CARLOS ARCE

El Senado distinguió a referentes de la medicina en una ceremonia organizada por Carlos Arce

Compartí esta noticia !

En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Congreso de la Nación, el Senado entregó el Diploma de Honor a los doctores Antonio Lorusso, Liliana Voto y a la misionera María Lourdes Bertoni, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales, docentes y sociales en el ámbito de la medicina argentina.

El acto fue organizado por el senador nacional por Misiones, doctor Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, médico cirujano y especialista en tocoginecología y mastología, quien impulsó el homenaje como una forma de destacar la vocación de servicio y el compromiso humano de tres referentes de la salud y la docencia médica del país.

“Este reconocimiento no sólo distingue trayectorias académicas y científicas sobresalientes. Distingue, sobre todo, una forma de ejercer la medicina: con entrega, compromiso, con un profundo respeto por la vida humana y con la convicción de que cada paciente es, ante todo, una persona que merece ser acompañada y cuidada”, expresó el senador Arce durante su discurso.

La ceremonia contó con la presencia de los legisladores nacionales Sonia Rojas Decut, Carlos Fernández y Colo Vancsik, además de autoridades académicas y referentes del ámbito médico, quienes acompañaron con calidez el reconocimiento a los tres profesionales distinguidos.

Trayectorias ejemplares

La doctora María Lourdes Bertoni, oriunda de Eldorado, Misiones, fue distinguida por sus más de cincuenta años de labor en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde atendió miles de nacimientos y formó a generaciones de médicos, obstetras y enfermeras. Fue directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, miembro fundadora de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Misiones y creadora del servicio y residencia de obstetricia del Hospital Madariaga.

El doctor Antonio Lorusso, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es un referente nacional e internacional en ginecología y mastología. Presidió la Sociedad Argentina de Mastología, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Su trayectoria docente incluye una extensa labor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular consulto. En el año 2024, la Universidad Nacional de Tucumán inauguró un Centro Integral de Atención de la Mujer que lleva su nombre.

Por su parte, la doctora Liliana Voto, médica ginecóloga y obstetra, fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Departamento Materno Infanto Juvenil del Hospital Fernández, donde impulsó políticas pioneras de atención integral. Es profesora titular de tocoginecología en la Universidad de Buenos Aires y fue reconocida por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia como “Mujer en Obstetricia y Ginecología del Año” en el año 2006.

Un homenaje a la vocación y al servicio

Al cierre del acto, el senador Carlos Arce agradeció la presencia de los homenajeados y destacó que cada una de estas trayectorias “representa una vida entera dedicada al cuidado de la salud, a la enseñanza y al compromiso con el bienestar de las comunidades”.

El Senado de la Nación, a través de este reconocimiento, reafirmó su compromiso con quienes, desde la medicina y la docencia, fortalecen el sistema sanitario y los valores humanos que lo sostienen.

Compartí esta noticia !

ATN: con voto misionero, el Senado rechazó el veto de Milei

Compartí esta noticia !

En una votación clave en la Cámara Alta, los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se sumaron a la mayoría que rechazó el veto presidencial a la Ley 27.794, que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión fue respaldada por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, en un nuevo revés legislativo para el Gobierno nacional, que incluyó el voto de Martín Göerling Lara, que hasta ahora era un aliado mileísta.

El rechazo al veto se inscribe en una pulseada de alto voltaje entre el Poder Ejecutivo y las provincias. El proyecto en cuestión —impulsado por los 24 gobernadores— busca modificar el mecanismo de asignación de los ATN, evitando su distribución discrecional y garantizando un reparto diario, automático y transparente, en línea con la Ley 23.548 de coparticipación federal.

La incorporación del nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) dispone que los ATN se distribuyan según los criterios ya estipulados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación, integrándose a la masa de fondos coparticipables.

Para los representantes misioneros, el eje del debate no es meramente técnico, sino institucional: “Se trata de garantizar que los recursos que generan los misioneros vuelvan a Misiones en forma de infraestructura, salud, educación y viviendas”, afirmaron tras la votación.

El debate: críticas al Ejecutivo y defensa de la autonomía provincial

Durante la sesión, legisladores de distintos bloques cuestionaron la política fiscal del Gobierno nacional. El senador pampeano Daniel Bensusán (UxP) fue uno de los más duros: “El Presidente quiere hacer creer que las provincias usarán los ATN para gastos corrientes. Eso es falso: los fondos siguen destinados a emergencias y desequilibrios financieros”.

En la misma línea, el radical Maximiliano Abad advirtió que el veto “no solo afecta recursos, sino la concepción del federalismo”, mientras que su correligionario Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego) denunció que el Ejecutivo retiene fondos para “simular superávit fiscal”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UxP) apuntó contra el estilo de gobierno de Milei: “No es un emperador. Debe escuchar al pueblo y acatar la Constitución”.

El senador porteño Martín Lousteau (UCR) remarcó que el rechazo al veto expresa una posición inédita de los gobernadores: “Es la primera vez que 24 mandatarios provinciales, incluso algunos cercanos al oficialismo, se unen para decirle al Gobierno: ‘por acá no’”.

El rechazo al veto implica que el proyecto pase nuevamente a Diputados, donde el Gobierno confía en bloquearlo. Sin embargo, el resultado en el Senado evidencia el aislamiento político de La Libertad Avanza, que apenas reunió 9 votos en contra.

Para Misiones, la decisión reviste una importancia estratégica: refuerza el reclamo histórico de que los fondos nacionales no dependan de “complacencias políticas” sino de criterios objetivos y automáticos. En números, se estima que el Gobierno nacional acumula 1,5 billones de pesos en ATN no distribuidos, mientras que en lo que va del mandato solo giró $120.000 millones a 15 provincias, dejando a distritos como La Pampa y Tierra del Fuego sin un solo peso de transferencias.

La votación consolida al Senado como un contrapeso frente a la estrategia presidencial de gobernar mediante decretos y vetos, y abre un nuevo capítulo en la relación Nación-provincias.

Para los senadores misioneros, el debate trasciende lo coyuntural: “La redistribución justa de los ATN es una condición necesaria para sostener el federalismo y la autonomía provincial”, remarcaron Arce y Rojas Decut.

De aquí en adelante, la pulseada continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apuesta a sostener el veto. Sin embargo, la señal política enviada desde el Senado marca un precedente de unidad provincial y refuerza la estrategia de Misiones en defensa de los recursos que le corresponden.

Compartí esta noticia !

El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Milei confirmó que la vetará otra vez

Compartí esta noticia !

El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.

El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.

Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC

La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Entre los principales puntos se destacan:

  • Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
  • Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
  • Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
  • Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
  • Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.

La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.

Fundamentos y debate político

Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.

El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.

El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.

La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.

Compartí esta noticia !

Los senadores por Misiones renunciaron al aumento de la dieta

Compartí esta noticia !

En medio de la fuerte polémica por el nuevo aumento de las dietas en el Senado, que llevó los ingresos brutos de cada legislador a más de 9,5 millones de pesos mensuales, los tres senadores nacionales por Misiones presentaron formalmente su renuncia al incremento salarial.

Según la información oficial del Senado, los senadores Carlos Arce, Sonia Rojas Decut (ambos del Frente Renovador de la Concordia) estuvieron entre los primeros en renunciar, a través de una nota presentada el 6 de junio. “La compleja situación económica y social que atraviesa nuestro país exige de quienes tenemos responsabilidades institucionales un gesto de prudencia y mesura, en sintonía con el esfuerzo que realizan, día a día, millones de argentinos”, señaló la senadora misionera.

Martín Goerling (La Libertad Avanza) también presentó nota formal para mantener congeladas sus dietas y no percibir los aumentos recientes ni los futuros, al menos hasta fin de año.

La decisión fue habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, quien firmó un decreto que permite a cada senador renunciar individualmente a los incrementos, en respuesta a las críticas por los altos salarios legislativos en plena crisis económica.

La medida se tomó luego de que se aplicara un 3,9% de aumento retroactivo por la paritaria de los empleados legislativos, que impacta directamente en las dietas de los senadores, debido al esquema de módulos con el que se calcula su salario.

Gestos políticos y presión social

La polémica en torno a las dietas encendió una interna entre bloques. El kirchnerismo -con figuras como Wado de Pedro, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti– no renunció hasta ahora al aumento. Tampoco lo hicieron legisladores del entorno de Cristina Kirchner, como Oscar Parrilli y Alicia Kirchner.

En cambio, bloques como Pro, La Libertad Avanza y Las Provincias Unidas mostraron mayor adhesión al congelamiento. En este último grupo, algunos senadores impulsaron incluso un proyecto para que el excedente de los aumentos no percibidos sea donado a la Fundación del Hospital Garrahan.

Compartí esta noticia !

Senado: bloque misionerista impulsa ley de prevención y control de la obesidad

Compartí esta noticia !

En el marco de la reunión de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, se presentó el proyecto de ley que propone establecer un régimen integral para la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad en la Argentina. La iniciativa, autoría de los senadores misioneros de “Innovación Federal” Carlos Arce (vicepresidente de la comisión) y Sonia Rojas Decut, fue enseñada en el Salón Arturo Illia y contó con la disertación del reconocido médico especialista en nutrición, Alberto Cormillot, Jorge Harraca, Jefe de Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Privado de Rosario y Mónica Katz, médica especialista en Nutrición.

El proyecto busca declarar de interés nacional la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad, definida como una enfermedad crónica, compleja, metabólica e inflamatoria. En el proyecto se destaca que esta patología requiere un abordaje multidisciplinario y continuo, debido a su naturaleza progresiva y al impacto que genera en la salud pública del país. 

Arce sostuvo que “hemos puesto como objetivo principal al paciente, que es lo más importante que tenemos en el equipo de salud” Además, resaltó que “hoy el enfoque jurídico lo define como un trastorno alimentario. Sobre esta definición, en la legislación actual, creemos que es parcial y desactualizada de lo que significa una enfermedad que debe ser considerada crónica con todos los enfoques preventivos e informativos y de tratamiento que debe tener una enfermedad crónica. Lo avalan consensos nacionales e internacionales de todas las sociedades científicas”.

Por su parte, Harraca, compartió la necesidad de actualizar la definición en la legislación vigente para pasar a un abordaje de la salud a la enfermedad. El médico especialista, también puntualizó en que las últimas encuestas nacionales de factores de riesgo muestran un gran crecimiento en los índices de obesidad pasando del 4% en 2005 al 30% en 2023. Sobre este punto, explicó que “el costo económico del 2018 para la Argentina fue de U$S 9.625 millones relacionados a la obesidad, de los cuales la mitad son costos directos en atención de personas con obesidad y sus complicaciones; y la otra mitad son los costos indirectos de pérdida de productividad, ausentismo laboral y mayor mortalidad. Una persona con obesidad mórbida le cuesta a la Nación U$S50.000 anuales”.

Katz, médica especialista en nutrición, focalizó su exposición en que “tenemos que disminuir la discriminación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que sea una enfermedad no le van a endilgar al paciente con obesidad que es culpable de su enfermedad. Hoy, mucha gente que vive con sobrepeso cree que es culpable, y no lo es. Culpables somos nosotros que empezamos tarde a tratarlo, o la inercia de tantos años de no hacer cosas. Si la declaramos como enfermedad, la persona que vive con obesidad no va a ser culpable y discriminada porque es una enfermedad, porque nadie discrimina al que tiene cáncer”.

Para finalizar Cormillot, explicó que “estamos frente a una enfermedad muy compleja, porque no solamente actúa sobre los hechos del apetito, sino que actúa sobre los hechos del juicio. Entonces, las personas buscan salir por puertas que están pintadas sobre la pared, y no, no va a funcionar. Entonces, estamos en un tren con treinta vagones cargados cuesta abajo sin frenos y esperando que pare solo. Porque sé que el futuro, es el futuro de gente con sobrepeso. Entonces, veamos si nuestro país puede hacer algo”.

Este proyecto representa un paso significativo para abordar una problemática que afecta casi al 60% de la población y cuya incidencia sigue en aumento en todo el territorio nacional. Los legisladores instaron a avanzar en el debate parlamentario para garantizar la implementación de políticas públicas efectivas que protejan la salud de los argentinos.

Entre los principales objetivos de la propuesta, se incluyen:

  • Reconocer la obesidad como una enfermedad multifactorial, otorgándole igual prioridad que a otras enfermedades crónicas.
  • Promover hábitos saludables en la población general y fomentar la actividad física regular.
  • Garantizar el acceso a tratamientos integrales y adecuados mediante la detección temprana y la capacitación de profesionales de la salud.
  • Asegurar la cobertura de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y endoscópicos en el sistema público de salud.
  • Generar programas educativos en escuelas y entornos saludables que promuevan la alimentación adecuada y la resiliencia emocional.
  • Combatir la estigmatización de las personas con obesidad, promoviendo la diversidad corporal.
Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin