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La crisis llegó a las grandes empresas: 21% tuvieron problemas para sostener empleo y el 16% canceló inversiones

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  • Sobre un relevamiento de 63 “empresas líderes” del mercado local realizado por la Revista Mercado, y a partir de la información en los medios de comunicación y balances, se observó que entre 2018 y 2019 el 21% de los casos analizados (13 de 63 empresas) presentaron problemáticas relacionadas al sostenimiento del empleo, el 15% (9 de 63 empresas) mostraron problemáticas financieras y el 16% (10 de 63 empresas) reestructuraron planes de producción o cancelaron inversiones.
  • Si se analizan los rubros afectados, resalta que las empresas dedicadas al consumo fueron las más afectadas durante el período. Sin embargo, en un contexto de altas tasas e inflación elevada, se percibe que también sufrieron dificultades las empresas energéticas (en menos medida y con herramientas para cubrir mejor el riesgo), aún con tarifas dolarizadas e inviables para el desarrollo de la economía real. Se perciben casos claves de empresas que redujeron personal, perdieron ingresos, o postergaron inversiones como en el caso de Tenaris, Volskwagen o Unilever.
  • Mientras en 2016, el gobierno anunciaba un plan de desarrollo a través de la salida exportadora con incorporación de valor en la cadena productiva de alimentos, en 2018 las empresas más relevantes del sector se encuentran en crisis –Molinos Cañuelas– o presentaron pérdidas importantes –ARCOR, Molinos Rio de la Plata, Mastellone– por $2.680, $1.876, $2.191 y $2.346 millones respectivamente. El sector de la alimentación ostentó el uso de la capacidad instalada más bajo desde el 2001.
  • Se percibe asimismo un contexto de despidos, endeudamiento y ruptura de la cadena de pago con impacto en otras empresas, que genera una ola expansiva hacia el sistema en su conjunto. Los guarismos muestran que, para las empresas analizadas, se produjeron casi 7.300 despidos sobre un total de 44.780 empleados (16,3%), más de $ 893 MM en cheques rechazados, y deuda impaga con el sistema bancario local por $ 8.600 MM. Es de destacar que también en esta dimensión, las empresas más afectadas sean de la lechería y el complejo harinero y aceitero, sectores que la gestión de gobierno considera prioritarios en su estrategia de inserción en la economía mundial.
  • Del análisis de los resultados de 80 estados contables surge que la industria presenta un incremento del 73% en las ganancias operativas entre 2018 y 2017, pero presenta, por efecto de la devaluación, una pérdida de 15% en los estados financieros. Estos resultados se explican principalmente por el efecto que tracciona al alza Ternium, ya que, si excluimos a esta, los resultados serían 42% de incremento en el resultado y 65% de caída en el financiero.
  • Con peores guarismos podemos observar el segmento Real State (incluida la construcción y la inversión inmobiliaria), donde el resultado operativo cae 61%, mientras que el financiero lo hace en 36%. Aquí, si excluimos el efecto tracción que genera Sociedad Comercial del Plata, observaremos que las caídas se acentúan con 72% y 119%.
  • Un caso paradójico es el del Agro, el cual presenta un avance en el mundo de los rojos financieros del 222% en dichos resultados, mientras que en sus resultados operativos había consolidado un incremento del 494%, posiblemente por efecto comparativo respecto a la sequía de la cosecha anterior. Vale decir, la devaluación afectó al agro en 2018, traccionado por Agrofina y San Miguel, quienes perdieron $ 1.862 y $ 1.404 MM respectivamente.
    • En la vereda opuesta, el sector bancario, aumentó sus resultados operativos 79% y netos en 76%.
    • El sector energético lo hizo en prácticamente 125% para ambos casos, destacando Central Puerto, Pan American Energy e YPF. Paradójicamente, Edenor presentó saldo negativo en sus resultados financieros de 2018, siendo otra de los afectadas por la devaluación.
    • Finalmente, el sector servicios y comercio incrementó 49% sus resultados operativos mientras que redujo un 84% los financieros, siendo Dietrich, Autopistas del Sol Clarín los que en 2018 afrontaron pérdidas.
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De pobreza cero a pobreza cien mil: análisis de la Pensión Universal para Adultos Mayores como reemplazo de la moratoria previsional

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Este informe analiza la política de otorgamiento de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) como reemplazo de las moratorias previsionales y su impacto en relación a la línea de pobreza individual y al endeudamiento de sus beneficiarios durante los últimos 2 años.
 

Conclusiones

  • Origen de la Pensión Universal (PUAM). En octubre de 2016, con el decreto 881 y luego de la aprobación de la Ley de Reparación Histórica -Ley 27.260- , se votó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) como política orientada hacia aquellos/as que percibían pensiones no contributivas por vejez, que equivalía al 70% de la jubilación mínima y requería la edad de 70 años para su acceso. Desde enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 se han incrementado en 110.711 los casos de personas mayores que perciben la PUAM.
  • Pensión Universal vs. Moratoria. Desde el gobierno se argumenta que la implementación de la PUAM tenía sentido para absorber a aquellos beneficiarios/as que percibían pensión por vejez. Sin embargo, los números oficiales de ANSES revelan que del total de 110.711 nuevos casos de PUAM, sólo el 9% corresponden a un pasaje desde la pensión por vejez. Por otro lado, si las Pensiones para Adultos Mayores alcanzaron los 110.711 casos, en contraposición, los beneficiarios/as que ingresaron en moratoria se redujeron sensiblemente: pasando de 31.485 casos en agosto de 2016 a 12.628 en diciembre de 2018.
  • Pensión Universal según género. Si observamos estos datos según género, entre enero de 2017 y septiembre de 2017 (la última fecha disponible en la base de ANSES para esta desagregación), el 74% de los/as nuevos/as pensionados/as que accedieron a la PUAM son varones. Alcanzan 38.678 casos sobre 52.268 pensionados/as en total. Esta situación se explica porque la moratoria para las mujeres tiene aún continuidad, aunque sólo hasta septiembre de 2019. Pero precisamente esta composición según género es una enorme advertencia: si efectivamente el gobierno decide discontinuar la moratoria para las mujeres sería lógico esperar un considerable incremento de titulares mujeres en la PUAM, incluso superando la composición masculina en el beneficio. Esto se ubica en línea con la participación femenina en las moratorias jubilatorias: entre 2003 y 2016 se jubilaron 1.796.439 mujeres por moratoria, más del 80% del total de los que accedieron al beneficio previsional. El fin de la moratoria no es más que la condena patriarcal hacia las mujeres trabajadoras que dedicaron toda su vida al trabajo en el hogar.
  • Cambio de paradigma. La aplicación de una pensión universal no contributiva a la vejez plantea una segmentación entre los que están adentro del mercado laboral formal, aportaron y se jubilaron en regla, y los que por no haber cumplido alguno de esos requisitos (aun si dependiera de un patrón o empleador que no quiso pagar sus aportes) no les corresponde una jubilación, entendida como un retiro después de toda una vida de trabajo y aportes. A esa población se le otorga un subsidio, un plan social, y ello constituye un concepto deslaboralizador, que se “focaliza” en las poblaciones pobres y las “atiende” específicamente según sus necesidades. En este caso el subsidio que se entrega tiene más que ver con la condición de “pobre”, que con el reconocimiento de un derecho de jubilación por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho, como sí lo hace la moratoria previsional.
  • “Ahorro” de ANSES. Si observamos esta decisión de reemplazo del acceso a la jubilación mínima por el otorgamiento de la PUAM en términos fiscales, la ANSES se “ahorra” 2.766 millones de pesos en un año. Esta suma equivale a poco menos de dos días de intereses generados por LELIQ por parte del Banco Central, con tasa nominal anual de 65% y una tasa efectiva anual que supera el 90%.
  • Jubilación mínima y línea de pobreza. En marzo de 2016, la jubilación mínima superaba la línea de pobreza en 40%, mientras que en la actualidad, a marzo de 2019, sólo la supera en 13%, llegando a un punto mínimo en febrero de 2019 (previo al último aumento de movilidad), cuando apenas superó la línea en 5%.
  • Pensión Universal y línea de pobreza: 100 mil pensionados/as bajo la línea de pobreza individual. El caso de las PUAM, si en marzo de 2016 ésta superaba la línea de pobreza en 12%, tres años después los montos se ubican 9% por debajo de dicha línea, con un punto mínimo en febrero de 2019 (16% por debajo de la línea de pobreza). De haberse mantenido la moratoria previsional, esas personas se encontrarían por encima de la línea de pobreza, mientras que al reemplazar la misma por la PUAM y como resultado del aumento de la CBT, estas personas hoy se consideran pobres por ingresos.
  • Créditos Argenta a los/as pensionados/as. Desde julio de 2017 el Gobierno extendió el programa de Créditos Argenta a los/as titulares de  beneficios no contributivos, es decir, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), PUAM, y otras pensiones no contributivas. En el caso de la PUAM, actualmente se puede acceder a un crédito con un monto que se ubica entre $5.000 y $35.000, con una posibilidad de financiación en 24 ó 36 cuotas. En todos los casos, el monto del crédito no puede exceder el 30% del ingreso mensual del tomador.
  • CFT de los Argenta. En la actualidad, el Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual del crédito ofrecido alcanza 52,83% tratándose de 24 cuotas y 49,60% para 36 cuotas. Esta tasa se ha ido incrementando sensiblemente, acompañando el aumento de la tasa de referencia de la política monetaria, la correspondiente a las Letras de Liquidez o LELIQ.
  • Nivel de endeudamiento de los/as pensionados/as. De los 110 mil casos de beneficiarios/as de PUAM que se registran en la actualidad, un total de 49 mil tomaron créditos en ANSES. Esto significa que la mitad de los/as beneficiarios/as de las pensiones universales está endeudada (el 45%). El monto de endeudamiento de los/as beneficiarios/as de PUAM entre julio de 2017 y diciembre de 2018 alcanza casi $1,4 mil millones. Esto representa 80% más que lo que cobran mensualmente los beneficiarios/as de PUAM, que alcanza $782 millones mensuales.
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Un año de caída: despidos y suspensiones durante 2018

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El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra como impactaron los despidos y suspensiones en el bimestre Noviembre-Diciembre y durante todo el año 2018
En el bimestre Noviembre-Diciembre, los despidos y suspensiones ascienden a 9.727 casos, más del doble que en el mismo período del año anterior, que sumaron 4.758 casos. Los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector industrial y el sector de servicios, que representan el 83% de los casos.
La evolución de los despidos y suspensiones durante 2018 asciende a 69.696 casos, correspondiendo 16.303 casos a empleo público y 53.393 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 5.800 despidos y suspensiones mensuales durante todo 2018.
Si se consideran los datos de 2017, los despidos y suspensiones en 2018 superan en 33.162 casos a los del año anterior. Esto representa un incremento de 91% en 2018 respecto de 2017. SI se considera el bimestre Noviembre-Diciembre, la diferencia alcanza los 4.969 casos, un incremento del 104%.
Se distingue que, en los primeros dos meses del año los despidos del sector público resultan más significativos que en el sector privado, en los siguientes cinco meses, toman “la posta” los despidos del sector privado, para, en agosto, converger en despidos del sector público y privado casi por igual. Pero en los últimos cuatro meses de 2018 se produce un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado que relativiza lo sucedido hasta ese momento.
Sector público y sector privado: expulsión de empleo sin distinción
Los despidos y suspensiones de la construcción alcanzan los 1.581 casos, los correspondientes a las empresas de capital estatal alcanzan los 5.176, los despidos en el sector público dentro de la órbita del poder ejecutivo suman 11.127, la industria despidió y suspendió 37.341 trabajadores, el sector primario hizo lo propio en 1.001 casos y finalmente los servicios expulsaron a 13.470 trabajadores.
Los despidos y suspensiones de la industria suman el 54% del total de casos. Le sigue el sector público, que entre los correspondientes al poder ejecutivo y a las empresas del sector público, representan el 23% de los casos, y el sector servicios, con 19% de los casos.
La industria, todo el año igual
La industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2018. Se observa la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros diez meses del año, promediando 3.108 casos mensuales. Es de destacar que, en el bimestre Noviembre-Diciembre de 2018, los despidos y suspensiones fueron motorizados en buena parte por el sector industrial que representa el 40% de los casos.
CEPA computa para el período noviembre 2015 a octubre de 2018 despidos que ascienden a 89.938 a las que deben sumarse suspensiones del mismo período.
Constataciones
Como se percibe en el apartado correspondiente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) computa 125.311 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y noviembre de 2018. CEPA computa para el período noviembre 2015 a diciembre de 2018 despidos que ascienden a 89.938.
Despidos y Suspensiones: análisis comparativo de 2018
Del total de casos, 42.396 casos corresponden a despidos, 9.210 a despidos cierre de empresas o plantas, 1.735 a retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas, 15.280 a suspensiones junto con 1.075 casos de adelanto de vacaciones.
Despidos por cierre
Los despidos por cierre de empresas o plantas alcanzan como se mencionó, la cantidad de 9.210 casos.
Es de destacar que 1 de cada 8 despidos durante 2018 se relacionaron con cierre de empresas o plantas. En el caso de la industria la proporción es aún mayor: 1 de cada 6 casos están vinculados a cierres.
Despidos y suspensiones por sector de actividad
En los despidos según sector de actividad, se visualiza que el sector público suma 11.127 casos y 5.176 en empresas de capital estatal, le sigue la industria con 37.341 despedidos y suspensiones, el sector servicios con 13.470 casos, 1.001 casos en el sector primario y 1.581 casos en construcción.
Dentro de la industria, encabeza el sector automotriz y autopartes, seguido por el sector textil, alimentos y bebidas, el sector electrónica y electrodomésticos y el sectormetalúrgico. Le sigue el sector de calzado, hidrocarburos y refinería y frigoríficos.
Entre los servicios, se ubican el sector comercio, que representa el 55% de los despidos y suspensiones. Presentan despidos, además, el sector de medios de comunicación, transporte, aerocomercial, vigilancia, limpieza, financiero, salud, gastronómicos, peaje y estaciones de servicio.
En el sector público hubo despidos en entes descentralizados como Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y SENASA, en las municipalidades de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero, La Platay otras, despidos en el poder ejecutivo, en los Ministerios de Agroindustria, Desarrollo Social y Economía, entre otros, despidos en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre otras, y enempresas de capital estatalcomo YCRT, Ferrobaires, Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM.
Aunque en menor cantidad, hubo suspensiones y despidos en el sector construcción y el sector primario (actividad pesquera).

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Ejecución del Presupuesto 2018: más deuda y menos servicios sociales

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Finalizado el año 2018, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizamos las ampliaciones y reducciones de las partidas, así como la participación de cada una de las áreas y la ejecución del presupuesto 2018.

Adelanto de las conclusiones:

  • El presupuesto debería representar el Plan de Gobierno y su ejecución ilustrar el avance del cumplimiento de objetivos.  Sin embargo, las variables económicas que sustentan el presupuesto se modificaron con el ritmo de la economía y la ejecución ha sido dispar.
  • El Presupuesto se amplío en $583.099 millones, sólo un 20% por encima del votado y muy inferior a la inflación del año 2018 que alcanzó el 47,6% punta a punta o el 33,8% en promedio. Este dato da cuenta de la magnitud del ajuste del gasto acordado entre el gobierno y el FMI.
  • Los datos recientemente anunciados por el Ministro de Hacienda del sobre-cumplimiento de la meta del déficit con el FMI confirman el ajuste que se profundiza por la caída de la recaudación.
  • Las jurisdicciones más beneficiadas, en términos nominales, por la ampliación de partidas fueron los Servicios de la Deuda Pública – 50% más en relación al inicial -, Obligaciones a cargo del Tesoro – 108% – , y en tercer lugar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con aumento del 8%. Estas 3 jurisdicciones tuvieron ampliaciones presupuestarias por encima de los $100.000 millones y explican el 73% del total de las ampliaciones presupuestarias para la APN.
  • La devaluación generó mayor necesidad de pesos para afrontar los pagos de los servicios de la deuda y el pago de los subsidios a la energía, tanto de importaciones como de generación de energía eléctrica y producción local de gas natural.
  • Contrariamente, el ex Ministerio de Salud redujo sus partidas presupuestarias en $3.430 millones, el 6% de su presupuesto total.
  • En relación a la participación en el gasto total, más del 40% del gasto es explicado por los gastos del ANSES, que se presupuestan en el ex Ministerio de Trabajo, y que pierden casi 5 puntos porcentuales entre el presupuesto inicial y el vigente. El segundo gasto en importancia es el de los servicios de la deuda, que aumenta su participación en un 3,5% pasando del 14,1% al 17,6%. Es decir, que de los 5 puntos que se reduce el peso de los servicios sociales 3,5 son reorientados hacia el costo del endeudamiento.
  • También el Ministerio de Educación pierde participación: casi un punto entre el sancionado y el vigente, pasando del 5,7% al 5% del total.
  • Los recursos destinados al Ministerio de Salud representan el 1,5% del total de gastos del presupuesto vigente.
  • Si se los compara con los Servicios de Deuda, los montos destinados a Salud son solo el 9% del gasto vigente. Asimismo, en Ciencia y Tecnología, los recursos representan sólo el 3% en relación a Servicios de Deuda.
  • En el marco de la crisis industrial y el cierre diario de pymes, el presupuesto del Ministerio de Producción represento sólo el 0,3% del gasto público total.
  • En relación a ejecución presupuestaria sobre el presupuesto vigente, los peores rendimientos se expresan en el Ministerio de Producción con el 71,7%, Ambiente y Desarrollo Sustentable con el 73%, Hacienda con el 75,1%,  Finanzas con el 75,2% y Turismo con el 76,9%.
  • A su vez, las jurisdicciones con mayor sobre-ejecución sobre el presupuesto vigente fueron Presidencia con el 97,1%, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el 96,6%, Educación con el 94,4%, Defensa con el 94% y el Poder Judicial con el 93,2%.
  • Particularmente, en un año de crisis económica, la intervención estatal mediante políticas públicas resulta imprescindible para revertir o reducir los efectos sociales asociados al deterioro de todas las variables. Sin embargo, la política del Gobierno ha sido la de priorizar el pago de Servicios de Deuda por sobre las cuestiones sociales.
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Un informe muestra como cayó el poder adquisitivo de los jubilados en el 2018

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Un estudio de CEPA, CEPPEA y ALGEC muestra como la  la situación de los adultos mayores se agravó en el 2018. El mayor deterioro se observa en el acceso a medicación por las nuevas normas del PAMI y la inflación.
Luego de tres años transcurridos de la gestión del actual gobierno resulta cada vez más evidente la situación de retroceso y  deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores, quienes día a día ven disminuir el poder adquisitivo de sus jubilaciones, lo que afecta notablemente su capacidad de compra de bienes de consumo básicos.
Sin lugar a dudas, en el marco de este contexto desfavorable, la problemática en torno a los medicamentos adquiere mayor relevancia. En este sentido, al mismo tiempo que PAMI recorta sus prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos, se registra una tendencia preocupante de incremento sostenido de los precios de venta de los mismos.
-Para el año 2018 las proyecciones de INDEC indican que 6.838.533 habitantes de nuestro país son personas de 60 años y más (15,4%), siendo 43% varones y 57% mujeres. Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores representa una porción significativa de nuestra población.
-La inflación de los medicamentos del 2015 al 2018 aumentó un 235%, y algunos medicamentos esenciales se incrementaron más del 534%. En contraste, la jubilación mínima actual es de $ 9.309 y en el 2015 la primera movilidad anual la llevó a un importe de $3.821, siendo el aumento del periodo mayo 2015 a diciembre de 2018 de un 143,63%.
-Si se considera el año 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 53,24%, ubicándose por encima de la inflación anual que cerró en 47,6% de acuerdo al INDEC.
-Solamente en el mes de diciembre de 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 8,56%. El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el mismo periodo alcanza el 14,85%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 21,3%.
-Estos aumentos se agravan dada la modificación de la Resolución N° 005 de PAMI, que agrega condiciones extremadamente extraordinarias (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina pre-paga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados/as a esta prestación.
-En Argentina en el año 2009 (Informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación) el 44% de las defunciones de personas de 60 años y más correspondieron al aparato circulatorio, el 26% a tumores y el 21% a enfermedades del sistema respiratorio. Solo el 5,5% de las muertes fueron por causas de enfermedades infecciosas y parasitarias.
-Esta situación es crítica si se consideran los muy relevantes aumentos de medicamentos para patologías específicas. Por ejemplo:
El medicamento para patologías cardiovasculares Acenocumarol (Sintrom), es un anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, e incrementó su valor en un 534,42%.
El medicamento para Patologías Respiratorias, fluticasona+salmeterol (Seretide) aumentó su precio en un 302,07%, siendo hoy su valor actual de $1.805,06. Los tratamientos para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto fuertemente encarecidos. Es importante considerar que el EPOC representan el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias.
El medicamento para Patologías Osteoarticulares, Etoricoxib (Arcoxia) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para el dolor crónico de patologías osteoarticulares como artrosis y artritis reumatoidea. Tuvo un incremento del 284,95%.

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