Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó previsibilidad y apoyo a las economías regionales desde Mendoza: “No pedimos privilegios, pedimos competitividad”
Durante la Jornada Mundo Uco, el vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, advirtió sobre la falta de estabilidad macroeconómica y reclamó políticas diferenciadas que fortalezcan la producción del interior. El dirigente destacó el rol estratégico del Valle de Uco y de las economías regionales como motor del desarrollo nacional.
Previsibilidad y estabilidad: el reclamo central del campo
En el marco de la Jornada Mundo Uco, realizada en la provincia de Mendoza, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, planteó la necesidad urgente de generar previsibilidad económica y estabilidad institucional para el desarrollo sostenible del sector agropecuario y de las economías regionales.
“Los productores pueden adaptarse a la sequía, a los mercados o a la distancia, pero no pueden planificar si las reglas cambian cada año. Necesitamos estabilidad macroeconómica, reglas claras y un Estado que acompañe con visión productiva, no con presión fiscal o burocrática”, afirmó Rotondo durante su exposición, en la que participaron referentes del ámbito rural, académico y empresarial.
El dirigente ruralista subrayó que, pese a los vaivenes económicos y climáticos, el interior productivo sigue siendo el corazón de la economía real argentina. “Cada vez que recorremos el interior confirmamos una verdad que desde Buenos Aires muchas veces no se ve: la Argentina productiva no se detiene. Aquí se trabaja, se invierte y se genera empleo genuino”, expresó.
El potencial cuyano y la necesidad de políticas diferenciales
Durante su intervención, Rotondo destacó el potencial productivo del Valle de Uco y de toda la región cuyana, con sectores clave como la vitivinicultura, la fruticultura, la horticultura y la ganadería, pero advirtió que ese potencial “solo puede concretarse con políticas diferenciadas que den previsibilidad y competitividad”.
“No pedimos privilegios, pedimos previsibilidad. No reclamamos subsidios, reclamamos competitividad. Queremos producir más, exportar más y generar desarrollo donde nacen los alimentos”, señaló el vicepresidente de CRA, en un mensaje que apuntó a las autoridades nacionales y provinciales.
El Valle de Uco, considerado uno de los epicentros de la producción vitivinícola argentina, se ha consolidado como un modelo de innovación y desarrollo en el interior, aunque enfrenta los mismos desafíos que el resto de las economías regionales: altos costos logísticos, presión impositiva, inestabilidad cambiaria y falta de crédito accesible.
Un llamado al federalismo productivo y al desarrollo equilibrado
Rotondo también planteó que el federalismo productivo debe ser una decisión política y no solo un discurso, reclamando mayor participación del interior en las decisiones económicas estratégicas.
“Cuando se apoya al campo, no se beneficia a un sector: se impulsa a toda la Argentina que trabaja, produce y cree en el futuro”, concluyó el dirigente, reafirmando el compromiso de CRA con los productores de todo el país.
El mensaje de la entidad llega en un contexto en el que distintos sectores productivos reclaman una agenda económica con previsibilidad, infraestructura y competitividad, factores esenciales para sostener el empleo y las exportaciones regionales en un escenario de desaceleración macroeconómica.
Los candidatos a Diputados por Misiones, Diego Hartfield y Maura Gruber junto a referentes de Libertad Avanza expusieron las prioridades económicas y regulatorias para Misiones en la antesala del 26 de octubre: reducción del Estado, reforma impositiva y zona franca nacional
En un evento llamado Misiones Productiva, los candidatos y referentes de Libertad Avanza en Misiones —entre ellos Diego Hartfield (candidato a diputado nacional), Miguel Boggiano (analista financiero)— el espacio delineó ejes prácticos de su propuesta económica: desburocratización, reforma impositiva y laboral, y una ambición de zona franca nacional. Los entrevistados defienden recortar el tamaño del Estado como condición previa para reducir impuestos y ampliar incentivos a la inversión; además pronostican que las reformas buscadas por el gobierno nacional necesitarán un volumen legislativo mayor, que se jugará en la elección del “veintiséis”, según sus propias palabras. La conversación remarcó preocupaciones concretas de productores y empresas misioneras sobre competitividad fronteriza, regulación ambiental y aplicación de normativas que, en su visión, frenan la inversión y el desarrollo productivo.
Propuestas centrales: desburocratizar, bajar impuestos y una reforma laboral e impositiva
Los referentes del espacio ubicaron como prioridad la “economía libre” y la eliminación de trabas que, según ellos, encarecen y desincentivan la actividad privada. Diego Hartfield afirmó que a los productores “les piden todo el tiempo desburocratizar el trabajo y que podamos tener una economía libre para poder trabajar”, y definió a la sobrecarga tributaria provincial como un problema estructural: “tenemos una aduana paralela, un peaje a la entrada… no puede ser… en una provincia que es una esquinita entre Brasil y Paraguay cobrar peaje en la entrada nos dificulta mucho la competitividad”.
En la agenda legislativa propuesta, los ejes mencionados con mayor insistencia fueron:
Reforma impositiva para reducir el peso de las transferencias y retenciones en las cadenas productivas.
Reforma laboral orientada a “achicar el costo” de despido y evitar incentivos a la judicialización masiva de conflictos laborales. Miguel Boggiano subrayó que “la primera es la reforma laboral y la segunda es la reforma impositiva”, y advirtió sobre efectos de litigiosidad en el fuero laboral que, a su juicio, distorsionan incentivos empresariales.
Hartfield lo sintetizó: “primero trabajamos en eficientizar las cuentas… una vez que tengamos las cuentas ordenadas… el siguiente paso es bajar impuestos”.
Zona franca, crédito y expectativas de inversión: enfoque nacional con impacto local
El anuncio reciente sobre la ampliación de la zona franca a Posadas y Bernardo de Yrigoyen fue tema de debate. Para Hartfield, la medida es positiva en tanto se avance hacia una “zona franca para todo el país”: “Hay que ver las delimitaciones de esta nueva zona franca”, dijo, y añadió que lo importante es evitar cargas impositivas por transferencias internas. Sin embargo, tanto Hartfield como Aldo Gruber manifestaron recelos sobre que la implementación sectorial o la concesión a actores específicos derive en beneficios concentrados: Gruber señaló que algunas soluciones “serían negocio para la empresa y para algunos que pueden comprar algo, pero en general no sé cómo se va a pasar eso en el resto de la provincia”.
Miguel Boggiano vinculó la agenda de reformas con la llegada de financiamiento y crédito: señaló que la incertidumbre electoral y la fragmentación de los comicios a lo largo del año han frenado decisiones de inversión y consumo. “Cualquier inversión o consumo se pospone… eso reduce la actividad”, afirmó, y añadió que la posibilidad de crédito a tasas razonables dependerá de la resolución de la incertidumbre macro y política.
Reglamentación ambiental, uso de agroquímicos y gestión pública: tensiones entre producción y conservación
En la voz del empresariado misionero representado por Aldo Gruber emergieron reclamos claros sobre la normativa ambiental y fitosanitaria. Gruber pidió una readecuación de la ley 26.331 (citada como “la Ley Bonazo” en la entrevista, también conocida como Ley de Bosques) para “que esté acorde” y permita desarrollar actividades de industria, ganadería y forestación, sin afectar los parques nacionales y provinciales. Sobre el glifosato, reclamó que se despeje la incertidumbre regulatoria: “el tema del glifosato… es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los productores. Hoy te doy y mañana te corto la cabeza”.
Además, Gruber insistió en la necesidad de un Estado más eficiente y menos clientelar: “hay que eficientizar el Estado… no haya tantos ñoquis… que solo ponen sello”, reclamó, y dijo que el foco del sector debe ser la previsibilidad y la seguridad jurídica para invertir.
Riesgos políticos y sociales: presiones, miedo al voto y judicialización
En el relato de campaña, Hartfield describió tensiones en el terreno electoral: denunció presión sobre votantes en comunidades del interior y señaló que “mucha gente se nos acerca y no quiere salir en las fotos, tienen miedo”. También se hizo referencia a episodios judiciales vinculados al propio espacio: “El mismo Espert se apartó y está en manos de la justicia”, dijo Hartfield, pidiendo concentrarse en propuestas en la recta final de campaña.
Por su parte, Boggiano advirtió que la dinámica política —con elecciones desdobladas— genera pausas en la economía que afectan a empresas y familias, con efectos multiplicadores sobre la inversión y la dolarización de activos por parte de los agentes económicos.
Repercusiones previsibles por sector
Productores y pymes locales. Las demandas de menor carga fiscal y de reglas laborales más flexibles responden a que los actores productivos buscan reducir costos de operación y litigiosidad. Si se impulsaran las reformas propuestas, podrían aliviarse costos de corto plazo, pero también generar confrontación con sindicatos y sectores que defienden la actual tutela laboral.
Sector ambiental y comunidades locales. Las propuestas de readecuar normativas ambientales y levantar restricciones sobre agroquímicos pueden intensificar el debate entre productores y grupos ambientalistas; la ausencia de consensos técnicos podría derivar en conflictos políticos y judiciales.
Inversores y crédito. La expectativa de mayor crédito y de llegada de inversiones internacionales (mencionada en términos generales por Boggiano) depende de la confianza que generen decisiones fiscales y de gobernabilidad; la incertidumbre electoral y la percepción de riesgo regulatorio pueden frenar estos flujos a corto plazo.
Política nacional y legislativa. Los entrevistados enfatizan que la viabilidad de reformas estructurales (impositiva y laboral) exige volumen legislativo en el Congreso y, por tanto, que los resultados del “veintiséis” serán determinantes para traducir discursos en cambios normativos.
Viabilidad y puntos de conflicto
Las propuestas que articulan Hartfield, Boggiano y Gruber combinan reclamos de competitividad regional (reducción de impuestos y simplificación administrativa) con un claro sesgo hacia la liberalización económica. Para que estas medidas se concreten, las condiciones que los entrevistados mismos señalan —orden fiscal, acuerdo político en el Congreso y mayor certidumbre macroeconómica— deben darse en simultáneo. De lo contrario, existe el riesgo de generar tensiones distributivas (trabajadores vs. empleadores), conflictos regulatorios (ambientalistas vs. productores) y percepción de captura de beneficios si medidas como la creación o ampliación de zonas francas terminan concentrando ventajas en actores privilegiados.
En suma, la campaña en Misiones exhibe una narrativa coherente con la estrategia nacional del espacio: empujar reformas profundas que reducen el rol del Estado y recortan cargas para el sector privado, planteo que enfrenta resistencias políticas y sociales importantes y cuya implementación dependerá tanto del resultado electoral del “veintiséis” como de la capacidad de negociación del gobierno para articular consensos.
Textuales:
Diego Hartfield: “A nosotros nos piden todo el tiempo desburocratizar el trabajo y que podamos tener una economía libre para poder trabajar.”
Diego Hartfield: “Tenemos una aduana paralela, un peaje a la entrada… en una provincia que es una esquinita entre Brasil y Paraguay cobrar peaje en la entrada nos dificulta mucho la competitividad.”
Miguel Boggiano: “La primera es la reforma laboral y la segunda es la reforma impositiva.”
Aldo Gruber: “La Ley Bonazo (Ley de bosques)… es muy estricta y no permite el desarrollo de la industria, de la ganadería, forestación.”
Aldo Gruber sobre el glifosato: “Es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los productores. Hoy te doy y mañana te corto la cabeza.”
Diego Hartfield sobre la zona franca: “Hay que ver las delimitaciones de esta nueva zona franca… lo importante desde nuestro lugar es intentar que no haya impuestos a una transferencia.”
La Universidad CAECE presentó el primer Índice de Creatividad de Argentina. El país supera a Brasil y Colombia, pero queda detrás de México, Canadá y Australia
El Observatorio de Productividad y Competitividad (OPyC) de la Universidad CAECE, perteneciente a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presentó el Índice de Creatividad de Argentina. Un instrumento inédito que mide el talento, la innovación y la capacidad creativa del país bajo parámetros comparables a nivel internacional.
El resultado ubica a Argentina con un puntaje de 3,77, por encima de Brasil (3,18) y Colombia (3,42). Aunque aún por debajo de México (4,29), Canadá (4,64) y Australia (4,87).
Una herramienta inédita para medir talento, innovación y valor cultural
El nuevo índice, elaborado durante 2024 y presentado en mayo de 2025, constituye el primer intento sistemático por cuantificar la creatividad de Argentina con una metodología homologable a estudios internacionales.
Según el documento oficial del OPyC, la creatividad se entiende como “la capacidad de transformar ideas talentosas e innovadoras en realidades.Que generan valor económico, social y cultural”.
El indicador se construye a partir de cuatro ejes con igual ponderación: Diseño, Exportación de conocimiento, Deporte, y Arte.
Dentro de cada eje se incluyen más de 100 indicadores, que abarcan desde patentes y exportaciones en millones de dólares hasta colaboraciones artísticas internacionales, premios globales y títulos deportivos. Para garantizar la comparabilidad, los valores de cada variable fueron normalizados entre 0 y 10, según se detalla en el anexo técnico del informe68e7d27c49ed7db8e1ba139f_Presen….
Resultados y tendencias: la exportación de conocimiento lidera el desempeño argentino
El estudio muestra que Argentina mantiene una tendencia creciente en creatividad a lo largo del tiempo. Con una leve caída durante el período de pandemia (2020-2021) y una recuperación sostenida en los años posteriores.
De acuerdo con los resultados, el país alcanzó en 2023 su segundo mejor registro histórico, sólo superado por el año 2015.
El eje con mejor desempeño fue el de exportación de conocimiento, seguido por arte, deporte y diseño. Para el Observatorio de Productividad y Competitividad, este resultado refleja “la capacidad del país de exportar inteligencia e innovación. Así como la potencia de su talento artístico, deportivo y tecnológico en el escenario global”.
La investigación toma como referencia la definición del Department for Culture, Media and Sport (DCMS) del Reino Unido. La cual conceptualiza las industrias creativas como aquellas que “tienen su origen en la creatividad, las competencias, el talento individual y la innovación. Y que poseen potencial para generar riqueza y empleo a través de la propiedad intelectual”.
Proyección: creatividad como vector de competitividad y desarrollo
El Índice de Creatividad de Argentina fue concebido como un instrumento de política pública y gestión institucional que aporte una referencia clara para el desarrollo económico y cultural.
En palabras del informe, su propósito es “ofrecer información confiable que permita potenciar el valor de la creatividad nacional como motor de productividad y competitividad para las personas, las empresas y los países”.
La Universidad CAECE y la CAC destacaron que esta herramienta permitirá monitorear la evolución del talento argentino y comparar su desempeño con otras economías de referencia, consolidando un marco de medición periódica que capture tanto los logros culturales como los avances en innovación aplicada.
Producción primaria, qué provincias eximen del pago de Ingresos Brutos y cómo se compara el régimen de Misiones.
La carga tributaria sobre la producción agropecuaria y forestal muestra diferencias significativas entre provincias. Mientras algunas jurisdicciones aplican alícuotas que rondan entre el 0,5% y el 1,5%, Misiones se destaca por mantener una política de exención total en virtud de la Ley XXII – N.º 35, que protege a los productores primarios locales de impuestos provinciales, tasas y contribuciones.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) constituye una de las principales fuentes de recaudación de las provincias argentinas. Sin embargo, su aplicación al sector primario ha sido históricamente objeto de debate. La actividad agropecuaria, ganadera, forestal y de caza se caracteriza por ciclos productivos largos y alta exposición a variaciones climáticas y de precios, por lo que diversos gobiernos provinciales optaron por aliviar la carga fiscal con alícuotas reducidas o exenciones totales.
En 2025, según la comparación de regímenes fiscales, la mayoría de las provincias aplica tasas entre 0,5% y 1,5% a la producción primaria. Ejemplos destacados:
Corrientes: 1,15%
Chaco: 0,5%
Entre Ríos: 1%
San Juan: 1,5%
La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego: 0,0% (exentas)
En contraste, otras jurisdicciones, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán, aplican tasas que oscilan entre 0,75% y 1,2%.
El caso Misiones: un régimen de protección fiscal consolidado
En Misiones, la Ley XXII – N.º 35, artículo 157, establece que los ingresos derivados de actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y otras actividades extractivas están exentos del pago de impuestos provinciales, incluidos Ingresos Brutos, tasas y contribuciones.
Esta decisión coloca a la provincia en una posición diferencial respecto de la mayoría de las jurisdicciones del país, al eliminar la presión impositiva sobre el eslabón primario de la cadena productiva. El objetivo declarado de la norma es favorecer la competitividad de los productores misioneros, en un contexto donde los costos asociados a insumos, combustibles y logística aumentaron de manera sostenida en los últimos años.
La exención de Misiones es valorada por productores locales como un incentivo directo a la inversión y a la permanencia en el campo. En contraste, en provincias donde se aplican alícuotas sobre Ingresos Brutos, las asociaciones rurales advierten que el impuesto opera como un costo acumulativo, que reduce márgenes y complica la rentabilidad de las economías regionales.
El impacto político y económico de estas diferencias es significativo: Para Misiones, la exención representa una ventaja competitiva frente a provincias vecinas, especialmente en sectores como la forestación, la yerba mate y el tabaco. Para las provincias que mantienen alícuotas, la recaudación se sostiene a costa de mayor presión fiscal sobre productores.
La discusión se inserta además en un debate más amplio sobre la armonización tributaria nacional, en la que algunos especialistas plantean la necesidad de revisar el rol del Impuesto a los Ingresos Brutos por su carácter distorsivo.
La continuidad de la exención en Misiones fortalece su estrategia de promoción productiva y arraigo rural, aunque abre el interrogante sobre la sustentabilidad fiscal a largo plazo, dado que renuncia a una fuente de ingresos provinciales.
El escenario proyectado muestra que, en un contexto de alta inflación y recesión, más provincias podrían verse presionadas a ajustar sus políticas impositivas para sostener al sector primario. En ese marco, Misiones aparece como un caso testigo en la discusión sobre si el alivio fiscal genera más beneficios productivos que la recaudación inmediata.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la proliferación de regímenes provinciales que obligan al pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el ingreso de mercaderías provenientes de otras jurisdicciones. Según la entidad, estas medidas generan barreras al comercio interprovincial, aumentan los costos logísticos y fiscales y constituyen “aduanas interiores” contrarias al espíritu constitucional.
Los casos alcanzan a Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Catamarca y Neuquén, donde se aplican regímenes de percepción y pago a cuenta que encarecen la operatoria. Para la entidad empresaria estos regímenes constituyen una seria barrera al comercio interjurisdiccional, generan ineficiencias operativas, aumentan la carga burocrática y elevan los costos de las empresas.
A continuación, se detallan los mismos:
Provincia del Chaco – Administración Tributaria Provincial: Resolución General N° 1566 y sus complementarias Resoluciones Generales N° 1570, N° 1588, N° 1594, N° 1707 y N° 2094.
Provincia de Formosa – Dirección General de Rentas: Resolución General N° 50/2020 y N° 35/2021.
Provincia de Jujuy – Dirección Provincial de Rentas: Resolución General N° 1661/2024 y sus complementaria/modificatoria Resolución General N° 1670/2024 y N°1713/2025.
Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas: Decreto 2913/2007 y Resolución General N° 56/2007 y sus complementarias/modificatorias.
Provincia de Salta – Dirección General de Rentas: Decreto No 2419/2009, las Resoluciones Generales No 12/2016, 07/2023, 15/2023, 04/2024 y 08/2025.
Provincia de San Luis – Dirección Provincial de Ingresos Públicos: Resolución General 8/2016 y sus complementarias/modificatorias.
Provincia de Catamarca – Administración General de Rentas: Resolución 61/2012.
Provincia de Neuquén – Dirección Provincial de Rentas: Proyecto de ley 16.487 ingresado por el Bloque Neuquén Federal, el 5 de marzo de 2024.
En este contexto, la Entidad solicitó la intervención de las autoridades nacionales para garantizar el pleno respeto del marco constitucional y resguardar el normal desenvolvimiento del comercio en el país.
Marco constitucional y reclamo al Gobierno nacional
La CAC fundamentó su rechazo en que el artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad de “regular el comercio con las provincias y de éstas entre sí”, lo cual, según la entidad, invalida cualquier normativa que implique obstáculos locales a la libre circulación de bienes.
En este sentido, reclamó la intervención de las autoridades nacionales para “garantizar el pleno respeto del marco constitucional y resguardar el normal desenvolvimiento del comercio en el país”.
El planteo de la CAC no solo interpela a los gobiernos provinciales, que buscan reforzar su recaudación en un contexto de ajuste fiscal, sino también al Ejecutivo nacional, que debe equilibrar la autonomía tributaria de las provincias con el mandato constitucional de un mercado interno integrado y sin distorsiones.
El reclamo de la Cámara se inscribe en un debate de fondo sobre la presión fiscal y la competitividad del sector privado. La proliferación de regímenes de retención de Ingresos Brutos impacta especialmente en pymes y empresas de logística, que enfrentan sobrecostos administrativos y financieros.
De prosperar la intervención nacional, podrían iniciarse acciones judiciales de inconstitucionalidad o instancias de coordinación fiscal en el marco del Consenso Fiscal. Sin embargo, en un contexto de alta dependencia de las provincias de la recaudación propia, es previsible que surjan resistencias políticas.
