La imperiosa necesidad de mostrar resultados positivos ante un problema medular como el déficit fiscal, obligó al gobierno de Mauricio Macri a desplegar una serie de medidas para bajar el gasto público. El ajuste prometido busca el objetivo de ser “ejemplificador” desde la política, aunque con resultados impredecibles.
El achique del gasto político es siempre bienvenido y reclamado por la sociedad que paga los costos. Sin embargo, no parece ser más que una reacción impulsada por el escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien fue premiado con la confianza presidencial y del gabinete.
El objetivo de fondo parece ser no solo achicar gastos, sino marcar pautas en las negociaciones salariales, claves en la inflación anual y en la contención del gasto del Estado.
Macri prometió reducir la planta política, lo que equivale a un 25 por ciento del presupuesto de la política en el Poder Ejecutivo. Aunque suene igual, no es el mismo 25 por ciento que aumentó la planta del Estado desde que él mismo tomó el timón del Gobierno.
También congelará salarios de los funcionarios de primera línea y despedirá a los familiares directos de los ministros que fueron incorporados en los últimos dos años. Con esto, pretende ahorrar 1.500 millones de pesos al año, el equivalente al 0,034 del gasto público en 2018. Una gota en el mar, según economistas consultados por Economis, incluidos los más liberales.
De acuerdo a los anuncios del Presidente, se desprende que las medidas no cambiarán radicalmente el escenario. Terminar con el nepotismo es una meta utópica, pero si se trata de “gestos”, mejor hubiera sido no potenciarlo en los últimos dos años. La promesa solo alcanza a familiares directos de ministros, cuando hay cuñados, primos, suegros y novias, además de varios Ceos sin cartera que también tienen a sus más cercanos como colaboradores.
Si se saca de encima a los familiares de los ministros, -la familia de Jorge Triaca es una de las más numerosas con sueldo del Estado- serán apenas un puñado en comparación a la estructura aumentada con ministerios, secretarías y direcciones varias de nombres extensos e insólitos. Tampoco se dice nada de amigos y entenados, que sí pueden ser nombrados. Si habrá ajuste, pasará por otro lado. Temen los empleados públicos, que será en su salario que, si no congelado, tendrá mínimas correcciones.
“La austeridad tiene que partir de la política. La política no debe tener ventajas excepcionales, insisto, debe ser un ejemplo de austeridad”, presionó Macri.
“Por primera vez en 100 años se dio de manera simultánea que bajó el déficit fiscal, bajó el gasto, bajó la inflación y bajaron los impuestos, y todo esto con la economía creciendo; esto no pasó en 100 años”, se envalentonó el Presidente.
Para sostener el nivel de optimismo, para el Gobierno es vital predicar con el ejemplo. La “baja del gasto político” es mostrar austeridad en momentos en que se inician las negociaciones salariales con un techo tácito del quince por ciento. El límite no es aceptado por el sindicalismo. Los gremios advierten que no sólo se pierde poder adquisitivo en referencia al año pasado, sino que la inflación de este año puede ser igual o superior a la de 2017.
Juan José Aranguren, el ministro del Excel, ya ajusta hacia arriba los tarifazos de gas y electricidad, porque sus cálculos fueron hechos en base a un dólar de 19,30 y ya en estos días, coquetea con los 20 pesos. La paradoja es que el propio Aranguren ató el precio de los combustibles al valor dólar, que se disparó por las metas “recalibradas” del equipo económico para inyectar un poco de optimismo a una economía deprimida por las altas tasas que impone Federico Sturzenegger desde el Banco Central. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Según los especialistas del mercado energético, el costo mayorista de la electricidad fue proyectado en u$s 74,8 por MWh para 2018, a una tasa de cambio de 19,30 pesos por dólar, lo que representaba 1440 pesos por MWh. Con la moneda estadounidense a 20, el precio se acerca a 1500 pesos por MWh, cuatro por ciento más que la anterior estimación y 20 por ciento más que en 2017 (1250 pesos por MWh).
En la cartera de energía admiten que aún faltan “correcciones” de entre el 25 y 30 por ciento en la electricidad y de hasta el 50 por ciento en el gas.
Las subas tienen correlato en el bolsillo del consumidor y generan efectos políticos diversos. Emsa es el ejemplo local del desquicio de las tarifas. A los aumentos nacionales se sumaron actualizaciones locales que son difíciles de entender cuando se traducen en las boletas. Emsa aduce que obedecen a la quita de subsidios y a los cambios en las tarifas sociales que aplicó la Nación.
La oposición, encarnada por la versión local de Cambiemos, pide que bajen las tarifas y denuncia a la empresa local por el golpe al bolsillo con los mismos argumentos con los que en el país se cuestionan los tarifazos de Aranguren. Cambiemos insiste en que se respete una audiencia pública a la que no fue convocada Misiones.
Del otro lado, una multisectorial conformada por Derechos Humanos, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, representantes de EMSA, referentes barriales, funcionarios de organismos provinciales y de la Municipalidad de Posadas, así como el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, presentó un amparo en la Justicia para frenar los aumentos nacionales. El defensor del Pueblo, Alberto Penayo resaltó que el consumo de energía “no es algo suntuoso en nuestra provincia por las altas temperaturas que se registran, por lo que esta decisión de la Nación nos impacta negativamente sin que se reconozca nuestra particular situación de dependencia de la energía eléctrica”. El mismo parámetro se utiliza en las otras provincias del norte que están padeciendo los mismos ajustes.
Otra medida anunciada por el propio Macri es una reforma al sistema de becas del plan Progresar, que dejará de depender de la Anses para integrarse al presupuesto de Educación. Ya no será un programa de acceso universal para quienes quieran culminar sus estudios en las distintas etapas de escolaridad, sino que tendrá condiciones más exigentes para renovar el beneficio.
Los cambios pegan de lleno en una población como la de Misiones, donde gracias al Progresar se logró recuperar y aumentar la población educativa, especialmente en los niveles medios y superiores.
El año pasado fueron becados 44.197 jóvenes con un impacto económico anual de 330.452.100 pesos. Si bien en mayo se produjo una baja significativa en la cantidad de beneficiarios, que fueron excluidos por la implementación de un nuevo sistema en el Ministerio de Educación de la Nación, lo que redujo a poco más de 16 mil becados; la persistencia del equipo provincial llevó a que se cierre el año con 44.197. Del total que culminaron el 2017, el 0,1 % continúa sus estudios en Educación Especial, el 14 % en Formación Profesional, el 2 % realiza la terminalidad del primario, el 36 % del secundario y el 48 % está en el terciario o universitario.
La idea de volver a premiar a quienes tienen mejores resultados, es resistida por los pedagogos, ya que los beneficiarios son jóvenes que no solamente estudian, y que deberán ahora mantener un ritmo de estudio igual que los chicos de clase media y alta, cuyos proyectos de vida están pensados solo para estudiar en esta etapa de sus vidas. Por eso, hay temor de que aumente la tasa de abandono en el nivel superior.
“Estos chicos que ahora necesitan al Estado son los que nacieron en la Argentina de la crisis de 2001, mal alimentados, con familias totalmente desmanteladas, una triste realidad que rápidamente olvidamos todos. Siento que la sociedad los ubica en el casillero equivocado, no creo que sean los “vagos ni ni”, confesó, desesperanzada una docente vinculada al programa.
Está claro que los objetivos perseguidos son los correctos. Austeridad en la política, ahorro de los recursos públicos y un Estado en el que no sobre personal.
El Estado misionero es uno de los pocos que va en línea con esa idea. Es la cuarta provincia con menor cantidad de empleados públicos por habitante y recién asumido, el gobernador Hugo Passalacqua congeló los ingresos a la planta política. Solo se pueden sumar docentes, policías y médicos, en las áreas esenciales del Estado.
Misiones además, en un lote minúsculo de provincias, logró el año pasado una mejora sustancial en el resultado económico que será superavitario en un importe cercano a los 2.500 millones de pesos, debido a que los recursos corrientes se incrementaron en un diez por ciento por encima de los gastos corrientes, al mismo tiempo en que creció exponencialmente la inversión en obra pública.
Según un informe oficial de la secretaría de Hacienda, se estima que el gasto en capital consolidado de Misiones en 2017 cerrará en 8.408 millones de pesos lo que representa un incremento del 41 por ciento (+2.449 millones) con respecto a 2016, cuando se alcanzaron los 5.959 millones.
La ejecución de la obra pública superó holgadamente la inflación, y se observa que en términos reales (es decir, eliminando el efecto de la inflación), la obra pública creció por encima de 14 por ciento.
Este aumento de la obra pública se observa tanto en aquellas financiadas con rentas generales de la Provincia como aquellas financiadas con recursos federales, de modo que este dato no es menor: la obra pública mejoró su ritmo tanto porque la Nación mejoró el envío de remesas para obras públicas ejecutadas por la Provincia (+43%) como porque también las obras financiadas con rentas generales de la provincia también recibieron más fondos (+39%).
La política de Estado de Misiones se caracteriza por una participación importante en el nivel de gasto de capital. Por ejemplo, en promedio para los últimos cinco años fue equivalente al 24,62 por ciento del total de las erogaciones del presupuesto. Este número supera de manera relevante al promedio de las 24 restantes jurisdicciones en el periodo comprendido entre el año 2013 al primer semestre de 2017 (último dato publicado por Ministerio de Hacienda de la Nación), que en cuyo caso ese promedio fue solo de 13,33 %.
La noticia es excelente porque coloca a Misiones en un lote de pocos. Hay provincias con los sueldos a estatales atrasados o en cuotas y que se financian con endeudamiento o asistencias extraordinarias del Estado nacional, como ATNs o adelantos de Coparticipación. En Misiones, sin estridencias, se predica con el ejemplo.
