Se conocieron los números oficiales: 2017 es uno de los tres años más calientes de los que se tenga registro, de acuerdo a un anuncio de la NASA y la NOAA, Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. En Argentina, esto se corresponde con un informe del Servicio Meteorológico Nacional que señala a 2017 como el año más caliente para nuestro país: Con un desvío respecto de la temperatura media normal de +0.66°C, superó la marca del año 2012, en que se había alcanzado un desvío de +0.63°C. Según el SMN, “si consideramos la evolución climática temporal (desde 1961 hasta 2017) de la anomalía de temperatura media vemos que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años”.
Este anuncio llega en un año en el que El Niño, un fenómeno que calienta el oeste del Océano Pacífico, influenciando patrones climáticos en el hemisferio sur, que empujan la temperatura promedio global. A gran escala, la temperatura promedio global en 2017 fue de .8 a .9 grados más que en los niveles preindustriales. Pero no hay que equivocarse: lo que parece apenas un pequeño incremento está ya teniendo impactos enormes que contribuyen a eventos climáticos extremos, tan mortales como costosos, en todo el planeta.
En la Argentina se manifiesta de diferentes formas: el cambio climático aumenta las chances de que haya eventos extremos, como las inundaciones e incendios forestales en el norte y centro del país, las sequías en zonas templadas; la pérdida de glaciares, que proveen el agua en la Cordillera y en la Patagonia. Y los ejemplos se multiplican alrededor del planeta: inundaciones en el sudeste asiático que mataron a más de 1200 personas; la ola de calor Lucifer, en Europa; incendios sin precedente en el oeste de los Estados Unidos; 306.000 millones de dólares de costo por desastres climáticos sólo en Estados Unidos, consecuencia de los huracanes Harvey e Irma. Las consecuencias no son solo ambientales: son también sociales y económicas.
Las emisiones de gases de efecto invernadero son el principal factor que provoca el cambio climático, y junto con la deforestación, van en aumento. Y con ellas aumenta el cambio climático. El año pasado sirve como un recordatorio de la necesidad de acciones urgentes para reducir emisiones, especialmente de cara a 2020, cuando el Acuerdo de París formalmente entre en efecto. Cálculos preliminares sugieren que las emisiones de dióxido de carbono se elevaron 2% en 2017, luego de permanecer planas entre 2014 y 2016. Con el ataque a las políticas que frenan las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de escépticos del cambio climático en la administración de los Estados Unidos, a otras partes del mundo le toca redoblar sus esfuerzos.
Los datos de 2017 también deberían ayudar a conseguir resolución de los negociadores climáticos para pedir por mayores ambiciones.
“El último año podría pasar a la historia como el año en el que los impactos del cambio climático finalmente se volvieron innegables. Acaso este año sea aquel en el que nuestra respuesta se iguala al desafío” opina Chris Weber, líder científico de clima y energía de WWF.
Afortunadamente, hay muchas tendencias esperanzadoras en camino, que deberán permitir a los gobiernos a ser audaces cuando se trata de objetivos de emisiones, políticas nacionales, y uso de energías limpias. Esta semana, la Agencia Internacional de Energía Renovable publicó una investigación que demuestra que para 2020, todas las tecnologías de energía renovable tendrán un costo competitivo con la generación de combustibles fósiles. Además, la creciente alerta por el estado de nuestros océanos, en parte por la enorme cantidad de plástico que mata la vida marina y contamina nuestros mares, demuestra una concientización y preocupación por la sustentabilidad de los ecosistemas del mundo. Esto debe permitirnos tomar carrera para acciones ambiciosas sobre el cambio climático.
Argentina debe reforzar su compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a partir no sólo del diseño de políticas más ambiciosas en estas líneas, si no en la ejecución real de las políticas ya comprometidas y en el monitoreo de la eficiencia de las mismas. El sector privado tiene también una enorme tarea en la incorporación de la eficiencia energética en el sector productivo y en la promoción de prácticas productivas libres de deforestación y climáticamente responsables. Ante un cambio evidente, e imparable, es necesario también reforzar las medidas de mitigación de los impactos negativos. El respeto de las leyes ambientales vigentes, como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la sanción de las pendientes, cómo la Ley de Humedales es una asignatura pendiente en un país que no puede sumar la flexibilización ambiental a su fuerte proceso de búsqueda de inversiones externas.
Manuel Jaramillo, Director de Vida Silvestre, comentó al respecto: “Nuestro país dispone, lamentablemente, de una enorme capacidad de recuperarse ante diversas crisis. Esta, la crisis climática implica una nueva forma de pensar, un nuevo paradigma. Comprender que debemos cambiar nuestros hábitos de producción y consumo, justamente para no comprometer la posibilidad que nuestros hijos – o de nosotros mismos en un futuro cercano- de contar con un ambiente sano y saludable, como establece nuestra Constitución Nacional. El compromiso del gobierno, de empresas y de todos los ciudadanos nos permitirá superar esta nueva crisis, sin dejar a nadie atrás. Fundación Vida Silvestre continuará realizando sus aportes en este sentido, ¡esperamos contar con su apoyo!”
