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Agro, minería y energía podrían aportar un récord de US$57.200 millones en 2026 y cambiar el mapa de las divisas argentinas

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La matriz exportadora argentina atraviesa una transformación silenciosa que podría marcar un punto de inflexión para la economía. Según las últimas proyecciones, el complejo integrado por agro, minería y energía generaría una liquidación de divisas de US$57.168 millones durante 2026, el mayor registro de la historia. De concretarse, superaría el récord de US$56.722 millones alcanzado en 2022 y quedaría ampliamente por encima de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

Más allá del volumen de dólares esperado, la principal novedad del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) radica en el cambio estructural de la oferta de divisas. Históricamente, el ingreso de dólares dependió casi exclusivamente del calendario agrícola, con una fuerte concentración durante la cosecha gruesa del primer semestre y una marcada desaceleración hacia fin de año. Ese patrón comienza a modificarse gracias al crecimiento sostenido de la minería y, especialmente, del sector energético.

Por primera vez la proyección consolida agro, minería y energía. La novedad son las perspectivas para el segundo semestre, que parecieran romper la estacionalidad del mercado de cambios.

La liquidación de divisas del agro, minería y energía se proyecta en un récord de US$ 57.168 millones para 2026. De confirmarse, el registro superaría el máximo histórico de la serie, los US$ 56.722 millones alcanzados en 2022, y se ubicaría sustancialmente por encima de los US$ 50.381 millones liquidados en 2025.

La consolidación de estos tres complejos permite dimensionar la magnitud del ingreso de divisas comerciales del país y, sobre todo, capturar un cambio de composición que se viene gestando en los últimos años: el peso creciente de la energía de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y del salto exportador de ese sector; y de la minería, que complementan y estabilizan un flujo históricamente dominado por el agro y su marcada estacionalidad.

La principal novedad de esta actualización se encuentra en las perspectivas para el segundo semestre del año. Para 2026 se proyecta que la liquidación del segundo semestre alcance los US$ 29.793 millones, superando a los US$ 27.375 millones del primer semestre. Se trataría, además, de un récord para un segundo semestre, en un patrón que pareciera romper la estacionalidad histórica del mercado de cambios.

Tradicionalmente, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, al calor de la cosecha gruesa del agro, para luego enfriarse en el último tramo del año. La incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola y en expansión, estaría modificando ese comportamiento: el segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero.

El perfil mensual proyectado para 2026 refuerza esta lectura. A diferencia del promedio de los últimos años y de 2025, la curva de 2026 se sostiene por encima del promedio y no exhibe el marcado desplome estacional del último trimestre, cuando el aporte del agro tiende a reducirse sensiblemente.

El aporte sector por sector

Agro

Tal como se analizó en la pasada edición del Informativo Semanal el agro se proyecta una liquidación de US$ 34.897 millones en 2026, según la última actualización mensual. La cifra representa un recorte de unos US$ 1.200 millones respecto de la estimación de mayo, producto de menores precios de exportación proyectados.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de US$ 15.768 millones, por debajo de los US$ 18.303 millones del mismo período de 2025, merma que responde a dos factores vinculados a los esquemas de derechos de exportación de 2025: por un lado, la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025, que adelantó comercialización y elevó la base de comparación; por el otro, la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que adelantó ingresos en ese mes pero deprimió el flujo en los meses subsiguientes, con impacto en el trimestre octubre-diciembre y en los primeros meses de 2026. No obstante, entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado, con ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones.

Minería

El aporte minero viene creciendo a paso firme. En 2025 las exportaciones del sector alcanzaron US$ 6.075 millones, sosteniendo cinco años consecutivos de expansión, y para 2026 se proyecta un nuevo récord que podría superar los US$ 9.000 millones. De cumplirse estas previsiones, la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones argentinas, generando 1 de cada 10 dólares exportados por el país.

El salto exportador y su consecuente crecimiento en la liquidación de divisas se apoya en la mejora de precios del oro y la plata, en conjunto con el crecimiento en volúmenes y precios del complejo litio. Este dinamismo ya se refleja en el mercado de cambios: en el primer cuatrimestre de 2026 la minería registró ingresos netos por comercio exterior de bienes por US$ 2.927 millones, un 88% más que en igual período de 2025. Con importaciones mínimas en relación con sus ventas externas, la minería se consolida como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre.

Energía

La energía es la otra gran protagonista de estos cambios en el mercado de cambios. Para este año se proyecta un crecimiento del 16% en la extracción de petróleo, que llevaría a la mayor producción petrolera de la historia argentina, superando el récord de 1998 de la mano de Vaca Muerta, cuya producción no convencional ya explica cerca del 70% del crudo del país.

El impulso productivo se traduce con más exportaciones en el frente externo. Tal como se analiza en esta misma edición del Informativo Semanal, la balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia argentina para un primer semestre, superando los US$ 6.987 millones y creciendo un 87% interanual. Las exportaciones de combustibles y energía habrían crecido un 52%, hasta más de US$ 8.118 millones, mientras las importaciones tocan mínimos de 20 años. Además, más del 70% del crecimiento exportador se explica por mayores cantidades, más que por la suba de precios derivada del conflicto en Medio Oriente.

Hacia adelante, las exportaciones de combustibles y energía podrían superar los US$ 14.400 millones en 2026, llevando la balanza energética a un récord por encima de los US$ 12.000 millones. La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año, con una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional, clave en la fortaleza proyectada para el segundo semestre y el año que viene.

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Santa Fe suma un nuevo depósito fiscal y fortalece la infraestructura logística de la Hidrovía

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La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó a través de la Resolución 15/2026 la habilitación definitiva del depósito fiscal de Depósito Fiscal Alvear S.A., ubicado sobre la Ruta Nacional A012, en el Parque Industrial Avant Alvear, dentro de la jurisdicción de la Aduana de Rosario.

La resolución otorga una vigencia de 10 años al permiso y habilita una superficie operativa total de 4.445,39 metros cuadrados, compuesta por 879,03 m² cubiertos y 3.566,36 m² descubiertos, destinados al almacenamiento de mercaderías generales vinculadas al comercio exterior.

La decisión trasciende una mera autorización administrativa. En un contexto donde la competitividad exportadora depende cada vez más de la eficiencia logística, la incorporación de nueva capacidad fiscal en el nodo Rosario-Hidrovía representa una mejora concreta para la gestión de cargas de importación y exportación.

Más capacidad logística en el principal corredor exportador

Alvear forma parte del complejo industrial y portuario que rodea a Rosario, una de las áreas de mayor concentración de movimiento de cargas del país. La habilitación del depósito fiscal amplía la infraestructura disponible para operaciones aduaneras fuera de los puertos, permitiendo almacenar mercadería bajo control fiscal mientras se completan trámites de nacionalización, exportación o tránsito.

Para las empresas industriales y agroexportadoras, la disponibilidad de depósitos fiscales cercanos a centros productivos reduce costos asociados a traslados, tiempos de espera y congestión operativa en terminales portuarias.

La ubicación dentro de un parque industrial agrega un componente adicional de valor. Permite integrar almacenamiento, producción y despacho aduanero en un mismo ecosistema logístico, una tendencia que gana relevancia en cadenas de suministro que buscan mayor previsibilidad y menores costos de coordinación.

Uno de los aspectos destacados del expediente fue la validación de los sistemas tecnológicos exigidos por la normativa aduanera vigente.

ARCA confirmó que el depósito cumple con los estándares establecidos para: Sistemas de videovigilancia (CCTV). Equipamiento de control no intrusivo mediante escáner de rayos X. Integración con los sistemas de monitoreo remoto de la Aduana. Requisitos documentales y operativos previstos por la Resolución General 4352.

La incorporación de estos sistemas responde a una estrategia de fortalecimiento de la trazabilidad de las cargas y de modernización de los controles aduaneros, con menor dependencia de inspecciones físicas tradicionales.

Para los operadores logísticos, este esquema permite agilizar procesos sin resignar capacidad de fiscalización, un factor especialmente relevante en corredores con alto volumen de comercio exterior.

Impacto para la actividad productiva

La habilitación genera efectos directos sobre distintos segmentos de la economía regional:

• Mayor capacidad de almacenamiento fiscal para operaciones de importación y exportación.

• Reducción de costos logísticos por cercanía a puertos, rutas y parques industriales.

• Desconcentración operativa de instalaciones ya existentes en el área metropolitana de Rosario.

• Mejora en la competitividad exportadora al reducir tiempos de permanencia de las cargas.

• Atracción de nuevas inversiones industriales y logísticas en el entorno del Parque Industrial Avant Alvear.

En un escenario donde la logística representa una proporción significativa del costo final de los productos exportables, especialmente para economías regionales, la expansión de infraestructura fiscal adquiere una relevancia que excede a la provincia de Santa Fe y alcanza a gran parte del sistema productivo del centro y norte argentino.

La habilitación de nuevos depósitos fiscales aparece alineada con una tendencia de descentralización y modernización de la infraestructura aduanera. El desafío hacia adelante será verificar si la ampliación de capacidad viene acompañada por una mayor digitalización de procesos y una reducción efectiva de tiempos operativos. Para los sectores exportadores, la competitividad futura dependerá cada vez menos de la disponibilidad de espacio físico y más de la velocidad con la que la mercadería pueda atravesar toda la cadena logística.

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Transporte internacional: Argentina reduce hasta un 80% las multas del ATIT y alivia costos para operadores logísticos del Mercosur

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El Ministerio de Economía oficializó la incorporación al ordenamiento jurídico argentino del Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), una modificación que reduce significativamente los montos de las multas aplicables a empresas que realizan transporte internacional de cargas y pasajeros entre los países miembros del acuerdo.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 830/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y representa una adecuación normativa consensuada entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

La modificación responde a un planteo impulsado por los propios Estados parte del acuerdo ante las dificultades económicas y financieras que atraviesa el sector del transporte internacional. Según consta en los fundamentos de la norma, la situación de las empresas motivó la revisión del esquema sancionatorio vigente.

El protocolo establece una nueva escala de multas para las infracciones cometidas en operaciones de transporte internacional terrestre: Infracciones leves: USD 100 (antes U$S 500). Infracciones medias: USD 500 (antes U$S 3.000). Infracciones graves: USD 1.000 (antes Suspensión del permiso de 31 a 180 días, o multa de U$S 6.000.). Infracciones gravísimas: USD 2.000 (antes Suspensión de 181 días a caducidad del permiso, con prohibición de los vehículos de efectuar el paso de la frontera, cuando corresponda, o multa de U$S 12.000 a caducidad del permiso)

La nueva estructura reemplaza los valores vigentes hasta ahora y refleja una reducción sustancial de las penalidades económicas aplicadas a las empresas transportistas. El acuerdo fue firmado en Montevideo el 4 de agosto de 2025 y comenzará a regir 60 días después de que la ALADI comunique que todos los países signatarios completaron sus procedimientos internos de aprobación.

Menor costo regulatorio para una actividad estratégica

La decisión tiene implicancias directas sobre uno de los principales eslabones de la integración comercial sudamericana. El transporte terrestre concentra gran parte del intercambio intrarregional, especialmente en corredores vinculados al Mercosur y a los mercados del Pacífico.

Para las empresas de logística y transporte internacional, la reducción de multas disminuye el riesgo económico asociado a incumplimientos administrativos o documentales y mejora la previsibilidad de costos operativos en un contexto donde la rentabilidad del sector continúa presionada por los costos de combustible, mantenimiento, financiamiento y renovación de flota.

La medida también puede interpretarse como una señal de armonización regulatoria orientada a facilitar la circulación de mercaderías entre los países miembros, un aspecto especialmente relevante para economías regionales que dependen de los corredores terrestres para acceder a mercados externos.

En provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, donde la actividad económica mantiene una fuerte vinculación con Brasil y Paraguay, cualquier modificación en las condiciones del transporte internacional tiene efectos que trascienden al sector logístico.

La reducción de sanciones puede contribuir a disminuir contingencias operativas para empresas transportistas que participan del comercio fronterizo y de cadenas productivas vinculadas a la industria forestal, la yerba mate, el té, el tabaco y otras actividades exportadoras que dependen de corredores terrestres para movilizar cargas hacia puertos y centros de consumo regionales.

Aunque la medida no modifica requisitos técnicos, controles ni exigencias de seguridad vial, sí reduce la carga financiera derivada de eventuales infracciones dentro del sistema de transporte internacional regulado por el ATIT.

Una agenda regional que apunta a la competitividad

La decisión adoptada por los países miembros refleja una preocupación compartida por la sostenibilidad económica del transporte internacional terrestre, actividad que funciona como soporte de buena parte del comercio intrarregional.

La reducción de multas aparece alineada con una estrategia más amplia de revisión de costos regulatorios que afectan la competitividad logística de Sudamérica. Para los operadores del sector, el desafío seguirá siendo avanzar en otros aspectos que impactan sobre la eficiencia, como la digitalización documental, la interoperabilidad de controles fronterizos y la reducción de tiempos de espera en pasos internacionales.

La entrada en vigor efectiva del protocolo dependerá de que todos los países firmantes completen sus procesos internos de aprobación. Una vez operativo, el nuevo esquema permitirá medir si la reducción de sanciones contribuye a mejorar la competitividad del transporte regional sin afectar los estándares de cumplimiento normativo que sostienen la seguridad y la trazabilidad de las operaciones internacionales.

Anexo Resolución 830/2026 Min Economía by CristianMilciades

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El Gobierno endurece los controles sobre productos e importaciones para proteger consumidores

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El Ministerio de Economía activó un nuevo esquema de vigilancia de mercado para productos e instrumentos de medición que se comercialicen en Argentina, con el objetivo de reforzar controles técnicos, fiscalización y eventuales sanciones. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 56/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada el 9 de marzo en el Boletín Oficial, y redefine el sistema de control estatal sobre la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de bienes en circulación.

El cambio no es meramente administrativo. El nuevo Protocolo de Vigilancia de Mercado establece mecanismos más estructurados de control documental, verificación técnica y fiscalización incluso en frontera. La decisión introduce un esquema de supervisión más activo que busca detectar incumplimientos antes de que los productos lleguen al consumidor. La pregunta que abre el movimiento es clara: ¿se trata de una modernización regulatoria o de un endurecimiento del control estatal sobre la actividad comercial?

Un nuevo protocolo para controlar lo que se vende en el país

La resolución aprobada por la Secretaría de Industria y Comercio fija lineamientos uniformes para las tareas de fiscalización del Estado sobre productos y equipos de medición que se utilicen o comercialicen en el territorio nacional.

El instrumento crea un protocolo operativo que ordena las acciones de control del Gobierno, que incluyen: verificación documental de los requisitos técnicos, selección de muestras de productos para análisis de laboratorio, comprobaciones técnicas, controles “in situ”, y controles aleatorios en frontera según el nivel de riesgo.

La lógica es centralizar en un esquema común las herramientas que ya se utilizaban de forma dispersa para verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos y las normas de defensa del consumidor.

El control abarcará tanto productos comercializados en el mercado interno como instrumentos de medición regulados, cuya precisión resulta clave en múltiples actividades económicas.

Cambios en el esquema de fiscalización y sanciones

La resolución también redefine el funcionamiento operativo del sistema de control.

Por un lado, establece que la Secretaría de Industria y Comercio financiará inicialmente los costos de los ensayos de laboratorio y toma de muestras. Sin embargo, si el análisis determina que el producto no cumple con la normativa, la empresa responsable deberá reintegrar los gastos, además de enfrentar las sanciones que correspondan.

Si el producto resulta conforme con los estándares técnicos, el Estado absorberá definitivamente esos costos.

En paralelo, la norma introduce un procedimiento digital para los trámites vinculados a estos controles. Todos los procesos administrativos deberán gestionarse mediante la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD), en línea con la política de digitalización administrativa vigente en la administración pública.

Reorganización interna del control comercial

El nuevo esquema también reorganiza las responsabilidades dentro de la estructura del Ministerio de Economía.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial queda facultada para aplicar sanciones e instruir procedimientos sancionatorios, mientras que la Subsecretaría de Comercio Exterior asumirá tareas de vigilancia de mercado y control del cumplimiento técnico.

Además, la resolución modifica el marco operativo aprobado en 2024 para el control de reglamentos técnicos y deroga parte de una normativa vigente desde 1983 vinculada al procedimiento de análisis y custodia de muestras.

Ese cambio refleja un intento de actualizar reglas de control diseñadas hace más de cuatro décadas, adaptándolas a sistemas de fiscalización contemporáneos basados en análisis técnico, control documental y monitoreo digital.

Regulación técnica y competencia en el mercado

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno justifica la medida en dos pilares regulatorios: la protección de los consumidores y el principio de lealtad comercial.

El argumento oficial sostiene que los controles permiten garantizar que los productos cumplan con requisitos de seguridad y calidad y que los instrumentos de medición funcionen con precisión.

La cuestión tiene implicancias económicas más amplias. Los sistemas de metrología y verificación técnica influyen directamente en mercados donde las mediciones determinan precios, cantidades o transacciones comerciales.

Por eso la normativa remite a la legislación vigente sobre instrumentos de medición y reglamentos técnicos, que exige aprobación de modelo, verificaciones periódicas y controles de uso.

En ese contexto, el protocolo busca consolidar un sistema de vigilancia permanente que permita detectar irregularidades en cualquier etapa de la comercialización.

Señales regulatorias hacia el mercado

La resolución también envía una señal institucional hacia empresas e importadores.

El nuevo esquema habilita controles aleatorios en frontera y análisis de laboratorio sobre productos en circulación, lo que amplía la capacidad del Estado para intervenir cuando detecta incumplimientos técnicos.

A su vez, el sistema prevé la posibilidad de celebrar convenios con organismos públicos o privados con capacidad técnica, lo que abre la puerta a que laboratorios externos participen en los procesos de verificación.

La combinación de controles documentales, inspecciones técnicas y fiscalización fronteriza configura un sistema de vigilancia que apunta a reforzar la trazabilidad regulatoria del mercado.

Un control que ahora deberá aplicarse en la práctica

La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, lo que activa de inmediato el nuevo protocolo de fiscalización.

El desafío, sin embargo, no está solo en la norma. La eficacia del sistema dependerá de la capacidad operativa de las áreas técnicas para ejecutar controles, realizar ensayos y sostener procedimientos sancionatorios.

En un mercado cada vez más dinámico —con cadenas de suministro globalizadas, comercio electrónico y diversidad de productos— la vigilancia técnica se convierte en una herramienta clave para el Estado.

La implementación del protocolo permitirá observar en los próximos meses hasta qué punto este nuevo esquema se traduce en un control más efectivo o en una reorganización administrativa de la regulación existente.

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La recaudación nacional cayó 9,9% real en febrero y acumula siete meses consecutivos en baja

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En el marco de su línea de investigación económica, la Fundación Encuentro difundió su informe mensual de febrero de 2026 sobre recaudación tributaria nacional, elaborado en base a datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El trabajo revela una caída real interanual del 9,9%, mientras que en el acumulado del primer bimestre la contracción alcanza el 8,8% en términos constantes.

Medida a precios constantes, la recaudación de febrero se ubicó en 16.231.830 millones de pesos, por debajo de los 18.007.800 millones registrados en febrero de 2025 y también inferior a los niveles de 2023 y 2024. El informe subraya que, desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026, se observan caídas consecutivas en los recursos tributarios, en línea con el retroceso de los principales tributos asociados al nivel de actividad.

La merma generalizada —con excepción del Impuesto a los Combustibles— se vincula tanto a medidas de reducción de la carga impositiva como a la desaceleración económica.

Composición de la recaudación

En febrero, la estructura tributaria estuvo concentrada en tres grandes rubros:

  • IVA: 5.405.501 millones de pesos (33% del total)
  • Seguridad Social: 4.284.520 millones (26%)
  • Impuesto a las Ganancias: 3.432.249 millones (21%)

En conjunto, estos tributos explicaron el 81% de la recaudación total del mes.

Variaciones por tributo

La caída interanual estuvo explicada principalmente por el retroceso del IVA y de los tributos vinculados al comercio exterior. Entre las principales variaciones reales se destacan:

  • Impuesto PAIS: -101,0%
  • Derechos de Exportación: -39,7%
  • Derechos de Importación y otros: -26,8%
  • IVA: -14,6%
  • Combustibles: +18,6%

La fuerte disminución en Derechos de Exportación se asocia a la eliminación y reducción de alícuotas, especialmente en productos como soja, trigo y maíz. En tanto, la caída en los derechos vinculados a importaciones responde a un efecto base, dado el mayor volumen de compras externas registrado en febrero de 2025.

Acumulado del primer bimestre

En el acumulado a febrero, la recaudación totaliza 35,1 billones de pesos constantes, por debajo de los 38,5 billones de 2025, los 35,5 billones de 2024 y los 38,0 billones de 2023. En términos interanuales, la caída es de 1,0% respecto de 2024 y de 7,5% frente a 2023.

El informe completo puede consultarse en el sitio oficial de la Fundación Encuentro.

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