CEPA

La otra cara del incremento de tarifas y combustibles

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra cual es el impacto del aumento de las tarifas y el combustible
Análisis de la evolución reciente de la producción, las reservas y de la inversión en el sector hidrocarburífero argentino muestra que:
La producción de petróleo crudo en Argentina cayó de 84.613 metros cúbicos diarios en diciembre de 2015 a 77.281 metros cúbicos diarios al cierre de diciembre de 2017, lo que representa una declinación del 9% en el bienio 2016-2017.
Las reservas de petróleo en todas sus categorías mostraron una caída en el año 2016 respecto del año 2015 aún con una tasa de extracción menor, lo que se explica por una menor vocación exploratoria de las empresas operadoras en Argentina luego de 2015. Las reservas comprobadas cayeron un 9,5% mientras que las reservas probables y posibles cayeron en 8,6% y 15,9% respectivamente.
La producción de gas registró un crecimiento de 5,8% pero con una particularidad que debe destacarse. El crecimiento registrado se explica por la puesta en producción, en febrero de 2016, del proyecto Off Shore “Vega Pléyade” (en la cuenca Austral) que aporta 7,3 millones de metros cúbicos día y cuya inversión fue realizada íntegramente durante el gobierno anterior. Si se descuenta el volumen de este megaproyecto, la producción total de gas de Argentina tuvo una declinación de 0,53%.
Las reservas de gas de Argentina, al igual que las de petróleo, reflejan una caída en 2016 respecto del año anterior. Las reservas comprobadas cayeron un 4% mientras que las reservas probables y posibles cayeron en 7,4% y 14,8% respectivamente.
La menor vocación exploratoria de las empresas operadoras en Argentina se refleja en la menor cantidad de pozos exploratorios y de avanzada, de gas y petróleo, que se perforaron en los últimos dos años, lo que reflejó una caída porcentual de17,5% en 2017 respecto de 2015.
En términos de explotación, también se registra una baja de actividad en el último bienio respecto del año 2015. La caída de pozos perforados de gas y petróleo fue del 31,5% en 2017 respecto de 2015.
Las inversiones totales en el sector Upstream (exploración y producción) cayeron considerablemente en los últimos dos años. En 2017 se invirtió un 37,6% menos que en año 2015 en Argentina (tanto en gas como en petróleo).
Adicionalmente, bajó notablemente el porcentaje de la inversión de riesgo (la inversión en exploración para encontrar nuevas reservas). Mientras en 2015 se destinaba un 8,1% de la inversión total a la exploración, en 2017 se destinó un 3,2% del total.

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La reciente suba del dólar en la plaza local: consecuencias del modelo

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la corrida cambiaria y hace las proyecciones a futuro con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional.
Durante las convulsionadas jornadas de la última semana de abril, una serie de economistas han insistido en instalar la idea de que lo que estaba sucediendo era una tradicional “corrida” cambiaria, pero omitieron señalar –como se ha enfatizado en el presente informe-, que las condiciones estructurales para una corrección cambiaria o una liquidación de reservas están dadas hace cuanto menos unos meses y que la perspectiva no arroja señales de alteración de este escenario en el futuro próximo.
Con el actual modelo de desregulación y apertura el Gobierno incurre en una encerrona donde las únicas dos soluciones posibles son devaluar o entregar las reservas. Es importante destacar que estas reservas provienen exclusivamente del endeudamiento externo y que, incluso vendiendo el 100% de las mismas, no alcanzan para pagar ni el 50% de la deuda contraída en estos dos últimos años.
En el medio, entre la deuda tomada y los dólares que están en el BCRA, se dio un importante fenómeno de fuga de capitales, boom por turismo y viajes al exterior y tuvo lugar en 2017 el segundo déficit comercial más alto de la historia argentina. En base a estos factores, la conclusión más acertada es comprender que el problema de la aguda escasez de dólares proviene del modelo de liberalización, desregulación, sistemático endeudamiento y fuga de divisas.

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“El saldo”: Ganadores y perdedores de las trasferencias fiscales derivadas de las reformas previsional y tributaria

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A partir del cuadro precedente, el Centro de Economía Política Argentina emitió una una serie de conclusiones:

  • Tesoro. Las reformas, junto con las políticas implementadas desde la llegada de Cambiemos al ejecutivo nacional, desfinanciarán al Tesoro Nacional en casi $140.000 millones en 2018. Esto representa un 5% del gasto primario estimado en 2018, que asciende a $2.721.450.
  • Anses. Para el año 2018, las cuentas de ANSES muestran un leve saldo positivo en torno a $6 mil millones. Si se toma en cuenta la reducción de las jubilaciones consideradas de privilegio (que aparece en el Pacto Fiscal, aunque no trascendió más allá de declaraciones), el saldo del organismo aumentaría a $18 mil millones en 2018. Es posible pensar que el desfinanciamiento del Tesoro puede presentar un costo político significativamente menor frente a la opinión pública que la alteración de las cuentas de ANSES. Pero, sobre todo, parece sumamente probable considerar que sería el ANSES quien financie al Tesoro. En efecto, para atender los desequilibrios de las cuentas públicas, el cierre de 2017 implicó la transferencia de poco más de $100 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES hacia el Tesoro (1).

Adicionalmente, este leve saldo positivo de ANSES es sólo aplicable al año 2018, ya que la reducción progresiva de los montos retenidos por ANSES desde 1992 a las cajas provinciales (devolución pactada entre Frigerio y gobernadores), junto con la también progresiva reducción de las contribuciones patronales (que se multiplicarán por cinco más inflación hasta 2022) provocarán indefectiblemente el desfinanciamiento del organismo desde 2019. De hecho, la quita por contribuciones patronales comienza siendo de $30 mil millones en 2018, mientras que en 2019 se acrecienta a $71 mil millones, a 2010 llega a $115 mil millones, en 2021, $163 mil millones y en 2022 llega a $217 mil millones. La quita significará, en 2022, una pérdida del 34,4% de la recaudación por contribuciones patronales al sistema jubilatorio.
Por otro lado, la decisión de compensar al ANSES con el dinero del Impuesto a los Débitos y Créditos y la prórroga del impuesto por dos años va a contramano de las recurrentes menciones del Gobierno respecto de eliminar el gravamen. Resulta evidente que la decisión apuntó a compensar las alicaídas arcas del ANSES (a partir de la decisión de la Corte de terminar con la detracción del 15% de la coparticipación) e impedir que los gobernadores reclamen la coparticipación de tal recaudación como compensación a la merma de ingresos locales.

  • Provincias y PBA. El beneficio de las provincias que surge del cuadro no se explica por la aprobación reciente de la reforma tributaria. La misma deja saldo cero, ya que de acuerdo a lo firmado en el Consenso Fiscal, se compensa a merma de ingresos en las provincias por reducción de ingresos con la coparticipación del impuesto a las ganancias. De la reforma tributaria la única beneficiada es Buenos Aires, como resultado de la transferencia por el Fondo del Conurbano en torno a $21 mil millones para 2018 y otros $44 mil millones en 2019. El resto de las provincias, prevé el Consenso Fiscal, tienen movimientos neutros en sus arcas. El saldo positivo del cuadro precedente, que sin los $21 mil millones de Buenos Aires ronda en $69 mil millones a 2018, deriva del beneficio generado por la decisión de la Corte (para tres provincias) y el posterior acuerdo con Frigerio (para las restantes), de dar por finalizada la detracción del 15% de los montos coparticipables con destino a ANSES.
  • Jubilados y beneficiarios AUH. En términos del impactos de la reforma previsional, los jubilados, beneficiarios de AUH y de pensiones no contributivas, y los perceptores de salario familiar perderán más de 60 mil millones de pesos a 2018, incluso considerando el bono adicional y el 82% móvil.

Junto con ello, el Gobierno había mencionado su voluntad de poner un coto máximo a las jubilaciones de determinados regímenes especiales. En términos fiscales, eso podría alcanzar los $12.000 millones de ahorro, siempre y cuando se aplique a las jubilaciones ya existentes, lo cual es difícil de imaginar. Además de ello, no se ha presentado aún ninguna propuesta al respecto, planteándose incluso en los debates públicos exclusivamente la cuestión de elevar la edad jubilatoria.

  • Sector privado. El mismo se ve ampliamente beneficiado, estimándose la transferencia a su favor en casi $100.000 millones sólo para 2018. Dentro de este sector, las empresas de mayor tamaño son las que reciben gran parte de los beneficios. Esto ocurre porque: 1. poseen mayoritariamente su personal registrado, por lo que la reducción de contribuciones implica un beneficio directo e inmediato, 2. la posibilidad de considerar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias lo tributado en el Impuesto a los Créditos y Débitos mejora la rentabilidad a las empresas de mayor porte exclusivamente, dado que ya era un beneficio existente para las Pymes, 3. la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias impacta proporcionalmente en mayor medida sobre quienes más ganan y 4. la eliminación inmediata del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre el comercio exterior en esta primera etapa, favorece naturalmente a un sector, el exportador, altamente concentrado.
  • Sector público: resignación de recaudación (o menos presión fiscal). Al cruzar el saldo del Sector Público (Tesoro, Anses y Provincias) el resultado del ejercicio alcanza una reducción de $31 mil millones de la recaudación a 2018. Esta cifra se alinea con lo previsto por el oficialismo: una reducción de la presión fiscal de 1,5% del PBI al cabo de cinco años. En este sentido, un simple cálculo anual, implica 0,3% para el primer año, sobre un PBI de $12.363.404 millones, supondría resignar recursos por $37 mil millones (aunque en 2018, dada la progresividad de las medidas como contribuciones patronales y la aplicación del revalúo fiscal, significaría una menor pérdida de recursos que los años subsiguientes).

No deja de ser paradójico que, si el punto de llegada es la reducción del déficit, el camino tome una curva que primero pase por la resignación de recursos.

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En diciembre de 2017 se contabilizaron 3.346 despidos y suspensiones

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 Si se compara con el mismo mes del año anterior se percibe una sensible reducción (9.488 casos se produjeron en diciembre de 2016). Sin embargo, en la comparación respecto del mes anterior, se observa un fuerte incremento (1.412 casos en noviembre de 2017).
 
·         El incremento de los despidos en el mes de diciembre ha sido impulsado por las cesantías en el sector público, que representan casi el 60% de los casos del mes (1.904 casos).
 
Sector público: liderazgo en la expulsión del empleo
 
·         Los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires.

 
·         Entre los despidos en organismos descentralizados, el 91% de los mismos corresponden a Fabricaciones Militares (Córdoba, Bs. As., CABA y Santa Fe), TDA y ENACOM. En total, los despidos en entes descentralizados alcanzan los 654 casos.
 
·         Los despidos en la Administración Pública Nacional, en cambio, se encuentran atomizados entre los distintos Ministerios. Suman 557 casos en el mes de diciembre.
 
·         Finalmente, los 564 casos de despidos provinciales se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As.
 
Sector privado: el motor sigue siendo la industria
 
·         Si se considera los despidos y suspensiones brutos en diciembre de 2017, el impulso proviene de la industria. De los 1.442 casos, 1.070 corresponden al sector industrial.
 
·         Si bien la cantidad de despidos en el sector privado resulta similar en noviembre (1.398) y diciembre (1.442), en este último mes el 75% de los casos refieren al sector industrial, duplicando prácticamente lo sucedido en el mes previo.
 
La industria y los servicios: casos
 
·         Dentro de la industria, el rubro alimentos y bebidas encabezó los despidos, con casos como los de Ingenio La Esperanza e Ingenio Ledesma, Coca Cola, Granjas Riojanas y La Rioja Vitivinícola. Le sigue el caso de los despidos de BRF, en el sector frigorífico. Y finalmente, los casos de Kalpakian y Medias Ciudadela (que incluye 70 suspensiones), en el textil.
 
·         En el sector servicios, el rubro Medios de Comunicación encabeza los despidos con los casos de QM Noticias y Radio Rivadavia. Asimismo, los 100 despidos en estaciones de servicios acompañan el impulso de los despidos entre los servicios.
 
Cierres
 
·         Los despidos relacionados con cierres alcanzan los 600 casos. Esto representa casi el 20% de los despidos del mes.
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El impacto de las reformas impositivas en la caja de la Anses

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En el marco de la triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional ha propuesto una reforma tributaria con importantes alteraciones en materia de recaudación provincial, particularmente en lo atinente a la reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos. Seguidamente, la discusión sobre el reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia  Vidal, abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores provinciales, cuyas arcas se encuentran en serios problemas de solvencia en un escenario de creciente endeudamiento en dólares.

A los fines de evitar que sea la Corte Suprema la que resuelva el conflicto del Fondo del Conurbano – como ya ocurrió con el fallo sobre los fondos coparticipables a fines de 2015, lo que se tradujo en un frente de conflicto con los gobernadores no beneficiados-, el gobierno nacional propone una solución consensuada con el conjunto de las provincias, donde se coparticiparía el impuesto a las ganancias en un 100%, efectuando un reparto entre todas las arcas provinciales. Ello permitiría paliar el efecto negativo que supone tanto la concesión a PBA del Fondo del Conurbano como la baja de ingresos brutos. Vale indicar la significación del peso de este impuesto en las recaudaciones provinciales: en promedio, en 2016 alcanza el 74% de los ingresos provinciales propios (sin coparticipación) superando en 9 de ellas el 80% de la recaudación (Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz).

Lo cierto es que esta medida “compensatoria” que coparticipa el 100% de impuesto a las ganancias implicaría, en los hechos, una nueva merma en los recursos de la ANSES dado que actualmente una porción de sus ingresos dependen del 20% del impuesto a las ganancias. El Gobierno propuso, complementariamente y también a modo de compensación en este caso hacia la ANSES, que se destinaría el 100% del Impuesto a Créditos y Débitos para el organismo (hoy alcanza el 70% y el 30% se coparticipa). Sin embargo, este último anuncio contradice uno de los puntos originarios de la reforma tributaria, donde el gobierno había anunciado la eliminación del Impuesto al Cheque, dado su carácter distorsivo. A ello pueden adicionarse las dudas respecto del impacto que tendría la utilización del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, disposición también contenida en la reforma.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que –aparentemente aisladas – se dirigen a desfinanciar la caja de la seguridad social: la reducción de las contribuciones patronales propuesta en la reforma laboral (“blanqueo”), la propuesta de coparticipar el 100% de ganancias para concretar la concesión a Vidal y el acuerdo que estableció Frigerio con los gobernadores respecto de la devolución en cuotas del 15% de retención de ANSES a todas las provincias (5 cuotas de 3% por año). En este esquema, el dinero de los trabajadores – activos y pasivos-  se convierte en el verdadero botín a ser apropiado.

En este sentido, sólo sería posible que la mesa no se caiga si aparece una tercera pata: la reforma previsional. Los cerca de 100 mil millones que la ANSES se ahorraría a través de la reducción de jubilaciones –vía actualización por inflación- financiarían estas modificaciones. La nueva guerra de pobres que propone Cambiemos es que los jubilados (de los cuales, el 50% percibe cerca de 7.500 pesos al mes) y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares financien las cuentas provinciales y las ganancias empresariales. La reforma fiscal es una inútil sábana corta donde cualquier signo de progresividad brilla por su ausencia.

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