CGT

El gobierno de Milei ya es el tercero con mayor frecuencia de paros generales

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El paro general del 19 de febrero de 2026 fue convocado por la CGT por 24 horas y sin movilización, en simultaneidad con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral. Las objeciones sindicales incluyen aspectos referidos a licencias, servicios esenciales, asambleas sindicales, indemnizaciones, vacaciones y banco de horas, entre otros puntos.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, a través de su Observatorio de la Calidad Institucional, presenta un nuevo informe de su director, Marcelo Bermolén, que analiza el paro general número 46 desde el retorno de la democracia y el cuarto durante la gestión del presidente Javier Milei. Además, lo contextualiza dentro de la secuencia histórica de paros generales de los últimos 42 años en la Argentina.

Desde 1983 se registraron 46 paros generales: 30 durante gobiernos no peronistas y 16 bajo administraciones peronistas (65,22% vs. 34,78%). El informe compara, además, promedios por gestión: 7,5 paros por mandato en las administraciones no peronistas (incluido un mandato en curso) frente a 2,29 en las peronistas.

“Son 46 paros generales, de los cuales 30 se han hecho a cuatro presidentes no peronistas: Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei, en apenas 14 años de gobierno. En cambio, hubo 16 paros generales a cinco presidentes peronistas, que cumplieron siete mandatos, en 28 años de gobierno. La desproporción es enorme”, destaca Marcelo Bermolén, autor del informe.

“Cuando uno desmenuza la cantidad de paros en función de la ideología de los gobiernos, se da cuenta de que hay un sesgo muy claro: los sindicatos son hostiles con los gobiernos no peronistas y benévolos con los peronistas”, añade Bermolén.

A 802 días de su asunción, Milei suma cuatro paros generales y registra un paro cada 200 días de gobierno, quedando tercero en el ranking histórico de frecuencia detrás de Fernando de la Rúa (un paro cada 92 días) y Raúl Alfonsín (cada 157 días). El estudio también señala que el intervalo entre el tercer y el cuarto paro de esta gestión fue de 312 días, el más largo para ese tramo en la comparación histórica.

“El único presidente que no tuvo ningún paro nacional fue Alberto Fernández. En contraste, apenas 45 días después de iniciado el gobierno de Javier Milei llevaron adelante el paro más rápido a un presidente constitucional de la Argentina. Eso es tan manifiesto que no admite discusión”, detalla.

El informe resalta, además, que febrero es un mes inusual para paros generales: en más de cuatro décadas solo se registraba un antecedente (24/02/2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa), también vinculado a una reforma laboral.

En cuanto a los motivos predominantes a lo largo del período 1983–actualidad, el 74% de las medidas (34 de 46) se vincula con reclamos contra la política económica, y 4 paros generales estuvieron asociados a reformas laborales o intentos de flexibilización (dos durante Menem, uno durante De la Rúa y el actual).

“Transcurridos ya 26 meses de la gestión libertaria, Javier Milei envalentonado por los resultados electorales y la necesidad de marcar el ritmo de la agenda publica, asume el riesgo de la confrontación en un contexto de dificultades globales que estimulan el renacer de la conflictividad sindical”, concluye Bermolén.

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La CGT convocó a un paro general para cuando se trata la reforma laboral en Diputados

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Bajo presión interna y cuestionada por supuestas negociaciones con el Gobierno en torno a sus cajas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar una huelga general sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral. El debate podría realizarse este jueves o el miércoles 25.

Se trataría del cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei y, según deslizaron fuentes sindicales a La Nación, contaría con la adhesión plena de los gremios del transporte. La definición formal se conocerá tras la reunión virtual del consejo directivo que se desarrollaba esta mañana.

“Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, había anticipado Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), quien asumió la conducción de la central obrera el año pasado junto a Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros).

La convocatoria urgente de la cúpula sindical respondió al adelantamiento de protestas por parte de los sectores más duros. En la CGT sostienen que el Gobierno, a través de Patricia Bullrich, impulsa un tratamiento exprés del proyecto en el Congreso, pese a que persisten puntos sin resolver del texto que obtuvo media sanción en el Senado, entre ellos el referido al régimen de licencias médicas.

Sobre este aspecto, Bullrich aclaró que se introducirán cambios para que las licencias por enfermedad se otorguen únicamente ante casos “fehacientemente comprobables”.

El rol clave del transporte

Para garantizar el impacto de la medida, la conducción cegetista busca asegurarse el respaldo pleno de los gremios del transporte, en particular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que agrupa a los colectiveros.

“Seguimos siendo un gremio confederado, con lo cual si la CGT decreta una medida de fuerza vamos a adherir como corresponde”, señalaron desde el sindicato que conduce Roberto Fernández.

En el paro anterior, la UTA había adherido formalmente, aunque no paralizó el servicio de colectivos al regir una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno días antes. Esta vez, el escenario podría ser distinto. No obstante, una voz sindical introdujo cautela: “Hay que esperar, son jabonosos”.

Tensiones internas y disputa por la calle

El paro sin movilización también aparece como una herramienta para descomprimir tensiones internas. El Frente de Sindicatos Unidos —con base en la sede de la UOM en la calle Alsina— ya definió un paro con movilización frente al Congreso para el día del debate. El espacio está integrado por la UOM, ATE, Aceiteros y sectores aeronáuticos, con el respaldo de las dos vertientes de la CTA. En ese armado orbita Pablo Moyano, distanciado del actual triunvirato.

La decisión de no movilizar genera debate puertas adentro. En la CGT admiten el desgaste que dejó la protesta del último miércoles, marcada por incidentes entre fuerzas federales y columnas de la izquierda que terminaron desdibujando la convocatoria. “No está dado el clima social, pese a las consecuencias que la reforma laboral pueda ocasionar en la vida de la gente”, reconocen en la central, donde sostienen que la discusión sobre el régimen laboral “hay que darla, pero no como quiere el Gobierno”.

Cuarta huelga contra Milei

De concretarse, será la cuarta huelga general desde la asunción de Milei y la primera bajo la conducción del actual triunvirato. La serie comenzó el 24 de enero de 2024, apenas seis semanas después del inicio del mandato, en rechazo al DNU 70/23, cuyo capítulo laboral fue objetado por la Justicia y permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema.

El segundo paro tuvo lugar el 9 de mayo de 2024, durante el debate de la Ley Bases, y el tercero el 10 de abril de 2025. Esa última medida fue evaluada internamente como la de menor impacto. La circulación normal de colectivos en el Gran Buenos Aires permitió que miles de trabajadores informales y monotributistas se trasladaran a sus empleos, atenuando el alcance de la protesta y exponiendo los límites actuales de la influencia sindical.

Por eso, la postura de la UTA vuelve a ser determinante. Aunque el gremio no responde orgánicamente al triunvirato, en el entorno de Fernández ya anticipan que, si la CGT confirma la medida, esta vez habrá adhesión efectiva.

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¿La gloriosa CGT?

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Hace pocas horas tuvo media sanción la reforma laboral más importante de los últimos años y en este contexto resulta abrumador el silencio del aparato sindical ante modificaciones tan importantes, pareciendo ésta una decisión consciente de hacer cargar con el peso de aprobarla o no a los gobernadores de las Provincias.

Si bien es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)  tiene más de 40 años y resulta necesario aggiornarla o modernizarla de alguna manera (sobre todo luego de la pandemia y con la aparición de nuevas formas de trabajo) sería prudente entender que eso no debería significar la disminución en la protección y el cercenamiento a derechos constitucionalmente consagrados de un sector ya precarizado e informal, sino todo lo contrario.

Una legislación que pregona en la mayoría de sus puntos una negociación entre las partes, sin preguntarse si en verdad el trabajador y el empleador se encuentran en igualdad de condiciones para negociar, o si esto no será solamente un ambiente propicio para que el empleador disponga a su gusto de los salarios, condiciones laborales y vacaciones de sus empleados.

¿Cuál fue la urgencia de tratar una ley de ésta índole, con reformas tan abruptas al sistema laboral argentino y en detrimento de los trabajadores? ¿Somos los trabajadores los responsables de que no lleguen grandes inversiones, o lo es la falta de seguridad jurídica de la Argentina, atravesada por un sistema corrompido? 

Se pretende una reforma laboral ignorando  los límites que la propia Constitución Nacional le impone al Congreso de la Nación, no sólo en su articulado sino también a raíz de los tratados incorporados a través del art. 75 inc. 22. Los legisladores deberían pregonar por lograr una legislación armoniosa con los principios constitucionales y no todo lo contrario, recordando además que la Argentina también se ha adherido e incorporado a su plexo normativo diversos acuerdos vinculados al trabajo dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo 

En este contexto de reformas y desprotección, se evidencian modelos que se están acabando por ser ineficaces en brindar respuestas a quienes representan: el sindicalismo.

En la Argentina ganó el modelo individualista de “sálvese quien pueda”, y esto llegó hasta las cumbres sindicales que dejaron de proteger con una mirada de construcción colectiva, solidaria y con justicia social del país, priorizando sus propios intereses por sobre los derechos de los trabajadores que dicen representar.

Se aburguesaron, se alejaron del pueblo y se dedican a hacer buenos negocios  La realidad de las ideologías y del compromiso hoy es otra.

Pareciera que los “muchachos de la revolución” prefieren cuidar otros intereses y asegurarse que no se modifiquen algunos porcentajes o algún otro fondo, y es por eso que en las negociaciones con el gobierno sólo se pasan por mantener algún  financiamiento sin importar si esto implicaba ceder terreno en el avasallamiento de las condiciones de los trabajadores (lo que se deja ver en que no plantearon objeciones en lo que respecta al banco de horas, al fraccionamiento de las vacaciones o el tope de las indemnizaciones).

El individualismo llegó hasta a la organización que más colectiva pretendía ser. La visión de una patria compartida y de intereses en común ya no existe. Y no parece muy errado pensar en el chiste que circulaba en redes sociales acerca de la CGT, diciendo que sus siglas significan “Confederación General de Twitter”, por la elección de sus dirigentes de estar más presentes en redes sociales que en la calle.

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El Gobierno cedió y aceptó 28 modificaciones en el proyecto de la reforma laboral

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El Gobierno nacional aceptó cambios clave en el proyecto de reforma laboral antes del debate previsto para este miércoles en el Senado y validó las modificaciones negociadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto central fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del 3% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas.

La caída de esa cláusula despejó las últimas dudas que pesaban sobre el futuro de la iniciativa en la Cámara alta. Con los gobernadores provinciales conformes -al evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos- el proyecto se encamina a su aprobación con cambios, pero sin sobresaltos.

La decisión fue confirmada por Bullrich en una conferencia de prensa ofrecida en el Senado, acompañada por Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, y Martín Goerling, titular del bloque del PRO. Allí, la senadora explicó que el oficialismo resolvió postergar el debate sobre Ganancias hasta avanzar en una reforma fiscal integral.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó Bullrich.

Los cambios al dictamen firmado en diciembre no solo beneficiaron a las provincias. La Casa Rosada también cedió ante los reclamos de la Confederación General del Trabajo y resolvió mantener sin modificaciones el aporte patronal a las obras sociales, que seguirá en el 6%. Además, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo obligatorios por dos años más, con un tope del 2%, y luego pasarán a ser voluntarios. Los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, preservando así la recaudación gremial.

Las cámaras empresarias también lograron introducir cambios: se eliminó la cláusula que volvía voluntarios los aportes de sus miembros. Al igual que en el caso sindical, esos aportes serán obligatorios durante dos años, con un límite del 0,5%.

En total, Bullrich anunció 28 modificaciones, que fueron enviadas a los senadores tras recibir el aval de la mesa política del Gobierno, reunida al mediodía en la Casa Rosada. La senadora aclaró que no todas las correcciones implican cambios de fondo, ya que algunas son meramente de redacción. Entre ellas, se eliminará la referencia a la denominada “industria del juicio” en el capítulo de justicia laboral.

Según explicó la exministra de Seguridad, todas las modificaciones fueron consensuadas con los bloques de la oposición dialoguista, lo que anticipa un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En la discusión en particular, que se hará por títulos, podrían variar los apoyos, aunque el oficialismo confía en que cada apartado tendrá mayoría asegurada.

El viraje del Gobierno contrasta con la postura expresada la semana pasada, cuando desde la mesa política se había dejado trascender que no se modificaría “ni una coma” del proyecto original.

El texto mantiene como ejes centrales la reducción de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y una menor capacidad de representación y recaudación sindical, aunque con concesiones introducidas durante la negociación.

En la antesala de la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El encuentro, inicialmente previsto para el miércoles, fue adelantado y se extendió por casi dos horas.

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La CGT y ATE endurecen su rechazo a la reforma laboral y advierten que profundizará la precarización

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La conducción sindical intensificó sus críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa no solo “va a empeorar la situación laboral”, sino que además es “inconstitucional”. Así lo sostuvo el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien alertó sobre un creciente rechazo social —especialmente entre los jóvenes— a medida que se conocen los alcances del texto. En paralelo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que el proyecto “se tiene que caer completo” y llamó a profundizar la estrategia de paro y movilización.

Las declaraciones marcan un endurecimiento del posicionamiento sindical y anticipan un escenario de mayor conflictividad política y social en la antesala del tratamiento legislativo de la iniciativa.

“Va a empeorar la situación laboral”: el diagnóstico de la CGT y el cuestionamiento constitucional

Jorge Sola afirmó que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral promovida por Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. Según explicó, el avance del debate público permitió que distintos sectores identifiquen que la propuesta apunta a “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente sostuvo que el deterioro del empleo no se origina en el marco normativo vigente, sino en el rumbo macroeconómico. “No es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza lo financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”, afirmó.

Sola describió un escenario de impacto económico negativo que atraviesa al mercado de trabajo: “Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. En ese contexto, pidió a los legisladores que “antes de votar piensen en legislar a favor del país y de las y los trabajadores” y advirtió que, de aprobarse el proyecto, “la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Estrategia política y presión sobre gobernadores y legisladores

Además del cuestionamiento jurídico, la CGT anticipó una reactivación de su estrategia política para incidir en el trámite parlamentario. La central obrera buscará dialogar con gobernadores con el objetivo de que no acompañen la iniciativa a través de sus legisladores o impulsen modificaciones en los artículos que concentran el mayor rechazo sindical.

La ofensiva sindical se apoya en la lectura de que el proyecto, tal como está redactado, genera un cambio estructural en las relaciones laborales y reduce derechos colectivos, lo que podría abrir una etapa de judicialización prolongada y tensión institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.

ATE: “El proyecto se tiene que caer completo” y llamado a la movilización

El rechazo se profundizó con la posición de ATE. Tras reunirse con el titular del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar aseguró que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.

Aguiar descartó la posibilidad de una negociación parcial: “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo”. En un comunicado, afirmó que el texto “fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales” y que su aplicación “puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”.

El dirigente también cuestionó el argumento oficial de que la reforma promoverá el empleo. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”, señaló. De la reunión también participó el abogado Matías Cremonte.

Finalmente, Aguiar alertó sobre los derechos colectivos en juego y convocó a la acción directa: “No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”.

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