CEPA

El gobierno reacciona mal y tarde a la irregularidad

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Luego de dar una señal de techo a las tasas y de una política monetaria menos restrictiva sobre el final de febrero, el gobierno continuó comprando reservas, aunque intervino en el mercado secundario de títulos indexados al dólar, mantuvo las tasas de cortísimo plazo en alrededor del 20,0% y obtuvo un rollover del 108,1% en la última licitación.

En cuanto a la acumulación de reservas, recordemos que el 23 de febrero se tomaron una serie de medidas que señalizaron un techo a las tasas de interés en pesos y buscaron desacelerar parcialmente el carry. Esto provocó una subida del tipo de cambio que se estabilizó en la zona de $1.400/$1.420. Dado que la oferta de divisas asociada al carry se reduciría, una hipótesis, convalidada hoy, es que a partir de este cambio el BCRA desaceleraría su compra de divisas para no ponerle presión al precio del dólar. Desde el 23 de febrero hasta la fecha, el promedio de compra del BCRA al Sector Privado fue de USD 60 millones diarios, mientras que el promedio del año hasta ese cambio de dinámica que señalamos había sido de USD 73 millones. En principio uno podría pensar que el gobierno eligió una configuración en la cual las tasas de interés comiencen a ser más bajas y menos volátiles, a cambio de aflojar marginalmente el ritmo de compras que sostuvo durante los primeros dos meses del año, siempre que el efecto sobre el tipo de cambio no sea significativo. Aun así, todavía es pronto para sacar conclusiones y un factor que debe ponderarse en el análisis es el contexto internacional que entró en turbulencia, con presiones devaluatorias sobre países emergentes y la incertidumbre generada por la guerra en medio oriente.

En cuanto a las condiciones de política monetaria, el BCRA admitió, en el último informe monetario mensual, que las compras de reservas no tuvieron como contraparte un aumento en la demanda de dinero, algo que habíamos adelantado en el newsletter de CEPA. La mención resulta peculiar dado que contradice el discurso de más de un funcionario de la autoridad monetaria. Por ejemplo, Federico Furiase (hoy Secretario de Finanzas) publicó a principios de febrero que “El Tesoro absorbe pesos que vienen del desarme de repo pasivo del BCRA”, es decir, que la compra dólares sí respondió a un aumento en la demanda de dinero, cuyo incremento se reflejó en una caída del stock de pesos que “sobran” en el sistema financiero (repo pasivo del BCRA) durante el mes de diciembre. Este argumento omite aspectos que expusimos en nuestra 1era edición de febrero. El textual del informe del BCRA es: “En línea con el comportamiento de la demanda de dinero, la Base Monetaria se contrajo 0,8% en términos reales y ajustada por estacionalidad. Comparando el saldo a fin de febrero con el del cierre del primer mes del año registró una disminución de $1,8 billones. Si bien la compra de divisas de la autoridad monetaria fue un factor de creación primaria de dinero (en febrero adquirió USD 1.557 millones, acumulando un total de USD 2.715 millones en el primer bimestre del año), su efecto resultó más que compensado por la contracción asociada a las operaciones del fisco y a las operaciones del BCRA en el mercado secundario”.

La confesión del BCRA en su informe monetario se vio reflejada también en el resultado de la licitación del jueves 12, donde Finanzas obtuvo un rollover del 108,1% y retiró de circulación $0,9 billones. Justamente el monto esterilizado es similar a la emisión por compras de divisas realizadas por el Banco Central desde la última licitación ($0,8B), demostrando una continuidad en la dinámica del BCRA emitiendo y el Tesoro esterilizando. La última colocación también nos dejó algunos detalles clave: aun luego del mal dato de IPC (2,9% general y 3,1% la núcleo para febrero) se convalidaron tasas del 2,6% Efectiva Mensual para mayo de 2026, quedando en terreno negativo; por otro lado, el bonar AO27 en dólares salió al 5,6% TIR y si bien el rendimiento disminuyó respecto a la anterior colocación, también lo hicieron las ofertas rechazadas (USD 286 millones vs. USD 718 millones). Creemos que esto responde a una disminución de los dólares ociosos en el sistema, por lo que a medida que éstos se vayan agotando, es probable que estas tasas no se mantengan en el mediano plazo.    

Según publicaron medios nacionales y replicaron agencias de Wall Street, la renuncia del Secretario de Finanzas Alejandro Lew estuvo relacionada con una frustrada colocación significativa de títulos en dólares para obtener el rollover de los próximos vencimientos, que finalmente se dio bajo la modalidad del AO27, en menor cuantía. La propuesta del ahora exsecretario hubiese sido una emisión bajo ley extranjera acompañado de un canje de títulos y habría conseguido acordar con los principales fondos colocar alrededor de USD 9.500 millones a una tasa del 9,75%. La idea era que el despeje temprano de los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027 acelere la caída del Riesgo País y permita al equipo económico un mayor margen de maniobra. La operación se canceló por orden de Milei.

Esta especulación no suena descabellada si tenemos en cuenta el discurso que adoptó el gobierno a partir del fracaso en la colocación de deuda de diciembre de 2025, donde luego de buscar USD 1.000 millones a menos del 9,0% TNA, obtuvieron USD 910 millones al 9,3% TNA y la postura pasó a ser “eliminar la dependencia de Wall Street”. Este episodio, en conjunto con la reticencia de los fondos extranjeros a los activos argentinos y la búsqueda de imposición de condiciones (recordemos que luego de las elecciones destacaron las declaraciones del director de mercados emergentes del fondo PIMCO, quien pidió “encarecidamente que dejen flotar su moneda” y agregó “los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Punto final.”) contribuyeron a lo que vemos como un deterioro en la relación del gobierno con estos actores y a una puja de poder de negociación en la cual Milei busca demostrar que no los necesita y que prefiere/puede recurrir a mecanismos como el REPO, privatizaciones y concesiones de empresas o colocaciones locales para evitarlos. Estas alternativas no son para nada sostenibles para el refinanciamiento de la carga de vencimientos en moneda extranjera (USD 34.568 millones durante 2026 y 2027 incluyendo Bonares, Globales y Organismos Internacionales) y creemos que más temprano que tarde tendrá que dar el brazo a torcer, a menos que proceda en la descapitalización del Banco Central.

Los balances bancarios continúan dando mal y el gobierno anuncia medidas

La última semana salieron las presentaciones trimestrales de los balances de los bancos y los resultados van en línea con lo que venimos desarrollando desde hace varias ediciones, la morosidad muestra aumentos en el cuarto trimestre para todos los bancos (aunque en niveles muy distintos). El Grupo Financiero Galicia muestra la morosidad más elevada, en 8,2%, mientras que el Banco Macro registra 3,9%. Para las cuatro principales entidades que reportan en bolsa (Galicia, Francés, Macro y Supervielle), a pesar de la diferencia en las cantidades, la dinámica es la misma: fuertes subas en la morosidad del segmento minorista, de entre 0,9 p.p. y 1,4 p.p. de aumento trimestral y en el rango de 4.0 a 5.3 p.p. en términos interanuales. Como consecuencia, las previsiones -los recursos que los bancos reservan para afrontar futuras pérdidas por intereses incobrables- mostraron significativos aumentos en términos reales durante el último trimestre: +408% para el Supervielle (lo que representa 35% de los ingresos trimestrales de la entidad), +243% en el caso del Banco Macro (16,5% de los ingresos), +233% Grupo Financiero Galicia (41% de los ingresos) y +181% en el Banco Francés (25% de los ingresos).

También es relevante marcar la caída de la participación de los bancos privados en el segmento de crédito hipotecario, que tuvo como consecuencia que el Banco Nación se convierta en casi único prestamista. A comienzos de 2025 el BNA otorgaba alrededor del 20% de esta línea y el Galicia lideraba con 32%, mientras que a enero de 2026 el Banco Nación representó el 97% de las hipotecas entregadas. Esto encuentra un correlato en la evolución de las tasas de interés ofrecidas, que en sus mínimos de oct-24 promediaban 5,4% TNA (con acreditación de sueldo) y en feb-26 promediaron 11,4% TNA, un incremento de 6 puntos porcentuales impulsado por la política del Tesoro de ofrecer tasas reales altas en sus títulos. Como reacción a la insostenibilidad del otorgamiento de estas líneas, los bancos habrían pedido al equipo económico medidas relacionadas a la securitización de estos créditos, es decir, el agrupamiento o empaquetamiento de múltiples hipotecas para convertirlas en activos financieros negociables en el mercado secundario de títulos. En este sentido, es posible que el gobierno esté pensando en utilizar los recursos del FAL como garantía de fondeo a mediano/largo plazo para la securitización de los créditos hipotecarios.

En este contexto de fuerte crecimiento del riesgo de crédito se conocieron dos medidas. Por un lado, el BCRA comunicó la implementación de un nuevo instrumento, el Cobro con Transferencia (CCT), que permite el cobro de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata hacia los acreedores (a diferencia del débito automático que puede presentar liquidaciones diferidas). Debería estar disponible para septiembre de 2026. Lo que consideramos más relevante de esta medida es el límite que impone en cuanto a la relación cuota/ingreso de 30% que, si bien era una práctica habitual para los bancos, la novedad es que incorpora a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). Uno de los grandes problemas de la dinámica de sobreendeudamiento de las familias derivó del no control de la relación cuota/ingreso en los PNFC (Mercado Pago, NaranjaX, etc.): aunque los bancos limitaban los nuevos préstamos al 30%, los PNFC permitían financiaciones, provocando que las cuotas (agregando deuda con ambos tipos de entidades) superen ampliamente el 30% del salario. Otros de los aspectos importantes de la nueva modalidad es la asignación de la responsabilidad de fraude al prestamista y el límite a la cantidad de intentos de cobro de las cuotas, ya que ciertas entidades otorgan préstamos a individuos con baja o nula capacidad de pago, pero apuestan a “barrer las cuentas” constantemente. Aunque el CCT contiene medidas que ayudarían a un mercado crediticio más saludable, llega muy tarde y no resuelve el problema de la irregularidad del crédito hoy, sino que suaviza las condiciones en adelante, pero tendrá, como contracara, una reducción de consumo. Como sostenemos constantemente, la morosidad es una consecuencia de un programa económico que no impone un marco de tasas de interés asequibles para las familias, al mismo tiempo que recurre a pisar los salarios como ancla inflacionaria.    

La otra medida anunciada fue el descuento en nómina, muy festejada por el ministro Sturzenegger en redes sociales. La norma, incluida en la Reforma Laboral y que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, consiste en la habilitación a las entidades bancarias para descontar del salario las cuotas de préstamos. Aunque el gobierno la comunique como una medida de alivio a las familias, realmente atiende a las necesidades de las Entidades Financieras. En cuanto a las tasas, el razonamiento se orienta a que, si es más segura la capacidad de cobro, el costo de endeudamiento debería bajar. Además, incentiva a un menor esfuerzo de los prestamistas respecto el análisis crediticio de las familias, ya que cuentan con un seguro de descuento salarial. Por último, aunque se lo presente como una modalidad libre de riesgo, está expuesto a la pérdida del empleo, en un contexto de expectativas de caída de la actividad industrial y la desregulación generada por la reforma laboral.

Los cuatro frentes de Trump: inflación, Irán, crecimiento y elecciones

Previo a la guerra con Irán, los datos de inflación núcleo en Estados Unidos del último trimestre mostraban un valor interanual cada vez menor (2,7% en diciembre, 2,5% en enero y 2,47% en febrero), aunque con datos trimestrales más cercanos al 3% anual. La pregunta era, entonces, si se había estancado el proceso desinflacionario. Pero ahora con el impacto inflacionario evidente derivado del precio del petróleo que oscila entre subas del 28% y 65% desde el inicio del conflicto, la pregunta es otra: la suba del petróleo ¿tendrá un efecto único (one off) o habrá impactos de segunda ronda que puedan llevar a la FED a subir las tasas de interés este año? En este contexto, las probabilidades implícitas de suba de tasas en base a la FED de Atlanta pasaron de 8% previo al conflicto al 23% para fines de 2026.

Este escenario de inflación creciente se presenta en un momento de mucha debilidad del mercado laboral: en febrero se perdieron 92.000 puestos de trabajo y el desempleo subió 0,1 p.p. (a la zona de 4,4%), nivel en el cual se mantiene relativamente estable desde septiembre de 2025 (aunque es 0,6 p.p. mayor al valor de marzo 2025). La debilidad del mercado laboral se refleja en que, en promedio, la variación de empleo en los últimos seis meses fue de una retracción de mil puestos de trabajo por mes, en un país que según estimaciones de la FED y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), debe crear entre 40 mil y 80 mil puestos de trabajo mensuales para mantener estable el nivel de desempleo (debido a la incorporación de jóvenes e inmigrantes al mercado laboral).
Trump llegó al poder con la propuesta inicial del 3-3-3, que hacía referencia a aumentar en 3 millones la producción de barriles de petróleo, 3% el PBI y reducir el déficit financiero al 3%. Pero este escenario se encuentra lejos de cumplirse.

Para el objetivo de 3 millones nuevos de barriles por día el gobierno recurrió principalmente a desregulaciones del sector y quitar beneficios a las energías renovables, el resultado fue una suba de 0,7 millones desde enero a septiembre, donde la producción se estancó y las proyecciones de la EIA (Energy Information Administration) para 2026 no muestran un repunte en la producción, por lo que si se desea alcanzar el objetivo harán falta nuevas medidas o un precio mayor al promedio 2025 (USD $69 por barril).
El 3% de crecimiento del PBI por año aún no se logró: 2,2% en 2025 aunque impactado por el shutdown. Según el discurso oficial se alcanzaría por las desregulaciones y quitas de impuestos, aunque lo más probable es que el motor real para un eventual 3% de crecimiento sea la inteligencia artificial. En ese punto es relevante notar que el impacto de la política antinmigración de Trump lo alejó de la meta. Según estimaciones de la Reserva Federal de San Francisco, la inmigración neta en 2025 alcanzaría las 500.000 personas, frente a los 2,2 millones de 2024, lo que, según estimaciones de la FED de Dallas, redujo el crecimiento del PBI en 2025 entre 0,75 y 1,0 puntos porcentuales.

El último objetivo, de 3% de déficit financiero, depende no solo de una reducción del déficit primario mediante recaudación por aranceles y ajustes al gasto sino también una reducción en la carga de los intereses de la deuda por lo que, durante los últimos meses, se profundizaron las presiones hacia Powell para que baje las tasas. La combinación del fallo adverso de la Corte Suprema y que después de los últimos acontecimientos el mercado redujo sus expectativas de bajas de tasas, genera que se aleje aún más el objetivo.

Respecto al futuro de las tasas de interés, las especulaciones acerca de qué esperar con la asunción de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en mayo, son enormes. Se trata de un ex gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 que, si bien apoyó el Quantitave Easing (inyección de liquidez mediante compras de títulos públicos por parte de la FED), luego se volvió muy crítico de la liviandad con la que se lo utilizó posteriormente (actualmente nos encontramos en un ciclo de inyección de liquidez iniciado en diciembre 2025 por USD 20 mil millones mensuales). Si bien se trata de un perfil con diversas conferencias de prensa en las cuales prioriza controlar la inflación y, por lo tanto, se lo considera más propenso a un endurecimiento de la política monetaria, no es un factor a olvidar que quien propuso su candidatura es el mismo Trump. Luce difícil entender las razones por las cuales Trump hubiera elegido alguien incluso más restrictivo que Powell (a quien critica cada vez que puede por su “demora” en bajar las tasas). Es posible imaginar que, al revés de lo previsto, Kevin Warsh es elegido justamente para hacer el “trabajo sucio” (una baja de tasas más basada en motivos políticos que técnicos) por su reputación de un hombre duro contra la inflación.

Actualmente todos los medios económicos se centran en guerra en Irán. La previsión inicial de guerra corta (por los grandes costos en términos de actividad e inflación que puede generarle a Estados Unidos un conflicto extendido) parecen diluirse con el correr de los días. Se trata de una guerra con un país que parece haberse preparado para el conflicto, que cuenta con fuertes ventajas geográficas para defenderse y que apuesta a un proceso de desgaste atacando plantas desalinizadoras de agua de los países aliados de EE.UU. en la región y cerrando el estrecho de Ormuz para generar el mayor shock de oferta de la historia del petróleo (20 millones de barriles diarios o 20% del volumen global vs 5 millones o 10% del volumen global en la crisis del petróleo de 1973). En este contexto, los países miembros del G7 se comprometieron a liberar 400 millones de barriles para atender al shock (más del doble de lo que liberaron con el ataque de Rusia a Ucrania) y el Tesoro de los Estados Unidos empezó a intervenir activamente en los futuros de petróleo para intentar reducir el shock. Estas decisiones terminaron fortaleciendo la hipótesis de conflicto largo (un problema de flujo no se resuelve con stock). La extensión del conflicto impacta en dos problemas concretos. Por un lado, países como Iraq y Kuwait comunicaron que reducirán su producción ya que no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente para mantener el ritmo sin poder enviar barriles por el estrecho. En segundo lugar, aumenta las probabilidades de daños a capacidades instaladas difíciles de recuperar como la planta de GNL en Qatar, por lo que el mercado comienza a incorporar escenarios de estrés incluso después de una reapertura del estrecho de Ormuz.

La incertidumbre sobre la evolución de la inflación y el impacto futuro del incremento del precio del petróleo, los incumplimientos de promesas sobre PBI, déficit financiero y producción petrolera, la decisión de la Corte Suprema sobre aranceles y el escenario de posible postergación de baja de tasas, se debe analizar al calor de un hecho político trascendente: en noviembre de este año Trump enfrenta las elecciones de medio término, algo que parece condicionarlo en cada decisión.

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El 8M en perspectiva económica

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8M y economía: un informe advierte que las brechas de género se profundizan en el nuevo esquema fiscal. Un diagnóstico económico que reabre la discusión política sobre el modelo

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que vuelve a poner en el centro del debate el impacto social del actual programa económico. El documento sostiene que las políticas implementadas durante la gestión del gobierno nacional no afectan de forma neutral a la población, sino que amplían brechas estructurales entre varones y mujeres, especialmente en empleo, ingresos, acceso a políticas públicas y protección social.

Los datos relevados al tercer trimestre de 2025 muestran un patrón persistente: menor participación femenina en el mercado laboral, mayor precariedad, ingresos más bajos y una sobrerrepresentación en los segmentos de menores recursos. La pregunta que subyace al diagnóstico no es solo estadística. También es política: ¿puede sostenerse un programa de ajuste fiscal sin ampliar desigualdades preexistentes?

El informe propone leer las cifras dentro de un contexto más amplio: la reconfiguración del gasto público, la reforma laboral aprobada en febrero y los cambios en programas sociales y de cuidados, que forman parte del nuevo equilibrio fiscal impulsado por la administración nacional.

Radiografía de las brechas: empleo, ingresos y pobreza

Los indicadores laborales muestran una desigualdad persistente entre varones y mujeres.

La tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, mientras que en los varones llega al 70,1%, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo: 7,4% para mujeres frente a 5,9% en varones.

En materia de informalidad laboral la distancia también aparece, aunque más acotada. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones.

La brecha salarial resulta todavía más marcada. Según el informe, los ingresos masculinos superan entre 27,3% y 29% a los femeninos, diferencia que se amplía hasta 40% entre trabajadores informales.

Ese diferencial tiene consecuencias directas sobre la estructura social. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% del año anterior, lo que refuerza el fenómeno que los economistas denominan “feminización de la pobreza”.

La contracara es la distribución en los niveles altos de ingresos. En el decil superior, la participación femenina cae al 37%, mientras que 63% de ese segmento corresponde a varones.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los factores estructurales que condiciona la inserción laboral femenina se encuentra fuera del mercado de trabajo formal.

El informe señala que las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que impacta en su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa.

Ese patrón se refleja también en la composición sectorial del empleo. El trabajo en casas particulares, altamente feminizado, muestra cifras contundentes: 98,8% de quienes desempeñan esa actividad son mujeres.

Además, el sector sufrió un deterioro reciente. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, acompañado por una caída del salario real del 35,2%.

El impacto del ajuste en políticas públicas

El informe del CEPA pone especial atención en el rediseño presupuestario implementado en los últimos años. Según el relevamiento, el presupuesto 2026 consolidó la reducción o eliminación de programas orientados a reducir desigualdades de género.

El dato central: 7,5 de cada 10 programas vinculados a la reducción de brechas sufrieron recortes o directamente dejaron de existir.

Entre los principales cambios se destacan: Moratoria previsional: ajuste del 41,71%. Prestación Alimentar: reducción del 17,26%. Pensiones para madres de siete hijos: caída del 0,83%.

En contraste, el único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo, que registra un aumento del 74,64%, interpretado en el informe como un mecanismo de contención social frente al ajuste general.

En paralelo, tres programas orientados a reducir brechas laborales —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron virtualmente eliminados en el presupuesto proyectado para 2026.

Violencia, salud y políticas de cuidado: el reordenamiento presupuestario

Las áreas vinculadas a políticas de género también muestran cambios significativos.

Los programas destinados a protección de víctimas de violencia de género registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.

En el mismo período, la Línea 144, destinada a la atención de casos de violencia, registró una caída del 90% en la cantidad de personas asistidas durante 2025, mientras que la meta proyectada para 2026 sería 79,1% menor que en 2023.

En el área de salud sexual también aparecen modificaciones relevantes: Educación Sexual Integral (ESI): reducción del 98%, quedando sin crédito presupuestario para 2026. Salud Sexual y Procreación Responsable: ajuste del 20,9%. Programa de VIH e infecciones de transmisión sexual: incremento del 11,2%.

El informe agrega un dato llamativo: durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo en el marco del programa nacional correspondiente.

En el campo de las políticas de cuidado, la paralización de la obra pública impactó en programas vinculados a infraestructura social. Según el documento, no se proyecta construir ningún jardín de infantes en 2026, tras la eliminación de programas de infraestructura educativa y de cuidado.

Reforma laboral y tensiones sobre derechos laborales

El documento también analiza los efectos potenciales de la reforma laboral aprobada en febrero, que introduce cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo.

Entre los aspectos destacados aparecen: Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, compensado con reducción de contribuciones al sistema previsional. Despido por embarazo: se elimina la posibilidad de solicitar reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Banco de horas: permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Teletrabajo: derogación de la ley que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Período de prueba: extensión a seis meses para trabajadoras de casas particulares, cuando antes era de 15 días.

Según el informe, estos cambios podrían generar mayor flexibilidad laboral pero también nuevas tensiones en materia de estabilidad e ingresos, particularmente en sectores con alta presencia femenina.

Un debate económico que trasciende el 8M

El informe del CEPA llega en un momento de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobierno nacional sostiene una estrategia centrada en orden fiscal, reducción del gasto y desregulación del mercado laboral, mientras distintos centros de estudios advierten sobre impactos sociales diferenciados.

Las cifras presentadas no resuelven el debate. Pero sí introducen un elemento que vuelve cada año en la agenda del 8 de marzo: la economía no es neutral. Las decisiones fiscales, laborales y presupuestarias reordenan incentivos, recursos y oportunidades.

La discusión que se abre hacia adelante no será solo estadística. También será política: cómo se distribuyen los costos del ajuste y quiénes quedan más expuestos en el nuevo equilibrio económico.

8M 2026 en Perspectiva Económica by CristianMilciades

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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Endeudamiento y turismo absorbieron el superávit comercial y dejaron la cuenta corriente en rojo, según CEPA

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El balance cambiario del Banco Central cerró 2025 con una fuerte presión sobre las cuentas externas: la Formación de Activos Externos (FAE) y el déficit del turismo demandaron en conjunto USD 42.329 millones, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado en base a datos oficiales de diciembre de 2025. El resultado expone una dinámica estructural compleja: superávit comercial insuficiente, salida récord de capitales privados, déficit turístico histórico y un rol central del endeudamiento con organismos internacionales para sostener la acumulación de reservas.

Cuenta corriente en rojo y un superávit comercial que no alcanza

La Cuenta Corriente cambiaria registró en diciembre de 2025 su tercer mes consecutivo con déficit, con un saldo negativo de USD 1.565 millones. De este modo, el año cerró con un rojo acumulado de USD 2.223 millones. Si bien la balanza de bienes fue superavitaria, el margen resultó acotado: apenas USD 426 millones en diciembre, con exportaciones por USD 6.118 millones —un aumento interanual de solo 4%— y pagos por importaciones por USD 5.692 millones, un 4% menos que el año anterior.

El informe señala que la menor liquidación de divisas volvió a explicarse por el desempeño del sector oleaginoso y cerealero, que en noviembre registró un saldo neto de USD 1.139 millones, con una caída interanual del 44%. En el acumulado de 2025, este complejo aportó un ingreso neto de USD 31.323 millones, un incremento de USD 10.142 millones respecto de 2024, pero aun así el superávit comercial fue absorbido casi en su totalidad por el pago de intereses y el déficit turístico.

Turismo emisivo y fuga de capitales: los principales drenajes de divisas

Uno de los datos más contundentes del balance cambiario es el desempeño de la balanza turística. En diciembre, el saldo por viajes y pasajes —neto de servicios postales— fue deficitario en USD 445 millones, mientras que el cálculo ampliado que incluye consumos con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros arrojó un rojo de USD 713 millones. En el acumulado anual, el déficit turístico alcanzó USD 10.052 millones, el más elevado desde 2017, cuando llegó a USD 10.709 millones.

A este desequilibrio se sumó la Formación de Activos Externos del sector privado no financiero, que alcanzó niveles históricos. Solo en diciembre de 2025, la FAE demandó USD 1.822 millones, y en todo el año acumuló USD 32.340 millones, la cifra más alta del siglo. El informe detalla que en ese mes 1,5 millones de personas humanas compraron USD 2.186 millones en billetes. Desde la unificación cambiaria, en apenas siete meses, la demanda totalizó USD 32.871 millones, un monto equivalente al 227% de los desembolsos realizados por el FMI en el mismo período.

Inversión extranjera débil y endeudamiento como ancla financiera

La Inversión Extranjera Directa (IED) mostró un comportamiento errático y no logró revertir su tendencia negativa. En diciembre fue positiva en USD 139 millones, pero el saldo acumulado de 2025 cerró con una salida neta de USD 1.281 millones, mientras que desde diciembre de 2023 el resultado negativo asciende a USD 1.103 millones.

En contraste, el financiamiento externo cumplió un rol clave para sostener la cuenta financiera. El ingreso neto con Organismos Internacionales, incluido el FMI, alcanzó USD 18.677 millones al cierre de 2025. Solo en diciembre, el saldo neto con estos organismos aumentó en USD 1.608 millones, con ingresos por préstamos de USD 4.294 millones y pagos por USD 2.687 millones. El informe menciona que en ese mes se habría producido tanto la cancelación del swap con Estados Unidos como nuevo endeudamiento con otros organismos.

En términos estructurales, CEPA advierte que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la balanza comercial de bienes acumuló USD 41.320 millones, pero al descontar la balanza turística (USD -16.027 millones) y el pago de intereses (USD -22.436 millones), el saldo neto se reduce a apenas USD 2.858 millones. En otras palabras, intereses y turismo explican el 93% del superávit comercial acumulado, evidenciando que el esfuerzo exportador resulta absorbido por compromisos financieros y por un tipo de cambio que incentiva el turismo emisivo.

Informe de Balance Cambiario BCRA Enero 2026 by CristianMilciades

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