Claro ya inició sus demandas ante la Justicia comercial. Telefónica seguirá los mismos pasos si no tiene respuesta a sus planteos administrativos
Era de esperarse. La autorización por parte de los dos organismos regulatorios de la fusión Telecom-Cablevisión iba a mover el avispero. Y si hasta ahora se conocían sólo los reclamos y posturas de Telefónica, ahora fue el turno de Claro que pidió anular tanto la aprobación dada a finales del año pasado por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como la otorgada hace algo más de un mes por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
La jugada más fuerte, sin embargo, es sobre la determinación de la Secretaría de Comercio. La filial argentina de la compañía de Carlos Slim decidió actuar en dos frentes por consideerar que la aprobación de este organismo no cumple con la ley de Defensa de la Competencia, revelaron a iProfesional fuentes del mercado.
Claro decidió actuar en dos frentes, explicaron las fuentes. Por un lado, ya inició acciones judiciales ante la Cámara Civil y Comercial para que decrete la nulidad de la resolución 374/2018 de la Secretaría de Comercio y vuelva a resolver sin los aspectos cuestionados en su presentación.
Por el otro, encaró otro recurso administrativo para que el Ministerio de Producción decrete la nulidad. Bajo su órbita se encuentra la secretaría a cargo de Miguel Brown. Y bajo ella, la CNDC, comandada por Esteban Greco.
Las presentaciones ante los organismos regulatorios tienen 10 días hábiles de respuesta. En el caso de la elevada a la Secretaría de Comercio pareciera que ese tiempo ya se hubiera superado, en una situación idéntica a la que está atravesando Telefónica. La filial de la española ya anticipó que irá a la Justicia si no obtiene respuesta en los próximos 10 días hábiles puesto que ya hizo una primera presentación.
Según las fuentes consultadas, en los recursos ya derivados por los diversos canales, Claro habría cuestionado fuertemente el expediente de la CNDC por considerar que dio luz verde a la fusión Telecom-Cablevisión “sin condición alguna”.
Entre las observaciones se habría advertido que se incumple la ley de Defensa de la Competencia, además de no haberse exigido condicionamientos contundentes. También se habría alegado que el organismo regulador tomó la propuesta de supuesta desinversión dada por la compañía involucrada. Todos aspectos que son considerados en el mercado como remedios insuficientes.
Remedios es el nombre que se le da a las medidas que se toman para condicionar la fusión. En el caso del expediente de la Secretaría de Comercio las exigencias pasaron por desprenderse de algo más de 140.000 clientes de banda ancha de Arnet ubicados en cinco provincias, base que fue adquirida por la empresa Universo NET, del empresario Carlos Valentini, que posee negocios en medios en Coronel Pringles, además de poseer una empresa de televisión por cable y un par de operaciones de banda ancha en Chile y España.
En los reclamos presentados, se insistió en que las condiciones impuestas por la CNDC son insuficientes además de que la empresa fusionada goza de beneficios que el resto de las compañías del sector no posee, señalaron las fuentes del sector consultadas.
En ese sentido, los reclamos habrían apuntado en varias direcciones. En primer lugar, alertaron que Telecom puede seguir realizando tendidos de fibra óptica por la vía aérea producto de los permisos otorgados en años anteriores por los municipios a la ya extinta Cablevisión. Autorización que hoy no logra alcanzar ningún otro operador del sector.
En segundo lugar, advirtieron que si bien están autorizados para dar televisión paga en algunos lugares si no es con fibra óptica no se puede brindar. La única forma de salir a competir es por medio de un sustituto, que es el DTH (vía satélite) y, así, comenzar a ofrecer cuádruple play pero tampoco cuentan con esa autorización.
Ahora se espera que se expida el Poder Ejecutivo y, a partir de ese pronunciamiento, continuar con las acciones judiciales. El objetivo es revertir algunas de las cuestiones aprobadas en los dictámenes y que “se den los remedios necesarios para emparejar la cancha”.
“Se empieza a abrir un frente sensible porque se conforma una compañía dominante que impide que el resto de la competencia pueda desplegar su infraestructura a la misma velocidad. En este contexto se dificulta dar nuevos servicios”, indicaron las fuentes consultadas.
Aunque con otras palabras, la postura de Claro es similar a la manifestada previamente por Telefónica, aunque fue la filial mexicana la que comenzó primero con los recursos administrativos pidiendo la nulidad de las autorizaciones que se iniciaron a finales de 2017.
Previo a los recursos presentados en julio, la compañía había hecho lo propio en enero pasado, luego de conocerse la aprobación de la fusión por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en ese entonces a cargo de Miguel de Godoy, y desde junio pasado comandado por Silvana Giudice.
Este lunes Telefónica decidió volver a reclamar ante la Secretaría de Comercio una respuesta a la impugnación dada a conocer el 24 de julio pasado, casi un mes después de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobara la fusión entre Telecom y Cablevisión. Y en caso de no volver a recibir respuesta, tal como ocurrió en esta oportunidad, la compañía recurrirá a la Justicia Civil y Comercial, el mismo sendero elegido por Claro.
Tras haber denunciado un trato discriminatorio y poner en riesgo el desarrollo de la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, Telefónica esperó los 10 días correspondientes para recibir una respuesta de parte de la Secretaría que comanda Miguel Brown.
En realidad fueron algunos más. Como se estaba en período de feria judicial, la operadora decidió esperar algunos días más. Y al no recibir ningún tipo de comentario sobre el reclamo elevado hace ya más de dos semanas este lunes decidieron insistir con el mismo.
La expectativa de la compañía es que haya una respuesta, sea por sí o por no. En caso de que fuera negativa ya está tomada la decisión para recurrir tanto a la Justicia civil y comercial, señalaron a iProfesional fuentes de la empresa.
En paralelo a esta nueva misiva, Telefónica decidió que en los próximos días enviará notas tanto al Ministerio de Producción como al de Modernización. Al primero por las cuestiones relativas a competencia (bajo su órbita se encuentra la Secretaría de Comercio y, a su vez, la CNDC) y al segundo por las regulatorias pues bajo su ala actúa el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
A diferencia de otras épocas, en esta oportunidad la operadora de telecomunicaciones estaría dispuesta a ir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones). Si en otros momentos la duda tenía atrapados a la mayoría de los ejecutivos destinados a tomar esa decisión, ahora se estaría disipando.
Y habría cada vez más voluntad en acudir a este espacio, señalaron fuentes familiarizadas con el sector. Especialmente porque, en estos momentos, la Argentina también se juega su ingreso en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y tener una mancha vinculada con lo que, desde la compañía, consideran un desaliento a la competencia, generaría ruido en el organismo. Algo que el Gobierno no quiere provocar.
Cuando en 2016 Cablevisión compró Nextel y esa operación obtuvo el visto bueno de los organismos reguladores, Telefónica también había amenazado con recurrir al CIADI. Pero no fue más que una sucesión de lamentos. Esta vez, la postura sería diferente.
Telefónica, sin embargo, decidió subir el perfil el mes pasado respecto de las autorizaciones regulatorias. Como se afirma más arriba en este artículo, Claro fue el primero en expresar su malestar por la vía formal.
De hecho, en el mercado de las telecomunicaciones en general si bien se cuestiona gran parte del expediente salido de la Secretaría de Comercio, ponen el acento en la cantidad de clientes de los que se habría desprendido ya la empresa, y que no se hayan propuesto medidas más radicales respecto de la devolución de espectro.
El tiempo establecido por el Enacom para devolver el espectro de más que tendrá la compañía por efecto de la fusión es de dos años. La CNDC recomendó acelerar ese plazo pero no se avanzó más en que en esa proclama.
El espectro resulta vital para la planificación de futuras inversiones. Y de su devolución depende, a su vez, que el regulador termine de definir un Plan Nacional de Espectro, una deuda que viene cruzando a los Gobiernos nacionales más allá de su color político.
Si bien los reclamos de las operadoras apuntan a las decisiones tomadas a nivel oficial, desde la empresa fusionada argumentan que, en el caso del mercado de banda ancha, hay operadores que tienen participaciones de más de 60% en telefonía móvil en zonas como Córdoba y que esa situación también debe observarse.
Más allá de las posturas de cada empresa y de la que tome el Gobierno en particular frente los reclamos que han encarado tanto Claro como Telefónica lo cierto es que estos movimientos apuntan a marcar la cancha.
La convergencia plena, que arrancará en 2020 por acuerdo común entre los principales operadores de telecomunicaciones y aval legislativo –al menos el alcanzado hasta ahora en el Senado con la llamada ley corta-, las llevará a competir en distintos niveles, no sólo en la banda ancha.
El contenido será el terreno de las próximas batallas, tal vez las más duras. Algunas de ellas están comenzando a tener sus primeros rounds, livianos, pero ya anticipan lo que se viene.
Fuente iProfesional
