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Reforma laboral: la CGT activa reuniones con gobernadores y manda a sus abogados al Senado

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Por Santiago Pérez Chiconi / NA – La CGT reactivará su estrategia para morigerar el contenido del proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar el mes que viene en el Congreso, por lo que en los próximos días visitará a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores, o bien impulsar cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.

En paralelo, la central obrera resolvió enviar sólo a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán el viernes próximo en el Senado para analizar algunos cambios a la iniciativa antes de que la Cámara alta comience a tratarla formalmente los primeros días de febrero.  

“Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos en Senado. La semana que viene, se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, detalló un representante de la central obrera en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde este viernes funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.

Cómo viene la negociación

Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había postergado la idea inicial de debatir la reforma debido la dura resistencia de la CGT, que ese mes hizo una movilización masiva a Plaza de Mayo.

En tanto,  referentes de la central visitarán varias provincias en los próximos días para reunirse con gobernadores y que escuchen de primera mano sus críticas a la iniciativa que la gestión de Javier Milei considera medular para la segunda mitad de su mandato.

“La idea es ir a cada provincia”, dijeron las mismas fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, aunque no está claro que vayan a tener tiempo de verse con todos los mandatarios provinciales antes de que el debate comience en el Senado.

Se trata de un movimiento similar a la ronda de encuentros que viene llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, pero con sentido contrario, ya que el funcionario busca sumar consensos y futuros apoyos a la “modernización laboral”.

La lista de rechazos

La CGT apunta a diluir el impacto de algunos puntos, como la ampliación de las actividades consideradas ‘esenciales’, lo que lleva a garantizar servicios mínimos durante los paros.

Tampoco aceptan que quede tal como está el apartado de la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, dejando de lado los acuerdos sectoriales y licuando así el poder de las conducciones de los sindicatos.

También resisten los cambios en la llamada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados al gremio, algo fijado por convenio, y el Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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Jorge Solá, de la CGT: “Postergar la reforma laboral es un gran triunfo de los trabajadores”

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Jorge Solá, uno de los titulares de la CGT y el secretario general del sindicato del Seguro, aseguró que “postergar la reforma laboral es un gran triunfo de los trabajadores” y remarcó que “es necesario” que el Gobierno Nacional “escuche a todos los sectores”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Sola indicó que es favorable que el Proyecto de Modernización Laboral se trate en febrero del próximo año porque debatirlo esto “entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello”.

Hubo un trabajo muy fuerte con gobernadores, senadores y senadoras para explicarle, desde la CGT, las consecuencias de la reforma laboral, que se la expresamos a (Patricia) Bullrich”, aseguró Solá.

Por otra parte, recordó que desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei dejaron de existir “más de 18.000 pymes” y planteó que, para abrir una pequeña o mediana empresa, “se te va el 40% en impuestos provinciales, nacionales y tasas”: “Es ahí donde hay que buscar la diferencia”. 

Asimismo, Solá se posicionó en contra del Presidente al afirmar que “los trabajadores en negro tienen derechos, pero no los pueden ejercer” y subrayó que los cambios de reglas, que propone la reforma, entre un empleador y un trabajador “no van a generar empleo, sino que lo va a hacer un proyecto de inversión”.

“Esta reforma tiene cosas que rozan la inconstitucionalidad y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra la pared de nuevo”, concluyó el titular de la central obrera.

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Reforma laboral: la baja del aporte patronal recorta más de $100.000 millones por mes a las obras sociales

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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora una reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una medida que, según estimaciones del sector, implicaría un recorte superior a los $100.000 millones por mes. El cambio, presentado como parte de una estrategia para abaratar el costo laboral y promover el empleo formal, encendió alertas en el sistema de salud sindical por su impacto fiscal y sanitario, y reavivó el conflicto político e institucional con las organizaciones gremiales.

Qué cambia la reforma y por qué impacta en las obras sociales

El proyecto de Modernización Laboral introduce modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo declarado de reducir costos y estimular la formalización. Además de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) —que prevén transferencias del sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa—, la iniciativa reduce en un punto porcentual la contribución patronal a las obras sociales, manteniendo sin cambios el aporte del trabajador en 3%.

La medida afecta a un sistema de salud tripartito —sector público, obras sociales sindicales y sistema privado— y, de acuerdo con especialistas, profundiza la crisis financiera de las obras sociales. El médico y exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, advirtió que la reducción provocaría una caída del 11% en la recaudación del subsistema sindical. En términos nominales, fuentes gremiales estiman una pérdida cercana a $16.500 millones mensuales para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y de hasta $90.000 millones para las obras sociales, totalizando alrededor de $106.000 millones por mes.

Desde el Ejecutivo, la lógica es que una mayor formalización eleve la base de aportantes y compense el menor aporte por trabajador. Sin embargo, Regazzoni calificó ese razonamiento como un error “técnico”: con menor recaudación per cápita, el sistema enfrenta más demanda sanitaria sin financiamiento suficiente, lo que agrava la tensión entre prestaciones y recursos.

Fondo Solidario, PMO y una fragilidad que se profundiza

El recorte propuesto llega en un contexto de fragilidad extrema. No existen cifras oficiales actualizadas del Programa Médico Obligatorio (PMO), pero estimaciones privadas ubican su costo entre $65.000 y $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con una base de aportes reducida y afiliados de menores ingresos. A esto se suma que los trabajadores de mayores salarios suelen derivar aportes al sistema privado, concentrando el riesgo en las obras sociales.

El titular de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri, señaló que cerca del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones por discapacidad, como transporte escolar, lo que limita la cobertura del resto de los afiliados. “Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado”, afirmó, y advirtió que muchos gremios ya subsidian con fondos propios a sus prestadores, una dinámica que consideran insostenible.

Lingieri cuestionó además el foco del recorte: “El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan”. En su análisis, la reforma prioriza reducir aportes al sistema de salud sin abordar otros componentes del costo empresario.

Más empleo, menos cobertura: la contradicción de base

Una de las críticas centrales apunta a la contradicción estructural del proyecto: si la reforma logra aumentar el empleo formal, el sistema de obras sociales no tendría capacidad para absorber nuevos afiliados con menos recursos disponibles. “Si hay más trabajadores, no podemos atenderlos. Fundimos”, resumió Lingieri, quien advirtió que el esquema podría trasladar la carga al Estado.

Como antecedente, el dirigente citó el caso de los monotributistas, que hoy pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral. Con las actualizaciones previstas para 2026, la categoría A aportará $22.485, de los cuales el 90% se destina al sistema de salud y el 10% al FSR, una ecuación que el sector considera difícil de escalar sin financiamiento adicional.

La CGT también cuestionó la falta de consenso y de instancias formales de diálogo, pese a que —según Lingieri— el sector estaba dispuesto a negociar alternativas.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la discusión integral del “costo argentino” y apuntó a la cuota sindical como parte del debate, al advertir que, en muchos casos, “lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador” por la sumatoria de descuentos.

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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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