Récord histórico de importaciones de bienes de consumo, Argentina superó los USD 8.300 millones entre enero y septiembre
Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 8.376 millones en los primeros nueve meses de 2025, el nivel más alto desde que existen registros, según un informe del Centro CEPA. El monto supera en USD 1.693 millones el récord previo de 2018 y consolida una dinámica que combina apertura importadora, aumento de empresas que compran en el exterior y retrocesos en la producción industrial nacional
Un salto del 25,3% y mayor peso en el total importado
Entre enero y septiembre de 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron 25,3% respecto del máximo de 2018. Solo en septiembre, el monto importado fue de USD 1.157 millones.
En términos relativos, estos bienes representaron el 14,6% del total importado, lo que implica un incremento de 4,1 puntos porcentuales frente al mismo período de 2023. Esta proporción confirma una tendencia de mayor peso de productos terminados en la estructura de importaciones nacionales.
El informe del Centro CEPA no solo cuantifica el aumento histórico, sino que también analiza la composición sectorial, el comportamiento empresarial y el efecto sobre la matriz productiva local.
Sectores con mayor crecimiento: electrodomésticos, transporte liviano, indumentaria y alimentos
El rubro Electrodomésticos, baterías y lámparas lideró la expansión con un aumento del 217,7% frente a 2023, representando 8,4% del total importado. Le siguió Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un alza del 69,3% y participación del 8,4%.
Otros sectores que acompañaron el salto importador: Prendas de vestir: +99,2% vs 2023 (participación del 6,3%). Productos alimenticios: +49,4% vs 2023 (16,4% del total, el más alto del conjunto). Marroquinería: +21,3% vs 2023.
Esta dinámica supone una recomposición de los canales de abastecimiento del mercado interno, con mayor peso de productos terminados importados en rubros tradicionalmente abastecidos por la industria nacional.
Explosión de empresas importadoras y reconfiguración del mercado
Entre enero y septiembre de 2025 se sumaron 9.235 nuevas empresas importadoras, un crecimiento del 70% respecto de 2023.
Los sectores con mayores incrementos de firmas fueron: Productos de caucho y plástico: +2.490 nuevas empresas. Marroquinería: +1.524 nuevas firmas. Prendas de vestir: +1.391 empresas. Electrodomésticos, baterías y lámparas: +1.069 nuevas importadoras.
Este aumento masivo de empresas operando en comercio exterior revela un cambio profundo en la estructura competitiva y anticipa una mayor presión sobre la industria local, que enfrenta importaciones más numerosas y diversificadas.
Quiénes lideran las importaciones de cada sector
El informe identifica a las compañías que concentran los mayores volúmenes:
Electrodomésticos, baterías y lámparas. PILISAR S.A. (Bosch): 14% del total importado, con crecimiento del 395% vs 2023. VISUAR S.A.. FRÁVEGA: 6% del total, con un incremento del 3.162% vs 2023. WHIRLPOOL: 6%.
Motos, bicicletas y equipos de transporte. Honda Motor: 18% del total, con un crecimiento del 43% vs 2023.
Prendas de vestir. TAC Argentina S.A. (Zara): 10%. Adidas Argentina S.A.: 10%. Puma Sports Argentina S.A.: 4%.
Productos alimenticios. Nestlé Argentina S.A.: 7% del total.
Marroquinería. Adidas Argentina S.A.: 15% del total, con una suba del 392% vs 2023.
Estos datos exhiben la concentración sectorial y la creciente participación de grandes multinacionales en la provisión de bienes importados al mercado doméstico.
Industria nacional en retroceso: sectores claves muestran caídas mientras importaciones se disparan
El informe advierte que el aumento récord de importaciones coincide con un deterioro de la producción local en varios segmentos. Mientras las importaciones de electrodomésticos crecieron 217,7%, la producción nacional de aparatos de informática, televisión y comunicaciones cayó 25,7%. Las importaciones de prendas de vestir subieron 61,8%, mientras que la producción de productos textiles se contrajo 18,9%. En alimentos y bebidas, la producción local cayó 0,2%, frente al auge importador del 49,4%. La producción de marroquinería se retrajo 26,8%, mientras sus importaciones crecieron 21,3%.
El contraste entre importaciones y producción local refleja un proceso de desplazamiento del producto nacional, con impacto directo en empleo, capacidad instalada y estructura industrial.
Inflación alimentaria y sensibilidad del consumidor. El tomate lideró los aumentos en el Mercado Central con un salto del 58%, mientras que en las góndolas los precios se dispararon hasta un 84,9%. El CEPA proyecta un alza de 0,1% en el IPC de agosto por el rubro alimentos frescos.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que en agosto 2025 los precios de frutas y hortalizas volvieron a tensionar la canasta básica. Según el relevamiento en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), el segmento de Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) registró una suba ponderada de 4,1% intermensual, lo que impactará con un aumento proyectado de 4,4% en el IPC del rubro.
En paralelo, el segmento frutas subió en promedio 5,1%, lo que se traduce en un alza esperada de 5,5% en el IPC Frutas, con un efecto neto de 0,1% adicional en la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas2025.09.09_Observatorio_Frutas_….
La presión inflacionaria se explica tanto por factores de oferta –clima adverso, cortes logísticos y sobrecostos en insumos dolarizados– como por dinámicas específicas en la cadena productiva, que van desde la crisis del sector papero hasta la recuperación parcial de exportaciones de limón.
Ganadores y perdedores en la variación de precios
En el Mercado Central, el tomate redondo fue el gran protagonista, con un salto del 58% en un solo mes, acumulando 183,3% en lo que va del año. La batata también mostró un incremento del 19,5%, mientras que el zapallo apenas subió 0,4%. En contraste, la lechuga se desplomó 35,3% y la papa cayó 19,2%, golpeada por la sobreoferta y los costos productivos.
El panorama interanual refleja una contracción del 38,8% en el segmento VTL, aunque con grandes disparidades: mientras la batata se encareció un 15,4%, la cebolla se abarató un 71,5%.
En el caso de las frutas, la única baja fue la naranja (-0,4%), mientras que el limón (+13,5%), la banana (+7,4%) y la manzana (+4,1%) marcaron subas. El limón lideró la variación interanual con un 61% de aumento, aunque en el acumulado del año arrastra una caída del 66,9%, reflejo de la inestabilidad del sector2025.09.09_Observatorio_Frutas_….
Supermercados: dispersión de precios y brechas crecientes
En las grandes cadenas relevadas (Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnLine), los precios de hortalizas subieron en promedio 3,6% en agosto, pero con fuertes disparidades. El tomate fue nuevamente el motor de la inflación, con un alza del 84,9%, seguido por el zapallo (+11,7%). En cambio, la lechuga (-22,6%), la batata (-14,3%), la papa (-0,3%) y la cebolla (-2,0%) registraron caídas.
La brecha entre el Mercado Central y los supermercados se disparó a 159,1%, un salto de 36,3 puntos porcentuales respecto de julio, con la lechuga mostrando la mayor diferencia: 300,1% entre ambos canales. Además, la dispersión entre cadenas fue notoria: la batata registró una diferencia de 84,8% entre el precio más caro (MasOnLine) y el más barato (Carrefour)2025.09.09_Observatorio_Frutas_….
Crisis papera y tensiones exportadoras
El sector papero atraviesa un cuadro crítico. La Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPP) alertó que la sobreoferta, los insumos dolarizados y la presión impositiva vuelven inviable la actividad. “Hay productores que van a perder el 100% de la inversión”, advirtió el vicepresidente de la entidad, al señalar que en el primer semestre las pérdidas alcanzaron hasta el 50% de lo invertido.
Por su parte, el sector citrícola encontró un respiro en la reactivación de exportaciones a Chile y Brasil, pero esa salida externa podría reducir la oferta interna y presionar aún más los precios locales del limón. En el caso de la banana, el corte prolongado del Paso Cristo Redentor por las nevadas en la cordillera impactó en la oferta e impulsó un fuerte aumento en la demanda doméstica.
Con la correlación estrecha entre los precios mayoristas del Mercado Central y el IPC (R² = 0,98 según CEPA), se prevé que las subas registradas en agosto se reflejen con fuerza en el índice oficial de inflación alimentaria. La suba conjunta de frutas y verduras aportará alrededor de 0,2% al IPC de agosto, un dato sensible en un contexto de alta inflación generalizada.
En este escenario, la evolución de los costos logísticos, la dinámica de exportaciones y la volatilidad climática serán factores decisivos en la trayectoria de los precios de alimentos frescos hacia fin de año.
El Foro Llao Llao del día 18 de abril tuvo a Javier Milei como uno de los principales expositores. Su propuesta económica, que repite ante distintos públicos, consiste en dolarizar la economía: “La dolarización de la economía lejos de traer problemas, trae muchas soluciones” (..) “El principal beneficio de eliminar la moneda es terminar para siempre con la inflación”.
Lo cierto es que la inflación de 7,7% correspondiente al mes de marzo y en ascenso respecto del dato de febrero (6,6%), coloca nuevamente al fenómeno como el eje de las propuestas de campaña en este año electoral y foco de las preocupaciones del conjunto de la población, atravesada por la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.
Posibles escenarios
Dolarizar implica reemplazar los pesos existentes por dólares. Es decir, que no circulen más pesos. En el contexto actual, la economía argentina se encuentra atravesada por serias dificultades en la acumulación de reservas por parte del Banco Central: desde CEPA estimaron que el superávit de USD 49 mil millones del periodo diciembre 2019- enero 2023 no significó mayores reservas, sino al contrario, las mismas se redujeron en USD -2 mil millones.
En el contexto actual (y recurrente en la economía argentina) de escasez de dólares, la dolarización implicaría una mega devaluación para reemplazar los pesos existentes con los dólares que tiene en forma neta el BCRA.
Base monetaria: De mínima se requeriría reemplazar la base monetaria, que es de $ 5,15 billones, por las reservas netas que tiene el BCRA, que rondan los USD 1.800 millones. De ahí surge un tipo de cambio en torno a los $2.860 por dólar.
Títulos de BCRA: No alcanzaría con reemplazar solamente la base monetaria, sino que existe un stock de pesos que, si bien no están en circulación, son el respaldo de los depósitos bancarios en moneda nacional. Son las famosas “LELIQ” y los pases pasivos y otros títulos en pesos del BCRA.
No reemplazarlos y sólo hacer el cambio de moneda en los registros contables de los bancos, podría derivar en que, cuando un depositante pretenda retirar su depósito (ahora convertido a dólares) esos dólares no estén, generando una crisis bancaria en la cual el BCRA no pueda actuar como prestamista de última instancia ya que no tendría dólares para hacerlo.
Las LELIQ, NOTALIQ y los pases pasivos suman $ 12,64 billones. Sumando estos otros pesos, el tipo de cambio de conversión sería de alrededor de $9.880.
Otros activos del BCRA: Quienes proponen la dolarización, plantean que el BCRA tiene otros activos. Dado que proponen también cerrar el Banco Central, estos activos deberían ser liquidados. Se trata de los activos que no forman parte de las reservas, ya que los que forman parte de las reservas ya asumimos su liquidación al sólo considerar las reservas netas y no las brutas. Esos activos son bonos y letras de deuda emitidos por el Estado Nacional -en pesos y en dólares-, las Letras intransferibles que le fueron entregadas en los distintos pagos de deuda con reservas internacionales y los Adelantos Transitorios otorgados al Tesoro Nacional.
Como su nombre lo indican esas letras son intransferibles, es decir no las puede vender a otro en el mercado el BCRA. De hecho, no tienen cotización. Su vencimiento es entre 2024 y 2032, totalizando USD 61.707 millones de valor nominal. Está claro que el Tesoro no tiene ese dinero, con lo cual para cancelarlas necesitaría de una ley del Congreso -si es con quita-, o bien tener acceso por esa cifra a los mercados voluntarios de crédito en moneda extranjera, lo que no se visualiza como factible en el corto plazo, y para cual también necesitaría autorización del Congreso.
Suponiendo que el BCRA pretenda vender al sector privado todos los títulos con cotización que tiene y exista demanda del sector privado para comprarlos, por los bonos en moneda extranjera obtendría alrededor de USD 3.500 millones a los precios actuales de esos bonos y por los bonos en moneda local alrededor de USD 2.000 millones.
Con estas estimaciones, se podrían sumar reservas netas por unos USD 5.500 millones. Estos son los activos que podrían reemplazar la totalidad de los pasivos en pesos del BCRA. Recordemos, eso siempre que aparezca demanda del sector privado para comprar esa importante cantidad de bonos sin que se vea afectado el precio.
En este escenario, el tipo de cambio por convertir solamente la base monetaria sería de alrededor de $705. Incluyendo, además de la base monetaria, las LELIQ, NOTALIQ y los pases pasivos, el tipo de cambio de conversión sería de alrededor de $ 2.430.
Licuación Salarial
El análisis realizado significa que, en distintos casos, la conversión de pesos por dólares supone un gran ajuste en el valor del tipo de cambio. Una gran devaluación con impacto en salarios e ingresos de la población.
Escenarios de devaluación:
Reemplazo de base monetaria con respaldo de reservas netas: dólar a $2.860
Reemplazo de base monetaria y títulos con respaldo de reservas netas: dólar a $9.880
Reemplazo de base monetaria con respaldo de reservas netas y liquidación de otros activos BCRA: dólar a $705
Reemplazo de base monetaria y títulos con respaldo de reservas netas y liquidación de otros activos BCRA: dólar a $2.430
Un salario bruto promedio del sector privado asciende a $276.375 y equivale a un neto (menos el 17%) de $187.900. su valor en dólares podría reducirse drásticamente en todos los escenarios:
Dólar de $224: salario de USD 840 (actual)
Dólar de $705: salario de USD 266 (-68%)
Dólar de $2.430: salario de USD 77 (-90%)
Dólar de $2.860: salario de USD 66 (-92%)
Dólar de $9.880: salario de USD 19 (-98%)
La pérdida de poder adquisitivo en dólares se ubicaría entre el 68% y el 98%, en este último caso tratándose del escenario de menor respaldo en dólares. La perspectiva es de lisa y llana licuación salarial.
La pérdida de las herramientas de política económica
En un esquema de desaparición del peso argentino, también se trastoca la caja de herramientas de la administración de la política económica: la política cambiaria, fiscal y monetaria.
Política cambiaria. Supongamos, por ejemplo, que ocurriera una baja generalizada de los precios de exportación de nuestro principal producto (soja, petróleo o gas). Eso genera una contracción de la cantidad de dinero circulante, lo que provocará una suba de la tasa de interés y una caída de la inversión productiva, la cual ya se encontrará desplomada por la imposibilidad de competir.
La caída de precios internacionales puede ser compensada en un país no dolarizado vía devaluación del tipo de cambio. La política cambiaria sirve para amortiguar shocks externos. De esa forma, se atenúa el impacto recesivo de una caída de los precios internacionales. De no existir dicha herramienta, todo el ajuste ocurrirá por cantidades y la recesión será inevitable, escenario que nos recuerda a la dinámica de la Convertibilidad.
No poder devaluar dejaría a la industria en una posición sumamente debilitada frente a su competencia internacional. Este sector, que representa a enero de 2023 nada menos que el segundo mayor generador de puestos registrados del sector privado (18% del total), sería castigado con una rentabilidad menor, provocando esto el cierre de una magnitud descomunal de empresas, particularmente pymes.
Por otra parte, es necesario mirar por el espejo retrovisor a nuestros principales socios comerciales, como Brasil y China, y entender su política cambiaria antes de tomar decisiones que nos expongan a perder competitividad frente a ellos. Brasil flota su moneda administradamente contra el dólar: de ocurrir una devaluación en Brasil como la que ocurrió en 1999, Argentina vería encarecer sus productos en dólares y no contaría con ninguna herramienta para frenar la entrada de productos del país vecino, lo que acabaría con muchas empresas locales.
Las posibilidades de nuestro país de insertarnos en las cadenas de valor internacionales dependen de la articulación entre las políticas cambiarias que protejan a la industria argentina y las políticas científicas que permitan reemplazar en nuestras industrias los insumos complejos tecnológicos importados por desarrollos locales.
La política fiscal.Toda merma en la actividad económica, como por ejemplo la que transitamos actualmente a causa de la sequía, provoca una caída abrupta de la recaudación. En marzo de 2023, de hecho, la caída de la recaudación alcanzó 21% en términos reales y en el primer trimestre de 2023 el déficit fiscal acumulado sumó $690 mil millones. Tanto las licitaciones públicas del Tesoro Nacional como la utilización – con limites por el acuerdo con FMI- de los Adelantos del BCRA son las herramientas de financiación del mismo.
En un esquema de dolarización, la supresión del déficit es un punto de partida que agregaría una fuerte dosis de ajuste a la licuación salarial mencionada anteriormente. De otro modo, dado que todo déficit fiscal supondría la necesidad de dólares para financiarlo, cualquier necesidad fiscal -incluso aquella por razones exógenas como una sequía- llevaría a colocar deuda pública en dólares.
La política monetaria.El ejemplo más claro del rol de los Bancos Centrales ha sido la pandemia, no sólo en Argentina sino a nivel global. La Reserva Federal de EEUU expandió la oferta de dinero en más de 10 puntos del PBI durante el 2022 (comprando sin límites títulos del tesoro), el Banco de Inglaterra impulsó un programa de compra de activos por un 30% del PBI (además de financiar al Tesoro), el Banco Central llevó adelante un programa de compra de activos por más de 750 mil millones de euros y el Banco de Japón impulsó, de manera similar, un programa de compra de títulos del Tesoro ilimitado.
Durante la crisis del Covid el Gobierno argentino, que se encontraba sin acceso a los mercados de deuda (endeudado con el FMI y habiendo defaulteado la deuda en pesos durante la gestión de Cambiemos) y cuyos recursos tributarios habían caído para junio de 2020 al 30% interanual, tuvo que asistir a hogares y empresas en una situación inédita desde el punto de vista sanitario y social. En 2020, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) transfirió al Tesoro Nacional $1,6 billones en concepto de utilidades y $407.720 millones como adelantos transitorios.
En este punto debemos necesariamente pensar en el rol del Estado en la crisis. El gasto sirvió para un abanico de medidas que salvó a empresas y trabajadores:
el pago del Ingreso Familiar de Emergencia o IFE que alcanzó a más de 9 millones de personas
la ampliación de subsidios de desempleo
la extensión de la Tarjeta Alimentar
la creación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que llegó al 70 % de quienes son empleadores en la Argentina. El 99,5 % de las empresas asistidas fueron PyMES
la creación de una línea de crédito a tasa cero por hasta 150 mil pesos en 2020 para trabajadores independientes formales (autónomos y monotributistas). En el caso del sector de cultura, se sumó un plazo de gracia de 12 meses.
las transferencias a provincias, cuyas recaudaciones se desplomaron y debieron hacer frente a mayores gastos sociales y sanitarios
La dolarización, por ejemplo, implicaría perder esa enorme capacidad de intervención en momentos de crisis. Cuando el Banco Central transfiere parte de las ganancias contables acumuladas en un año producto de la devaluación (transferencia de utilidades) o realiza un adelanto transitorio, el cual es un crédito sin plazo, está financiando al Tesoro para que no lo haga en el mercado, o en contextos en donde el mercado no puede hacerlo como fue la pandemia.
Antecedentes: caso Ecuador
En enero del año 2000, y atravesado por una profunda crisis económica, el gobierno de Mahuad decretó la dolarización de la economía, y de esta forma Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en eliminar su moneda nacional. A finales de la década de los 90 el panorama económico se había deteriorado fuertemente con una combinación de variables: el fenómeno de El Niño en 1998, la caída de los precios del petróleo y la crisis financiera internacional. Hacia 1999 y 2000 el sistema financiero nacional sufrió cierres o transferencias de más de la mitad de los bancos del país.
La dolarización, adoptada como medida drástica con el objetivo de estabilizar, no evitó la caída de Mahuad. Pero el esquema que dejó armado significó que la posibilidad de hacer sostenible la economía ecuatoriana pasara a depender de los precios internacionales del petróleo y el envío de remesas de emigrantes, con una premisa de austeridad fiscal y mayor eficiencia tributaria. Quienes apoyaron la decisión asumieron que este nuevo ordenamiento crearía un ambiente de estabilidad y confianza, favoreciendo la inversión y la reactivación.
En términos de poder adquisitivo, la historia previa de Ecuador había mostrado una sensible pérdida de poder adquisitivo: desde 1980 hasta la dolarización, Ecuador pierde casi 60% de su salario mínimo en términos reales. Es decir, se llega a la dolarización con una situación social de emergencia. La dolarización a su vez significó una fuerte devaluación, con un dólar multiplicándose cinco veces, que pulverizó los ahorros, los salarios y las jubilaciones, como corolario de una caída pronunciada a lo largo de varios años previos.
En los años siguientes la mejora salarial no logró recuperar lo perdido desde 1980, sino la mitad. Aunque se produjo una recuperación del salario mínimo desde el año 2000, el valor al que ascendió en 2011 se ubicó 30 puntos por debajo de 1980. Incluso en 2021, el salario mínimo se sostiene en 12 puntos por debajo de 1980. Dicho de otro modo: en Ecuador la dolarización consolidó la erosión salarial y solidificó un estado de situación de distribución desigual del ingreso que no pudo revertirse en los años posteriores (a diferencia del caso argentino).
Como se observa en el gráfico debajo, el caso de El Salvador, cuya dolarización fue en 1999, es aún más traumático: el salario mínimo perdió casi 65% de su valor en los 20 años previos y la dolarización no le permitió recuperar nada de lo perdido hasta 2011 (y sólo una pequeña porción si se llega hasta 2021).
El caso argentino es el inverso. El salario mínimo perdió entre 1980 y el 2000 aproximadamente 25% de su valor (y casi 40% a 2002), en buena medida durante la Convertibilidad. Luego de optar por una salida productiva, con fuerte devaluación como punto de partida pero con moneda propia y sin dolarizar, el salario inicia una recuperación posterior. Hacia 2011 el salario mínimo en Argentina no sólo logró recuperar lo perdido previamente, sino que muestra una mejora sustancial en todo el periodo:
mejora real de 177% respecto de 1980
mejora real de 248% respecto de 2001
En un ejercicio de aproximación (comparación de las evoluciones de salario mínimo y PBI a precios constantes) se puede ver que, tanto en Ecuador como en El Salvador, la etapa que precede a la dolarización implica una brutal caída del salario mínimo real a la par de un incremento del PBI.
La etapa post dolarización, en Ecuador muestra que el salario se mueve a la par del PBI, sin modificar la distribución inequitativa original, mientras que en El Salvador la distribución empeora.
El caso argentino, en cambio, muestra, a todas luces, una dinámica muy distinta.
Ante el fenómeno de reversión de los precios internacionales del petróleo, se deterioró la balanza comercial de Ecuador y su frente fiscal, como se observa en el cuadro debajo. Ecuador recurre a mercados internacionales para financiar su déficit, y en 2019 firma un acuerdo con el FMI.
El 11 de marzo de 2019, bajo el gobierno de Lenin Moreno, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo por un monto de USD 4.200 millones (435% de la cuota y DEG 3.035 millones) en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). En 2020 debió renegociarlo en contexto de pandemia.
En suma, en Ecuador, mientras la balanza comercial pudo registrar saldos favorables producto de su exportación primaria con precios internacionales en alza, se registró mayor estabilidad que la experimentada en los 80 y 90, pero la acumulación de desequilibrios para sostener la dolarización (que lo llevaron al FMI) y el decidido abandono de un camino de diversificación productiva, sin un correlato contundente en mejora de vida de la población son un balance muy difícil de reivindicar (3).
El caso ecuatoriano forma parte de una acotada lista de países que perdió soberanía monetaria, tales como Panamá, El Salvador, Montenegro, Palaus, Kosovo, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia y Timor Oriental, y que se encuentran muy lejos de los ejemplos de desarrollo económico occidental que la literatura – incluso liberal – propone seguir.
Como se analizó anteriormente, la dolarización implica dos momentos: el ajuste inicial (esencialmente una reducción de la participación de los salarios en la economía), y las limitaciones posteriores derivadas del corset dolarizador.
La dolarización no resuelve la raíz estructural de los desequilibrios macroeconómicos en Argentina, sino que elimina la moneda propia, ajusta drásticamente el déficit fiscal (con lógico impacto en partidas sociales) y licúa salarios, abandonando la opción productiva. Es un cambio de ordenamiento profundo para virar hacia una economía para unos pocos.
Si en cambio, se avanzara en resolver de manera sostenible la dinámica bimonetaria de la economía argentina -principal vehículo de la suba de precios e inestabilidad macro-, con una más eficiente administración del comercio exterior sostenida en el tiempo (evitando desregulaciones cíclicas), financiación en el mercado local del déficit fiscal y solución a la salida de capitales, ¿para qué serviría una dolarización?
Precisamente, en ese camino la economía requiere una moneda propia, cuya fortaleza se sostenga en el tiempo.
¿Por qué se ha instalado, entonces, que conviene dolarizar? La dolarización aparece como recurso facilista para reunir consensos en torno al camino de licuación salarial que, hasta ahora en Argentina, no pudieron lograr de manera definitiva en cada avance neoliberal.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el segundo semestre de 2022: análisis de los principales indicadores vinculados a su evolución
Conclusiones al segundo semestre 2022 y proyecciones para el primer semestre de 2023
La incidencia de la pobreza alcanzó al 39,2% de las personas y la incidencia de la indigencia al 8,1% de las mismas. Estos datos muestran un incremento de la pobreza en 2,7 p.p respecto al primer semestre de 2022 y de 1,9 p.p respecto al semestre equivalente de 2021. En el caso de la indigencia, el dato muestra una reducción de 0,7 p.p respecto al primer semestre de 2022 y de 0,1 p.p. respecto al segundo semestre de 2021. Vale mencionar que la comparación con el primer semestre de 2022 es a modo de referencia dado que metodológicamente no es adecuado la comparación entre semestres no equivalentes.
El resultado actual se explica por (la referencia gráfica es sólo a modo ilustrativo en la comparación con el primer semestre 2022):
Precio de alimentos y CBA/CBA: se mantuvieron en niveles similares a los del primer semestre, pero en niveles sensiblemente superiores a los del segundo semestre 2021.
Salario de los trabajadores/as no registrados/as y SMVM: el primero se redujo 3,5% respeto del primer semestre (producto de bonos abonados en este último período) mientras que en la evolución del SMVM, se percibe un incremento de su poder adquisitivo de casi 1%, que se incrementa hasta 13,7% si se toman en cuenta los bonos de $22.500 abonados en noviembre y diciembre. Estos bonos sólo alcanzaban a aquellas personas sin ningún tipo de ingreso, lo cual implica que debe haber impactado positivamente en el segmento de indigencia y explicarían, en buena medida, la reducción del indicador respectivo. Respecto al período equivalente de 2021, el salario de las y los trabajadoras/es no registrados, se redujo 1,2%, mientras que en el SMVM se percibe un incremento de 6,4% considerando los bonos mencionados.
RIPTE: muestra, en el segundo semestre de 2022, una desmejora en términos reales de 3,8% respecto al primer semestre del año y de 3,5% respecto al período equivalente del año anterior.
Indicadores de empleo: durante el segundo semestre de 2022 mejoraron los indicadores de empleo. La desocupación se ubicó en 6,3% (IVT2022), el menor valor desde 2015, mientras que paralelamente se incrementó la tasa de empleo que pasó de 43,2% en el segundo semestre de 2021 a 44,4% en el mismo período de 2022.
AUH: en el segundo semestre de 2022, el valor real de la AUH se redujo sensiblemente respecto del nivel del primer semestre de 2022. La desmejora se explica principalmente por el impacto de los bonos otorgados en la primera parte del año (durante los meses de mayo y junio, se abonaron sendos bonos de $9.000 para aquellas personas sin trabajo formal, AUH, y otros). El valor del segundo semestre 2022 resulta 9,7% menor al del período equivalente del año anterior.
Tarjeta Alimentar: se percibe una desmejora en la evolución real de los ingresos de la Tarjeta Alimentar que, en el segundo semestre de 2022, se reduce casi 10% respecto al primer semestre de 2022 y 14% respecto al semestre equivalente de 2021.
Planes sociales: el escenario muestra una reducción de su poder adquisitivo de 5% respecto al primer semestre de 2022 (como resultado el impacto de los bonos de mayo y junio de 2022) y de 6% respecto al semestre equivalente de 2021.
Jubilación mínima: durante el segundo semestre de 2022, la jubilación mínima muestra una desmejora de algo más de 5% en relación al primer semestre y de 7% respecto al mismo período de 2021. No hubo variaciones sensibles en cantidades.
Al comparar la mediana de salarios con la CBT se observa que no logra recuperarse lo perdido durante la gestión de Cambiemos. Los datos muestran que la mediana salarial neta pasó, entre finales de 2017 y hasta finales de 2019, de superar a la CBT en 12,2% a quedar por debajo de la misma en 12% (una retracción de casi 25 puntos). Ese proceso se profundiza levemente con la pandemia: la mediana queda por debajo de la CBT en 15 puntos. Luego, en la pospandemia, la situación mejora llegando en diciembre de 2022 a 93,1%.
Respecto La pobreza y el nivel de actividad económica, se concluyó que en el segundo semestre de 2022 se logra recuperar los niveles de actividad del segundo semestre de 2017 pero no se vuelve a los niveles previos de pobreza. Esta evolución permite confirmar, por enésima vez, que la recuperación post pandemia no tuvo una distribución del ingreso equitativa.
Respecto al primer semestre de 2023, los datos disponibles muestran niveles elevados de inflación (inercia, especulación, tensiones cambiarias), y CBA y CBT moviéndose por encima del segundo semestre de 2022 (7,2% y 11,7% la CBA en enero y febrero y 7,2% y 8,2% la CBT en el mismo período). En relación con los ingresos, el SMVM, en el primer trimestre el incremento de 12,2% “se quedó corto” y perdió contra la inflación, que alcanzó 19,4; pero en el segundo, el incremento de 26,6% (15,6%, 6% y 5% para los meses de abril, mayo y junio respectivamente) supera la inflación esperada de 18,3%. La jubilación mínima tendrá un mejor desempeño en el primer semestre 2023 como resultado de los bonos de $10.000 y $15.000 implementados al menos hasta mayo de 2023. En términos de empleo, el trabajo registrado muestra, aun en 2023, crecimiento sostenido. Finalmente, es menester mencionar que los impedimentos para realizar política fiscal resultantes del acuerdo con el FMI, limitan sensiblemente la capacidad del gobierno para realizar políticas de ingresos que combatan la pobreza.
Para este 8 de marzo de 2023, a más de tres años de gobierno del Frente de Todos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, el informe aporta un análisis en clave de género del proceso de recuperación sostenida de la economía, la producción y el empleo al que asistimos, después de atravesar un período complejo signado por la crisis desatada primero por el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) y luego por la pandemia, que afectó a todas las economías del mundo.
Se proporcionan las principales brechas de género, analizando el estado de situación al tercer trimestre de 2022. De manera complementaria, se propone una sistematización de las principales políticas públicas adoptadas por los niveles nacional y subnacional en clave de género. Estas significaron un avance en la institucionalización creciente de la perspectiva, que tiene a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como máxima expresión de esa voluntad de jerarquizar las políticas.
Brechas de género 2022: crecimiento y empleo con desigualdades de género que persisten
El año 2022 estuvo signado por la recuperación sostenida de la economía, la producción y el empleo, con una expansión interanual a septiembre de 2022 de 4,9%. La recuperación económica se refleja en el crecimiento de la tasa de actividad, que se ubica por encima del promedio de los últimos 7 años. Las mujeres alcanzaron una tasa de actividad histórica para un tercer trimestre desde 2016, llegando a 51,1%. Sin embargo, la brecha con los varones en el nivel de tasa de actividad se amplió, alcanzando los 19,3 puntos porcentuales (p.p).
En términos generales, en el mercado laboral, al tercer trimestre de 2022, luego de dos años consecutivos de crecimiento económico, productivo y del empleo, las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad, mayor nivel de desocupación, sobre todo si son jóvenes, y cuando acceden al trabajo, lo hacen en empleos de menor calidad y en sectores de menor ingreso.
En efecto, si bien la tasa de desocupación general registra dos años consecutivos de recuperación, alcanzando valores 2,6 puntos más bajos que en el gobierno de Cambiemos en 2019, la desocupación de las mujeres, al tercer trimestre de 2022 continúa por encima de la general. Este es un dato alineado a los valores históricos, donde las mujeres presentan una tasa del 7,8% contra 6,5% en los varones. La brecha en tasa de desocupación se mantiene en niveles similares a 2021, alcanzando 1,3 puntos.
En el caso de las personas jóvenes, la tasa de desempleo general se redujo considerablemente, ubicándose por debajo del promedio de los últimos 7 años. Sin embargo, la caída de la desocupación tiene ritmos distintos en mujeres y varones. Al tercer trimestre de 2022 las mujeres jóvenes presentan una tasa de desocupación de 16,6% contra 14,3% para varones, con una brecha de 2,3 puntos, por debajo del promedio de los últimos años.
Como contracara de la recuperación económica, durante el tercer trimestre de 2022 se observa un crecimiento de la informalidad, que se ubicó en el 37,4%, 4,3 p.p. más elevada que en el mismo período de 2021. Como una constante, vemos cómo son las mujeres las que tienen mayor participación en los trabajos informales. En el tercer trimestre del 2022, la tasa de informalidad de las mujeres fue del 39,4% y en el caso de los varones, la misma se ubica en 35,7%, alcanzando una brecha de 3,7 p.p.
Esta situación de desigualdad redunda en una asimetría en los ingresos que perciben las personas. Si bien hubo una reducción de la brecha en términos interanuales, para el tercer trimestre del 2022, los varones percibieron un 24,6% más de ingresos personales y un 22,8% más de ingresos por ocupación principal que las mujeres. Ahora bien, en el caso del empleo formal, la brecha de ingresos fue de 16,5%, mientras que en el mercado informal, asciende a 34,6%. Esto evidencia que además del acceso a la seguridad social, el empleo formal permite mejores ingresos y redunda en una menor brecha salarial.
Además de los datos del mercado de trabajo, es importante analizar cómo se resuelven las necesidades de cuidado. Esta distribución tiene impacto directo en la posibilidad de insertarse (o no) en el mercado de trabajo.
En el presente informe se analizó especialmente la información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) de 2021, que arrojó, de modo similar a 2013, que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en promedio seis horas y media (6:31) diarias en comparación a las tres horas cuarenta minutos (3:40) de los participantes varones. Es decir, hay una brecha de casi tres horas (2:51) en promedio. Esto tiene implicancias en la inserción en el mercado de trabajo remunerado, donde los varones dedican una hora y media más (1:32) por día que las mujeres, en promedio.
Esta mayor carga de TNR se profundiza en aquellos sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad dado que no pueden contratar servicios de cuidado, lo que reduce a su vez las posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Además, las diferencias empeoran para las mujeres en aquellos hogares donde hay más de cuatro personas demandantes de cuidado (fundamentalmente menores de 13 años).
La distribución desigual en el acceso al mercado laboral y a los ingresos entre varones y mujeres tiene como correlato labrecha patrimonial. El análisis de los impuestos directos sobre la riqueza da cuenta de que la misma se encuentra fuertemente masculinizada. Como contracara, en la feminización de la pobreza donde confluyen la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de menores ingresos y la mayor carga/presión tributaria sobre las mismas vía impuestos indirectos o al consumo.
Dicho de otro modo: las mujeres ganan menos, poseen menos riqueza y destinan mayor porcentaje de sus ingresos al pago de impuestos vía impuestos indirectos -y regresivos- como el IVA (CEPA, 2022).
Bienes personales: Al año 2020, de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34,5% corresponde a mujeres y el 65,5% a varones, evidenciando una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género. Esta distribución inequitativa se amplía aún más si se considera el valor de los bienes en posesión de los varones respecto de las mujeres. Sobre el valor total de los bienes declarados, el 72% correspondían a varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28%.
Ganancias: Durante el período fiscal 2020, las declaraciones juradas presentadas alcanzaron 902.686 casos, de las cuales 631.193 corresponden a varones (69,9%), mientras que 271.493 pertenecen a mujeres (apenas un 30,1%). En cuanto a los ingresos gravados, los varones explican un 76,2% mientras las mujeres apenas un 23,8%.
Políticas para transformar
Transcurridos más de tres años de gestión del Frente de Todos, en el marco de la decisión del gobierno de generar políticas públicas con perspectiva de género desde el Estado Nacional, se han relevado, sistematizado y agrupadocincuenta políticas,programas y medidas que se han llevado a cabo, organizadas en seis categorías o dimensiones, de acuerdo al objetivo que persiguen. Aquí, una sintética enumeración de las más significativas según cada eje.
Políticas para prevenir, erradicar y abordar las violencias por motivos de género: Programa Acompañar y Programa Acompañar Derechos (PAD).
Políticas para reducir, redistribuir y reconocer las tareas de cuidado: reconocimiento de años de aporte para mujeres con hijas/os y moratorias previsionales, la más reciente aprobada por el Congreso el 28 de febrero de este año.
Políticas para reforzar los ingresos de mujeres y diversidades: Tarjeta Alimentar y Bonos para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas, dado que las dos terceras partes de quienes perciben la jubilación mínima, son mujeres.
Políticas para mejorar la inserción laboral de mujeres y diversidades: Cupo Laboral Travesti-Trans para el Sector Público Nacional.
Políticas de gestión para la igualdad: Ley Micaela y Ley de Equidad de género en servicios de comunicación.
Políticas para garantizar el acceso a la salud de mujeres y diversidades: Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Avances en presupuesto con perspectiva de género
En el PPG nacional 2023 se etiquetaron 49 programas que ejecutan 25 organismos del Estado pertenecientes a 16 ministerios. Ello implicará una inversión anual de $ 4,2 billones de pesos, que representa el 14,7% del presupuesto total del Estado Nacional.
La metodología implementada por el Estado nacional clasifica a las políticas etiquetadas en función de las brechas de género que aportan a cerrar: “Brecha Laboral”, “Brecha de Ingresos”, “Brecha de Violencia (Erradicación de la Violencia de Género)”, “Brecha de Tiempo y Cuidados” y “Brecha en Salud y Autonomía Física y Reproductiva”. En 2022, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género lanzó la plataforma web de Presupuesto Abierto con Perspectiva de Género y Diversidad en la cual se comparte información valiosa.
A nivel subnacional, 18 de las 24 jurisdicciones han puesto en agenda el PPG.
Como hemos señalado ya en informes anteriores (9), los ciclos económicos impactan de manera diferencial en la calidad de vida de las mujeres. Con la recuperación de los principales indicadores de actividad económica y del mercado laboral, podemos ver cómo la mejora de las condiciones de vida no alcanzan a todxs de la misma manera. Esto permite afirmar que la recuperación económica tiene efectos distintos según el género de las personas.
Por otro lado,el impacto diferenciado del crecimiento económico nos remarca la importancia del rol activo del Estado a la hora de diseñar políticas públicas que reconozcan las desigualdades estructurales que nos atraviesan y se propongan mitigarlas. Para ello, contar con información precisa y actualizada sobre cómo se configuran las desigualdades es una tarea que consideramos prioritaria.
Finalmente, repasar, analizar y sistematizar algunas de las políticas del Estado Nacional, así como las de los niveles subnacionales nos permite poner en valor los distintos esfuerzos y la complejidad que revisten los abordajes de las desigualdades. Desde CEPA entendemos que la herramienta de los presupuestos con perspectiva de género constituye un instrumento fundamental, que pone de relieve que los objetivos de las políticas deben ir acompañados de recursos que los sostengan. La situación de cada provincia en la implementación de PPG es diversa, pero aproximadamente el 60% de ellas se encuentra en proceso de desarrollo de la herramienta. Avanzar en estandarizar los criterios de etiquetado y ponderación de los egresos, entonces, se hace necesario para poder plantear un análisis comparado de la situación del gasto con perspectiva de género.
