CEPA

En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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Endeudamiento y turismo absorbieron el superávit comercial y dejaron la cuenta corriente en rojo, según CEPA

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El balance cambiario del Banco Central cerró 2025 con una fuerte presión sobre las cuentas externas: la Formación de Activos Externos (FAE) y el déficit del turismo demandaron en conjunto USD 42.329 millones, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado en base a datos oficiales de diciembre de 2025. El resultado expone una dinámica estructural compleja: superávit comercial insuficiente, salida récord de capitales privados, déficit turístico histórico y un rol central del endeudamiento con organismos internacionales para sostener la acumulación de reservas.

Cuenta corriente en rojo y un superávit comercial que no alcanza

La Cuenta Corriente cambiaria registró en diciembre de 2025 su tercer mes consecutivo con déficit, con un saldo negativo de USD 1.565 millones. De este modo, el año cerró con un rojo acumulado de USD 2.223 millones. Si bien la balanza de bienes fue superavitaria, el margen resultó acotado: apenas USD 426 millones en diciembre, con exportaciones por USD 6.118 millones —un aumento interanual de solo 4%— y pagos por importaciones por USD 5.692 millones, un 4% menos que el año anterior.

El informe señala que la menor liquidación de divisas volvió a explicarse por el desempeño del sector oleaginoso y cerealero, que en noviembre registró un saldo neto de USD 1.139 millones, con una caída interanual del 44%. En el acumulado de 2025, este complejo aportó un ingreso neto de USD 31.323 millones, un incremento de USD 10.142 millones respecto de 2024, pero aun así el superávit comercial fue absorbido casi en su totalidad por el pago de intereses y el déficit turístico.

Turismo emisivo y fuga de capitales: los principales drenajes de divisas

Uno de los datos más contundentes del balance cambiario es el desempeño de la balanza turística. En diciembre, el saldo por viajes y pasajes —neto de servicios postales— fue deficitario en USD 445 millones, mientras que el cálculo ampliado que incluye consumos con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros arrojó un rojo de USD 713 millones. En el acumulado anual, el déficit turístico alcanzó USD 10.052 millones, el más elevado desde 2017, cuando llegó a USD 10.709 millones.

A este desequilibrio se sumó la Formación de Activos Externos del sector privado no financiero, que alcanzó niveles históricos. Solo en diciembre de 2025, la FAE demandó USD 1.822 millones, y en todo el año acumuló USD 32.340 millones, la cifra más alta del siglo. El informe detalla que en ese mes 1,5 millones de personas humanas compraron USD 2.186 millones en billetes. Desde la unificación cambiaria, en apenas siete meses, la demanda totalizó USD 32.871 millones, un monto equivalente al 227% de los desembolsos realizados por el FMI en el mismo período.

Inversión extranjera débil y endeudamiento como ancla financiera

La Inversión Extranjera Directa (IED) mostró un comportamiento errático y no logró revertir su tendencia negativa. En diciembre fue positiva en USD 139 millones, pero el saldo acumulado de 2025 cerró con una salida neta de USD 1.281 millones, mientras que desde diciembre de 2023 el resultado negativo asciende a USD 1.103 millones.

En contraste, el financiamiento externo cumplió un rol clave para sostener la cuenta financiera. El ingreso neto con Organismos Internacionales, incluido el FMI, alcanzó USD 18.677 millones al cierre de 2025. Solo en diciembre, el saldo neto con estos organismos aumentó en USD 1.608 millones, con ingresos por préstamos de USD 4.294 millones y pagos por USD 2.687 millones. El informe menciona que en ese mes se habría producido tanto la cancelación del swap con Estados Unidos como nuevo endeudamiento con otros organismos.

En términos estructurales, CEPA advierte que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la balanza comercial de bienes acumuló USD 41.320 millones, pero al descontar la balanza turística (USD -16.027 millones) y el pago de intereses (USD -22.436 millones), el saldo neto se reduce a apenas USD 2.858 millones. En otras palabras, intereses y turismo explican el 93% del superávit comercial acumulado, evidenciando que el esfuerzo exportador resulta absorbido por compromisos financieros y por un tipo de cambio que incentiva el turismo emisivo.

Informe de Balance Cambiario BCRA Enero 2026 by CristianMilciades

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Fuerte ajuste fiscal: el gasto cayó 27,2% real y el Gobierno cumplió la meta con el FMI en 2025

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, en un contexto de fuerte consolidación del ajuste fiscal iniciado en 2024. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la contracción real del gasto —14,4% interanual en diciembre y 27,2% en la comparación 2025 versus 2023— compensó la caída de los ingresos y permitió cumplir holgadamente la meta fiscal comprometida con el FMI, aunque a costa de una reducción significativa en prestaciones sociales, subsidios, obra pública, salarios estatales y transferencias a universidades.

Ajuste fiscal consolidado y resultado financiero “oculto” por capitalización de intereses

Durante diciembre de 2025, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12,07 billones, con una caída interanual real del 7,1%, mientras que el gasto total sumó $14,95 billones, con un leve incremento interanual del 1,7%. En términos reales, el ajuste se evidencia con claridad al comparar contra 2023: el gasto se contrajo 16,1% en diciembre y 27,2% en el acumulado anual, frente a una reducción de los ingresos del 0,3% y 8,1%, respectivamente.

El informe advierte, sin embargo, sobre un déficit financiero implícito. El Tesoro priorizó en sus licitaciones la emisión de títulos en pesos capitalizables —LECAP, BONCAP y DUALES—, cuyos intereses no se registran como gasto corriente. Así, aunque el resultado financiero mensual fue negativo en $3,29 billones, al incorporar los intereses capitalizados por $4,08 billones, el rojo ascendería a $7,37 billones en diciembre. En el acumulado anual, el déficit financiero implícito alcanzaría los $28,59 billones.

Este mecanismo permitió sostener un resultado fiscal formalmente consistente con el programa financiero, pero introduce tensiones hacia adelante en materia de sostenibilidad de la deuda en pesos.

Ingresos en retroceso y presión tributaria reconfigurada

La evolución de los ingresos muestra un desempeño dispar. La caída interanual real del 7,1% en diciembre se explica principalmente por:

  • Bienes Personales: -23,1% interanual, afectado por la base de comparación tras la prórroga de pagos en 2024.
  • Impuesto a las Ganancias: -2,4% interanual.
  • Resto de tributos: -11,8% interanual, por la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que en 2025 habría aportado $9,09 billones a valores reales.
  • Derechos de Exportación: -57,7% interanual, tras liquidaciones anticipadas y la aplicación del Decreto 682/2025, que redujo transitoriamente las retenciones al 0%. El informe anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

En contraste, los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual, impulsados por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo y vehículos, mientras que el IVA volvió a caer en términos reales (-4,2%), reduciendo su participación sobre el total de recursos.

Gasto público: recorte social, obra pública paralizada y universidades ajustadas

El ajuste del gasto impactó de manera heterogénea. Las Prestaciones Sociales crecieron 6,0% interanual en diciembre, pero al comparar ejercicios completos (2025 vs. 2023) registran una caída real del 11,5%. Dentro del rubro, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un aumento significativo (+71,2%), mientras que se verificaron fuertes reducciones en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), donde se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Los subsidios económicos se redujeron 52,4% interanual en términos reales, con una baja del 42,9% en transporte, asociada a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, y un derrumbe del 98,5% en el subrubro “Otras funciones”.

La obra pública profundizó su parálisis: el gasto de capital cayó 47,7% interanual en diciembre y 78,8% en el acumulado de 2025 frente a 2023, sin señales de recuperación. En paralelo, los salarios de la administración pública nacional continuaron perdiendo contra la inflación, con una caída real del 36,0% respecto de 2023.

En Universidades Nacionales, diciembre de 2025 no registró el pago de aguinaldos —a diferencia de 2024— y, de haberse abonado, el gasto adicional habría sido de $0,60 billones. En términos acumulados, el recorte alcanza el 32,8% frente a 2023.

Meta fiscal con el FMI cumplida y tensiones hacia adelante

Pese al déficit de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $11,77 billones, superando en $1,25 billones la meta de diciembre acordada con el FMI tras la revisión de agosto de 2025, que fijó un objetivo estricto de $10,88 billones.

El cumplimiento de la meta refuerza la consistencia del programa fiscal ante el organismo internacional y habilita la continuidad de los desembolsos previstos. No obstante, el informe del CEPA subraya que el equilibrio se sostiene sobre un ajuste profundo y persistente del gasto real y una estrategia financiera que posterga el reconocimiento de intereses, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad económica, social e institucional en el mediano plazo.

CEPA Informe iscal 2025 Argentina by CristianMilciades

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Según CEPA los jubilados tuvieron una pérdida del 27,4% en los haberes previsionales

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El cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023 provocó una pérdida acumulada del 27,4% en los haberes previsionales, según un estudio privado. El impacto es mayor en quienes cobran la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio, una de las principales herramientas de refuerzo del ingreso. La modificación fue clave para el superávit fiscal, pero consolidó un deterioro del poder adquisitivo del sistema previsional.

La alteración del esquema se implementó a través del DNU 274/2024, que dejó sin efecto la Ley 27.609 y estableció un mecanismo de actualización exclusivamente atado a la inflación. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión implicó un quiebre en la dinámica de recuperación de los haberes y consolidó una pérdida real significativa.

El cambio de fórmula y la brecha en los haberes

Según el relevamiento de CEPA, tras los aumentos por inflación aplicados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, de haberse mantenido vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que representa una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios.

El informe sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En esa línea, remarca que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El esquema derogado combinaba la recaudación de la seguridad social y la variación salarial, dos variables que presentan rezagos respecto de la inflación y que, cuando los precios comienzan a desacelerarse, permiten una recuperación real del ingreso. Con el sistema actual, CEPA advierte que las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo ya perdido.

El bono congelado y el mayor impacto en la jubilación mínima

La situación es más crítica entre quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene fijo en $70.000, lo que implicó una fuerte licuación de su valor real.

El análisis precisa que “mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%”. Para conservar el poder de compra original frente a la evolución del haber básico, el bono debería haber ascendido en diciembre de 2025 a $177.485.

La diferencia de $107.485 mensuales representa, según el estudio, el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización del refuerzo. En consecuencia, las jubilaciones con bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior.

Efectos fiscales, vetos y fin de la moratoria previsional

El informe vincula directamente el cambio en la movilidad con la estrategia fiscal del Gobierno, al señalar que la nueva fórmula fue una de las herramientas que permitió alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, subraya que el ajuste recayó de manera significativa sobre el sistema previsional.

En términos históricos, el inicio de la actual gestión implicó un retroceso rápido de los haberes: una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos niveles sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio de la década de 1990.

A este escenario se suman decisiones legislativas y administrativas. El informe recuerda que en agosto de 2025 el Poder Ejecutivo vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido” tras la asunción del actual gobierno.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama. Sin esta herramienta, CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes. En esos casos, solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima y con una edad de acceso más elevada para las mujeres.

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