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“El saldo”: Ganadores y perdedores de las trasferencias fiscales derivadas de las reformas previsional y tributaria

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A partir del cuadro precedente, el Centro de Economía Política Argentina emitió una una serie de conclusiones:

  • Tesoro. Las reformas, junto con las políticas implementadas desde la llegada de Cambiemos al ejecutivo nacional, desfinanciarán al Tesoro Nacional en casi $140.000 millones en 2018. Esto representa un 5% del gasto primario estimado en 2018, que asciende a $2.721.450.
  • Anses. Para el año 2018, las cuentas de ANSES muestran un leve saldo positivo en torno a $6 mil millones. Si se toma en cuenta la reducción de las jubilaciones consideradas de privilegio (que aparece en el Pacto Fiscal, aunque no trascendió más allá de declaraciones), el saldo del organismo aumentaría a $18 mil millones en 2018. Es posible pensar que el desfinanciamiento del Tesoro puede presentar un costo político significativamente menor frente a la opinión pública que la alteración de las cuentas de ANSES. Pero, sobre todo, parece sumamente probable considerar que sería el ANSES quien financie al Tesoro. En efecto, para atender los desequilibrios de las cuentas públicas, el cierre de 2017 implicó la transferencia de poco más de $100 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES hacia el Tesoro (1).

Adicionalmente, este leve saldo positivo de ANSES es sólo aplicable al año 2018, ya que la reducción progresiva de los montos retenidos por ANSES desde 1992 a las cajas provinciales (devolución pactada entre Frigerio y gobernadores), junto con la también progresiva reducción de las contribuciones patronales (que se multiplicarán por cinco más inflación hasta 2022) provocarán indefectiblemente el desfinanciamiento del organismo desde 2019. De hecho, la quita por contribuciones patronales comienza siendo de $30 mil millones en 2018, mientras que en 2019 se acrecienta a $71 mil millones, a 2010 llega a $115 mil millones, en 2021, $163 mil millones y en 2022 llega a $217 mil millones. La quita significará, en 2022, una pérdida del 34,4% de la recaudación por contribuciones patronales al sistema jubilatorio.
Por otro lado, la decisión de compensar al ANSES con el dinero del Impuesto a los Débitos y Créditos y la prórroga del impuesto por dos años va a contramano de las recurrentes menciones del Gobierno respecto de eliminar el gravamen. Resulta evidente que la decisión apuntó a compensar las alicaídas arcas del ANSES (a partir de la decisión de la Corte de terminar con la detracción del 15% de la coparticipación) e impedir que los gobernadores reclamen la coparticipación de tal recaudación como compensación a la merma de ingresos locales.

  • Provincias y PBA. El beneficio de las provincias que surge del cuadro no se explica por la aprobación reciente de la reforma tributaria. La misma deja saldo cero, ya que de acuerdo a lo firmado en el Consenso Fiscal, se compensa a merma de ingresos en las provincias por reducción de ingresos con la coparticipación del impuesto a las ganancias. De la reforma tributaria la única beneficiada es Buenos Aires, como resultado de la transferencia por el Fondo del Conurbano en torno a $21 mil millones para 2018 y otros $44 mil millones en 2019. El resto de las provincias, prevé el Consenso Fiscal, tienen movimientos neutros en sus arcas. El saldo positivo del cuadro precedente, que sin los $21 mil millones de Buenos Aires ronda en $69 mil millones a 2018, deriva del beneficio generado por la decisión de la Corte (para tres provincias) y el posterior acuerdo con Frigerio (para las restantes), de dar por finalizada la detracción del 15% de los montos coparticipables con destino a ANSES.
  • Jubilados y beneficiarios AUH. En términos del impactos de la reforma previsional, los jubilados, beneficiarios de AUH y de pensiones no contributivas, y los perceptores de salario familiar perderán más de 60 mil millones de pesos a 2018, incluso considerando el bono adicional y el 82% móvil.

Junto con ello, el Gobierno había mencionado su voluntad de poner un coto máximo a las jubilaciones de determinados regímenes especiales. En términos fiscales, eso podría alcanzar los $12.000 millones de ahorro, siempre y cuando se aplique a las jubilaciones ya existentes, lo cual es difícil de imaginar. Además de ello, no se ha presentado aún ninguna propuesta al respecto, planteándose incluso en los debates públicos exclusivamente la cuestión de elevar la edad jubilatoria.

  • Sector privado. El mismo se ve ampliamente beneficiado, estimándose la transferencia a su favor en casi $100.000 millones sólo para 2018. Dentro de este sector, las empresas de mayor tamaño son las que reciben gran parte de los beneficios. Esto ocurre porque: 1. poseen mayoritariamente su personal registrado, por lo que la reducción de contribuciones implica un beneficio directo e inmediato, 2. la posibilidad de considerar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias lo tributado en el Impuesto a los Créditos y Débitos mejora la rentabilidad a las empresas de mayor porte exclusivamente, dado que ya era un beneficio existente para las Pymes, 3. la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias impacta proporcionalmente en mayor medida sobre quienes más ganan y 4. la eliminación inmediata del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre el comercio exterior en esta primera etapa, favorece naturalmente a un sector, el exportador, altamente concentrado.
  • Sector público: resignación de recaudación (o menos presión fiscal). Al cruzar el saldo del Sector Público (Tesoro, Anses y Provincias) el resultado del ejercicio alcanza una reducción de $31 mil millones de la recaudación a 2018. Esta cifra se alinea con lo previsto por el oficialismo: una reducción de la presión fiscal de 1,5% del PBI al cabo de cinco años. En este sentido, un simple cálculo anual, implica 0,3% para el primer año, sobre un PBI de $12.363.404 millones, supondría resignar recursos por $37 mil millones (aunque en 2018, dada la progresividad de las medidas como contribuciones patronales y la aplicación del revalúo fiscal, significaría una menor pérdida de recursos que los años subsiguientes).

No deja de ser paradójico que, si el punto de llegada es la reducción del déficit, el camino tome una curva que primero pase por la resignación de recursos.

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En diciembre de 2017 se contabilizaron 3.346 despidos y suspensiones

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 Si se compara con el mismo mes del año anterior se percibe una sensible reducción (9.488 casos se produjeron en diciembre de 2016). Sin embargo, en la comparación respecto del mes anterior, se observa un fuerte incremento (1.412 casos en noviembre de 2017).
 
·         El incremento de los despidos en el mes de diciembre ha sido impulsado por las cesantías en el sector público, que representan casi el 60% de los casos del mes (1.904 casos).
 
Sector público: liderazgo en la expulsión del empleo
 
·         Los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires.

 
·         Entre los despidos en organismos descentralizados, el 91% de los mismos corresponden a Fabricaciones Militares (Córdoba, Bs. As., CABA y Santa Fe), TDA y ENACOM. En total, los despidos en entes descentralizados alcanzan los 654 casos.
 
·         Los despidos en la Administración Pública Nacional, en cambio, se encuentran atomizados entre los distintos Ministerios. Suman 557 casos en el mes de diciembre.
 
·         Finalmente, los 564 casos de despidos provinciales se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As.
 
Sector privado: el motor sigue siendo la industria
 
·         Si se considera los despidos y suspensiones brutos en diciembre de 2017, el impulso proviene de la industria. De los 1.442 casos, 1.070 corresponden al sector industrial.
 
·         Si bien la cantidad de despidos en el sector privado resulta similar en noviembre (1.398) y diciembre (1.442), en este último mes el 75% de los casos refieren al sector industrial, duplicando prácticamente lo sucedido en el mes previo.
 
La industria y los servicios: casos
 
·         Dentro de la industria, el rubro alimentos y bebidas encabezó los despidos, con casos como los de Ingenio La Esperanza e Ingenio Ledesma, Coca Cola, Granjas Riojanas y La Rioja Vitivinícola. Le sigue el caso de los despidos de BRF, en el sector frigorífico. Y finalmente, los casos de Kalpakian y Medias Ciudadela (que incluye 70 suspensiones), en el textil.
 
·         En el sector servicios, el rubro Medios de Comunicación encabeza los despidos con los casos de QM Noticias y Radio Rivadavia. Asimismo, los 100 despidos en estaciones de servicios acompañan el impulso de los despidos entre los servicios.
 
Cierres
 
·         Los despidos relacionados con cierres alcanzan los 600 casos. Esto representa casi el 20% de los despidos del mes.
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El impacto de las reformas impositivas en la caja de la Anses

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En el marco de la triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional ha propuesto una reforma tributaria con importantes alteraciones en materia de recaudación provincial, particularmente en lo atinente a la reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos. Seguidamente, la discusión sobre el reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia  Vidal, abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores provinciales, cuyas arcas se encuentran en serios problemas de solvencia en un escenario de creciente endeudamiento en dólares.

A los fines de evitar que sea la Corte Suprema la que resuelva el conflicto del Fondo del Conurbano – como ya ocurrió con el fallo sobre los fondos coparticipables a fines de 2015, lo que se tradujo en un frente de conflicto con los gobernadores no beneficiados-, el gobierno nacional propone una solución consensuada con el conjunto de las provincias, donde se coparticiparía el impuesto a las ganancias en un 100%, efectuando un reparto entre todas las arcas provinciales. Ello permitiría paliar el efecto negativo que supone tanto la concesión a PBA del Fondo del Conurbano como la baja de ingresos brutos. Vale indicar la significación del peso de este impuesto en las recaudaciones provinciales: en promedio, en 2016 alcanza el 74% de los ingresos provinciales propios (sin coparticipación) superando en 9 de ellas el 80% de la recaudación (Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz).

Lo cierto es que esta medida “compensatoria” que coparticipa el 100% de impuesto a las ganancias implicaría, en los hechos, una nueva merma en los recursos de la ANSES dado que actualmente una porción de sus ingresos dependen del 20% del impuesto a las ganancias. El Gobierno propuso, complementariamente y también a modo de compensación en este caso hacia la ANSES, que se destinaría el 100% del Impuesto a Créditos y Débitos para el organismo (hoy alcanza el 70% y el 30% se coparticipa). Sin embargo, este último anuncio contradice uno de los puntos originarios de la reforma tributaria, donde el gobierno había anunciado la eliminación del Impuesto al Cheque, dado su carácter distorsivo. A ello pueden adicionarse las dudas respecto del impacto que tendría la utilización del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, disposición también contenida en la reforma.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que –aparentemente aisladas – se dirigen a desfinanciar la caja de la seguridad social: la reducción de las contribuciones patronales propuesta en la reforma laboral (“blanqueo”), la propuesta de coparticipar el 100% de ganancias para concretar la concesión a Vidal y el acuerdo que estableció Frigerio con los gobernadores respecto de la devolución en cuotas del 15% de retención de ANSES a todas las provincias (5 cuotas de 3% por año). En este esquema, el dinero de los trabajadores – activos y pasivos-  se convierte en el verdadero botín a ser apropiado.

En este sentido, sólo sería posible que la mesa no se caiga si aparece una tercera pata: la reforma previsional. Los cerca de 100 mil millones que la ANSES se ahorraría a través de la reducción de jubilaciones –vía actualización por inflación- financiarían estas modificaciones. La nueva guerra de pobres que propone Cambiemos es que los jubilados (de los cuales, el 50% percibe cerca de 7.500 pesos al mes) y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares financien las cuentas provinciales y las ganancias empresariales. La reforma fiscal es una inútil sábana corta donde cualquier signo de progresividad brilla por su ausencia.

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El peso de los intereses de deuda sobre el presupuesto 2018

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A lo largo de los años, la política de desendeudamiento implementada hasta 2015 permitió la reducción progresiva del peso de los intereses de deuda. La decisión política volcada en el presupuesto muestra que desde 2009 no se destinó más de 10% del presupuesto de gastos a atender los intereses de la deuda, incluso llegando en 2016 (en el presupuesto realizado en 2015) a sólo el 6,6%. Sin embargo, en 2017 el presupuesto aprobado superó el 10%, cambiando la dinámica de la curva.

La ejecución 2008/2017 Asimismo, al observar la evolución de la ejecución del presupuesto, se percibe el mismo comportamiento pero aún más intenso. Por un lado, ya en 2016 se supera el 10% del gasto destinado a servicios de deuda. La sobreejecución presupuestaria de 2016 lleva a destinar 14,4% del total de gastos a tal destino. Por otro lado, en 2017 la ejecución alcanza el 12,3% a fines de agosto.

 

Esa ejecución se refleja también en la ejecución de la partida correspondiente. Tal como muestra el cuadro siguiente, el rubro se encuentra por encima del promedio de ejecución tanto del presupuesto de gastos como del nivel de recaudación estimado.

 

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“Errores y omisiones”: la medición de desocupación del Indec bajo sospecha

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    • Salto en la desocupación. La publicación de la tasa de desocupación correspondiente al cuarto trimestre de 2016 fue anunciada por el oficialismo como un dato positivo, que mostraba la reducción del indicador. Sin embargo, si efectuamos la comparación con el mismo trimestre, un año antes, el salto implica un incremento de 2,2 puntos porcentuales en un año (de 5,4% a 7,6%). Es decir, un aumento de 270.000 personas sin trabajo en relación a la PEA de la EPH y unos 430.000 casos considerando el conjunto de la población.
    • Proyección poblacional. La modificación de la proyección poblacional realizada desde la primera medición del INDEC bajo la administración de Todesca implica concretamente que se quitan niños y se agregan adultos, lo que genera que crezca la Población Económicamente Activa. Si la fórmula de la tasa de desocupación consiste en la división entre el total de desocupados y la Población Económicamente Activa, al agrandarse el denominador, la tasa de desocupación resulta en un número más bajo. A modo ilustrativo, si la encuesta releva 10 desocupados sobre un total de 100 que conforman la PEA, la tasa de desocupación es del 10%; pero si releva esos mismos 10 desocupados sobre un total de 125 que conforman la PEA, la tasa de desocupación es de 8%. Este efecto resulta de proyectar los resultados de la encuesta realizada a un universo que aumentó por la incorporación de adultos.
    • Efecto desaliento. El efecto desaliento en este periodo podría encontrar razones en el recurrente resultado negativo de sucesivas entrevistas – o inexistencia de oportunidades laborales-, lo que termina por generar escepticismo en la búsqueda de empleo. Esto, en definitiva, no sólo expresa la ausencia de generación de empleo en un periodo donde los dirigentes de Cambiemos insisten en que se modificó la dinámica del empleo, sino que además resulta tan dificultoso o desalentador el contexto económico que disuade a los desocupados de las búsquedas laborales. Sin embargo, este efecto resulta llamativo ya que en momentos de recesión económica, donde los hogares tienen menos ingresos, suele ocurrir que más miembros del hogar intentan buscar trabajo – incrementando consiguientemente la PEA, como detalla el “efecto trabajador adicional” (ver Lundberg, 1985)-.
    • Estimaciones. Al estimar la tasa de desocupación sin la modificación de la proyección poblacional, el valor asciende a 7,78% para el cuarto trimestre de 2016, mientras que si adicionalmente se omite el efecto desaliento, la tasa podría alcanzar 8,78%, es decir, entre 2,38 y 3,38% por encima de lo estimado para el cuarto trimestre de 2016. Si se considera que la variación entre el cuarto trimestre de 2015 y 2016 alcanzaba la cantidad de 270.000 casos de desocupados nuevos -tomando la proyección de la muestra alcanzada por la EPH- y 430.000 sobre la población total, la diferencia de estimación podría ser cercana a 15.000 y 40.000 casos adicionales al contabilizar el impacto de la modificación de la proyección poblacional. Si además se omite el efecto desaliento –es decir, se computan a esos trabajadores desalentados como desocupados y no como inactivos- se agregan entre 140.000 (para la proyección muestral alcanzada por la EPH) y 240.000 (considerando población total) casos adicionales respectivamente.

  • En síntesis, tanto la modificación de la proyección poblacional como el efecto desaliento, efecto improbable en el corto plazo, constituyen variables que impactan en un menor guarismo de desocupación, que se reduce en dos trimestres sucesivos sin que ello signifique generación de puestos de trabajo.
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