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La misión del FMI recibe a la CGT en medio de la tensión por reforma laboral y jubilatoria

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Los representantes sindicales perciben señales intranquilizadoras por parte del Gobierno respecto de intentos de reforma en los regímenes jubilatorios
La CGT se reunirá este jueves con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener precisiones sobre la reforma laboral y jubilatoria impulsada por estas horas por el Gobierno, el futuro de los planes sociales, y el del programa económico en el marco del acuerdo con la Argentina.
El encuentro previsto para las 10 de la mañana tendrá lugar en la sede del gremio de la construcción Uocra, previo a la reunión del consejo directivo de la central obrera que será a las 17.30, en simultáneo al acto previsto del líder del sindicalismo opositor, Hugo Moyano, en el estadio de Ferro, en donde volverá a diferenciarse con el anuncio de una agenda de protestas contra el Gobierno.
La misión encabezada por el italiano Roberto Cardarelli y su acompañante Trevor Alleyne, por su parte, anticipó a iProfesional que asistirá con el objetivo de “escuchar la visión y perspectivas” de la delegación de la central obrera.
En esta ocasión –es la tercera vez que mantienen conversaciones- la CGT pedirá definiciones a los técnicos sobre el intento del Gobierno de modificar la legislación laboral y los convenios colectivos –ayer este medio dio a conocer el proyecto en estudio del Ministerio de Producción y Trabajo para introducir esos cambios en una nueva Ley Pyme- así como la eventual reformulación de los regímenes diferenciales, una jubilación anticipada de la que gozan más de 50 actividades consideradas riesgosas o insalubres.
La comitiva sindical (integrada por el dueño de casa, Gerardo Martínez, el triunviro Héctor Daer, el estatal Andrés Rodríguez, el conductor ferroviario Omar Maturano y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias) se hará así eco del reclamo de los gremios nucleados en la Confederación del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid y el propio Maturano, que en las últimas horas salieron a rechazar una eventual modificación de los regímenes de jubilación adelantada en sus actividades.
“Queremos saber si están pidiendo una reforma laboral y si hay una iniciativa sobre las jubilaciones que ellos llaman especiales y no lo son, porque el Gobierno no viene solo por los regímenes diferenciales, también por la jubilación en general”, dijo a este medio Maturano.
El FMI volvió a recomendar “reformas adicionales” del sistema jubilatorio en un informe publicado el 15 de enero pasado, en el que menciona dos veces a la Argentina y sugiere “reducir la generosidad de las jubilaciones” mediante la disminución de la tasa de cobertura en relación al salario o bien a través del recorte de los regímenes diferenciales.
Pero la reacción sindical fue en respuesta a la batería de notas enviadas en las últimos días por la secretaría de Seguridad Social a unos 25 sindicatos y unas 20 entidades patronales del transporte (aeronáuticos, marítimos, ferroviarios, taxistas, tranviarios, portuarios, entre otros) pidiéndoles información sobre su esquema de pensiones por el que se jubilan entre los 50 y 60 años, según el caso.
La dependencia bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social les pide datos sobre “las tareas y puestos de trabajo incluidos en el régimen diferencial”, “condiciones y medio ambiente en que se desarrolla cada puesto”, “organización del trabajo”, “regímenes horarios”, “cantidad de trabajadores en actividades diferenciales”, y “factores riesgo para la salud”, entre otros ítems.
“La nota enviada en ningún momento habla de recortar regímenes, dice que los regímenes que merezcan tener un régimen diferencial deberán ser sustentables y para tareas que efectivamente conlleven un riesgo, desgaste o envejecimiento. Y que para eso se solicita la información”, explicaron a este medio desde Seguridad Social.
Los sindicalistas también indagarán a los economistas del FMI sobre el futuro del programa acordado con Macri, quien espera en marzo el desembolso de fondos extra por $10.000 millones.
La CGT busca despejar la incertidumbre reinante sobre las medidas que adoptará el Gobierno en el marco de la fuerte recesión que azota la economía, con el cierre de empresas, despidos y una inflación récord de casi un 50% interanual.
La dirigencia gremial reclamará un refuerzo de los planes sociales ante el empeoramiento del cuadro social, una posibilidad contemplada en la “cláusula de salvaguarda social” incluida en junio del año pasado por la cual el Gobierno puede aumentar las asignaciones como la AUH en caso de subir la pobreza, como finalmente ocurrió.
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La CGT solicitó convocatoria urgente del Consejo del Salario para subir el mínimo

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La CGT le pidió al Gobierno elevar el salario mínimo a $25 mil. En una carta enviada al ministro Dante Sica, la central obrera solicitó que se convoque al Consejo del Salario y se eleven los haberes hasta un monto similar similar a la canasta básica.
La CGT le pidió formalmente al Gobierno que convoque el Consejo del Salario para elevar el monto mínimo. Reclaman que todos los trabajadores tengan un ingreso mínimo similar a la canasta básica, que hoy está por arriba de $ 25.000.
A través de una carta dirigida al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, los 2 jefes de la central obrera, Carlos Acuña y Héctor Daer, solicitaron la “urgente convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a fin de fijar un nuevo valor del salario mínimo”.
Los gremialistas justificaron su pedido en “caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por efecto del proceso inflacionario”, según reza el texto de la misiva.
La última medición del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) integrado por 45 gremios de la CGT y la CTA, reveló una inflación acumulada trepó al 47,2%.
“Desde agosto, fecha de la reunión, la inflación no solo no ha decrecido, sino que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales”, agregaron los popes sindicales.
Según escribieron Daer y Acuña, por este motivo “resulta necesario actualizar en forma inmediata los valores vigentes, dotando al instituto (al Consejo) del profundo sentido social con el que fue concebido y garantizar que todos los trabajadores puedan tener un ingreso mínimo que le asegure el acceso a una canasta básica”, concluyeron.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió por última vez en agosto y fijó una suba del piso de 25% en cuatro etapas, la última de las cuales se cobrará en junio de 2019. Para ese mes, estaba previsto que llegue a $ 12.500. Sin embargo, la escalada de precios de los últimos meses del año obligó a la CGT a replantear ese acuerdo.
“Es una vergüenza que el salario mínimo haya quedado en 25% cuando la inflación ya le pasó por encima a ese número. En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el Gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario”, dijo Daer en diálogo con Ámbito Financiero.
La semana pasada el INDEC informó que los precios de los productos que integran la Canasta Básica Total (CBT) -que miden el umbral de ingresos que requiere una familia tipo para no caer en la pobreza- subieron en noviembre 4% respecto al mes previo, al alcanzar los $ 25.206, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide los ingresos que necesita una familia tipo para no caer en la indigencia- también avanzó 4% hasta los $ 10.122.
El salario mínimo, vital y móvil alcanzará los $12.500 en junio de 2019, según lo previsto en la última negociación, cuando se acordó una suba del 25% en 4 tramos. En estos momentos, el haber ronda los $11.300.

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Camioneros adhiere al estado de asamblea prevista para este martes en reclamo por Ganancias

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El Secretario General del Sindicato Adolfo Velázquez confirmó que acompañarán la medida de protesta adoptada por la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que nuclea a la mayoría de sindicatos de transporte del país. Se contempla estado de asambleas en los lugares de trabajo de 4:00 a 7:00 de la mañana, para luego comenzar con el restablecimiento de todos los servicios de transporte.
La semana pasada, la CATT se declaro en estado de alera permanente en protesta por el pago del impuesto a las Ganancias, alegando que el gobierno no cumplió hasta el momento la promesa de eliminarlo. Hugo Moyano había fijado públicamente su postura de adhesión, en el caso de que la Confederación tomar la decisión de adoptar una medida de fuerza para este martes.
En esta línea, Adolfo Velázquez aclaró que en Misiones el gremio de Camioneros se adhiere a la medida convocada por la CATT con un paro contemplado en la franja horaria de 6 a 10 de la mañana, en reclamo al impuesto a las ganancias bajo el contexto de asamblea permanente. “Ganancias es un impuesto que afecta a la gran mayoría de los trabajadores de nuestro sector, y no debemos olvidar que es otra de las promesas incumplidas por este gobierno desde el inicio de su mandato” sostuvo el dirigente.
Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, cerca de 700 mil trabajadores comenzaron a pagar Ganancias en el gobierno de Macri, lo que representa un aumento del %60 que ingresaron al régimen de pago en comparación al año 2015.
“Consideramos fundamental acompañar esta medida de fuerza, ya que el pago de Ganancias afecta directamente al bolsillo de gran parte del sector trabajador. Es un impuesto injusto, el gobierno debe repensar la escala y los conceptos por los que hoy se le grava a un asalariado, resultando una gran pérdida en su poder adquisitivo” dice el camionero.
Por otra parte, el sindicalista criticó el bono de fin de año acordado entre el gobierno y la CGT por un monto de $5.000. “Es un bono insuficiente, que no alcanza para paliar la inflación o la pérdida del poder adquisitivo del trabajador.
Nuestro reclamo además tiene que ver con que hay mucha incertidumbre en cuanto a las formas de pago de ese bono, ya que el trabajador desconoce cuándo y cómo lo va a cobrar”, aseguró Velázquez.
Cabe mencionar que, de este acuerdo, también quedó excluido el sector de jubilados. “Vamos a discutir en el marco del Frente Sindical la posibilidad de una medida de protesta a este acuerdo, no podemos permitir estas condiciones que hacen al deterioro del salario de los trabajadores” sostuvo el camionero.

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Empresarios misioneros rechazan el bono obligatorio que pactó el Gobierno con la CGT

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El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene rechazó de plano que empresas misioneras puedan pagar el bono de cinco mil pesos que el Gobierno nacional pactó con la CGT para evitar el paro nacional por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) indicaron que ninguna empresa de Misiones está en condiciones de pagar el Bono de Fin de Año que acordaron las grandes empresas con la CGT y el Gobierno Nacional.
“No es lo mismo una multinacional como Wal Mart, que un comercio de Posadas o el interior de la Provincia. El Gobierno Nacional nos pide un esfuerzo, pero ¿qué esfuerzo hace el Gobierno?, señaló Haene.
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero Gerardo Díaz Beltran, sostuvo que “hay un segmento de la economía, como pequeños comercios, micro industrias y empresas de servicios a las que les resulta inviable el pago de este bono. Las Pymes son las más castigadas por este desequilibro de la macro economía y no podemos exigirles un desembolso de esta magnitud”, argumentó.
En cuanto a la mesa de diálogo tripartita entre Gobierno, gremios y empresarios, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sostiene que “los primeros interesados en instrumentar herramientas que fomenten al consumo somos nosotros, pero en la reunión de ayer nuestra postura fue que no todos los sectores pueden afrontar un bono de $ 5.000. Para los pequeños y medianos comercios es inalcanzable”.
“Desde CAME planteamos seguir dialogando con el gremio para analizar, sobre aquellas Pymes que puedan pagarlo, si se aumentan los planes de pago en más cuotas segmentando el tipo de empresa, y además, que sea no remunerativo y se tome como adelanto de futuras paritarias. Respecto a los despidos, estadísticamente las Pymes no despiden. En primer lugar, porque le cuesta enfrentar el costo del despido en sí mismo, sumado al ya invertido en la capacitación del recurso y en segundo término, porque en la Pyme se forma e intenta sostener un ambiente familiar al tener poco personal”, señaló la entidad.

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El Gobierno define hoy con empresarios y CGT la letra chica del bono por decreto que recalentó las paritarias

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Sica afirmó esta mañana que el monto extra será sólo para aquellos convenios que quedaron debajo del 40%, la inflación que espera el Gobierno a fin de año
La letra chica del blindaje social desató un fuerte tironeo entre el Gobierno, los empresarios y la CGT, que ya empezó a impactar en las paritarias.
Luego de llegar a un principio de acuerdo ayer, representantes de los tres sectores proseguían este miércoles puliendo los detalles del decreto que exhorta al sector privado a otorgar un bono “a cuenta” o compensatorio de hasta $5.000 en dos tramos y así evitar el quinto paro general que podría definir mañana la central obrera.
En un clima de fuerte hermetismo, los técnicos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se encontraban reunidos desde este mediodía con asesores legales de la CGT y la cúpula empresaria, que ayer estuvo representada por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción (Camarco), las entidades de Comercio CAC y la CAME, y la Cámara de la Alimentación (Copal), según confirmaron a iProfesional fuentes sindicales.
Como adelantó ayer este medio, el bono se pagará en noviembre y enero en dos sumas fijas no remunerativas de $2.500, que a su vez serán negociadas en cada actividad y estarán destinadas a aquellos convenios que quedaron por debajo del 40%, la inflación que espera el Gobierno para fin de año. Sica precisó esta mañana que apuntará a los sectores que ya no pueden activar cláusulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados.
Por estas horas, la principal preocupación del Gobierno es frenar el paro general que la CGT amenaza con definir mañana en su reunión de Consejo Directivo.
Las autoridades quieren despejar el clima de conflictividad previo a la cumbre del G20. Pero la posibilidad de que el bono suplante la revisión de los acuerdos salariales pendientes sumó malestar en la cúpula sindical.
“No me cierran cifras no remunerativas cantidad y calidad en el salario”, dijo a iProfesional Sergio Romero, titular de UDA y miembro del consejo directivo de Azopardo.
Declaraciones oficiales
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dio detalles este miércoles del principio de acuerdo al que llegó el Gobierno con empresarios y sindicalistas este martes para pagar un bono de fin de año que compense la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Explicó que el extra de $5.000, “será obligatorio para el sector privado, pero no así para el público”.
“Sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto”, puntualizó el funcionario.
Además, informó que el plus está destinado para los trabajadores que cerraron paritarias por debajo de la inflación que proyecta la Casa Rosada que es un 40%. Es decir, para aquellos que no pueden activar clásulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados con anterioridad.
Sica explicó: “Pusimos el límite de $5.000 como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo”. En caso de las compañías que atraviesan dificultades económicas, podrán pagarlo en más cuotas.
“La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo”, añadió.
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En declaraciones a radio Continental, Sica resaltó la relación con el movimiento obrero. “Venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado”, dijo.
“Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar”, indicó el ministro.
Sica reconoció que hubo un “impacto de la crisis” en los salarios, pero dijo que están “haciendo todo lo que podemos hacer para recuperar el crecimiento”.
En este marco, en la reunión del martes también se dispuso que las empresas que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de un decreto a publicarse en el Boletín Oficial.
Según explicaron, la intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos, en el marco de la recesión económica que sufre el país.

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