El sector forestal exige derogar leyes y el acceso a más tierras productivas
Este lunes vuelve a reunirse la Mesa Forestal para avanzar en el análisis de la ley 25080, de incentivos a la implantación de bosques, una de las medidas que surgieron de las reuniones previas con el presidente Mauricio Macri, quien prometió esforzar el presupuesto para cumplir con los fondos esperados por el sector.
Los empresarios forestales son quizás después de los sojeros, los que más atención recibieron del Presidente, con sendas reuniones y decisiones de primer nivel que van en línea con lo que reclaman para “fomentar inversiones”.
Este lunes el anfitrión será Nicolás Laharrague, el empresario misionero que se convirtió en subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial. Aunque el tema a tratar en el microcine del ministerio de Agroindustria será la ley 25080, los empresarios insistirán en una agenda que cuenta con el visto bueno del propio Macri.
En el último encuentro, la Asociación Forestal Argentina –que integran Lipsia, Pindó, Puerto Laharrague y Arauco, entre otras empresas- volvió a reclamar por la vigencia de la ley de Insalubridad Laboral en la industria de celulosa y papel, que rige en Misiones. “La solución definitiva a esta restricción es la derogación de la ley”, sugirió Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de la Afoa. Una “by pass”, como celebró Macri, es convocar al Consejo Federal del Trabajo para que decida sobre la insalubridad o no.
El argumento es que las empresas no pueden buscar inversiones ni justificar ante sus accionistas la “insalubridad” de sus operaciones.
El ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, interrumpió el relato empresario y recordó que la ley de insalubridad fue aprobada por la Legislatura provincial –como poder independiente-, por lo que el Ejecutivo no puede “derogar” la ley. También recordó que el Consejo del Trabajo ya fue convocado, pero no decidió sobre el fondo de la discusión. El titular de la cartera agraria relativizó el argumento de los ejecutivos forestales, ya que en la práctica, la ley no está vigente, paralizada por la Corte Suprema de Justicia por un amparo.
No fue el único cruce picante. Garay refutó las quejas del CEO de Alto Paraná por el 7 por ciento de Ingresos Brutos que debe tributar la industria celulósica. El ministro le recordó que “durante este año” será ese porcentaje, que irá bajando al 3 por ciento en 2022. Finalmente, Pablo Mainardi se quejó por la intrusión en las tierras de la pastera chilena. Estaba haciendo referencia a los guaraníes que recorren la geografía entre Eldorado e Iguazú, al costado de la ruta.
La queja por la vigencia de las leyes en Misiones no es la única. En Corrientes los empresarios reclaman más tierras para atraer la instalación de pasteras. En la vecina provincia hay consenso para una reinterpretación de del artículo 61 de la Constitución provincial, que generaría enormes porciones de tierra apta para plantaciones de pino que alimenten la industria celulósica. Solo quedarían como “reserva estratégica”, fuera del alcance de extranjeros, los parques, reservas y la zona protegida de los Esteros del Iberá.
