Concejo Deliberante

Oberá debatirá un nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en una audiencia pública

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La ciudad de Oberá volverá a poner en discusión el costo del transporte público de pasajeros. Este miércoles 1° de julio se desarrollará la 25ª Audiencia Pública, instancia prevista por la normativa municipal para analizar el pedido de actualización tarifaria del servicio urbano de colectivos, un proceso que involucra tanto a las empresas prestatarias como a funcionarios, organismos de control y usuarios del sistema.

La convocatoria se produce en un contexto de fuertes tensiones sobre los costos operativos del transporte urbano, atravesado por el incremento de los combustibles, los salarios, los insumos y el mantenimiento de las unidades, factores que en los últimos meses impulsaron nuevos pedidos de recomposición tarifaria en distintas ciudades del país.

Según el orden del día de la audiencia, las dos empresas concesionarias del servicio, Tipoka S.A. (Línea Guacurarí) y Sendero Guaraní S.A., serán las primeras en exponer sus argumentos para fundamentar la necesidad de revisar el cuadro tarifario. Ambas dispondrán de diez minutos para presentar la evolución de sus costos y la situación económica del servicio.

También participará el Departamento de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Oberá, representado por Jorge Fabián Pizzutti, quien brindará la posición técnica del Ejecutivo municipal respecto del funcionamiento del sistema y del impacto que tendría una eventual modificación del valor del boleto.

La Defensoría del Pueblo también tendrá intervención durante la audiencia. Claudia Isabel Urrutia contará con un espacio de cinco minutos para expresar la posición del organismo en representación de los derechos de los usuarios del transporte público.

Como ocurre en este tipo de instancias participativas, vecinos previamente inscriptos podrán formular observaciones y plantear sus opiniones respecto del servicio. En esta oportunidad fueron habilitadas las intervenciones de Eva Miranda, Irma Beatriz Saraceni, Nicolás Maximiliano Machado, Reina Isabel González y Miguel Ángel Morales, quienes expondrán durante cinco y diez minutos, según el cronograma establecido.

Si bien la audiencia pública no tiene carácter vinculante, constituye un paso obligatorio antes de que las autoridades municipales adopten una decisión sobre un eventual incremento del boleto. Los planteos realizados durante la jornada pasarán a integrar el expediente administrativo que luego será evaluado por los organismos competentes.

El debate adquiere especial relevancia en un escenario donde el transporte urbano enfrenta el desafío de sostener la prestación del servicio con una estructura de costos en permanente aumento, mientras los usuarios reclaman preservar la accesibilidad económica del boleto. El equilibrio entre la sustentabilidad financiera de las empresas y la capacidad de pago de los pasajeros volverá a ocupar el centro de la discusión en una audiencia que marcará el rumbo del sistema de transporte obereño durante los próximos meses.

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Posadas impulsa un proyecto para ordenar la actividad física en espacios públicos

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El director de Deportes de la Municipalidad de Posadas, Renzo Romero, explicó los alcances del proyecto presentado en el Concejo Deliberante que busca regular el uso de los espacios públicos para la práctica de actividad física, en diálogo con Radio Municipal. 

La iniciativa apunta a establecer un ordenamiento de las actividades físicas y deportivas que se desarrollan en lugares como la costanera, el Jardín Botánico, la zona del Brete y el Parque de la Ciudad. Según Romero, el proyecto se trabaja en conjunto con el Consejo de Profesionales de Educación Física, con el objetivo de garantizar que quienes estén a cargo de los grupos cuenten con la idoneidad necesaria para llevar adelante este tipo de actividades.
El funcionario aclaró que no se prevé el cobro de tasas a los profesores que dictan clases en espacios públicos. “No se está planteando esa cuestión, sino que más que nada un ordenamiento, una planificación de estas actividades”, indicó. La idea central es asegurar el buen uso del espacio y la convivencia entre quienes hacen ejercicio y el resto de los ciudadanos, como familias con niños o personas que simplemente disfrutan del lugar.
Entre las medidas contempladas se encuentran la definición de horarios específicos, la asignación de sectores habilitados para distintos tipos de actividades y la creación de un registro de profesores que operan en el espacio público. A diferencia de los clubes, que ya cuentan con un sistema de permisos municipales, los entrenadores independientes no tenían hasta ahora un marco regulatorio formal.
Romero destacó que Posadas cuenta con una intensa actividad física y deportiva durante todo el año, que se intensifica en primavera y verano, y señaló que la ciudad ya dispone de espacios bien equipados —con baños, agua potable e iluminación— para desarrollar estas prácticas de manera ordenada.

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Reordenamiento vial en Oberá: el Concejo Deliberante inicia el análisis del proyecto

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El presidente del Concejo Deliberante de Oberá, Pablo Ullón, se refirió al proyecto de Reordenamiento Vial – Cuadrante IV, una iniciativa técnica elaborada por el Consejo de Planificación Estratégica de Oberá, y remarcó que la propuesta no está aprobada y recién comienza su etapa de estudio dentro del cuerpo legislativo.

“Es un proyecto que está ingresando al Concejo y que obviamente vamos a empezar a tratar”, explicó Ullón, al tiempo que precisó que abarca el sector céntrico comprendido por arterias clave como las avenidas Sarmiento, Libertad y Tucumán, entre otras calles de alta circulación vehicular.

El titular del Concejo destacó que la propuesta fue desarrollada por profesionales del COPEO —integrado por arquitectos, ingenieros y agrimensores— y que responde a un análisis técnico del tránsito en el microcentro. Sin embargo, insistió en que el expediente deberá atravesar el proceso habitual de evaluación: “Estos proyectos llevarán su tiempo de análisis. Tenemos que estudiarlo bien en profundidad”.

Según detalló, el objetivo general es avanzar hacia un reordenamiento vial que permita mejorar la circulación y optimizar el funcionamiento del transporte público urbano, incluyendo una mejor organización del sistema de colectivos y su transferencia en el área céntrica.

Ullón también señaló que el tratamiento del proyecto incluirá el análisis de los costos asociados, como la adecuación de semáforos, cartelería y otras intervenciones necesarias: “Todo lo que tenga que ver con el presupuesto también será explicado cuando vengan los profesionales”.

En ese sentido, no se establecieron plazos para una eventual aprobación o rechazo. “No hay un tiempo límite. Dependerá del trabajo en comisión, de las dudas que tengamos los concejales y de la necesidad de convocar a especialistas”, indicó.

El concejal reconoció además que la iniciativa generó inquietudes en la comunidad, especialmente en redes sociales, pero pidió cautela: “Son proyectos de gran magnitud que generan opiniones. Pero esto es todo embrionario, tenemos que empezar a estudiarlo”.

Finalmente, fue enfático al aclarar la situación actual del proyecto: “No está aprobado. Está en pleno estudio y recién se va a comenzar a analizar”.

El proyecto de Reordenamiento Vial – Cuadrante IV surge de un estudio integral impulsado por el COPEO, con participación de funcionarios municipales y concejales, que detectó problemas de circulación, conflictos en intersecciones y dificultades en el transporte público en el microcentro de la ciudad.

Entre sus principales ejes, propone reorganizar el sistema de colectivos en torno a la Plaza San Martín mediante una futura estación de transferencia, además de introducir cambios puntuales en los sentidos de circulación dentro del cuadrante delimitado por las avenidas Sarmiento, Libertad, Misiones y Tucumán.

La iniciativa busca lograr una circulación más ordenada, segura y eficiente, mejorar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos. No obstante, todas estas medidas forman parte de un proyecto en análisis, que deberá ser debatido y evaluado por el Concejo Deliberante antes de cualquier definición.

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Puerto Esperanza endurece el control del gasto: prohíben al Concejo otorgar ayudar y subsidios

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El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza firmó el Decreto N° 06, una norma que redefine los límites en el manejo de fondos públicos dentro del municipio y apunta directamente a frenar prácticas irregulares detectadas en el Concejo Deliberante. La medida establece una prohibición expresa para que el cuerpo legislativo disponga o ejecute gastos de carácter social, como entrega de subsidios, mercaderías o asistencia directa a vecinos e instituciones.

El decreto se sustenta en la Carta Orgánica Municipal, la Ley VII N° 11 de Contabilidad y resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, y refuerza la división de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según el texto, el Departamento Ejecutivo es el único órgano con facultades para ejecutar el gasto público, mientras que el Concejo Deliberante debe limitarse a tareas legislativas y de control.

La decisión se produce tras la detección de una “reiteración sistemática de prácticas administrativas irregulares”, entre ellas la entrega de vales de combustible, subsidios en dinero y mercadería sin cumplir los procedimientos legales ni contar con la intervención de los órganos de control. Estas acciones, advierte el decreto, configuraban un esquema de funcionamiento “asimilable a una municipalidad paralela”.

Bloqueo del gasto y advertencia a funcionarios

Uno de los puntos centrales de la norma es el bloqueo operativo de cualquier gasto originado en el Concejo que exceda sus competencias. La Secretaría de Hacienda y la Contaduría Municipal deberán rechazar, no registrar ni pagar erogaciones que no se ajusten al marco legal vigente.

Además, el decreto establece responsabilidad personal para los funcionarios que autoricen o intervengan en gastos irregulares. Las sanciones pueden incluir la obligación de reintegrar fondos, denuncias ante el Tribunal de Cuentas e incluso acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

En paralelo, se fija un régimen estricto para la asistencia social: cualquier ayuda económica o entrega de bienes deberá tramitarse exclusivamente a través del Ejecutivo, con informe socioambiental, verificación de vulnerabilidad, control sanitario en casos médicos y cumplimiento de los procedimientos administrativos y de rendición.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca “restablecer la legalidad, proteger el erario público y garantizar la transparencia en el uso de los recursos”. En ese marco, se instruyó a las áreas administrativas a informar cualquier irregularidad al Tribunal de Cuentas y elevar reportes periódicos al intendente.

El decreto entra en vigencia inmediata y marca un punto de inflexión en la dinámica institucional del municipio, al cerrar la puerta a prácticas discrecionales y reforzar el control sobre el gasto público en un contexto de creciente presión sobre las finanzas locales.

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Oberá redefine el poder barrial: el Concejo fortalece la autonomía de las comisiones vecinales

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El Concejo Deliberante de Oberá avanzó este martes 17 de marzo con una decisión que reconfigura el equilibrio entre el poder político local y la organización comunitaria: aprobó una modificación a la ordenanza que regula las comisiones vecinales, incorporando restricciones explícitas a la participación de funcionarios municipales en cargos clave y ampliando los mecanismos de participación ciudadana. La medida, adoptada en la tercera sesión ordinaria del año, introduce un cambio de fondo en la lógica de representación barrial. La pregunta que queda planteada es si este movimiento consolida autonomía real o redefine la forma en que el poder político se proyecta en el territorio.

El dato central es concreto: los cargos de presidente y vicepresidente de las comisiones vecinales no podrán ser ocupados por empleados o funcionarios del municipio. La decisión apunta a cortar una práctica habitual en muchas estructuras locales, donde la frontera entre gestión política y representación vecinal suele diluirse.

De la participación guiada a la autonomía institucional

La reforma no surge en el vacío. Se inscribe en una política sostenida del Concejo orientada a fortalecer las comisiones vecinales como canales de articulación entre el Estado y los barrios. Pero introduce un matiz relevante: delimita con mayor claridad los roles.

La concejal María Luisa Glum, presidenta de la comisión que impulsó el proyecto, explicó que la norma busca garantizar independencia administrativa y política. Traducido a términos concretos, implica que las decisiones dentro de las comisiones no podrán estar condicionadas por la estructura municipal en sus niveles de conducción.

El cambio también redefine quiénes participan y cómo. Se elimina la exigencia de un padrón previo para votar y se habilita la participación de personas desde los 16 años con al menos un año de residencia en el barrio. La medida amplía la base electoral y flexibiliza el acceso, lo que puede traducirse en mayor volumen de participación, pero también en nuevas dinámicas internas.

A su vez, se incorporan requisitos formales para quienes integren las comisiones: acreditación de domicilio, presentación de certificados de antecedentes para cargos de conducción y libre deuda municipal. El esquema combina apertura en la participación con mayores exigencias para quienes ocupen roles de decisión.

Tensiones internas y señales políticas en el recinto

El tratamiento del proyecto dejó una señal política que excede lo normativo. Si bien la iniciativa logró dictamen favorable en comisión con aportes de distintos concejales, en la sesión apareció una abstención que no había sido anticipada en el trabajo previo.

Ese gesto, señalado por la propia Glum, introduce una lectura sobre la dinámica interna del cuerpo: hay acuerdos de fondo, pero también diferencias en la forma de avanzar. No se trata de un conflicto abierto, pero sí de una señal de matices en torno a cómo se regula la relación entre el municipio y las organizaciones barriales.

En términos de correlación de fuerzas, la ordenanza fortalece a los actores comunitarios al reducir la incidencia directa del aparato municipal en la conducción de las comisiones. Al mismo tiempo, obliga al Ejecutivo local a redefinir sus mecanismos de articulación territorial, ya no desde la conducción interna sino desde el acompañamiento.

Impacto en la gestión y en la política local

La decisión tiene efectos que van más allá de lo institucional. Las comisiones vecinales cumplen un rol operativo clave: canalizan demandas, impulsan proyectos y funcionan como primera instancia de contacto entre vecinos y Estado.

Al limitar la participación directa de funcionarios en su conducción, el Concejo busca reforzar su legitimidad como representación genuina del barrio. Pero ese mismo movimiento puede generar nuevos desafíos en la coordinación con el municipio, especialmente en la implementación de políticas públicas.

En paralelo, la ampliación de la base de participación —con voto desde los 16 años y sin padrón previo— introduce un componente más dinámico y menos estructurado. Esto puede favorecer la inclusión, pero también exige nuevas formas de organización y control interno.

Un modelo en transición: autonomía, control y construcción territorial

La reforma aprobada en Oberá marca un punto de inflexión en la forma en que se concibe la participación barrial. No elimina la relación con el Estado, pero redefine sus límites.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo se implementan estos cambios en la práctica: cómo se organizan las elecciones, qué nivel de participación se alcanza y cómo se articula la relación con el municipio bajo este նոր esquema.

También quedará por ver si la autonomía formal se traduce en mayor capacidad de incidencia real o si emergen nuevas tensiones en la gestión cotidiana de los barrios.

El Concejo dio un paso para ordenar el vínculo entre política y territorio. El resultado dependerá de cómo ese equilibrio se sostenga en la práctica, en un escenario donde la participación y el poder nunca son estáticos.

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