ANDIS: Lijo define 29 nuevas indagatorias en una causa por presunta corrupción de $75.000 millones
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo y eleva la presión judicial sobre un entramado que ya aparece como uno de los expedientes más sensibles en materia de gasto público social.
El juez federal Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días el pedido de 29 nuevas indagatorias, formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, a partir de un reciente hallazgo en la investigación que apunta a un esquema de desvío de fondos por más de 75.000 millones de pesos.
El planteo incluye además la posibilidad de dictar una inhibición general de bienes sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, entre ellas empresas proveedoras de insumos médicos.
Un sistema bajo sospecha
Entre los nuevos imputados aparecen el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, junto a más de una veintena de actores del sector privado.
La hipótesis fiscal sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría montado un esquema de direccionamiento de compras públicas de alto costo —conocidas como PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia)— mediante el cual se favorecía a determinadas empresas a cambio de retornos económicos.
Estas prestaciones incluyen prótesis, implantes cocleares, equipamiento médico especializado y sillas de ruedas motorizadas, destinadas a personas con discapacidad o enfermedades graves, en su mayoría sin cobertura médica y en situación de vulnerabilidad.
Según la investigación, el Programa Incluir Salud habría sido utilizado como estructura operativa para canalizar estas contrataciones, desviando recursos públicos destinados a sectores críticos.
Avance de la investigación
En los siete meses que lleva el expediente, la justicia avanzó sobre la presunción de que la ANDIS funcionó como “una ventanilla discrecional” para concentrar beneficios económicos en proveedores afines, en presunto incumplimiento de los principios de transparencia, competencia y control en la administración pública.
Los investigadores sostienen que existía acceso a información privilegiada para facilitar adjudicaciones, coordinar ofertas y configurar un esquema de cartelización.
El expediente, que Lijo heredó con 19 procesamientos al asumir como subrogante del Juzgado Federal N°11, continúa escalando en complejidad con la intervención de múltiples organismos especializados, entre ellos la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la PROCELAC, la SIFRAI y la DATIP.
Apelaciones y tensión judicial
En paralelo, los primeros 19 procesados ya apelaron sus imputaciones ante la Cámara Federal, que analiza los argumentos de las defensas. Los acusados cuestionan la figura de asociación ilícita y rechazan la existencia de un esquema sistemático de desvío de fondos.
Entre ellos se encuentran exfuncionarios y empresarios vinculados a la operatoria bajo investigación, en una causa que podría redefinir los mecanismos de control sobre programas sociales de alto impacto presupuestario.
La resolución que adopte Lijo en torno a las nuevas indagatorias será clave para determinar el alcance final del expediente y la eventual ampliación de responsabilidades en un caso que combina gestión pública, contrataciones sensibles y presuntas irregularidades millonarias.
