CHACO

Industria textil: Alal cierra plantas en Corrientes y Chaco y deja más de 460 despedidos

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El cierre de dos plantas de una histórica empresa textil volvió a sacudir al entramado productivo del nordeste argentino. En Goya, Corrientes, al menos 260 trabajadores quedaron sin empleo tras el anuncio de la hilandería Alal, mientras que otros 200 fueron cesanteados en Villa Ángela, Chaco. Este martes, desde las 10, los empleados goyanos y sus familias se concentran frente a la planta ubicada sobre Leandro N. Alem al 349, en una protesta que expone el impacto económico, social e institucional del actual contexto sobre la industria nacional.

La decisión empresaria se conoció ayer pasado el mediodía y generó un inmediato efecto expansivo en la segunda ciudad más importante de Corrientes, que vuelve a perder una de sus firmas emblemáticas. El cierre profundiza una crisis laboral que ya había golpeado a la comunidad en 2019, cuando más de 200 trabajadores quedaron sin empleo tras el cierre de Massalin Particulares, luego de 65 años de actividad en la ciudad.

Una empresa centenaria y un golpe al entramado productivo local

En el caso de Alal, se trata de una empresa textil con más de 100 años de existencia en el país, cuya salida del mapa industrial regional deja un vacío difícil de reemplazar en el corto plazo. Solo en Goya, el cierre implica la pérdida de 260 puestos de trabajo directos, afectando de manera directa a igual número de familias y generando un impacto indirecto sobre comercios, proveedores y servicios asociados a la actividad.

Según trascendió, la empresa atravesaba una situación económica crítica, con pérdidas mensuales estimadas entre 800 y 950 millones de pesos. Estas cifras, que dimensionan la magnitud del desequilibrio financiero, explican la decisión de cerrar las plantas productivas de hilados y telas tanto en Corrientes como en Chaco. En total, el ajuste alcanza a más de 460 trabajadores entre ambas provincias.

A nivel institucional, hasta el momento las autoridades provinciales no realizaron declaraciones públicas sobre el cierre, lo que incrementó la incertidumbre en una ciudad que ya había visto desaparecer su otra gran industria en los últimos años.

Importaciones, contrabando y costos: los factores detrás del cierre

El empresario textil Luis “Pinky” Alal explicó públicamente los motivos que llevaron a una decisión que definió como “no deseada”. En declaraciones al portal Agroperfiles, sostuvo que “lamentablemente llegamos a esta instancia, donde el contrabando de productos textiles como la apertura indiscriminada de las importaciones hacen muy difícil competir en un esquema de altísimos costos que la industria argentina no puede afrontar”.

Según el empresario, el contexto económico y comercial adverso, combinado con problemas estructurales de competitividad, tornó inviable la continuidad de las operaciones, sin que se vislumbren cambios relevantes en el corto y mediano plazo. La referencia apunta a un escenario donde la presión de productos importados y la informalidad erosionan la capacidad de las empresas locales para sostener niveles mínimos de rentabilidad.

Este diagnóstico se alinea con las dificultades que atraviesa el sector textil a nivel nacional, uno de los más sensibles a los cambios en la política comercial, los costos internos y la dinámica del consumo.

Expectativas de reapertura y tensión social en Goya

Pese al cierre, Alal dejó abierta una puerta a la recuperación. “Tenemos la esperanza de abrir otra vez la industria, las máquinas están listas”, afirmó, al destacar que se trata de maquinarias nuevas y con alta capacidad de producción. En ese sentido, remarcó que tanto los equipos como el personal permanecen disponibles, a la espera de un cambio de condiciones.

Con un mensaje cargado de simbolismo, el empresario sostuvo: “Somos algodoneros, somos optimistas. Somos como el algodón, fuerte, capaz de resistir muchas. El contexto nos empujó a cerrar, pero estamos listos para cuando las condiciones mejoren”.

Luis “Pinky” Alal

Mientras tanto, la concentración prevista frente a la planta de Goya refleja la dimensión social del conflicto. La protesta de trabajadores y familias busca visibilizar una crisis que trasciende a una sola empresa y reabre el debate sobre el futuro de la industria nacional, el empleo en las economías regionales y el rol del Estado frente a cierres que dejan cicatrices profundas en ciudades altamente dependientes de pocas actividades productivas.

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el aval político de Chaco

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En una señal política clave para la agenda legislativa del Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, quien expresó su apoyo explícito a la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) y que comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero. El encuentro se inscribe en la estrategia oficial para asegurar votos provinciales y avanzar con un proyecto que el Ejecutivo considera central para bajar el Riesgo País, sostener el equilibrio fiscal y modernizar el mercado de trabajo.

Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, afirmó Zdero tras la reunión, al tiempo que remarcó que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Reforma laboral y alineamientos políticos: el respaldo chaqueño

La reunión se desarrolló en la sede del Ejecutivo provincial y forma parte de la ronda de encuentros federales que Santilli activó para consolidar respaldos entre los gobernadores, con el objetivo de que los legisladores que les responden acompañen el proyecto en el Congreso. La iniciativa, definida por el oficialismo como de “modernización laboral”, enfrenta resistencias del sindicalismo y del peronismo, pero suma adhesiones entre mandatarios provinciales aliados.

Desde el entorno oficial se informó que ambos funcionarios “conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”. En esa línea, Santilli sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y subrayó que el cambio normativo “va a dinamizar sectores claves” como energía, minería, agro e industria del conocimiento, con impacto directo en la generación de empleo.

Zdero, por su parte, definió a la reforma como una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, al considerar que permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva. “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”, completó.

Estrategia legislativa y agenda federal del Gobierno

El desembarco de Santilli en Chaco fue la segunda parada del rally federal que el ministro del Interior inició tras la aprobación del Presupuesto 2026, con la intención de replicar el método de negociación política que le permitió al Gobierno reunir los votos necesarios en el plano legislativo. La semana pasada, la gira había comenzado en Chubut, con una visita al gobernador Ignacio Torres.

La agenda oficial continuará esta semana con nuevas escalas: el miércoles, Santilli volverá a Chubut para monitorear la lucha contra los incendios forestales; el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo. Además, este martes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un mandatario de perfil opositor que mantiene diálogo con la administración nacional.

En el plano chaqueño, el respaldo de Zdero tiene un valor político adicional. El gobernador radical selló un acuerdo electoral con LLA, con el que lograron imponerse tanto en comicios nacionales como provinciales. En ese contexto, el oficialismo espera contar con el acompañamiento de los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, representantes de Chaco en la Cámara alta.

Durante la reunión también participaron el secretario de Interior, Gustavo Coria; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

Repercusiones económicas y reclamos provinciales

Además del debate laboral, Zdero aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa reclamos estructurales de la provincia. Habló de un “cambio de matriz para dinamizar la economía de Chaco”, pidió la reprogramación de la deuda heredada para encaminar un trabajo conjunto con Nación y agradeció la obra del acueducto del norte, financiada por el Gobierno nacional por $80.000 millones. También planteó la situación de las rutas y la necesidad de avanzar en un segundo puente Resistencia–Corrientes.

Desde la Casa Rosada, Santilli enfatizó las “profundas coincidencias” con Zdero para promover empleo privado genuino, al que definió como un factor clave para ordenar las cuentas públicas, y aseguró que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia.

En paralelo, el próximo encuentro con Sergio Ziliotto tendrá un eje distinto. En La Pampa aclararon que no prestarán respaldo a la reforma laboral, al considerarla “una reforma impositiva encubierta” que impacta sobre el Impuesto a las Ganancias y podría restarle a la provincia entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales. El diálogo con Nación, en ese caso, se concentra en la deuda previsional, estimada en $62.500 millones en el acuerdo inicial —con un primer pago de $2.500 millones y 12 cuotas mensuales de $5.000 millones desde enero de 2026—, mediado por la Corte Suprema.

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Chaco: ERSA y TCM suspendieron choferes de colectivos y advierten por la continuidad del servicio

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La crisis del transporte urbano en el área metropolitana del Chaco sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto social y laboral. Un total de 90 choferes de colectivos urbanos fueron suspendidos por las empresas ERSA y TCM, entre 40 y 50 trabajadores cada una, según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida expone la profundidad del deterioro del sistema, presiona sobre la continuidad del servicio y reaviva el conflicto entre empresas, trabajadores y el Estado provincial, en un contexto de caída de pasajeros y atraso en el reconocimiento de costos.

El escenario se agrava porque, en Corrientes, la empresa ERSA ingresó además en el Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que amplía el alcance regional del problema y eleva la incertidumbre sobre el empleo y la prestación del servicio interprovincial.

Empresas en crisis: costos atrasados, menos pasajeros y competencia informal

Desde el sector empresario, la Cámara del Transporte Automotor del Chaco anunció una conferencia de prensa para exponer la “grave y sin precedentes situación” que atraviesa el sistema. Entre los factores centrales, señalaron la falta de reconocimiento de costos desde hace más de un año, una caída sostenida de la cantidad de pasajeros y la ausencia de controles sobre transportes alternativos, que compiten con el servicio regular sin cumplir las mismas exigencias regulatorias.

En términos económicos, el atraso en la actualización de costos afecta directamente la capacidad de las empresas para afrontar salarios, mantenimiento de unidades y operación diaria. La combinación de ingresos reales en descenso y costos crecientes derivó, según el empresariado, en decisiones de emergencia como las suspensiones de personal, que buscan reducir gastos en el corto plazo.

Las empresas, entre ellas ERSA, no informaron hasta el momento si las suspensiones alcanzan también a los conductores que prestan servicios interprovinciales entre Chaco y Corrientes, un dato clave para evaluar el impacto regional de la medida.

Reacción sindical y silencio oficial

Desde la UTA, el sindicato rechazó las suspensiones y advirtió que evalúa medidas ante lo que considera una afectación directa a las fuentes de trabajo. El gremio sostiene que la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores y reclama respuestas institucionales que garanticen tanto la continuidad del servicio como el empleo.

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte aún no se pronunció oficialmente sobre la situación. Ese silencio institucional suma incertidumbre en un contexto de alta conflictividad, donde confluyen intereses laborales, empresariales y la necesidad pública de sostener un servicio esencial para miles de usuarios del Gran Resistencia

Escenarios posibles

Las suspensiones de 90 choferes representan una señal de alerta sobre la sostenibilidad del transporte urbano en el Chaco. A corto plazo, el conflicto podría derivar en medidas gremiales, con impacto directo en la frecuencia y regularidad del servicio. A mediano plazo, el sector empresario advirtió que podrían registrarse nuevas consecuencias tanto en la continuidad del sistema como en las fuentes de trabajo, si no se corrigen los desfasajes económicos y regulatorios.

La crisis del transporte urbano vuelve así al centro del debate público, con implicancias económicas, sociales e institucionales que exceden a las empresas involucradas y ponen en juego la capacidad del Estado para ordenar, regular y sostener un servicio clave para la movilidad cotidiana en el área metropolitana del Chaco.

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Buscan a la yaguareté Acaí: ofrecen una recompensa récord de $250 millones

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La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció hoy la recompensa más alta en la historia reciente de conservación en el país: $250.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan esclarecer la desaparición de la yaguareté Acaí en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco).

El anuncio se realiza en el marco del Día Internacional del Yaguareté, en un contexto de alarma para la conservación de la especie. Acaí, una hembra crucial para la reintroducción de la especie, había sido liberada en el Parque Nacional apenas un mes antes de reportarse su desaparición a principios de noviembre.

La APN solicitó a las comunidades de la región colaborar con la difusión de esta instancia. Para incorporar nueva información a la investigación judicial en curso.

La APN confirmó que continuará trabajando en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina. Las autoridades provinciales y la Justicia Federal para esclarecer los hechos. Y “redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales”

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El Gobierno activó el “Plan Paraná” para reforzar el control de la Hidrovía Paraná–Paraguay

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El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Paraná, un esquema integral de prevención, detección, neutralización e investigación de delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilícitas en el principal corredor fluvial del país.

Una vía estratégica bajo presión: por qué se lanza el Plan Paraná

La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay es “una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina”, ya que constituye el eje fluvial más extenso de Sudamérica y concentra un volumen significativo del comercio exterior del país y de la región.

En el tramo que va desde el Puerto de Asunción hasta el Puerto de Buenos Aires circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un espacio logístico de altísima relevancia, pero también en un territorio altamente vulnerable a delitos complejos.

El texto advierte que organizaciones del crimen organizado transnacional aprovechan: La extensión geográfica del curso fluvial. La alta densidad de puertos públicos y privados. Las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.

De esta manera, despliegan operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos, actividades que representan “una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad subraya la necesidad de profundizar la coordinación entre las Fuerzas Federales, organismos administrativos especializados, el Poder Judicial y agencias internacionales, para asegurar un nivel de control más eficaz.

Objetivos, herramientas y despliegue territorial

El Plan Paraná establece un conjunto de objetivos específicos orientados a fortalecer la capacidad estatal de control sobre toda la traza argentina de la Hidrovía:

  1. Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
  2. Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).
  3. Fortalecer la cooperación interagencial, con participación de EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
  4. Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real, mediante drones, radares, scanners y tecnologías de vigilancia avanzadas.
  5. Intensificar la inteligencia criminal y financiera, con foco en organizaciones criminales transnacionales y esquemas de lavado de activos.

Seis polígonos operativos

La estrategia se organizará en fases operativas delimitadas por polígonos territoriales de intervención, que estructuran el despliegue de las Fuerzas Federales:

  • Primer Polígono: Puerto Bermejo (Chaco), Ciudad de Corrientes (Corrientes), Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
  • Segundo Polígono: jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
  • Tercer Polígono: Bella Vista (Corrientes) – La Paz (Entre Ríos).
  • Cuarto Polígono: La Paz – Ciudad de Paraná (Entre Ríos).
  • Quinto Polígono: Ciudad de Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
  • Sexto Polígono: San Nicolás – Paraná Guazú.

Este ordenamiento permitirá identificar zonas críticas, optimizar recursos y establecer prioridades según niveles de riesgo, densidad portuaria y patrones de circulación detectados por los organismos de seguridad.

Perspectivas para la región y el comercio exterior

La implementación del Plan Paraná tiene implicancias directas para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la frontera fluvial concentra operativos y desafíos históricos vinculados al contrabando y el tráfico transnacional. Asimismo, en el tramo medio e inferior de la Hidrovía —desde Entre Ríos hasta Buenos Aires— se prevé un aumento de controles sobre terminales portuarias y flujos de carga, lo que podría reordenar prácticas operativas en empresas logísticas y exportadoras.

El reforzamiento tecnológico —con drones, radares y sistemas de vigilancia integral— anticipa una mayor trazabilidad en la circulación de embarcaciones y mercancías, lo que podría generar reacciones en sectores transportistas y operadores fluviales, aunque la resolución no consigna medidas de carácter económico o regulatorio más allá del enfoque de seguridad.

A nivel institucional, la participación de agencias internacionales como ONUDD, DEA y CICAD-OEA sugiere un alineamiento con estándares de cooperación global contra el crimen organizado, mientras que en el plano interno se espera que el esquema mejore la coordinación entre fuerzas y reduzca la fragmentación operativa que históricamente afectó los controles en la Hidrovía.

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