La causa conocida como Criptogate volvió a escalar en el escenario político nacional. Tras la aparición de nuevas pruebas sobre comunicaciones entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el operador cripto Mauricio Novelli, diputados de la oposición lanzaron una contraofensiva institucional para reactivar la investigación del caso $LIBRA, el token promocionado por el mandatario el 14 de febrero de 2025.
El movimiento se expresó en una conferencia de prensa de legisladores que integraron la Comisión Investigadora Libra, donde se anunció una batería de medidas: desde denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano por posible “encubrimiento”, hasta pedidos formales de informes al Poder Ejecutivo y solicitudes de interpelación en el Congreso.
El episodio reabre una disputa que había quedado en segundo plano en el debate político. Ahora, con nuevos elementos sobre llamadas telefónicas previas y posteriores al tuit presidencial que promocionó la criptomoneda, la oposición busca reinstalar una pregunta incómoda para el Gobierno: si el presidente estaba efectivamente al margen del proyecto o si tuvo un rol activo en la operatoria.
Las llamadas que vuelven a poner el foco en el Presidente
El eje de la ofensiva política se concentra en los registros telefónicos que vinculan al jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia con Mauricio Novelli, señalado por los legisladores como uno de los articuladores de la operatoria del token.
El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) sostuvo que esos registros contradicen la versión oficial que el Presidente había planteado cuando estalló el escándalo.
Según explicó, las comunicaciones se produjeron en las horas previas y posteriores al mensaje publicado por Milei en la red social X, donde el mandatario promocionó el token como una iniciativa vinculada a inversión para pymes.
Desde la oposición interpretan que esa secuencia abre interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tenía el Presidente sobre el proyecto.
En paralelo, el ex presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), calificó el caso como una “estafa y un hecho de corrupción millonario” que, según su interpretación, implicó una utilización indebida de la investidura presidencial.
Ferraro sostuvo además que el Presidente habría sido “partícipe necesario” de la operatoria, una afirmación que eleva el tono político del conflicto y anticipa un escenario de mayor confrontación parlamentaria.
La ofensiva institucional: denuncias y pedidos de interpelación
El movimiento opositor no se limita al plano discursivo. Los legisladores anunciaron una serie de acciones institucionales que buscan presionar sobre distintos frentes.
La primera apunta al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación judicial del caso. Los diputados resolvieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedir formalmente su apartamiento de la causa.
El argumento central es que habría existido “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento de los hechos denunciados.
La decisión se produce en un momento particularmente sensible para la causa: el fiscal dejó sin efecto la citación como testigo de la abogada y periodista Natalia Volosin, quien había difundido documentos y datos que colocaron bajo presión a la investigación.
En paralelo, los legisladores anunciaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se esclarezca el contenido de las conversaciones entre funcionarios y Mauricio Novelli.
El requerimiento incluye a: Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, y Demian Reidel,
La oposición también anticipó que solicitará la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de Karina Milei en el Congreso.
Se trata de un movimiento con fuerte carga política: la interpelación parlamentaria funciona como uno de los instrumentos institucionales más visibles de control legislativo sobre el Ejecutivo.
El oficialismo se repliega y apuesta al silencio
Mientras la oposición intenta reinstalar el tema en la agenda pública, el Gobierno mantiene una estrategia de silencio político.
En la Casa Rosada no hubo respuestas directas sobre las nuevas revelaciones. Funcionarios consultados se limitaron a reiterar la postura expresada por el jefe de Gabinete: la investigación debe seguir su curso en la Justicia.
Al mismo tiempo, desde el entorno oficialista transmiten una señal de tranquilidad política.
Según esa posición, no aparecerá información que comprometa al Presidente en la causa.
La lógica del Gobierno parece clara: evitar ampliar el conflicto político y dejar que el caso se tramite en el plano judicial. No hubo, sin embargo, señales adicionales de respaldo institucional al mandatario más allá de esa postura.
En paralelo, el oficialismo intenta desplazar el foco del debate hacia la agenda económica. En su reciente disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente volvió a centrarse en el programa económico y reiteró que su plan apunta a erradicar la inflación.
El Congreso vuelve a ser el escenario de la disputa
El movimiento opositor también tiene una dimensión parlamentaria más amplia.
Los legisladores que integraron la comisión investigadora anticiparon que evaluarán una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para continuar delimitando responsabilidades políticas.
Entre las iniciativas en discusión aparece nuevamente la posibilidad de impulsar un juicio político contra el Presidente.
Sin embargo, el propio Juan Marino reconoció que la oposición no cuenta con la mayoría necesaria para iniciar el proceso. El mecanismo exige la mitad más uno de los votos para avanzar en Diputados y una mayoría agravada de dos tercios para prosperar.
Ese dato marca uno de los límites estructurales de la ofensiva política: la oposición puede abrir debates y presionar institucionalmente, pero enfrenta dificultades para transformar esa presión en decisiones formales del Congreso.
Periodismo, investigación y tensión institucional
El caso también reactivó un frente adicional: la relación entre el Gobierno y el periodismo.
Los diputados opositores repudiaron los cuestionamientos del Presidente hacia los periodistas que investigaron el tema y anunciaron que pedirán la convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso.
La intención es que los periodistas que publicaron las investigaciones puedan exponer sus hallazgos en el ámbito parlamentario.
De esta manera, la disputa deja de ser exclusivamente judicial o política y se proyecta también sobre la relación entre el poder político, el sistema institucional y el trabajo periodístico.
Un conflicto que vuelve a abrir interrogantes
El caso $LIBRA vuelve a instalar una tensión que parecía haberse disipado: hasta dónde llega la responsabilidad política del Presidente en una operación que combinó criptomonedas, redes sociales y promoción pública de inversiones.
La oposición intenta reactivar el expediente parlamentario y presionar sobre la investigación judicial.
El Gobierno, en cambio, apuesta a que la causa no avance hacia pruebas que comprometan al jefe de Estado.
Entre ambas estrategias se mueve un escenario todavía abierto. En las próximas semanas habrá que observar si el Congreso logra reactivar su capacidad investigativa, si la Justicia modifica el rumbo de la causa y, sobre todo, si aparecen nuevos elementos que alteren el equilibrio político que hasta ahora mantiene contenido el conflicto.
