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La crisis silenciosa: el ajuste previsional y laboral en Misiones impacta sobre más de 120 mil jubilados

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El ajuste fiscal emprendido por el Gobierno nacional a partir de diciembre de 2023 ha tenido efectos contundentes sobre los sectores más vulnerables. En Misiones, una provincia con más de 124.000 jubilados y 112.000 afiliados al PAMI, los recortes en beneficios previsionales y la contracción del empleo registrado han configurado un deterioro sostenido de los ingresos y el consumo interno.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundido en junio de 2025, cuantifica con precisión el impacto de estas medidas en la provincia, revelando cifras alarmantes que explican tanto el debilitamiento del poder adquisitivo como el retroceso del mercado laboral.

El congelamiento del bono: $879.450 menos por jubilado

Desde marzo de 2024, el bono previsional extraordinario permanece congelado en $70.000. Si hubiese sido actualizado con la misma fórmula que rige para los haberes jubilatorios, su valor en junio de 2025 debería alcanzar los $158.658. Esa diferencia, proyectada durante 15 meses, representa una pérdida acumulada de $879.450 por persona.

Según estimaciones del CEPA, el 52,8 % de los jubilados del país cobran la mínima con bono o menos. En Misiones, esto se traduce en al menos 65.674 personas. La pérdida total para este grupo asciende a $57.757 millones, una merma que afecta directamente al consumo esencial —alimentos, medicamentos, servicios— sin capacidad de amortiguación a través del ahorro.

A pesar de una inflación mensual del 1,7 % en junio —según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA—, el ingreso real de los jubilados no logra recuperar terreno. Las jubilaciones mínimas con bono se ubican un 15 % por debajo en términos reales respecto del último trimestre del gobierno anterior. Aun sin considerar el bono, la pérdida es del 2,3 % real.

Eliminación del refuerzo PAMI: $492.958 menos por persona

Otra medida eliminada fue el refuerzo mensual de $15.000 que el PAMI otorgaba desde octubre hasta diciembre de 2023 a afiliados que percibían hasta 1,5 haberes mínimos. Su supresión representó una pérdida de $492.958 por jubilado en términos acumulados a junio de 2025. En Misiones, esta reducción implicó un recorte total de $32.374 millones.

El esquema de reintegro automático del IVA para jubilados que cobraban hasta tres haberes mínimos —5,2 millones de personas a nivel nacional— también fue desactivado. El beneficio representaba una devolución del 21 % sobre compras de productos básicos realizadas con tarjeta de débito, con un tope mensual ajustado al haber mínimo. La eliminación del programa quitó un instrumento ágil y eficaz para contener la erosión del ingreso disponible en los sectores pasivos.

Destrucción del empleo privado formal: 6.591 puestos menos

El ajuste no se limita al plano previsional. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, Misiones perdió 6.591 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo que equivale a una caída del 6,1 %. Este quiebre interrumpe el crecimiento sostenido iniciado en 2021 y responde a la contracción del consumo, el ajuste fiscal, y la menor demanda interna. La dinámica podría agravar la informalidad y precarizar aún más las condiciones laborales si no se revierte la tendencia.

El informe de CEPA pone en evidencia cómo las políticas de ajuste, lejos de generar equilibrio fiscal con equidad, impactan sobre el eslabón más débil del sistema: jubilados de bajos ingresos, dependientes del PAMI y del consumo local, y trabajadores formales de una economía regional que venía recuperándose lentamente.

En Misiones, donde los adultos mayores representan un sector clave para la economía del cuidado y el comercio de proximidad, las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 han generado una retracción simultánea del ingreso, el empleo y la actividad económica. La dimensión del daño social no se limita a cifras macroeconómicas: se expresa en la pérdida concreta de calidad de vida para cientos de miles de personas.

Para los analistas económicos, la sostenibilidad del modelo vigente exige revisar no solo las metas fiscales, sino también sus consecuencias sociales y territoriales. La provincia de Misiones, con fuerte dependencia del consumo interno y un entramado productivo heterogéneo, vuelve a evidenciar que el ajuste lineal no es neutro, ni inocuo.

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Crisis del empleo privado: se perdieron más de 115 mil puestos desde la asunción de Milei

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Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, el empleo asalariado registrado en el sector privado argentino sufrió una caída de 115.353 puestos, de acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En el solo mes de marzo, la pérdida alcanzó los 7.310 puestos, una tendencia que acompaña el derrumbe de la actividad económica, que ese mes cayó un 1,8% intermensual desestacionalizado.

Las cifras marcan un quiebre con el proceso de recuperación iniciado tras la pandemia. A noviembre de 2023, se habían recuperado no solo los puestos perdidos durante la crisis sanitaria global, sino también los arrasados en la recesión de 2018 bajo el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el cambio de administración significó un giro drástico en la política económica y laboral, con un retroceso pronunciado en el mercado de trabajo formal.

Construcción e industria, los sectores más golpeados

El sector de la construcción resultó el más afectado por las políticas de ajuste: perdió 61.956 puestos de trabajo, representando más de la mitad del total destruido desde la llegada de Milei. Esta contracción está directamente relacionada con la paralización de la obra pública, una de las primeras medidas implementadas por el nuevo gobierno.

La industria manufacturera, segundo sector más importante en el empleo privado (18,6% del total), perdió 31.301 puestos desde diciembre de 2023, con una caída del 2,6%. Solo tres sectores lograron mostrar algún crecimiento en este período: comercio, agro y pesca, aunque con incrementos marginales frente al colapso de otras ramas.

En términos geográficos, 19 de las 24 jurisdicciones del país perdieron empleo registrado entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Misiones se encuentra entre las ocho provincias más perjudicadas, junto a La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego y La Pampa. En estos distritos, la caída supera el 5% del total de los empleos privados registrados, según los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) procesados por CEPA.

En marzo, Misiones volvió a registrar un retroceso, en línea con la contracción nacional. La variación fue del -1,0% respecto a febrero, totalizando 102.027 asalariados formales en el sector privado en la serie desestacionalizada (-986 respecto al mes previo). Al igual que se observa en la serie nacional, la provincia presenta un descenso al medir la comparación interanual, que se ubica en -4,0%.

El espejismo del monotributo y el retroceso del empleo público

Mientras se destruyen empleos asalariados, el crecimiento del trabajo independiente no compensa la pérdida. En marzo de 2025, había 2.112.759 personas adheridas al monotributo como principal fuente de ingreso, con 74.997 nuevas altas desde noviembre. Sin embargo, esta cifra representa apenas dos tercios de los empleos asalariados privados eliminados.

Además, se produjo una caída abrupta de monotributistas sociales: 421.482 bajas en apenas cuatro meses, producto de la decisión gubernamental de encarecer la cuota e imponer un reempadronamiento obligatorio.

El empleo en casas particulares también cayó: se perdieron 22.111 puestos desde diciembre de 2023, y en marzo se registraron 870 bajas adicionales. En tanto, el empleo público también sufrió una poda: se destruyeron 58.210 puestos en el Estado, sumando así un total de 173.563 empleos asalariados menos desde la asunción del nuevo gobierno.

En términos salariales, marzo mostró un aumento nominal del 1,0% en los sueldos promedios del sector privado registrado y del 0,9% en la mediana salarial. Sin embargo, ambos datos quedaron muy por debajo de la inflación del mes (3,7%). Medidos con la canasta oficial de consumo (2004/2005), los salarios reales se ubican levemente por encima del nivel de noviembre de 2023 (1,4% el promedio y 1,1% la mediana). Pero si se toma una canasta actualizada (2017/2018), la situación cambia: el poder adquisitivo del promedio cae 7,8% y el de la mediana 8,1% respecto a noviembre.

Los datos sugieren que el actual modelo económico prioriza la desregulación, el ajuste del gasto público y la liberalización de sectores estratégicos, con escasa capacidad de absorción laboral. En este contexto, provincias como Misiones, con fuerte dependencia de la obra pública y de sectores intensivos en empleo como la construcción y la industria, se ven especialmente expuestas al deterioro del mercado de trabajo. La reactivación parece lejana, y la promesa de una economía más dinámica no se traduce, al menos por ahora, en generación de empleo real.

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Medicamentos y jubilaciones: una brecha que se profundiza en la era Milei

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alerta sobre el impacto que la política de desregulación de precios y el ajuste en el sistema de salud están generando sobre las personas mayores. Entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos más consumidos por jubilados aumentaron en promedio un 52,3% interanual, mientras que el poder adquisitivo de la jubilación mínima con bono cayó un 40,8% en términos reales frente a la canasta del PAMI.

La investigación, elaborada con datos a abril de 2025, describe una fuerte aceleración de precios iniciada tras el triunfo electoral de Javier Milei en noviembre de 2023. En los dos últimos meses de ese año, los medicamentos registraron subas del 25,7% y 40,9% respectivamente. Desde entonces, la inflación acumulada de la canasta de fármacos más usados por adultos mayores alcanzó el 237,1%.

Entre los medicamentos con mayores incrementos interanuales se destacan el Glaucotensil TD (60,7%), Acimed (60,6%) y Daflon 500 (48%). Estos productos se usan para tratar enfermedades cardiovasculares, insuficiencia venosa crónica y afecciones gástricas, patologías altamente prevalentes en la tercera edad.

El informe también detalla que el bono de $70.000 que reciben quienes cobran hasta 1,5 jubilaciones mínimas permanece congelado desde marzo de 2024. Si se hubiera actualizado al ritmo de la jubilación mínima, hoy debería ser de $154.400. Esta decisión deterioró aún más la capacidad de compra de los medicamentos, incluso frente a las subas moderadas del primer trimestre de 2025.

El caso PAMI: recortes y aumentos

Más allá de los medicamentos de venta libre, el estudio enfatiza que los precios con cobertura PAMI crecieron incluso más rápido que los del mercado general: un 394,2% desde noviembre de 2023. La canasta que los jubilados reciben con subsidio estatal sufrió aumentos mensuales de hasta 33,8% (enero 2024), aunque luego se estabilizó en torno al 2,3% mensual hacia abril de este año.

Sin embargo, desde agosto de 2024 el organismo redujo significativamente la cantidad de medicamentos gratuitos disponibles. En total, el vademécum pasó de 167 a 109 moléculas cubiertas, con una merma de casi un tercio en la oferta de medicamentos sin costo. Además, se endurecieron los requisitos para acceder al subsidio social: los jubilados deben acreditar ingresos por debajo de 1,5 haberes mínimos y no poseer prepaga, propiedades o vehículos de lujo.

Este combo de recortes y aumentos impacta directamente en la economía de los adultos mayores. Según el CEPA, el ahorro que representaban los medicamentos gratuitos para un jubilado promedio con bono equivalía al 26% de su haber en diciembre de 2024. La reducción del vademécum y el congelamiento del bono implican, en los hechos, una pérdida indirecta de ingresos.

Caída del poder adquisitivo

El informe mide la evolución de las jubilaciones mínimas —con y sin bono— en términos del valor de la canasta de medicamentos. Desde junio de 2023 hasta abril de 2025, la jubilación mínima con bono perdió 40,9 puntos porcentuales de poder de compra frente a los medicamentos del PAMI. En el caso de los haberes sin bono, la caída fue aún mayor: 42,5 puntos.

Aunque desde diciembre último se registran aumentos nominales en las jubilaciones, estos no alcanzan a recomponer el poder de compra frente al ritmo de los precios. En los primeros cuatro meses de 2025, el haber con bono prácticamente no mejoró su situación respecto de los medicamentos (apenas +0,1% mensual), mientras que el valor de los remedios siguió subiendo, incluso entre los que tienen cobertura parcial.

La política de desregulación económica y ajuste en el sistema de salud está provocando una doble presión sobre las personas mayores: más gasto en medicamentos y menor capacidad de compra. La combinación de inflación persistente, bono congelado y reducción de la cobertura gratuita configura, según el CEPA, un “grave retroceso en materia de derechos y calidad de vida” para la población jubilada. La evidencia empírica es clara: la canasta de medicamentos esenciales crece al triple que los haberes, y el sistema de protección social se reduce en lugar de ampliarse.

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Más de 187 mil empleos registrados se perdieron en la Argentina durante la era Milei

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y enero de 2025, ya bajo la presidencia de Javier Milei, se perdieron 187.831 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. La caída representa una retracción del 1,91% del empleo formal y afectó principalmente a las grandes empresas y al sector público.

Durante el mismo período, el número de empleadores también se redujo en 12.986 casos, pasando de 512.357 a 499.371. La mayor parte de esta contracción corresponde a pequeñas y medianas empresas: el 99,6% de los empleadores que dejaron de operar tenían hasta 500 trabajadores.

Sectores más afectados

Los datos surgen del análisis de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que permiten dimensionar con precisión el impacto del ajuste económico. En términos absolutos, los sectores más golpeados por la pérdida de empleadores fueron:

  • Transporte y almacenamiento (-3.046 empresas),
  • Comercio y reparación de vehículos (-2.051),
  • Construcción (-1.592),
  • Servicios profesionales y técnicos (-1.582),
  • Servicios inmobiliarios (-1.562).

En cuanto al empleo registrado, los mayores recortes se concentraron en la administración pública, con 95.598 despidos, seguida por la construcción (86.616), transporte (52.893) e industria manufacturera (31.365).

En términos porcentuales, la construcción fue el sector más afectado, con una caída del 18,1% en la cantidad de trabajadores registrados. Le siguieron transporte y almacenamiento (-9,9%) y la administración pública (-3,6%).

El peso de las grandes empresas

Uno de los hallazgos más significativos del informe es que el 80,4% de los empleos perdidos (151.093) se produjo en empresas de más de 500 trabajadores. Las empresas más chicas, de hasta 500 empleados, registraron una reducción menor en términos absolutos (36.738) y relativos (0,72%).

Esto sugiere que el ajuste impactó con más fuerza en compañías de gran escala, que explican buena parte del empleo formal y de los sectores más regulados por el Estado.

Los datos abarcan los primeros 14 meses del nuevo gobierno, desde el triunfo en el balotaje hasta enero de 2025. Para el CEPA, se trata de un “profundo retroceso en las principales variables del mundo del trabajo”, impulsado por políticas de desregulación, recorte del gasto público y contracción de la obra pública.

La tendencia se da en un contexto de aumento de la pobreza, caída del consumo y deterioro de los ingresos reales, lo que anticipa un panorama aún más complejo para el mercado laboral argentino si no se revierten las condiciones macroeconómicas.

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Advierten sobre alto riesgo de sostenibilidad del nuevo préstamo con el FMI

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El nuevo acuerdo de financiamiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) abre una nueva etapa de condicionamientos para la economía nacional, según advierte el informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y coordinado por la economista Julia Strada. Bajo el título “Nuevo préstamo con el FMI: Esquema cambiario y expectativas”, el documento ofrece un análisis crítico del programa aprobado en abril de 2025, y expone riesgos financieros, cambiarios y sociales derivados de su implementación.

Un “puente” de deuda hacia 2030

El informe sostiene que la lógica del acuerdo es construir un “puente en dólares” hasta el año 2030, cuando se espera que la expansión de las exportaciones energéticas y mineras comience a rendir frutos. Sin embargo, el CEPA alerta que mientras tanto, el país deberá afrontar un exigente calendario de vencimientos, con una necesidad de financiamiento externa de 47.000 millones de dólares solo en 2025, de los cuales 15.200 millones no están cubiertos con ingresos previstos.

A través del nuevo programa de Facilidades Extendidas (EFF), el FMI otorgó 20.000 millones de dólares a 48 meses, lo que eleva la exposición de Argentina al 1.115 por ciento de su cuota, el nivel más alto registrado en la historia del organismo con cualquier país. La economista Julia Strada subraya que este nivel de endeudamiento “revela una inédita concentración crediticia del FMI sobre la Argentina”, que ahora representa más del 43 por ciento del total de préstamos otorgados por el Fondo.

Atraso cambiario y desequilibrio externo

El CEPA remarca que el nuevo acuerdo corrige el esquema de “atraso cambiario insostenible” sostenido durante los primeros meses del gobierno, en los que el tipo de cambio real multilateral se había apreciado un 18,6 por ciento respecto al promedio de 2023. Este fenómeno afectó negativamente la competitividad de las exportaciones y fomentó un aumento de las importaciones, provocando una cuenta corriente deficitaria desde junio de 2024.

El diagnóstico del FMI y del CEPA coincide en que la estrategia cambiaria debe ser modificada, pero divergen en los impactos. Según el centro de estudios, la salida del “crawling peg” y el nuevo esquema de bandas cambiarias —entre mil y mil cuatrocientos pesos por dólar— podría generar mayor volatilidad e inestabilidad en los precios.

Riesgo inflacionario y presión sobre precios regulados

Uno de los puntos más críticos del informe apunta a la inflación esperada. A pesar de que el FMI proyecta un Índice de Precios al Consumidor del 18 al 23 por ciento anual, el CEPA considera esa meta “de cumplimiento poco probable”. Según Julia Strada, “el desarme de las regulaciones cambiarias, la quita de subsidios, la liberalización de precios en sectores clave como salud, energía y transporte, y la eliminación de la segmentación tarifaria” tendrán un efecto directo sobre los precios, elevando el piso inflacionario.

Ajuste fiscal y reformas estructurales

En línea con lo exigido por el organismo internacional, el gobierno se comprometió a alcanzar un superávit fiscal primario del 1,6 por ciento del PBI en 2025, y a llevarlo al 2,5 por ciento en 2027, lo que implicará un severo ajuste del gasto público. El informe advierte que este recorte se concentrará en subsidios, programas sociales y seguridad social.

Además, el plan contempla reformas estructurales: una nueva ley de déficit cero, reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, desregulación de mercados estratégicos y privatizaciones de empresas estatales incluidas en la Ley Bases.

Alta exposición y riesgo soberano

Por último, el CEPA destaca que el propio FMI reconoce en su reporte que la sostenibilidad del acuerdo está en duda. La capacidad de repago está atada al éxito del plan económico y al retorno a los mercados internacionales en 2026. De no lograrse, “existe un alto riesgo de un nuevo episodio de tensión soberana”, es decir, de un default.

El informe concluye que el nuevo acuerdo con el Fondo no sólo condiciona la política económica, sino también el futuro inmediato del país en materia de crecimiento, inclusión y estabilidad. “Argentina no logra salir de la lógica de los puentes financieros transitorios, pero esta vez con un nivel de endeudamiento sin precedentes”, sentencia Strada.

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