la masa de fondos coparticipables.
Para los representantes misioneros, el eje del debate no es meramente técnico, sino institucional: “Se trata de garantizar que los recursos que generan los misioneros vuelvan a Misiones en forma de infraestructura, salud, educación y viviendas”, afirmaron tras la votación.
El debate: críticas al Ejecutivo y defensa de la autonomía provincial
Durante la sesión, legisladores de distintos bloques cuestionaron la política fiscal del Gobierno nacional. El senador pampeano Daniel Bensusán (UxP) fue uno de los más duros: “El Presidente quiere hacer creer que las provincias usarán los ATN para gastos corrientes. Eso es falso: los fondos siguen destinados a emergencias y desequilibrios financieros”.
En la misma línea, el radical Maximiliano Abad advirtió que el veto “no solo afecta recursos, sino la concepción del federalismo”, mientras que su correligionario Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego) denunció que el Ejecutivo retiene fondos para “simular superávit fiscal”.
Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UxP) apuntó contra el estilo de gobierno de Milei: “No es un emperador. Debe escuchar al pueblo y acatar la Constitución”.
El senador porteño Martín Lousteau (UCR) remarcó que el rechazo al veto expresa una posición inédita de los gobernadores: “Es la primera vez que 24 mandatarios provinciales, incluso algunos cercanos al oficialismo, se unen para decirle al Gobierno: ‘por acá no’”.
El rechazo al veto implica que el proyecto pase nuevamente a Diputados, donde el Gobierno confía en bloquearlo. Sin embargo, el resultado en el Senado evidencia el aislamiento político de La Libertad Avanza, que apenas reunió 9 votos en contra.
Para Misiones, la decisión reviste una importancia estratégica: refuerza el reclamo histórico de que los fondos nacionales no dependan de “complacencias políticas” sino de criterios objetivos y automáticos. En números, se estima que el Gobierno nacional acumula 1,5 billones de pesos en ATN no distribuidos, mientras que en lo que va del mandato solo giró $120.000 millones a 15 provincias, dejando a distritos como La Pampa y Tierra del Fuego sin un solo peso de transferencias.
La votación consolida al Senado como un contrapeso frente a la estrategia presidencial de gobernar mediante decretos y vetos, y abre un nuevo capítulo en la relación Nación-provincias.
Para los senadores misioneros, el debate trasciende lo coyuntural: “La redistribución justa de los ATN es una condición necesaria para sostener el federalismo y la autonomía provincial”, remarcaron Arce y Rojas Decut.
De aquí en adelante, la pulseada continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apuesta a sostener el veto. Sin embargo, la señal política enviada desde el Senado marca un precedente de unidad provincial y refuerza la estrategia de Misiones en defensa de los recursos que le corresponden.
El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.
El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.
El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.
Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.
Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC
La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Entre los principales puntos se destacan:
Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.
La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.
Fundamentos y debate político
Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.
Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.
La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.
El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.
El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.
La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.
