Cierre de Empresas

En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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Cierre de Alal: Valdés advirtió que la industria correntina “empieza a colapsar”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó sin empleo a 260 trabajadores, y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria correntina. Señaló la falta de ventas, la competencia con productos importados y las pérdidas acumuladas como factores determinantes, y confirmó que pedirá una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, entre el 9 y el 13 de febrero, para exponer el escenario que atraviesan las industrias correntinas.

Un cierre emblemático y un diagnóstico crítico sobre la industria

El cierre de la textil Alal en la ciudad de Goya volvió a encender las alarmas sobre la situación productiva en Corrientes. La empresa dejó en la calle a 260 trabajadores, en un contexto que, según el gobernador Juan Pablo Valdés, refleja un deterioro más amplio del entramado industrial provincial.

Hoy es muy difícil que se sostenga una firma que tiene una pérdida de $900.000.000 porque justamente no tiene ventas. Y es muy difícil competir con empresas extranjeras, eso también complica”, afirmó el mandatario este martes 27 de enero, en declaraciones a cronistas radiales. Para Valdés, el cierre de Alal no es un hecho aislado, sino un síntoma de un proceso que impacta de lleno en la industria, el comercio y las pymes.

El gobernador remarcó que, hasta el momento, no se evalúa una asistencia provincial directa para los trabajadores afectados por el cierre de la firma goyana. No obstante, subrayó que el Gobierno de Corrientes acompañó a la empresa en los últimos años con distintas herramientas. “Facilitamos créditos a la empresa para poder tecnificar. La luz la pagan directamente a CAMMESA y nosotros siempre dimos todo lo que está a nuestro alcance”, sostuvo.

En ese marco, anticipó que el tema será planteado en el plano político nacional. “Este tema lo voy a plantear a Santilli ahora cuando nos reunamos esta semana”, indicó, en referencia al ministro del Interior.

Importaciones, falta de ventas y un escenario que se repite en otros sectores

Más allá del caso puntual de Alal, Valdés amplió su análisis al conjunto del aparato productivo provincial. “Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió.

Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local.

El diagnóstico del gobernador coincide con el planteo de los sectores empresarios de Goya, que señalaron que el cierre de Alal “golpea de lleno a la economía regional” y se inscribe en un escenario de fragilidad previa. En un pronunciamiento público, la Cámara Empresarial de Goya sostuvo que el fortalecimiento de la moneda, que “estimuló las importaciones casi sin control y en claro detrimento de la industria nacional”, aparece como uno de los principales factores que precipitaron el desenlace.

El reclamo empresarial y el impacto en la economía regional

La Cámara Empresarial de Goya calificó la decisión de la empresa como “drástica” y señaló que, si bien tomó por sorpresa a gran parte de la ciudadanía, existía la percepción de que “más temprano que tarde, esta situación podría concretarse”. En ese marco, evitó profundizar en las razones internas de la firma y dejó de lado valoraciones político-partidarias, pero puso el foco en las consecuencias sociales y económicas.

El comunicado expresó solidaridad “con la empresa Emilio Alal SCIFI, con los más de trescientos trabajadores que quedarán sin su fuente de ingresos, con quienes prestan servicios sin relación de dependencia y con los proveedores de materia prima, incluso aquellos radicados en otras provincias”. Además, instó a las autoridades municipales, provinciales y a los legisladores nacionales por Corrientes a ser “portavoces de un reclamo firme en defensa de las economías regionales”.

El cierre de Alal, una firma histórica en la segunda ciudad de la provincia, profundiza así un escenario de tensión en el entramado productivo local, donde la caída del consumo, el aumento de los costos relativos y la presión de las importaciones configuran un desafío que excede a una sola empresa.

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Cierra la empresa frutícola Moño Azul

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La crisis que atraviesa el sector frutícola hizo que la tradicional compañía Moño Azul, una de las más importantes del rubro, decidiera cerrar su planta de General Roca, en la provincia de Río Negro. De hecho, ejecutivos de la empresa y representantes de los sindicatos negocian las condiciones del despido de los 30 trabajadores que empleaba la planta con el reclamo de que cobren la totalidad de las indemnizaciones.

De acuerdo con los medios provinciales, Moño Azul habría ofrecido una suma fija a dividir entre la totalidad de los trabajadores, que representaría aproximadamente el 60% del monto correspondiente a la indemnización. Además, para los trabajadores con mayor antigüedad ese porcentaje representa una suma muy significativa.

Sin embargo, el monto va disminuyendo de acuerdo a los años trabajados, y para los obreros con menos tiempo en la empresa el pago se reduce. Además de esta planta de Roca, que ya ha dejado de operar, Moño Azul posee otras instalaciones en las que empaqueta y conservada las frutas en Villa Regina, Centenario y Vista Alegre Norte.

El caso de Moño Azul se suma al de la belga Expofrut, que a fines del año pasado cerró dos plantas de empaque en General Roca y Allen y despidió a unos 260 trabajadores.

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