CENTRO CEPA

El gobierno reacciona mal y tarde a la irregularidad

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Luego de dar una señal de techo a las tasas y de una política monetaria menos restrictiva sobre el final de febrero, el gobierno continuó comprando reservas, aunque intervino en el mercado secundario de títulos indexados al dólar, mantuvo las tasas de cortísimo plazo en alrededor del 20,0% y obtuvo un rollover del 108,1% en la última licitación.

En cuanto a la acumulación de reservas, recordemos que el 23 de febrero se tomaron una serie de medidas que señalizaron un techo a las tasas de interés en pesos y buscaron desacelerar parcialmente el carry. Esto provocó una subida del tipo de cambio que se estabilizó en la zona de $1.400/$1.420. Dado que la oferta de divisas asociada al carry se reduciría, una hipótesis, convalidada hoy, es que a partir de este cambio el BCRA desaceleraría su compra de divisas para no ponerle presión al precio del dólar. Desde el 23 de febrero hasta la fecha, el promedio de compra del BCRA al Sector Privado fue de USD 60 millones diarios, mientras que el promedio del año hasta ese cambio de dinámica que señalamos había sido de USD 73 millones. En principio uno podría pensar que el gobierno eligió una configuración en la cual las tasas de interés comiencen a ser más bajas y menos volátiles, a cambio de aflojar marginalmente el ritmo de compras que sostuvo durante los primeros dos meses del año, siempre que el efecto sobre el tipo de cambio no sea significativo. Aun así, todavía es pronto para sacar conclusiones y un factor que debe ponderarse en el análisis es el contexto internacional que entró en turbulencia, con presiones devaluatorias sobre países emergentes y la incertidumbre generada por la guerra en medio oriente.

En cuanto a las condiciones de política monetaria, el BCRA admitió, en el último informe monetario mensual, que las compras de reservas no tuvieron como contraparte un aumento en la demanda de dinero, algo que habíamos adelantado en el newsletter de CEPA. La mención resulta peculiar dado que contradice el discurso de más de un funcionario de la autoridad monetaria. Por ejemplo, Federico Furiase (hoy Secretario de Finanzas) publicó a principios de febrero que “El Tesoro absorbe pesos que vienen del desarme de repo pasivo del BCRA”, es decir, que la compra dólares sí respondió a un aumento en la demanda de dinero, cuyo incremento se reflejó en una caída del stock de pesos que “sobran” en el sistema financiero (repo pasivo del BCRA) durante el mes de diciembre. Este argumento omite aspectos que expusimos en nuestra 1era edición de febrero. El textual del informe del BCRA es: “En línea con el comportamiento de la demanda de dinero, la Base Monetaria se contrajo 0,8% en términos reales y ajustada por estacionalidad. Comparando el saldo a fin de febrero con el del cierre del primer mes del año registró una disminución de $1,8 billones. Si bien la compra de divisas de la autoridad monetaria fue un factor de creación primaria de dinero (en febrero adquirió USD 1.557 millones, acumulando un total de USD 2.715 millones en el primer bimestre del año), su efecto resultó más que compensado por la contracción asociada a las operaciones del fisco y a las operaciones del BCRA en el mercado secundario”.

La confesión del BCRA en su informe monetario se vio reflejada también en el resultado de la licitación del jueves 12, donde Finanzas obtuvo un rollover del 108,1% y retiró de circulación $0,9 billones. Justamente el monto esterilizado es similar a la emisión por compras de divisas realizadas por el Banco Central desde la última licitación ($0,8B), demostrando una continuidad en la dinámica del BCRA emitiendo y el Tesoro esterilizando. La última colocación también nos dejó algunos detalles clave: aun luego del mal dato de IPC (2,9% general y 3,1% la núcleo para febrero) se convalidaron tasas del 2,6% Efectiva Mensual para mayo de 2026, quedando en terreno negativo; por otro lado, el bonar AO27 en dólares salió al 5,6% TIR y si bien el rendimiento disminuyó respecto a la anterior colocación, también lo hicieron las ofertas rechazadas (USD 286 millones vs. USD 718 millones). Creemos que esto responde a una disminución de los dólares ociosos en el sistema, por lo que a medida que éstos se vayan agotando, es probable que estas tasas no se mantengan en el mediano plazo.    

Según publicaron medios nacionales y replicaron agencias de Wall Street, la renuncia del Secretario de Finanzas Alejandro Lew estuvo relacionada con una frustrada colocación significativa de títulos en dólares para obtener el rollover de los próximos vencimientos, que finalmente se dio bajo la modalidad del AO27, en menor cuantía. La propuesta del ahora exsecretario hubiese sido una emisión bajo ley extranjera acompañado de un canje de títulos y habría conseguido acordar con los principales fondos colocar alrededor de USD 9.500 millones a una tasa del 9,75%. La idea era que el despeje temprano de los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027 acelere la caída del Riesgo País y permita al equipo económico un mayor margen de maniobra. La operación se canceló por orden de Milei.

Esta especulación no suena descabellada si tenemos en cuenta el discurso que adoptó el gobierno a partir del fracaso en la colocación de deuda de diciembre de 2025, donde luego de buscar USD 1.000 millones a menos del 9,0% TNA, obtuvieron USD 910 millones al 9,3% TNA y la postura pasó a ser “eliminar la dependencia de Wall Street”. Este episodio, en conjunto con la reticencia de los fondos extranjeros a los activos argentinos y la búsqueda de imposición de condiciones (recordemos que luego de las elecciones destacaron las declaraciones del director de mercados emergentes del fondo PIMCO, quien pidió “encarecidamente que dejen flotar su moneda” y agregó “los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Punto final.”) contribuyeron a lo que vemos como un deterioro en la relación del gobierno con estos actores y a una puja de poder de negociación en la cual Milei busca demostrar que no los necesita y que prefiere/puede recurrir a mecanismos como el REPO, privatizaciones y concesiones de empresas o colocaciones locales para evitarlos. Estas alternativas no son para nada sostenibles para el refinanciamiento de la carga de vencimientos en moneda extranjera (USD 34.568 millones durante 2026 y 2027 incluyendo Bonares, Globales y Organismos Internacionales) y creemos que más temprano que tarde tendrá que dar el brazo a torcer, a menos que proceda en la descapitalización del Banco Central.

Los balances bancarios continúan dando mal y el gobierno anuncia medidas

La última semana salieron las presentaciones trimestrales de los balances de los bancos y los resultados van en línea con lo que venimos desarrollando desde hace varias ediciones, la morosidad muestra aumentos en el cuarto trimestre para todos los bancos (aunque en niveles muy distintos). El Grupo Financiero Galicia muestra la morosidad más elevada, en 8,2%, mientras que el Banco Macro registra 3,9%. Para las cuatro principales entidades que reportan en bolsa (Galicia, Francés, Macro y Supervielle), a pesar de la diferencia en las cantidades, la dinámica es la misma: fuertes subas en la morosidad del segmento minorista, de entre 0,9 p.p. y 1,4 p.p. de aumento trimestral y en el rango de 4.0 a 5.3 p.p. en términos interanuales. Como consecuencia, las previsiones -los recursos que los bancos reservan para afrontar futuras pérdidas por intereses incobrables- mostraron significativos aumentos en términos reales durante el último trimestre: +408% para el Supervielle (lo que representa 35% de los ingresos trimestrales de la entidad), +243% en el caso del Banco Macro (16,5% de los ingresos), +233% Grupo Financiero Galicia (41% de los ingresos) y +181% en el Banco Francés (25% de los ingresos).

También es relevante marcar la caída de la participación de los bancos privados en el segmento de crédito hipotecario, que tuvo como consecuencia que el Banco Nación se convierta en casi único prestamista. A comienzos de 2025 el BNA otorgaba alrededor del 20% de esta línea y el Galicia lideraba con 32%, mientras que a enero de 2026 el Banco Nación representó el 97% de las hipotecas entregadas. Esto encuentra un correlato en la evolución de las tasas de interés ofrecidas, que en sus mínimos de oct-24 promediaban 5,4% TNA (con acreditación de sueldo) y en feb-26 promediaron 11,4% TNA, un incremento de 6 puntos porcentuales impulsado por la política del Tesoro de ofrecer tasas reales altas en sus títulos. Como reacción a la insostenibilidad del otorgamiento de estas líneas, los bancos habrían pedido al equipo económico medidas relacionadas a la securitización de estos créditos, es decir, el agrupamiento o empaquetamiento de múltiples hipotecas para convertirlas en activos financieros negociables en el mercado secundario de títulos. En este sentido, es posible que el gobierno esté pensando en utilizar los recursos del FAL como garantía de fondeo a mediano/largo plazo para la securitización de los créditos hipotecarios.

En este contexto de fuerte crecimiento del riesgo de crédito se conocieron dos medidas. Por un lado, el BCRA comunicó la implementación de un nuevo instrumento, el Cobro con Transferencia (CCT), que permite el cobro de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata hacia los acreedores (a diferencia del débito automático que puede presentar liquidaciones diferidas). Debería estar disponible para septiembre de 2026. Lo que consideramos más relevante de esta medida es el límite que impone en cuanto a la relación cuota/ingreso de 30% que, si bien era una práctica habitual para los bancos, la novedad es que incorpora a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). Uno de los grandes problemas de la dinámica de sobreendeudamiento de las familias derivó del no control de la relación cuota/ingreso en los PNFC (Mercado Pago, NaranjaX, etc.): aunque los bancos limitaban los nuevos préstamos al 30%, los PNFC permitían financiaciones, provocando que las cuotas (agregando deuda con ambos tipos de entidades) superen ampliamente el 30% del salario. Otros de los aspectos importantes de la nueva modalidad es la asignación de la responsabilidad de fraude al prestamista y el límite a la cantidad de intentos de cobro de las cuotas, ya que ciertas entidades otorgan préstamos a individuos con baja o nula capacidad de pago, pero apuestan a “barrer las cuentas” constantemente. Aunque el CCT contiene medidas que ayudarían a un mercado crediticio más saludable, llega muy tarde y no resuelve el problema de la irregularidad del crédito hoy, sino que suaviza las condiciones en adelante, pero tendrá, como contracara, una reducción de consumo. Como sostenemos constantemente, la morosidad es una consecuencia de un programa económico que no impone un marco de tasas de interés asequibles para las familias, al mismo tiempo que recurre a pisar los salarios como ancla inflacionaria.    

La otra medida anunciada fue el descuento en nómina, muy festejada por el ministro Sturzenegger en redes sociales. La norma, incluida en la Reforma Laboral y que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, consiste en la habilitación a las entidades bancarias para descontar del salario las cuotas de préstamos. Aunque el gobierno la comunique como una medida de alivio a las familias, realmente atiende a las necesidades de las Entidades Financieras. En cuanto a las tasas, el razonamiento se orienta a que, si es más segura la capacidad de cobro, el costo de endeudamiento debería bajar. Además, incentiva a un menor esfuerzo de los prestamistas respecto el análisis crediticio de las familias, ya que cuentan con un seguro de descuento salarial. Por último, aunque se lo presente como una modalidad libre de riesgo, está expuesto a la pérdida del empleo, en un contexto de expectativas de caída de la actividad industrial y la desregulación generada por la reforma laboral.

Los cuatro frentes de Trump: inflación, Irán, crecimiento y elecciones

Previo a la guerra con Irán, los datos de inflación núcleo en Estados Unidos del último trimestre mostraban un valor interanual cada vez menor (2,7% en diciembre, 2,5% en enero y 2,47% en febrero), aunque con datos trimestrales más cercanos al 3% anual. La pregunta era, entonces, si se había estancado el proceso desinflacionario. Pero ahora con el impacto inflacionario evidente derivado del precio del petróleo que oscila entre subas del 28% y 65% desde el inicio del conflicto, la pregunta es otra: la suba del petróleo ¿tendrá un efecto único (one off) o habrá impactos de segunda ronda que puedan llevar a la FED a subir las tasas de interés este año? En este contexto, las probabilidades implícitas de suba de tasas en base a la FED de Atlanta pasaron de 8% previo al conflicto al 23% para fines de 2026.

Este escenario de inflación creciente se presenta en un momento de mucha debilidad del mercado laboral: en febrero se perdieron 92.000 puestos de trabajo y el desempleo subió 0,1 p.p. (a la zona de 4,4%), nivel en el cual se mantiene relativamente estable desde septiembre de 2025 (aunque es 0,6 p.p. mayor al valor de marzo 2025). La debilidad del mercado laboral se refleja en que, en promedio, la variación de empleo en los últimos seis meses fue de una retracción de mil puestos de trabajo por mes, en un país que según estimaciones de la FED y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), debe crear entre 40 mil y 80 mil puestos de trabajo mensuales para mantener estable el nivel de desempleo (debido a la incorporación de jóvenes e inmigrantes al mercado laboral).
Trump llegó al poder con la propuesta inicial del 3-3-3, que hacía referencia a aumentar en 3 millones la producción de barriles de petróleo, 3% el PBI y reducir el déficit financiero al 3%. Pero este escenario se encuentra lejos de cumplirse.

Para el objetivo de 3 millones nuevos de barriles por día el gobierno recurrió principalmente a desregulaciones del sector y quitar beneficios a las energías renovables, el resultado fue una suba de 0,7 millones desde enero a septiembre, donde la producción se estancó y las proyecciones de la EIA (Energy Information Administration) para 2026 no muestran un repunte en la producción, por lo que si se desea alcanzar el objetivo harán falta nuevas medidas o un precio mayor al promedio 2025 (USD $69 por barril).
El 3% de crecimiento del PBI por año aún no se logró: 2,2% en 2025 aunque impactado por el shutdown. Según el discurso oficial se alcanzaría por las desregulaciones y quitas de impuestos, aunque lo más probable es que el motor real para un eventual 3% de crecimiento sea la inteligencia artificial. En ese punto es relevante notar que el impacto de la política antinmigración de Trump lo alejó de la meta. Según estimaciones de la Reserva Federal de San Francisco, la inmigración neta en 2025 alcanzaría las 500.000 personas, frente a los 2,2 millones de 2024, lo que, según estimaciones de la FED de Dallas, redujo el crecimiento del PBI en 2025 entre 0,75 y 1,0 puntos porcentuales.

El último objetivo, de 3% de déficit financiero, depende no solo de una reducción del déficit primario mediante recaudación por aranceles y ajustes al gasto sino también una reducción en la carga de los intereses de la deuda por lo que, durante los últimos meses, se profundizaron las presiones hacia Powell para que baje las tasas. La combinación del fallo adverso de la Corte Suprema y que después de los últimos acontecimientos el mercado redujo sus expectativas de bajas de tasas, genera que se aleje aún más el objetivo.

Respecto al futuro de las tasas de interés, las especulaciones acerca de qué esperar con la asunción de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en mayo, son enormes. Se trata de un ex gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 que, si bien apoyó el Quantitave Easing (inyección de liquidez mediante compras de títulos públicos por parte de la FED), luego se volvió muy crítico de la liviandad con la que se lo utilizó posteriormente (actualmente nos encontramos en un ciclo de inyección de liquidez iniciado en diciembre 2025 por USD 20 mil millones mensuales). Si bien se trata de un perfil con diversas conferencias de prensa en las cuales prioriza controlar la inflación y, por lo tanto, se lo considera más propenso a un endurecimiento de la política monetaria, no es un factor a olvidar que quien propuso su candidatura es el mismo Trump. Luce difícil entender las razones por las cuales Trump hubiera elegido alguien incluso más restrictivo que Powell (a quien critica cada vez que puede por su “demora” en bajar las tasas). Es posible imaginar que, al revés de lo previsto, Kevin Warsh es elegido justamente para hacer el “trabajo sucio” (una baja de tasas más basada en motivos políticos que técnicos) por su reputación de un hombre duro contra la inflación.

Actualmente todos los medios económicos se centran en guerra en Irán. La previsión inicial de guerra corta (por los grandes costos en términos de actividad e inflación que puede generarle a Estados Unidos un conflicto extendido) parecen diluirse con el correr de los días. Se trata de una guerra con un país que parece haberse preparado para el conflicto, que cuenta con fuertes ventajas geográficas para defenderse y que apuesta a un proceso de desgaste atacando plantas desalinizadoras de agua de los países aliados de EE.UU. en la región y cerrando el estrecho de Ormuz para generar el mayor shock de oferta de la historia del petróleo (20 millones de barriles diarios o 20% del volumen global vs 5 millones o 10% del volumen global en la crisis del petróleo de 1973). En este contexto, los países miembros del G7 se comprometieron a liberar 400 millones de barriles para atender al shock (más del doble de lo que liberaron con el ataque de Rusia a Ucrania) y el Tesoro de los Estados Unidos empezó a intervenir activamente en los futuros de petróleo para intentar reducir el shock. Estas decisiones terminaron fortaleciendo la hipótesis de conflicto largo (un problema de flujo no se resuelve con stock). La extensión del conflicto impacta en dos problemas concretos. Por un lado, países como Iraq y Kuwait comunicaron que reducirán su producción ya que no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente para mantener el ritmo sin poder enviar barriles por el estrecho. En segundo lugar, aumenta las probabilidades de daños a capacidades instaladas difíciles de recuperar como la planta de GNL en Qatar, por lo que el mercado comienza a incorporar escenarios de estrés incluso después de una reapertura del estrecho de Ormuz.

La incertidumbre sobre la evolución de la inflación y el impacto futuro del incremento del precio del petróleo, los incumplimientos de promesas sobre PBI, déficit financiero y producción petrolera, la decisión de la Corte Suprema sobre aranceles y el escenario de posible postergación de baja de tasas, se debe analizar al calor de un hecho político trascendente: en noviembre de este año Trump enfrenta las elecciones de medio término, algo que parece condicionarlo en cada decisión.

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Importaciones de consumo superan los USD 8.300 millones y desplazan a la industria nacional

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Récord histórico de importaciones de bienes de consumo, Argentina superó los USD 8.300 millones entre enero y septiembre

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 8.376 millones en los primeros nueve meses de 2025, el nivel más alto desde que existen registros, según un informe del Centro CEPA. El monto supera en USD 1.693 millones el récord previo de 2018 y consolida una dinámica que combina apertura importadora, aumento de empresas que compran en el exterior y retrocesos en la producción industrial nacional

Un salto del 25,3% y mayor peso en el total importado

Entre enero y septiembre de 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron 25,3% respecto del máximo de 2018. Solo en septiembre, el monto importado fue de USD 1.157 millones.

En términos relativos, estos bienes representaron el 14,6% del total importado, lo que implica un incremento de 4,1 puntos porcentuales frente al mismo período de 2023. Esta proporción confirma una tendencia de mayor peso de productos terminados en la estructura de importaciones nacionales.

El informe del Centro CEPA no solo cuantifica el aumento histórico, sino que también analiza la composición sectorial, el comportamiento empresarial y el efecto sobre la matriz productiva local.

Sectores con mayor crecimiento: electrodomésticos, transporte liviano, indumentaria y alimentos

El rubro Electrodomésticos, baterías y lámparas lideró la expansión con un aumento del 217,7% frente a 2023, representando 8,4% del total importado.
Le siguió Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un alza del 69,3% y participación del 8,4%.

Otros sectores que acompañaron el salto importador: Prendas de vestir: +99,2% vs 2023 (participación del 6,3%). Productos alimenticios: +49,4% vs 2023 (16,4% del total, el más alto del conjunto). Marroquinería: +21,3% vs 2023.

Esta dinámica supone una recomposición de los canales de abastecimiento del mercado interno, con mayor peso de productos terminados importados en rubros tradicionalmente abastecidos por la industria nacional.

Explosión de empresas importadoras y reconfiguración del mercado

Entre enero y septiembre de 2025 se sumaron 9.235 nuevas empresas importadoras, un crecimiento del 70% respecto de 2023.

Los sectores con mayores incrementos de firmas fueron: Productos de caucho y plástico: +2.490 nuevas empresas. Marroquinería: +1.524 nuevas firmas. Prendas de vestir: +1.391 empresas. Electrodomésticos, baterías y lámparas: +1.069 nuevas importadoras.

Este aumento masivo de empresas operando en comercio exterior revela un cambio profundo en la estructura competitiva y anticipa una mayor presión sobre la industria local, que enfrenta importaciones más numerosas y diversificadas.

Quiénes lideran las importaciones de cada sector

El informe identifica a las compañías que concentran los mayores volúmenes:

Electrodomésticos, baterías y lámparas. PILISAR S.A. (Bosch): 14% del total importado, con crecimiento del 395% vs 2023. VISUAR S.A.. FRÁVEGA: 6% del total, con un incremento del 3.162% vs 2023. WHIRLPOOL: 6%.

Motos, bicicletas y equipos de transporte. Honda Motor: 18% del total, con un crecimiento del 43% vs 2023.

Prendas de vestir. TAC Argentina S.A. (Zara): 10%. Adidas Argentina S.A.: 10%. Puma Sports Argentina S.A.: 4%.

Productos alimenticios. Nestlé Argentina S.A.: 7% del total.

Marroquinería. Adidas Argentina S.A.: 15% del total, con una suba del 392% vs 2023.

Estos datos exhiben la concentración sectorial y la creciente participación de grandes multinacionales en la provisión de bienes importados al mercado doméstico.

Industria nacional en retroceso: sectores claves muestran caídas mientras importaciones se disparan

El informe advierte que el aumento récord de importaciones coincide con un deterioro de la producción local en varios segmentos. Mientras las importaciones de electrodomésticos crecieron 217,7%, la producción nacional de aparatos de informática, televisión y comunicaciones cayó 25,7%. Las importaciones de prendas de vestir subieron 61,8%, mientras que la producción de productos textiles se contrajo 18,9%. En alimentos y bebidas, la producción local cayó 0,2%, frente al auge importador del 49,4%. La producción de marroquinería se retrajo 26,8%, mientras sus importaciones crecieron 21,3%.

El contraste entre importaciones y producción local refleja un proceso de desplazamiento del producto nacional, con impacto directo en empleo, capacidad instalada y estructura industrial.

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Inflación de alimentos frescos: frutas y hortalizas suman 0,2% al IPC de agosto

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Inflación alimentaria y sensibilidad del consumidor. El tomate lideró los aumentos en el Mercado Central con un salto del 58%, mientras que en las góndolas los precios se dispararon hasta un 84,9%. El CEPA proyecta un alza de 0,1% en el IPC de agosto por el rubro alimentos frescos.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que en agosto 2025 los precios de frutas y hortalizas volvieron a tensionar la canasta básica. Según el relevamiento en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), el segmento de Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) registró una suba ponderada de 4,1% intermensual, lo que impactará con un aumento proyectado de 4,4% en el IPC del rubro.

En paralelo, el segmento frutas subió en promedio 5,1%, lo que se traduce en un alza esperada de 5,5% en el IPC Frutas, con un efecto neto de 0,1% adicional en la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas2025.09.09_Observatorio_Frutas_….

La presión inflacionaria se explica tanto por factores de oferta –clima adverso, cortes logísticos y sobrecostos en insumos dolarizados– como por dinámicas específicas en la cadena productiva, que van desde la crisis del sector papero hasta la recuperación parcial de exportaciones de limón.

Ganadores y perdedores en la variación de precios

En el Mercado Central, el tomate redondo fue el gran protagonista, con un salto del 58% en un solo mes, acumulando 183,3% en lo que va del año. La batata también mostró un incremento del 19,5%, mientras que el zapallo apenas subió 0,4%. En contraste, la lechuga se desplomó 35,3% y la papa cayó 19,2%, golpeada por la sobreoferta y los costos productivos.

El panorama interanual refleja una contracción del 38,8% en el segmento VTL, aunque con grandes disparidades: mientras la batata se encareció un 15,4%, la cebolla se abarató un 71,5%.

En el caso de las frutas, la única baja fue la naranja (-0,4%), mientras que el limón (+13,5%), la banana (+7,4%) y la manzana (+4,1%) marcaron subas. El limón lideró la variación interanual con un 61% de aumento, aunque en el acumulado del año arrastra una caída del 66,9%, reflejo de la inestabilidad del sector2025.09.09_Observatorio_Frutas_….

Supermercados: dispersión de precios y brechas crecientes

En las grandes cadenas relevadas (Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnLine), los precios de hortalizas subieron en promedio 3,6% en agosto, pero con fuertes disparidades. El tomate fue nuevamente el motor de la inflación, con un alza del 84,9%, seguido por el zapallo (+11,7%). En cambio, la lechuga (-22,6%), la batata (-14,3%), la papa (-0,3%) y la cebolla (-2,0%) registraron caídas.

La brecha entre el Mercado Central y los supermercados se disparó a 159,1%, un salto de 36,3 puntos porcentuales respecto de julio, con la lechuga mostrando la mayor diferencia: 300,1% entre ambos canales. Además, la dispersión entre cadenas fue notoria: la batata registró una diferencia de 84,8% entre el precio más caro (MasOnLine) y el más barato (Carrefour)2025.09.09_Observatorio_Frutas_….

Crisis papera y tensiones exportadoras

El sector papero atraviesa un cuadro crítico. La Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPP) alertó que la sobreoferta, los insumos dolarizados y la presión impositiva vuelven inviable la actividad. “Hay productores que van a perder el 100% de la inversión”, advirtió el vicepresidente de la entidad, al señalar que en el primer semestre las pérdidas alcanzaron hasta el 50% de lo invertido.

Por su parte, el sector citrícola encontró un respiro en la reactivación de exportaciones a Chile y Brasil, pero esa salida externa podría reducir la oferta interna y presionar aún más los precios locales del limón. En el caso de la banana, el corte prolongado del Paso Cristo Redentor por las nevadas en la cordillera impactó en la oferta e impulsó un fuerte aumento en la demanda doméstica.

Con la correlación estrecha entre los precios mayoristas del Mercado Central y el IPC (R² = 0,98 según CEPA), se prevé que las subas registradas en agosto se reflejen con fuerza en el índice oficial de inflación alimentaria. La suba conjunta de frutas y verduras aportará alrededor de 0,2% al IPC de agosto, un dato sensible en un contexto de alta inflación generalizada.

En este escenario, la evolución de los costos logísticos, la dinámica de exportaciones y la volatilidad climática serán factores decisivos en la trayectoria de los precios de alimentos frescos hacia fin de año.

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Dolarización: la pérdida del poder adquisitivo podría ir del 68% a 98%

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El Foro Llao Llao del día 18 de abril tuvo a Javier Milei como uno de los principales expositores. Su propuesta económica, que repite ante distintos públicos, consiste en dolarizar la economía: “La dolarización de la economía lejos de traer problemas, trae muchas soluciones” (..) “El principal beneficio de eliminar la moneda es terminar para siempre con la inflación”.

Lo cierto es que la inflación de 7,7% correspondiente al mes de marzo y en ascenso respecto del dato de febrero (6,6%), coloca nuevamente al fenómeno como el eje de las propuestas de campaña en este año electoral y foco de las preocupaciones del conjunto de la población, atravesada por la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.

Posibles escenarios

Dolarizar implica reemplazar los pesos existentes por dólares. Es decir, que no circulen más pesos. En el contexto actual, la economía argentina se encuentra atravesada por serias dificultades en la acumulación de reservas por parte del Banco Central: desde CEPA estimaron que el superávit de USD 49 mil millones del periodo diciembre 2019- enero 2023 no significó mayores reservas, sino al contrario, las mismas se redujeron en USD -2 mil millones.

En el contexto actual (y recurrente en la economía argentina) de escasez de dólares, la dolarización implicaría una mega devaluación para reemplazar los pesos existentes con los dólares que tiene en forma neta el BCRA.

Base monetaria: De mínima se requeriría reemplazar la base monetaria, que es de $ 5,15 billones, por las reservas netas que tiene el BCRA, que rondan los USD 1.800 millones. De ahí surge un tipo de cambio en torno a los $2.860 por dólar.

Títulos de BCRA: No alcanzaría con reemplazar solamente la base monetaria, sino que existe un stock de pesos que, si bien no están en circulación, son el respaldo de los depósitos bancarios en moneda nacional. Son las famosas “LELIQ” y los pases pasivos y otros títulos en pesos del BCRA.

No reemplazarlos y sólo hacer el cambio de moneda en los registros contables de los bancos, podría derivar en que, cuando un depositante pretenda retirar su depósito (ahora convertido a dólares) esos dólares no estén, generando una crisis bancaria en la cual el BCRA no pueda actuar como prestamista de última instancia ya que no tendría dólares para hacerlo.

Las LELIQ, NOTALIQ y los pases pasivos suman $ 12,64 billones. Sumando estos otros pesos, el tipo de cambio de conversión sería de alrededor de $9.880.

Otros activos del BCRA: Quienes proponen la dolarización, plantean que el BCRA tiene otros activos. Dado que proponen también cerrar el Banco Central, estos activos deberían ser liquidados. Se trata de los activos que no forman parte de las reservas, ya que los que forman parte de las reservas ya asumimos su liquidación al sólo considerar las reservas netas y no las brutas. Esos activos son bonos y letras de deuda emitidos por el Estado Nacional -en pesos y en dólares-, las Letras intransferibles que le fueron entregadas en los distintos pagos de deuda con reservas internacionales y los Adelantos Transitorios otorgados al Tesoro Nacional.

Como su nombre lo indican esas letras son intransferibles, es decir no las puede vender a otro en el mercado el BCRA. De hecho, no tienen cotización. Su vencimiento es entre 2024 y 2032, totalizando USD 61.707 millones de valor nominal. Está claro que el Tesoro no tiene ese dinero, con lo cual para cancelarlas necesitaría de una ley del Congreso -si es con quita-, o bien tener acceso por esa cifra a los mercados voluntarios de crédito en moneda extranjera, lo que no se visualiza como factible en el corto plazo, y para cual también necesitaría autorización del Congreso.

Suponiendo que el BCRA pretenda vender al sector privado todos los títulos con cotización que tiene y exista demanda del sector privado para comprarlos, por los bonos en moneda extranjera obtendría alrededor de USD 3.500 millones a los precios actuales de esos bonos y por los bonos en moneda local alrededor de USD 2.000 millones.

Con estas estimaciones, se podrían sumar reservas netas por unos USD 5.500 millones. Estos son los activos que podrían reemplazar la totalidad de los pasivos en pesos del BCRA. Recordemos, eso siempre que aparezca demanda del sector privado para comprar esa importante cantidad de bonos sin que se vea afectado el precio.

En este escenario, el tipo de cambio por convertir solamente la base monetaria sería de alrededor de $705. Incluyendo, además de la base monetaria, las LELIQ, NOTALIQ y los pases pasivos, el tipo de cambio de conversión sería de alrededor de $ 2.430.

Licuación Salarial

El análisis realizado significa que, en distintos casos, la conversión de pesos por dólares supone un gran ajuste en el valor del tipo de cambio. Una gran devaluación con impacto en salarios e ingresos de la población.

Escenarios de devaluación:

  • Reemplazo de base monetaria con respaldo de reservas netas: dólar a $2.860
  • Reemplazo de base monetaria y títulos con respaldo de reservas netas: dólar a $9.880
  • Reemplazo de base monetaria con respaldo de reservas netas y liquidación de otros activos BCRA: dólar a $705
  • Reemplazo de base monetaria y títulos con respaldo de reservas netas y liquidación de otros activos BCRA: dólar a $2.430

Un salario bruto promedio del sector privado asciende a $276.375 y equivale a un neto (menos el 17%) de $187.900. su valor en dólares podría reducirse drásticamente en todos los escenarios:

  • Dólar de $224: salario de USD 840 (actual)
  • Dólar de $705: salario de USD 266 (-68%)
  • Dólar de $2.430:  salario de USD 77 (-90%)
  • Dólar de $2.860:  salario de USD 66 (-92%)
  • Dólar de $9.880:  salario de USD 19 (-98%)

La pérdida de poder adquisitivo en dólares se ubicaría entre el 68% y el 98%, en este último caso tratándose del escenario de menor respaldo en dólares. La perspectiva es de lisa y llana licuación salarial.

La pérdida de las herramientas de política económica

En un esquema de desaparición del peso argentino, también se trastoca la caja de herramientas de la administración de la política económica: la política cambiaria, fiscal y monetaria.

Política cambiaria. Supongamos, por ejemplo, que ocurriera una baja generalizada de los precios de exportación de nuestro principal producto (soja, petróleo o gas). Eso genera una contracción de la cantidad de dinero circulante, lo que provocará una suba de la tasa de interés y una caída de la inversión productiva, la cual ya se encontrará desplomada por la imposibilidad de competir.

La caída de precios internacionales puede ser compensada en un país no dolarizado vía devaluación del tipo de cambio. La política cambiaria sirve para amortiguar shocks externos. De esa forma, se atenúa el impacto recesivo de una caída de los precios internacionales. De no existir dicha herramienta, todo el ajuste ocurrirá por cantidades y la recesión será inevitable, escenario que nos recuerda a la dinámica de la Convertibilidad.

No poder devaluar dejaría a la industria en una posición sumamente debilitada frente a su competencia internacional. Este sector, que representa a enero de 2023 nada menos que el segundo mayor generador de puestos registrados del sector privado (18% del total), sería castigado con una rentabilidad menor, provocando esto el cierre de una magnitud descomunal de empresas, particularmente pymes.

Por otra parte, es necesario mirar por el espejo retrovisor a nuestros principales socios comerciales, como Brasil y China, y entender su política cambiaria antes de tomar decisiones que nos expongan a perder competitividad frente a ellos. Brasil flota su moneda administradamente contra el dólar: de ocurrir una devaluación en Brasil como la que ocurrió en 1999, Argentina vería encarecer sus productos en dólares y no contaría con ninguna herramienta para frenar la entrada de productos del país vecino, lo que acabaría con muchas empresas locales.

Las posibilidades de nuestro país de insertarnos en las cadenas de valor internacionales dependen de la articulación entre las políticas cambiarias que protejan a la industria argentina y las políticas científicas que permitan reemplazar en nuestras industrias los insumos complejos tecnológicos importados por desarrollos locales.

La política fiscal.Toda merma en la actividad económica, como por ejemplo la que transitamos actualmente a causa de la sequía, provoca una caída abrupta de la recaudación. En marzo de 2023, de hecho, la caída de la recaudación alcanzó 21% en términos reales y en el primer trimestre de 2023 el déficit fiscal acumulado sumó $690 mil millones. Tanto las licitaciones públicas del Tesoro Nacional como la utilización – con limites por el acuerdo con FMI- de los Adelantos del BCRA son las herramientas de financiación del mismo.

En un esquema de dolarización, la supresión del déficit es un punto de partida que agregaría una fuerte dosis de ajuste a la licuación salarial mencionada anteriormente. De otro modo, dado que todo déficit fiscal supondría la necesidad de dólares para financiarlo, cualquier necesidad fiscal -incluso aquella por razones exógenas como una sequía- llevaría a colocar deuda pública en dólares. 

La política monetaria.El ejemplo más claro del rol de los Bancos Centrales ha sido la pandemia, no sólo en Argentina sino a nivel global. La Reserva Federal de EEUU expandió la oferta de dinero en más de 10 puntos del PBI durante el 2022 (comprando sin límites títulos del tesoro), el Banco de Inglaterra impulsó un programa de compra de activos por un 30% del PBI (además de financiar al Tesoro), el Banco Central llevó adelante un programa de compra de activos por más de 750 mil millones de euros y el Banco de Japón impulsó, de manera similar, un programa de compra de títulos del Tesoro ilimitado.

Durante la crisis del Covid el Gobierno argentino, que se encontraba sin acceso a los mercados de deuda (endeudado con el FMI y habiendo defaulteado la deuda en pesos durante la gestión de Cambiemos) y cuyos recursos tributarios habían caído para junio de 2020 al 30% interanual, tuvo que asistir a hogares y empresas en una situación inédita desde el punto de vista sanitario y social. En 2020, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) transfirió al Tesoro Nacional $1,6 billones en concepto de utilidades y $407.720 millones como adelantos transitorios.

En este punto debemos necesariamente pensar en el rol del Estado en la crisis. El gasto sirvió para un abanico de medidas que salvó a empresas y trabajadores:

  1. el pago del Ingreso Familiar de Emergencia o IFE que alcanzó a más de 9 millones de personas
  2. la ampliación de subsidios de desempleo
  3. la extensión de la Tarjeta Alimentar
  4. la creación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que llegó al 70 % de quienes son empleadores en la Argentina. El 99,5 % de las empresas asistidas fueron PyMES
  5. la creación de una línea de crédito a tasa cero por hasta 150 mil pesos en 2020 para trabajadores independientes formales (autónomos y monotributistas). En el caso del sector de cultura, se sumó un plazo de gracia de 12 meses.
  6. las transferencias a provincias, cuyas recaudaciones se desplomaron y debieron hacer frente a mayores gastos sociales y sanitarios

La dolarización, por ejemplo, implicaría perder esa enorme capacidad de intervención en momentos de crisis. Cuando el Banco Central transfiere parte de las ganancias contables acumuladas en un año producto de la devaluación (transferencia de utilidades) o realiza un adelanto transitorio, el cual es un crédito sin plazo, está financiando al Tesoro para que no lo haga en el mercado, o en contextos en donde el mercado no puede hacerlo como fue la pandemia.

Antecedentes: caso Ecuador

En enero del año 2000, y atravesado por una profunda crisis económica, el gobierno de Mahuad decretó la dolarización de la economía, y de esta forma Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en eliminar su moneda nacional. A finales de la década de los 90 el panorama económico se había deteriorado fuertemente con una combinación de variables: el fenómeno de El Niño en 1998, la caída de los precios del petróleo y la crisis financiera internacional. Hacia 1999 y 2000 el sistema financiero nacional sufrió cierres o transferencias de más de la mitad de los bancos del país.

La dolarización, adoptada como medida drástica con el objetivo de estabilizar, no evitó la caída de Mahuad. Pero el esquema que dejó armado significó que la posibilidad de hacer sostenible la economía ecuatoriana pasara a depender de los precios internacionales del petróleo y el envío de remesas de emigrantes, con una premisa de austeridad fiscal y mayor eficiencia tributaria. Quienes apoyaron la decisión asumieron que este nuevo ordenamiento crearía un ambiente de estabilidad y confianza, favoreciendo la inversión y la reactivación.

En términos de poder adquisitivo, la historia previa de Ecuador había mostrado una sensible pérdida de poder adquisitivo: desde 1980 hasta la dolarización, Ecuador pierde casi 60% de su salario mínimo en términos reales. Es decir, se llega a la dolarización con una situación social de emergencia. La dolarización a su vez significó una fuerte devaluación, con un dólar multiplicándose cinco veces, que pulverizó los ahorros, los salarios y las jubilaciones, como corolario de una caída pronunciada a lo largo de varios años previos.

En los años siguientes la mejora salarial no logró recuperar lo perdido desde 1980, sino la mitad. Aunque se produjo una recuperación del salario mínimo desde el año 2000, el valor al que ascendió en 2011 se ubicó 30 puntos por debajo de 1980. Incluso en 2021, el salario mínimo se sostiene en 12 puntos por debajo de 1980. Dicho de otro modo: en Ecuador la dolarización consolidó la erosión salarial y solidificó un estado de situación de distribución desigual del ingreso que no pudo revertirse en los años posteriores (a diferencia del caso argentino).

Como se observa en el gráfico debajo, el caso de El Salvador, cuya dolarización fue en 1999, es aún más traumático: el salario mínimo perdió casi 65% de su valor en los 20 años previos y la dolarización no le permitió recuperar nada de lo perdido hasta 2011 (y sólo una pequeña porción si se llega hasta 2021).

El caso argentino es el inverso. El salario mínimo perdió entre 1980 y el 2000 aproximadamente 25% de su valor (y casi 40% a 2002), en buena medida durante la Convertibilidad. Luego de optar por una salida productiva, con fuerte devaluación como punto de partida pero con moneda propia y sin dolarizar, el salario inicia una recuperación posterior. Hacia 2011 el salario mínimo en Argentina no sólo logró recuperar lo perdido previamente, sino que muestra una mejora sustancial en todo el periodo:

  1. mejora real de 177% respecto de 1980
  2. mejora real de 248% respecto de 2001

En un ejercicio de aproximación (comparación de las evoluciones de salario mínimo y PBI a precios constantes) se puede ver que, tanto en Ecuador como en El Salvador, la etapa que precede a la dolarización implica una brutal caída del salario mínimo real a la par de un incremento del PBI.

La etapa post dolarización, en Ecuador muestra que el salario se mueve a la par del PBI, sin modificar la distribución inequitativa original, mientras que en El Salvador la distribución empeora.

El caso argentino, en cambio, muestra, a todas luces, una dinámica muy distinta.

Ante el fenómeno de reversión de los precios internacionales del petróleo, se deterioró la balanza comercial de Ecuador y su frente fiscal, como se observa en el cuadro debajo. Ecuador recurre a mercados internacionales para financiar su déficit, y en 2019 firma un acuerdo con el FMI.

El 11 de marzo de 2019, bajo el gobierno de Lenin Moreno, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo por un monto de USD 4.200 millones (435% de la cuota y DEG 3.035 millones) en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). En 2020 debió renegociarlo en contexto de pandemia.

En suma, en Ecuador, mientras la balanza comercial pudo registrar saldos favorables producto de su exportación primaria con precios internacionales en alza, se registró mayor estabilidad que la experimentada en los 80 y 90, pero la acumulación de desequilibrios para sostener la dolarización (que lo llevaron al FMI) y el decidido abandono de un camino de diversificación productiva, sin un correlato contundente en mejora de vida de la población son un balance muy difícil de reivindicar (3).

El caso ecuatoriano forma parte de una acotada lista de países que perdió soberanía monetaria, tales como Panamá, El Salvador, Montenegro, Palaus, Kosovo, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia y Timor Oriental, y que se encuentran muy lejos de los ejemplos de desarrollo económico occidental que la literatura – incluso liberal – propone seguir.

Como se analizó anteriormente, la dolarización implica dos momentos: el ajuste inicial (esencialmente una reducción de la participación de los salarios en la economía), y las limitaciones posteriores derivadas del corset dolarizador.

La dolarización no resuelve la raíz estructural de los desequilibrios macroeconómicos en Argentina, sino que elimina la moneda propia, ajusta drásticamente el déficit fiscal (con lógico impacto en partidas sociales) y licúa salarios, abandonando la opción productiva. Es un cambio de ordenamiento profundo para virar hacia una economía para unos pocos.

Si en cambio, se avanzara en resolver de manera sostenible la dinámica bimonetaria de la economía argentina -principal vehículo de la suba de precios e inestabilidad macro-, con una más eficiente administración del comercio exterior sostenida en el tiempo (evitando desregulaciones cíclicas), financiación en el mercado local del déficit fiscal y solución a la salida de capitales, ¿para qué serviría una dolarización?

Precisamente, en ese camino la economía requiere una moneda propia, cuya fortaleza se sostenga en el tiempo.

¿Por qué se ha instalado, entonces, que conviene dolarizar? La dolarización aparece como recurso facilista para reunir consensos en torno al camino de licuación salarial que, hasta ahora en Argentina, no pudieron lograr de manera definitiva en cada avance neoliberal.

Fuente: Centro CEPA.

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Pobreza: la recuperación post pandemia no tuvo una distribución del ingreso equitativa

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El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el segundo semestre de 2022: análisis de los principales indicadores vinculados a su evolución

Conclusiones al segundo semestre 2022 y proyecciones para el primer semestre de 2023

  • La incidencia de la pobreza alcanzó al 39,2% de las personas y la incidencia de la indigencia al 8,1% de las mismas. Estos datos muestran un incremento de la pobreza en 2,7 p.p respecto al primer semestre de 2022 y de 1,9 p.p respecto al semestre equivalente de 2021. En el caso de la indigencia, el dato muestra una reducción de 0,7 p.p respecto al primer semestre de 2022 y de 0,1 p.p. respecto al segundo semestre de 2021. Vale mencionar que la comparación con el primer semestre de 2022 es a modo de referencia dado que metodológicamente no es adecuado la comparación entre semestres no equivalentes.
  • El resultado actual se explica por (la referencia gráfica es sólo a modo ilustrativo en la comparación con el primer semestre 2022):
  • Precio de alimentos y CBA/CBA: se mantuvieron en niveles similares a los del primer semestre, pero en niveles sensiblemente superiores a los del segundo semestre 2021.
  • Salario de los trabajadores/as no registrados/as y SMVM: el primero se redujo 3,5% respeto del primer semestre (producto de bonos abonados en este último período) mientras que en la evolución del SMVM, se percibe un incremento de su poder adquisitivo de casi 1%, que se incrementa hasta 13,7% si se toman en cuenta los bonos de $22.500 abonados en noviembre y diciembre. Estos bonos sólo alcanzaban a aquellas personas sin ningún tipo de ingreso, lo cual implica que debe haber impactado positivamente en el segmento de indigencia y explicarían, en buena medida, la reducción del indicador respectivo. Respecto al período equivalente de 2021, el salario de las y los trabajadoras/es no registrados, se redujo 1,2%, mientras que en el SMVM se percibe un incremento de 6,4% considerando los bonos mencionados.  
  • RIPTE: muestra, en el segundo semestre de 2022, una desmejora en términos reales de 3,8% respecto al primer semestre del año y de 3,5% respecto al período equivalente del año anterior.
  • Indicadores de empleo: durante el segundo semestre de 2022 mejoraron los indicadores de empleo. La desocupación se ubicó en 6,3% (IVT2022), el menor valor desde 2015, mientras que paralelamente se incrementó la tasa de empleo que pasó de 43,2% en el segundo semestre de 2021 a 44,4% en el mismo período de 2022.
  • AUH: en el segundo semestre de 2022, el valor real de la AUH se redujo sensiblemente respecto del nivel del primer semestre de 2022. La desmejora se explica principalmente por el impacto de los bonos otorgados en la primera parte del año (durante los meses de mayo y junio, se abonaron sendos bonos de $9.000 para aquellas personas sin trabajo formal, AUH, y otros). El valor del segundo semestre 2022 resulta 9,7% menor al del período equivalente del año anterior.
  • Tarjeta Alimentar: se percibe una desmejora en la evolución real de los ingresos de la Tarjeta Alimentar que, en el segundo semestre de 2022, se reduce casi 10% respecto al primer semestre de 2022 y 14% respecto al semestre equivalente de 2021.
  • Planes sociales: el escenario muestra una reducción de su poder adquisitivo de 5% respecto al primer semestre de 2022 (como resultado el impacto de los bonos de mayo y junio de 2022) y de 6% respecto al semestre equivalente de 2021.
  • Jubilación mínima: durante el segundo semestre de 2022, la jubilación mínima muestra una desmejora de algo más de 5% en relación al primer semestre y de 7% respecto al mismo período de 2021. No hubo variaciones sensibles en cantidades.
  • Al comparar la mediana de salarios con la CBT se observa que no logra recuperarse lo perdido durante la gestión de Cambiemos. Los datos muestran que la mediana salarial neta pasó, entre finales de 2017 y hasta finales de 2019, de superar a la CBT en 12,2% a quedar por debajo de la misma en 12% (una retracción de casi 25 puntos). Ese proceso se profundiza levemente con la pandemia: la mediana queda por debajo de la CBT en 15 puntos. Luego, en la pospandemia, la situación mejora llegando en diciembre de 2022 a 93,1%.
  • Respecto La pobreza y el nivel de actividad económica, se concluyó que en el segundo semestre de 2022 se logra recuperar los niveles de actividad del segundo semestre de 2017 pero no se vuelve a los niveles previos de pobreza. Esta evolución permite confirmar, por enésima vez, que la recuperación post pandemia no tuvo una distribución del ingreso equitativa.
  • Respecto al primer semestre de 2023, los datos disponibles muestran niveles elevados de inflación (inercia, especulación, tensiones cambiarias), y CBA y CBT moviéndose por encima del segundo semestre de 2022 (7,2% y 11,7% la CBA en enero y febrero y 7,2% y 8,2% la CBT en el mismo período). En relación con los ingresos, el SMVM, en el primer trimestre el incremento de 12,2% “se quedó corto” y perdió contra la inflación, que alcanzó 19,4; pero en el segundo, el incremento de 26,6% (15,6%, 6% y 5% para los meses de abril, mayo y junio respectivamente) supera la inflación esperada de 18,3%. La jubilación mínima tendrá un mejor desempeño en el primer semestre 2023 como resultado de los bonos de $10.000 y $15.000 implementados al menos hasta mayo de 2023. En términos de empleo, el trabajo registrado muestra, aun en 2023, crecimiento sostenido. Finalmente, es menester mencionar que los impedimentos para realizar política fiscal resultantes del acuerdo con el FMI, limitan sensiblemente la capacidad del gobierno para realizar políticas de ingresos que combatan la pobreza.
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