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ARCA implementa la Exportación Monitoreada en planta

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Aduana implementa la “Exportación Monitoreada” en planta: control remoto para reducir costos y tiempos logísticos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la creación del procedimiento de “Exportación Monitoreada” en forma remota para las operaciones de exportación a consumo realizadas a través del régimen de cargas de exportación en planta. La medida, establecida mediante la Resolución General 5770/2025, fue publicada el 2 de octubre en el Boletín Oficial y tendrá aplicación inmediata con un cronograma de implementación progresiva.

El nuevo esquema introduce un sistema de control aduanero mediante tecnologías de videovigilancia (CCTV), lo que permitirá agilizar los tiempos de despacho, reducir la carga administrativa y bajar los costos logísticos asociados al actual esquema de fiscalización presencial.

Modernización del control aduanero: antecedentes y marco normativo

La medida se apoya en la Resolución General Nº 5.721, que regula el régimen de cargas de exportación en planta, un mecanismo diseñado para que los exportadores autorizados puedan despachar mercadería directamente desde sus instalaciones productivas, sin necesidad de trasladarlas previamente a depósitos fiscales.

Hasta ahora, estos procedimientos exigían la presencia física de agentes aduaneros para supervisar cada operación. Con la nueva modalidad, ese control se podrá realizar en forma remota mediante sistemas de cámaras y transmisión de datos, lo que alineará la operatoria local con los estándares internacionales de facilitación del comercio y gestión aduanera inteligente.

En su articulado, la Resolución General 5770/2025 establece que los exportadores habilitados deberán tener al menos dos años de antigüedad como importadores o exportadores registrados y contar con un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que cumpla con los requisitos técnicos y funcionales fijados por la ARCA. Estos lineamientos estarán disponibles en el micrositio oficial “Exportación Monitoreada” (https://www.arca.gob.ar).

Además, se faculta a la Dirección General de Aduanas a definir las pautas de control operativo, admisión y mantenimiento, así como la ejecución de un plan piloto previo a la implementación definitiva.

Impacto económico y operativo para el comercio exterior

La introducción de la “Exportación Monitoreada” tiene implicancias directas en la competitividad exportadora. Al reducir tiempos de espera y eliminar la necesidad de supervisiones presenciales permanentes, se espera que las empresas registren un ahorro significativo en logística y administración.

El procedimiento permitirá que el control se realice en tiempo real y bajo protocolos estandarizados, garantizando tanto la trazabilidad de las operaciones como la seguridad aduanera. Al mismo tiempo, el esquema favorecerá la asignación más eficiente de los recursos humanos de la Aduana, que podrán concentrarse en operaciones de mayor riesgo.

En términos políticos e institucionales, la decisión se enmarca en una estrategia de modernización de la gestión tributaria y aduanera, orientada a reducir trabas burocráticas y facilitar la inserción de la producción argentina en los mercados internacionales. Según la norma, “resulta de vital importancia tender a una política económica que incentive la producción y comercialización de productos destinados a la exportación, y optimizar los recursos de control mediante el uso de tecnologías de monitoreo”.

La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, y el cronograma de implementación progresiva será publicado por ARCA en los próximos días en el micrositio oficial.

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El Gobierno hizo oficial la quita de retenciones a la carne hasta octubre

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El Poder Ejecutivo fijó en 0% las alícuotas del derecho de exportación para las posiciones arancelarias de productos cárnicos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), en una medida que regirá hasta el 31 de octubre de 2025. El objetivo declarado es mejorar la competitividad del sector agroindustrial, uno de los principales generadores de divisas y empleo en el país.

El Decreto 685/2025, firmado el 22 de septiembre y publicado este martes 23 en el Boletín Oficial, se apoya en el Código Aduanero (Ley 22.415) y en los decretos previos 697/24 y 682/25, que ya habían reducido o eliminado retenciones para granos y subproductos. Según los considerandos, el Gobierno busca avanzar en un sendero de eliminación progresiva de derechos de exportación, impuestos considerados “distorsivos” para la producción y el comercio exterior.

El texto oficial destaca que las reducciones implementadas en 2024 y 2025 derivaron en un incremento de las exportaciones agroindustriales. Con esta nueva medida, se busca replicar el efecto en el sector cárnico, considerado estratégico para el desarrollo regional y la generación de empleo.

El Artículo 1° establece en 0% la alícuota del derecho de exportación para los productos detallados en el anexo del decreto, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025.

El Artículo 2° introduce una condición clave: los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la oficialización del permiso de embarque. Esta exigencia alcanza cobros de exportaciones, anticipos, prefinanciaciones y postfinanciaciones externas.

El incumplimiento de esta obligación, según lo dispuesto en los Artículos 3° y 4°, implicará la pérdida del beneficio y la obligación de tributar la alícuota vigente antes de la entrada en vigor del decreto, sin perjuicio de las sanciones aplicables.

El Artículo 5° faculta al Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a dictar las normas complementarias para la aplicación efectiva de la medida.

Repercusiones y escenarios

La eliminación temporal de retenciones a la carne apunta a dinamizar un sector que explica gran parte de las exportaciones agroindustriales argentinas. La exigencia de liquidación rápida de divisas busca, a su vez, asegurar un ingreso fluido de dólares al mercado cambiario, en un contexto de elevada presión sobre las reservas del Banco Central.

La medida podría ser bien recibida por los exportadores cárnicos, que ven reducida la carga impositiva, aunque deberán adaptarse al esquema estricto de liquidación. No obstante, genera interrogantes sobre su continuidad más allá del plazo establecido: si el beneficio no se prorroga, el sector volvería a tributar retenciones desde noviembre, lo que podría afectar la previsibilidad de inversiones y contratos.

La decisión será girada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, en el marco de la Ley 26.122, que regula la validez de los decretos delegados del Poder Ejecutivo.

El Decreto 685/2025 se enmarca en una estrategia gradual de apertura comercial y alivio impositivo al sector agroindustrial, con el objetivo de consolidar la competitividad externa y reforzar la entrada de divisas. La clave estará en si este esquema temporal se transforma en una política de largo plazo, alineada con la promesa de eliminar totalmente los derechos de exportación en la medida en que la situación fiscal lo permita.

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ARCA eliminó el régimen de información de operaciones con representantes del exterior para reducir cargas administrativas

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Una medida en línea con el plan de simplificación normativa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la abrogación de la Resolución General Nº 3.285 y su modificatoria, que establecía un régimen de información sobre toda operación económica —inclusive a título gratuito— entre residentes en el país y representantes de sujetos o entes del exterior.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre mediante la Resolución General 5752/2025, se enmarca en el Decreto Nº 353/2025, por el cual el Poder Ejecutivo instruyó al organismo a reducir cargas administrativas en regímenes de información y fiscalización. La norma tiene vigencia desde el 1 de septiembre de 2025.

El régimen derogado exigía a contribuyentes residentes declarar cualquier operación con intermediarios de entidades extranjeras, generando un volumen significativo de reportes administrativos. Según ARCA, esta obligación resultaba excesivamente amplia y de escaso valor agregado para la fiscalización, a la vez que implicaba costos de cumplimiento desproporcionados para empresas y particulares.

En los considerandos, el organismo justificó la medida afirmando que la finalidad es “promover una Administración Pública al servicio del ciudadano, basada en criterios de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios”.

El director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo, firmó la resolución y precisó que la eliminación del régimen no implica una relajación en materia de control: “La abrogación se dicta sin perjuicio de la continuidad de las acciones de fiscalización que lleva adelante esta Agencia”.

Con esta decisión, los sujetos obligados ya no deberán cumplir con la presentación de información bajo los regímenes de las Resoluciones Generales 3.285 y 3.364, aunque las operaciones realizadas durante su vigencia seguirán sujetas a control.

El cambio es parte de una agenda más amplia de simplificación normativa impulsada por el Poder Ejecutivo y que alcanza a distintos regímenes tributarios y aduaneros. La medida reduce costos administrativos para empresas con vínculos internacionales y alinea a la administración tributaria con estándares internacionales de eficiencia regulatoria.

No obstante, analistas advierten que la eliminación de reportes automáticos deberá compensarse con mayores tareas de fiscalización selectiva y uso intensivo de inteligencia fiscal, para evitar la erosión de la base imponible y operaciones de triangulación con el exterior.

La reforma podría anticipar una revisión integral de regímenes informativos vigentes en comercio exterior y operaciones transfronterizas. El desafío será lograr un equilibrio entre simplificación para el contribuyente y efectividad en la detección de maniobras de evasión o lavado de activos.

En este sentido, se espera que ARCA avance hacia sistemas de control más automatizados y apoyados en cruces de información internacional, en línea con convenios de la OCDE y organismos multilaterales.

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