Casa de la Moneda: el Ejecutivo extiende la intervención por 120 días para completar la reestructuración
La Casa Rosada extendió por 120 días la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal. La medida responde a la complejidad del proceso de reconversión estructural y al traspaso de funciones clave a otros organismos del Estado. El futuro de la histórica entidad queda así supeditado a un plan de reestructuración que redefine su rol y cuestiona su viabilidad financiera.
A través del Decreto 615/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la prórroga de la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), designando nuevamente al abogado Pedro Daniel Cavagnaro al frente de la empresa por un período de 120 días corridos.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, obedece a que “la complejidad del proceso emprendido torna insuficiente el plazo previsto” para concluir el traspaso de áreas operativas a distintos organismos estatales, según detalla el decreto.
De esta manera, el Poder Ejecutivo busca dar continuidad al proceso iniciado con el Decreto 442/2025, que dispuso la reconformación estructural de Casa de Moneda y el traslado de funciones clave a entidades especializadas:
- Instrumentos Fiscales de Control y trazabilidad → Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Pasaportes → Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Billetera Virtual → Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
El plazo original vencía a fines de agosto, pero el interventor advirtió que el traspaso de personal y bienes muebles requería mayor tiempo para ejecutarse de manera ordenada.
Crisis estructural y pérdida de contratos
La prórroga se inscribe en un contexto de profunda crisis operativa y financiera de Casa de Moneda. Un informe elaborado por la intervención en abril de 2025 reveló:
- Sobredimensionamiento de la estructura, con superposición de funciones administrativas.
- Altos costos operativos en dos plantas industriales, sin procesos productivos integrales.
- Exceso de maquinaria importada sin uso.
- Endeudamiento significativo producto de inversiones inconclusas.
La situación se agravó tras la decisión del Banco Central (BCRA) de rescindir en octubre de 2024 los contratos de producción de dinero circulante, lo que cortó el principal flujo de ingresos de la compañía.
A ello se sumó la rescisión de contratos vinculados a la provisión de chapas patente, dispuesta por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. Como consecuencia, la empresa quedó dependiente de aportes del Tesoro Nacional para cubrir gastos corrientes.
El Gobierno ya había prorrogado la intervención en abril de este año mediante el Decreto 295/2025, pero los tiempos de ejecución resultaron nuevamente insuficientes.
Impacto político y económico de la reestructuración
La decisión de extender la intervención tiene varias aristas de impacto:
- Institucional: Casa de Moneda, creada en 1977 por la Ley 21.622, atraviesa una redefinición de su rol histórico como proveedor exclusivo de billetes, documentos de seguridad y especies valoradas. Con la reconversión, sus funciones se reducen a la fabricación de dinero circulante, la asistencia en procesos de destrucción de billetes y la producción de impresos especiales.
- Económico-financiero: La pérdida de los contratos con el BCRA y con Registros de Automotor privó a la sociedad de dos fuentes centrales de ingresos. Esto refuerza la necesidad de achicar la estructura y transferir áreas no estratégicas, en línea con la política de ajuste fiscal de Milei.
- Político-laboral: El traspaso implica la migración de personal especializado a otros organismos, con potenciales conflictos sindicales. El gremio gráfico y trabajadores técnicos de la empresa siguen de cerca la transición, mientras la Unidad Ejecutora de Transformación de Empresas Públicas articula con ARCA, RENAPER y ARSAT.
- Tecnológico y de soberanía: La decisión de limitar la actividad de Casa de Moneda reabre el debate sobre la dependencia tecnológica en la emisión de billetes y documentos de seguridad. Argentina ha recurrido en los últimos años a imprentas extranjeras para abastecer la demanda de circulante, lo que genera tensiones en términos de soberanía monetaria.
El Gobierno apuesta a que la extensión de la intervención permita culminar el traspaso sin sobresaltos antes de fin de año. Si el cronograma se cumple, Casa de Moneda quedaría reducida a un rol estrictamente ligado a la impresión de billetes y documentos de seguridad, con un tamaño organizacional mucho menor.
Sin embargo, persisten dudas sobre su viabilidad económica en un contexto en el que el BCRA continúa tercerizando parte de la impresión de billetes y en el que la digitalización de medios de pago podría seguir restando volumen a la producción local.
En paralelo, el decreto refuerza la línea política del oficialismo: convergencia hacia la eficiencia estatal, reducción de estructuras deficitarias y transferencia de funciones a organismos con mayor capacidad operativa.
El desenlace de este proceso marcará no solo el futuro de una institución histórica, sino también la forma en que el Gobierno de Javier Milei define su política de gestión de empresas públicas y de servicios estratégicos.
