CARLOS ARCE

Passalacqua pidió a los senadores votar contra la reforma de la Ley de Tierras

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La postura del Gobierno de Misiones frente a la reforma de la Ley de Tierras Rurales se endurece a medida que se acerca la sesión del Senado prevista para el 6 de agosto. El gobernador Hugo Passalacqua mantuvo una reunión con los senadores nacionales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes les pidió expresamente que voten en contra del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, al considerar que abre la puerta a una mayor extranjerización de las tierras rurales y afecta intereses estratégicos de la provincia.

La revelación fue realizada por el jefe de Gabinete, Carlos Sartori, quien explicó que el mandatario transmitió personalmente la posición institucional de Misiones.

“El gobernador se reunió justamente con los senadores para transmitirles la postura del Gobierno de la provincia en defender los intereses de Misiones”, señaló el funcionario en el marco del Conservatorio denominado “Extranjerización de Tierras. Reforma a la Ley 26.737”, que se desarrolló en la sede del Instituto Misionero de Biodiversidad.

Según Sartori, Passalacqua fue claro al solicitar que los legisladores nacionales rechacen la iniciativa. “Él les pidió encarecidamente que no voten esta cuestión por lo que implica el avance sobre nuestra soberanía y, en especial, sobre los intereses de los misioneros que tanto cuidamos nuestra biodiversidad”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que el mensaje del gobernador excede la discusión jurídica y se vincula con la defensa del patrimonio natural de la provincia. “Lo que nos está pidiendo el gobernador es que acompañemos esta postura de soberanía. Defendamos los intereses de los misioneros, defendamos los intereses de los argentinos, hagamos patria”, expresó.

Sartori adelantó que el tema será abordado en una reunión de gabinete ampliada con unos 40 intendentes de la zona Centro y Sur, quienes recibirán explicaciones técnicas para replicar los argumentos en cada municipio.

Sartori fue uno de los disertantes del conversatorio, junto al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, como un espacio para analizar “los desafíos que enfrenta Misiones como provincia de frontera, custodio de una de las mayores reservas de biodiversidad del país y de valiosos recursos hídricos estratégicos”.

La actividad fue organizada por el organismo que preside Viviana Rovira, quien además conduce la Red de Mujeres del Movimiento, uno de los primeros espacios políticos en expresar públicamente su rechazo a la iniciativa nacional.

Aquel pronunciamiento advirtió que el proyecto elimina límites históricos a la compra de tierras rurales por extranjeros y flexibiliza controles sobre inmuebles ubicados en zonas sensibles, por lo que fue definido como una iniciativa que “facilita la entrega del territorio” más que una norma destinada a proteger la propiedad privada.

El conversatorio se suma a una serie de manifestaciones institucionales impulsadas desde distintos sectores vinculados al oficialismo misionero.

En las últimas semanas también se pronunciaron la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) y el Movimiento Industrial Misionero, todos coincidiendo en reclamar a los senadores nacionales que rechacen la reforma.

El argumento común es que Misiones posee condiciones excepcionales como provincia de frontera, alberga el mayor remanente de Selva Paranaense de la Argentina, protege importantes reservas de agua dulce y concentra una biodiversidad considerada estratégica para el país.

Desde esa perspectiva, el Gobierno provincial sostiene que la reforma elimina herramientas de protección construidas durante años, como los límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras, las restricciones para inmuebles vinculados a recursos hídricos y los controles especiales sobre zonas de seguridad de frontera.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual una operación podría considerarse aprobada automáticamente si el Estado no responde dentro del plazo previsto, incluso en áreas consideradas estratégicas.

Con el pedido directo del gobernador a los senadores y la apertura de nuevos espacios de discusión técnica y política, Misiones busca consolidar un frente provincial que trascienda al oficialismo y sostenga una posición unificada frente a una reforma que considera clave para la defensa de su territorio, su biodiversidad y su soberanía.

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Organizaciones de Misiones redoblan la presión contra la reforma de la Ley de Tierras y piden a los senadores que voten en contra

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A poco más de dos semanas del tratamiento previsto en el Senado de la Nación, crece en Misiones la oposición al proyecto de ley denominado “De inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que, según denuncian organizaciones agrarias, sindicales, ambientales, sociales y partidos políticos de la provincia, implicaría en los hechos la derogación de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y abriría una nueva etapa de extranjerización del territorio argentino.

La posición quedó plasmada en un documento conjunto titulado “No al proyecto de entrega de tierras en el Congreso Nacional”, donde decenas de organizaciones advierten que la propuesta facilitaría la adquisición de tierras rurales por parte de empresas, personas y Estados extranjeros, eliminando uno de los principales límites establecidos para preservar el control nacional sobre un recurso considerado estratégico.

Los firmantes sostienen que la discusión excede el plano jurídico y se vincula directamente con el futuro del desarrollo productivo argentino. En ese sentido, afirman que la eventual derogación de la Ley de Tierras favorecería una mayor concentración de la propiedad y otorgaría mayor discrecionalidad sobre el uso de recursos estratégicos como la tierra, el agua superficial y los acuíferos.

En el documento recuerdan que actualmente más de 12 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras y aseguran que, en el caso de Misiones, el 14% de las mejores tierras productivas pertenece a propietarios extranjeros, una situación que, sostienen, podría profundizarse si prospera la iniciativa que será debatida el próximo 6 de agosto en la Cámara alta.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia en un contexto que las organizaciones describen como de fuerte vulnerabilidad para el sector agropecuario provincial. Según expresan, la crisis que atraviesan miles de pequeños y medianos productores —agravada por la desregulación del mercado de la yerba mate— está acelerando procesos de concentración de la tierra y debilitando la capacidad de permanencia de cooperativas y emprendimientos familiares.

“En nuestra provincia, solo tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural. Al mismo tiempo, la profunda crisis agraria está llevando a la ruina a miles de pequeños y medianos productores, favoreciendo aún más la concentración de la propiedad”, advierte el texto difundido por la multisectorial.

Como contrapunto al proyecto nacional, el documento recupera una de las frases más recordadas del fallecido obispo de Iguazú, monseñor Joaquín Piña, uno de los impulsores de la defensa del acceso a la tierra en Misiones: “Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos”.

Las organizaciones destacan que ese principio inspiró la Ley Provincial de Colonización sancionada en 2004, política pública que permitió el acceso a la tierra a más de 2.000 familias en el noroeste misionero, una región que consideran ejemplo de desarrollo basado en el arraigo y la producción familiar.

El documento concluye con un mensaje directo dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta. Los firmantes solicitan a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen de manera unánime la iniciativa cuando llegue al recinto, al considerar que está en juego “el patrimonio de la provincia y la soberanía nacional”.

La convocatoria reúne a un amplio espectro de actores del entramado social y productivo misionero. Entre ellos figuran la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Agrario de Misiones, Productores Independientes de Piray, la Red de Agricultura Orgánica Misiones, la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organizaciones ambientales y de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), además de centrales sindicales como la CTA Autónoma Misiones, ATE Misiones, la CGT Regional Misiones y la Unión de Docentes Universitarios de Misiones.

El respaldo también alcanza a espacios políticos como Unidad Popular, Partido Agrario y Social (PAyS), Libres del Sur, Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Patriótico, Frente Patria Misiones y otras agrupaciones provinciales, que coinciden en advertir que el debate parlamentario trasciende una modificación normativa y plantea una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, la distribución de la tierra y la preservación de recursos estratégicos para las futuras generaciones.

Con este nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública de Misiones, donde organizaciones de perfiles diversos buscan transformar el debate legislativo en una discusión sobre soberanía, producción y arraigo territorial.

No Al Proyecto de Entreg a de Tierras en El Congreso Nacional 2026 by CristianMilciades

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El Gobierno volvió a quedarse sin los votos y postergó la ley de Propiedad Privada hasta agosto

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El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés legislativo al no conseguir los votos necesarios para aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la falta de consensos, el oficialismo solicitó postergar nuevamente el debate, que quedó reprogramado para el próximo 6 de agosto, luego del receso invernal.

Se trata de la cuarta oportunidad en la que el proyecto, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al recinto sin lograr ser tratado. La iniciativa había obtenido dictamen el 20 de mayo, pero desde entonces el oficialismo no consiguió consolidar una mayoría suficiente para su aprobación.

El cuarto intermedio fue solicitado por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien pidió que la sesión continúe el 6 de agosto con este proyecto como uno de los principales temas del orden del día. La moción fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Nuevas diferencias con las provincias

Las negociaciones volvieron a trabarse en las horas previas a la sesión. Según trascendió, el dictamen ya acumulaba quince modificaciones y persistían diferencias entre el oficialismo y bloques aliados respecto de aspectos centrales de la iniciativa.

Uno de los principales reclamos apuntaba a incorporar una cláusula que habilitara a las provincias a establecer un régimen jurídico propio para regular la venta de tierras a extranjeros, una propuesta que finalmente no fue aceptada por La Libertad Avanza.

Entre las observaciones planteadas por representantes de Misiones también figuró la eliminación del mecanismo de “silencio administrativo” o “silencio positivo”, criterio que implicaba considerar aprobados determinados trámites por el solo transcurso del tiempo sin respuesta del Estado. La postura impulsada desde la provincia proponía preservar la intervención expresa de las administraciones provinciales en materias vinculadas a sus competencias.

Además, se promovió reforzar el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales y establecer restricciones para impedir la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o sociedades con participación estatal.

La lupa estaba puesta en los senadores misioneros, después de un exhorto público de la Red de Mujeres del Movimiento -alineada con el gobernador Hugo Passalacqua- que reclamaba a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Göerling -pro libertario- que rechacen la ley por entender que avanza sobre soberanía y recursos naturales que son de propiedad primigenia de las provincias.  

Los tres dieron quórum, pero no tuvieron que revelar cómo iban a votar ya que el propio oficialismo pidió postergar el tratamiento. 

Una sesión con otros acuerdos

Antes de postergar el tratamiento del proyecto, el Senado sí avanzó con la aprobación de una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. Entre ellos quedó confirmado el pliego del magistrado Víctor Pesino, cuya designación había sido cuestionada por la CGT debido a fallos relacionados con la reforma laboral y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Además, por unanimidad, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina, en reconocimiento a su papel histórico como sede de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. La iniciativa fue aprobada con 67 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.

Con este nuevo aplazamiento, el Gobierno suma otro capítulo de dificultades para reunir mayorías parlamentarias en uno de los proyectos que considera estratégicos dentro de su agenda de reformas.

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La Red de Mujeres del Movimiento pidió a senadores misioneros que rechacen la ley sobre tierras

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A dos días de la sesión prevista en el Senado de la Nación para debatir el proyecto de ley denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, la Red de Mujeres del Movimiento, espacio liderado por Viviana Rovira, difundió un duro pronunciamiento en el que reclama a los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y Martín Göerling que voten en contra de la iniciativa.

El documento, titulado “Ante el Senado de la Nación en defensa del patrimonio territorial de Misiones”, sostiene que la propuesta legislativa “no es una ley de propiedad, sino una ley de entrega”, al considerar que elimina las principales restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Según el texto, el proyecto deroga el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, elimina las restricciones por nacionalidad y flexibiliza los controles sobre inmuebles ubicados junto a cuerpos de agua. Además, cuestiona la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual, si el Estado no responde en un plazo de 180 días, determinadas operaciones quedarían automáticamente autorizadas.

“La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó”, sostiene el pronunciamiento.

La Red de Mujeres remarca que Misiones presenta condiciones particulares por su ubicación geográfica y sus recursos naturales. En ese sentido, recuerda que la provincia posee cerca del 90% de sus límites sobre frontera internacional, alberga parte del Acuífero Guaraní y conserva la mayor superficie continua de selva del país.

Por esa razón, advierten que una desregulación del mercado de tierras tendría consecuencias especialmente sensibles para la provincia.

“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica. Es una amenaza territorial concreta”, señala el documento.

Asimismo, las dirigentes sostienen que las decisiones sobre la administración del territorio provincial deben mantenerse dentro de las facultades de la provincia, invocando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias.

Pedido directo a los senadores

Uno de los pasajes centrales del documento formula un pedido explícito a los legisladores nacionales por Misiones. “Requerimos concreta y públicamente a los senadores nacionales por Misiones que en la sesión del jueves 16 de julio voten negativamente el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.

El texto agrega que no solicitan abstenciones ni ausencias durante la votación, sino “tres votos negativos, con nombre y apellido”, en referencia a la representación misionera en la Cámara alta, conformada por Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martin Göerling, PRO libertario.

Finalmente, el documento convoca a la ciudadanía misionera a acompañar acciones institucionales y comunitarias en defensa del patrimonio territorial de la provincia.

El pronunciamiento concluye con una definición que sintetiza la posición del espacio: “La tierra misionera no está en venta. Y no se vota a ciegas”.

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Adorni gana tiempo en el Senado: el oficialismo teje una mayoría para bloquear la interpelación y expone el rol clave de los aliados

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La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.

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