La UIA reclama un puente productivo y advierte por el empleo industrial
El Día de la Industria encontró al sector fabril en una posición de fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trazó una radiografía crítica de la actividad, advirtió por la pérdida de empleo registrado y reclamó un “puente” que permita atravesar la transformación económica sin profundizar el deterioro del entramado productivo.
El planteo industrial llegó en un momento en que la política económica del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación. Para la UIA, sin embargo, esa variable no alcanza para medir el estado de la economía real. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, sostuvo Rappallini, en una de las definiciones centrales de su discurso.
Según los datos citados por la entidad, la producción industrial se encuentra 10% por debajo del nivel de 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de hasta 30%. El deterioro también aparece en el mercado laboral: la UIA estimó en 90.000 los puestos registrados perdidos en la industria desde el inicio de la actual gestión, aunque otras cifras mencionadas durante la jornada ubicaron la pérdida de empleos directos en alrededor de 52.000 durante los últimos doce meses.
La diferencia entre ambos datos responde a los períodos de comparación utilizados, pero el diagnóstico empresarial converge en un punto: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce de manera homogénea en actividad industrial y empleo. Esa brecha es la que la principal cámara fabril busca instalar en la agenda económica.
Rappallini planteó que la apertura comercial es un “proceso necesario”, pero cuestionó que la industria deba enfrentar la competencia internacional manteniendo costos internos que, según el sector, reducen su capacidad para competir. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, resumió.
El concepto de “puente” sintetiza el pedido empresario. La UIA reclama reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir el contrabando y la competencia desleal, garantizar energía a precios competitivos, reducir la morosidad, mejorar la infraestructura exportadora y avanzar en una modernización laboral.
El reclamo tiene una dimensión estructural. La discusión ya no pasa solamente por medidas de protección frente a las importaciones, sino por las condiciones bajo las cuales las empresas argentinas pueden competir en una economía más abierta. Para el sector fabril, reducir aranceles y eliminar distorsiones no alcanza si la producción local enfrenta costos financieros, logísticos, tributarios y energéticos superiores a los de sus competidores.
Ese punto adquiere especial relevancia frente a la orientación sectorial del Gobierno. Milei impulsa con mayor intensidad actividades como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria reclama que la estrategia de desarrollo incorpore también la transformación de las materias primas en bienes con mayor valor agregado.
El debate sobre Vaca Muerta aparece como uno de los ejemplos más claros. Para los industriales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la extracción de hidrocarburos, sino en desarrollar proveedores, tecnología, bienes de capital y productos derivados que permitan ampliar el impacto de esa inversión sobre el resto de la economía.
La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dentro de la UIA existe el planteo de que los beneficios destinados a grandes proyectos deben generar mayores vínculos con la cadena industrial para evitar que el crecimiento de sectores primarios y extractivos tenga un impacto limitado sobre la producción manufacturera nacional.
En ese marco, el reclamo de la UIA puede leerse como una disputa por el modelo de crecimiento que seguirá a la estabilización. La industria acepta que la economía atraviese un proceso de transformación, pero reclama condiciones para evitar que la apertura termine acelerando la pérdida de capacidades productivas que luego resulten difíciles de reconstruir.
El mensaje político también fue explícito. Rappallini pidió dejar atrás las “descalificaciones” y las agresiones hacia quienes producen y sostuvo que las diferencias sobre la política económica deben procesarse dentro de la convivencia democrática. El planteo aparece después de una relación cada vez más tensa entre la conducción industrial y funcionarios del Gobierno.
En la misma jornada, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, profundizó las críticas y sostuvo que el Gobierno “no sabe lo que es una fábrica”. También cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “trader” y criticó por su orientación financiera. Las declaraciones muestran que el malestar empresarial ya no se limita a pedidos sectoriales y comienza a expresarse como una discusión abierta sobre el rumbo económico.
La ausencia de funcionarios de alto rango en el acto agregó otro elemento político al escenario. El Gobierno estuvo representado por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio, un funcionario que anteriormente había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”. La presencia de un representante de menor jerarquía, frente a una entidad que esperaba discutir de manera directa el rumbo productivo, fue interpretada por parte del sector como una señal de distancia.
Para las empresas, el problema inmediato es cómo atravesar la transición sin destruir empleo ni capacidad instalada. Para el Gobierno, el desafío consiste en demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en inversión, productividad y crecimiento sin recurrir a esquemas que perpetúen ineficiencias.
Ahí aparece el núcleo de la discusión. La industria no está reclamando simplemente volver al esquema anterior ni cerrar la economía frente a las importaciones. Está planteando que la apertura debe estar acompañada por una reducción efectiva de los costos que determinan la competitividad y por instrumentos que permitan financiar la reconversión.
La respuesta a ese planteo tendrá impacto sobre el empleo, pero también sobre la capacidad exportadora argentina. Una industria que incorpora tecnología, mejora productividad y logra integrarse a cadenas globales puede transformar la apertura en una oportunidad. Una estructura productiva que pierde empresas, proveedores y trabajadores calificados durante la transición tendrá mayores dificultades para capturar ese beneficio cuando llegue la etapa de expansión.
El conflicto entre la UIA y el Gobierno entra así en una nueva fase. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la inflación y pasó a una pregunta más compleja: qué estructura productiva tendrá la Argentina cuando la estabilización macroeconómica se consolide y qué sectores estarán en condiciones de aprovecharla.
