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Hidrovía: el Gobierno avanza con la licitación y deja solo a dos oferentes en carrera tras filtrar la primera etapa

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la licitación de la Vía Navegable Troncal al aprobar, el 19 de abril de 2026, la primera etapa del proceso y dejar en carrera a solo dos oferentes. A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se precalificaron las propuestas de JAN DE NUL N.V. junto a SERVIMAGNUS S.A. y de DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que se declaró inadmisible la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA. La apertura del Sobre N° 2 —clave para definir la adjudicación— quedó fijada para el 22 de abril a las 13 horas. La decisión ordena el proceso, pero también delimita la competencia en una licitación estratégica: ¿se consolida un esquema de concentración o se garantiza competencia real en el control de la hidrovía?

Un proceso bajo control estatal y reglas estrictas

La licitación se enmarca en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, con el objetivo de modernizar, ampliar y mantener el sistema de señalización y dragado desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino.

El esquema institucional fue redefinido en 2025 con la creación de la ANPYN, que absorbió las funciones de la ex Subsecretaría de Puertos y de la Administración General de Puertos. Desde allí se centraliza la conducción del proceso licitatorio, con facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para llamar, evaluar y adjudicar.

Antes de llegar a esta instancia, el Gobierno habilitó una etapa de observaciones al pliego, con participación de actores del sector y recomendaciones internacionales. Ese proceso derivó en ajustes técnicos y en la apertura formal de la licitación a fines de 2025.

En febrero de 2026 se recibieron tres ofertas. Tras el análisis técnico del Sobre N° 1, la comisión evaluadora consideró admisibles dos propuestas y recomendó su precalificación. La tercera fue descartada por no cumplir un requisito clave: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Reglas formales y tensión con los oferentes

El rechazo de DTA ENGENHARIA LTDA no solo reduce la competencia, sino que expone el peso de las condiciones formales en el proceso. La empresa intentó cuestionar el dictamen de evaluación, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con los requisitos de impugnación, entre ellos la garantía correspondiente.

La resolución subraya un punto sensible: las instancias para cuestionar el pliego o las condiciones del proceso ya habían concluido. En ese marco, cualquier intento de revisión fuera de término es considerado improcedente.

El mensaje es claro: la administración prioriza la estabilidad jurídica del proceso y el respeto estricto a las reglas. Pero esa misma rigidez también redefine el escenario competitivo, dejando a dos actores en la instancia decisiva.

Impacto en la puja por la hidrovía

Con dos oferentes precalificados, la licitación entra en su fase más sensible. El Sobre N° 2 contendrá las variables económicas que definirán la adjudicación de una concesión que abarca dragado, señalización y mantenimiento de la principal vía de exportación del país.

La reducción de competidores puede tener efectos directos en la dinámica de la puja. Menos oferentes implica menor presión competitiva, aunque también puede interpretarse como un filtro que garantiza estándares técnicos y financieros.

Desde el punto de vista político, el Gobierno avanza con una licitación que considera estratégica para la economía nacional. El proceso busca combinar inversión privada con control estatal en un sector donde históricamente se concentran intereses económicos de alto impacto.

Definición inminente y foco en el resultado

La apertura del Sobre N° 2, prevista para el 22 de abril, marcará el inicio de la etapa final. Allí se pondrán en juego las condiciones económicas de las propuestas, incluyendo tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

El proceso llega a esta instancia sin impugnaciones formales vigentes, lo que fortalece su validez administrativa. Sin embargo, la atención estará puesta en la transparencia de la adjudicación y en el equilibrio entre competencia y concentración.

La hidrovía vuelve a ser un eje de poder económico y político. La resolución ordena el procedimiento, pero la definición de fondo —quién controlará el principal corredor fluvial del país— todavía está en construcción.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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El Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía y deja en carrera a dos firmas

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El Gobierno nacional formalizó el avance de la licitación para la privatización de la Hidrovía al aprobar la evaluación técnica inicial y dejar en competencia a solo dos empresas internacionales: Jan de Nul y DEME. La decisión se oficializó tras el análisis del Sobre 1 y marca el inicio de la etapa clave del proceso, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la transparencia y el diseño de los pliegos.

La definición ocurre en un momento sensible: la Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos del país, lo que la convierte en un activo central para la economía argentina y en un foco de disputa política y empresarial.

Marco institucional: una licitación con reglas bajo la lupa

Según el acta oficial, la Comisión Evaluadora consideró que ambas compañías cumplieron con los requisitos técnicos, operativos y financieros exigidos. En paralelo, otras firmas quedaron fuera del proceso, con la posibilidad de impugnar la decisión en un plazo de siete días.

El procedimiento continúa con la apertura del Sobre 2, donde se evaluará el plan de trabajo de los oferentes. Esa instancia definirá aspectos clave como la ejecución del dragado, el balizamiento y los servicios asociados.

Sin embargo, el diseño del pliego aparece como uno de los puntos más sensibles. De acuerdo con la información disponible, las condiciones técnicas habrían dejado fuera a competidores considerados más agresivos en términos de oferta, lo que condicionó el universo de participantes desde el inicio.

Menos oferentes y mayor concentración del proceso

El resultado de esta primera etapa reduce la competencia a dos actores internacionales con experiencia en el sector. Ambas compañías ya operan en el mercado global del dragado y la infraestructura portuaria.

El esquema licitatorio contempla una concesión integral que incluye múltiples servicios, lo que amplía el alcance del negocio y eleva su complejidad técnica. A su vez, el pliego habilita la participación de socios o subcontratistas, un punto que adquiere relevancia en la lectura política del proceso.

Actores locales y redes de influencia

Más allá del resultado formal, el foco se desplaza hacia los posibles beneficiarios indirectos de la adjudicación. En ese entramado aparecen nombres vinculados al empresariado local y a la política nacional.

Entre ellos, el Grupo Neuss y el expresidente Mauricio Macri, asociados a esquemas de negocios en infraestructura y energía. También se menciona al Grupo Román —rebautizado como CSM— como actor con inserción local que podría operar como socio en el esquema.

En paralelo, los vínculos empresariales con Santiago Caputo, asesor cercano al gobierno, agregan un componente político adicional a la licitación.

La dinámica sugiere que, más allá de la competencia entre firmas internacionales, el verdadero foco de poder podría estar en la estructura de alianzas locales que se configure tras la adjudicación.

Una concesión clave para exportaciones

La Hidrovía es el principal canal logístico del comercio exterior argentino. Su operación impacta directamente en costos de transporte, competitividad exportadora y flujo de divisas.

El modelo de concesión que surja de esta licitación definirá condiciones estructurales para sectores como el agroindustrial, donde los costos logísticos son determinantes. También influirá en la inversión en infraestructura y en la eficiencia del sistema portuario.

Implicancias para el NEA y Misiones

Aunque la licitación se centra en el corredor troncal, su impacto se proyecta sobre toda la red fluvial. Para provincias del NEA como Misiones, la Hidrovía funciona como vía indirecta de conexión con mercados internacionales.

Cualquier cambio en tarifas, servicios o condiciones operativas puede repercutir en la competitividad regional, especialmente en economías que dependen del transporte fluvial y de la integración logística.

Definiciones pendientes y variables críticas

El proceso entra ahora en una etapa donde se evaluarán los planes técnicos, pero las variables políticas siguen abiertas. La posibilidad de asociaciones posteriores, la estructura de subcontratación y la resolución final del Ejecutivo serán determinantes.

También quedará bajo observación la eventual judicialización del proceso por parte de oferentes excluidos y la reacción de actores económicos vinculados a la exportación.

En un negocio de alta sensibilidad estratégica, la licitación de la Hidrovía avanza formalmente, pero el desenlace real todavía se juega fuera del expediente.

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Hidrovía: el Gobierno apura la licitación y ata el futuro del río a una disputa política de largo plazo

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La licitación de la Hidrovía entró en una fase decisiva y el Gobierno busca cerrar uno de los contratos más sensibles de la economía exportadora antes de que el calendario político vuelva a alterar el tablero. Con evaluación en curso de los sobres técnicos y la expectativa de definir al nuevo operador entre fines de mayo y junio, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, defendió el proceso, rechazó las acusaciones de direccionamiento y dejó una frase que expone la dimensión política de la compulsa: “Hay que licitar la Hidrovía; si llegara el peronismo nuevamente, sería difícil que vuelva al sector privado”.

La definición excede una discusión administrativa. La vía navegable por la que circulan en promedio 4500 buques al año determina buena parte de los costos logísticos de la Argentina exportadora, y su concesión aparece hoy en la intersección entre infraestructura, comercio exterior y correlación de fuerzas. El oficialismo no solo intenta adjudicar un negocio millonario; también busca blindar un esquema de gestión antes de que cambie la relación política de poder.

Un contrato que define tarifas, inversión y control sobre una infraestructura crítica

El pliego prevé que el futuro concesionario absorba una deuda de US$80 millones generada tras la reestatización bajo el gobierno de Alberto Fernández, de la cual todavía restan US$35 millones por pagar. Ese pasivo será tomado por quien gane una licitación que obliga, además, a invertir US$425 millones en los primeros seis años de la concesión.

La magnitud del contrato explica la tensión. Según la proyección oficial, en los 25 años de concesión, con posibilidad de extenderla por cinco más, la inversión total rondará los US$10.000 millones entre bienes de capital y gastos operativos. A cambio, el operador recuperará su apuesta a través del peaje, dentro de un esquema de bandas tarifarias que, según el Gobierno, permitiría un retorno del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima.

No se trata solo de mantener el canal. El punto estratégico está en la profundización y el ensanche para que los barcos salgan con más carga. Arreseygor fue directo: hoy los buques están saliendo con alrededor del 70% de la carga, y el objetivo es que al menos los Panamax puedan operar completos. En términos económicos, esa diferencia impacta de lleno sobre la competitividad exportadora.

La pelea real está en el sobre técnico, no en la retórica

El funcionario negó que el pliego haya sido diseñado para favorecer a una empresa en particular. Admitió que existen cuestionamientos, algunos “racionales” y otros “incomprobables”, pero insistió en que la decisión no se definirá por antecedentes formales sino por el plan de trabajo, que explicó como el núcleo del sobre dos y al que atribuyó entre el 80% y el 90% del peso de la evaluación.

Esa precisión no es menor. El Gobierno intenta mostrar que la discusión no se resolverá por historia empresaria, sino por capacidad operativa concreta: dónde se descargará el sedimento, qué maquinaria se utilizará, cómo se responderá ante una bajante extraordinaria y qué cronograma de obras puede garantizarse. Es, en el fondo, una manera de correrse de la sospecha de favoritismo y llevar la disputa al terreno técnico, aunque la política siga empujando desde abajo.

De los tres oferentes iniciales, según el texto base, quedarían dos en carrera: Jan De Nul y DEME, ambas compañías belgas. La competencia, sin embargo, no es solo comercial. La Hidrovía concentra una puja global por una infraestructura crítica donde confluyen intereses privados, trazado logístico y capacidad estatal de control.

Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

El Estado quiere concesionar, pero sin perder la botonera

Arreseygor defendió una condición central del pliego: que los equipos sean propios y no alquilados. El argumento es político además de operativo. Si el privado falla, el Estado debe intervenir sobre una infraestructura que no puede detenerse. “Al río hay que dragarlo todos los días o no salen los barcos”, resumió.

Ahí aparece una tensión clásica del modelo libertario: el Gobierno quiere un concesionario fuerte, pero no uno que condicione al Estado por falta de alternativas. Por eso también justificó la exclusión de la empresa china de dragado, una de las más importantes del mundo, con una razón geopolítica explícita: evitar que un Estado soberano controle un recurso estratégico. La decisión no cuestiona capacidad técnica, sino que busca preservar margen de maniobra nacional en un escenario internacional que el propio funcionario describió como complejo.

La misma lógica explica la negativa a dividir la operación en tres tramos. Según Arreseygor, hacerlo podía facilitar una cartelización y garantizarle a cada actor una zona de negocio. En vez de fragmentar, el Gobierno eligió concentrar la concesión y elevar las exigencias de entrada.

Naciones Unidas, tarifas y el intento de darle blindaje externo al proceso

Otro de los puntos que el funcionario puso sobre la mesa fue el rol de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Frente a la desconfianza que suele rodear los grandes contratos públicos en la Argentina, el Gobierno intenta mostrar que el pliego no quedó solo bajo diseño doméstico. Según explicó, la elección de ese organismo respondió a que su foco estuvo en defensa de la competencia y costos comparados, y no en la lógica de un acreedor que audita para justificar financiamiento.

También por recomendación de Naciones Unidas, el pliego incluyó una tarifa mínima de peaje. La preocupación era evitar una oferta temeraria que, por debajo de costos, terminara haciendo caer el contrato. Es una cláusula que habla menos de precios que de sustentabilidad política y financiera: el oficialismo no quiere repetir una experiencia que derive en conflicto, incumplimiento o judicialización temprana.

A eso se suma una revisión de tarifas cada cinco años. Si el tráfico sube, el peaje debería bajar. Si ocurre una variación abrupta en sentido contrario, podría aumentar. El supuesto oficial, de todos modos, es que el tránsito crecerá.

La herencia, la deuda y el mensaje contra una eventual reversión

El centro político de la entrevista estuvo en la comparación entre la privatización de 1995, la reestatización bajo Alberto Fernández y el nuevo intento de concesión. Arreseygor sostuvo que durante la revisión de números no detectaron irregularidades denunciables, aunque sí “negligencia” por no trasladar a tarifa costos extraordinarios generados por situaciones climáticas, lo que habría contribuido a la deuda actual.

La lectura de poder que propone el funcionario es nítida: la licitación no solo busca mejorar el funcionamiento del sistema, sino evitar una nueva reversión estatal. Cuando afirma que un eventual regreso del peronismo dificultaría que la Hidrovía siga en manos privadas, lo que hace es convertir un expediente técnico en una pieza de estrategia institucional. El Gobierno necesita adjudicar rápido para consolidar un hecho consumado.

Ese mensaje también dialoga con los exportadores, con los potenciales concesionarios y con los actores del sistema político. Les dice que la administración actual está dispuesta a cerrar el contrato, aun en un clima de sospecha, porque considera que dejarlo abierto sería exponerlo a una futura reconfiguración del modelo.

Una licitación bajo auditoría pública y privada

La Hidrovía arrastra, además, el peso de la desconfianza estructural argentina frente a los contratos públicos de gran escala. Arreseygor no la esquivó. Dijo que entiende esas dudas y que quiere ser auditado. Esa necesidad de exhibir controles funciona como reconocimiento implícito del problema: en negocios de esta magnitud, la legitimidad del proceso vale casi tanto como la adjudicación misma.

En paralelo, el funcionario dejó otra señal de realismo. Admitió que le hubiera gustado una mayor participación, en especial de empresas holandesas, pero señaló que decidieron no desinvertir en otros mercados para competir. Es decir, el universo de jugadores sigue siendo acotado y eso condiciona cualquier diseño licitatorio.

El río entra en tiempo político

La definición del nuevo operador debería llegar entre mayo y junio, pero lo que está en juego no termina ahí. En las próximas semanas habrá que mirar cuántos competidores superan la evaluación técnica, cómo se resuelven las objeciones al pliego y hasta dónde el Gobierno logra sostener la idea de una licitación competitiva en un negocio dominado por pocos actores globales.

También quedará por ver si el oficialismo consigue instalar que esta concesión es un paso de modernización logística o si la discusión deriva otra vez en una pelea sobre control estatal, tarifas y soberanía sobre una vía estratégica. La Hidrovía, al final, no es solo un canal por donde salen barcos. Es una caja de resonancia del modelo económico que cada gobierno quiere dejar atado antes de que cambie el viento político.

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Eldorado extiende la concesión del transporte urbano y evita cortes del servicio tras licitaciones fallidas

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A horas del vencimiento de la prórroga excepcional del contrato de concesión, la Municipalidad de Eldorado confirmó un acuerdo con la empresa ETCE SRL para extender la prestación del transporte urbano de pasajeros. La decisión permite asegurar el funcionamiento normal del servicio desde este jueves 15 de enero y evitar interrupciones en un contexto marcado por licitaciones fallidas, tensiones económicas y reclamos de los usuarios.

El anuncio oficial busca llevar tranquilidad a la comunidad en una ciudad que atraviesa desde hace varios meses un escenario complejo en materia de transporte público. La continuidad del servicio se vuelve clave no solo por su impacto social directo, sino también por su relevancia económica e institucional, al tratarse de un servicio esencial para miles de vecinos que dependen del colectivo para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas.

Licitaciones fallidas y un escenario sin margen para cortes

El sistema de transporte urbano de Eldorado arrastra dificultades desde 2025. En octubre del año pasado, el Municipio impulsó un primer proceso licitatorio que quedó desierto, al no presentarse oferentes. Posteriormente, en diciembre, se avanzó con un segundo llamado que fue declarado económicamente no conveniente, lo que obligó al Ejecutivo local a descartar esa alternativa.

En ese marco, la concesión vigente se sostuvo mediante una prórroga excepcional, cuyo vencimiento estaba previsto para este jueves 15 de enero. La proximidad de esa fecha encendió señales de alerta entre los usuarios y generó incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

Ante ese escenario, el Municipio informó que alcanzó un acuerdo con ETCE SRL para extender la concesión y garantizar que los recorridos habituales continúen operando con normalidad, evitando cualquier interrupción abrupta del sistema.

Costos operativos, subsidios y reclamos de los usuarios

La decisión de prorrogar el contrato se adopta en un contexto de fuerte tensión económica. Por un lado, la empresa prestataria viene advirtiendo dificultades para sostener los costos operativos del servicio sin un esquema de subsidios adecuado. La estructura de gastos —combustible, mantenimiento de unidades y salarios— presiona sobre la ecuación económica del sistema.

Por otro lado, los usuarios reclaman mejoras en la calidad del servicio y en las unidades, pero sin que ello se traduzca en aumentos significativos del boleto, en un contexto de ingresos ajustados y caída del poder adquisitivo. Esa combinación limita el margen de maniobra tanto del Municipio como de la empresa concesionaria.

Desde el Ejecutivo local reconocen que la situación exige decisiones de corto plazo para sostener el servicio, pero también una mirada estratégica que permita evitar la reiteración de prórrogas sin una solución estructural.

Previsibilidad a corto plazo y búsqueda de una salida de fondo

Desde la Municipalidad de Eldorado remarcaron que el objetivo central de la prórroga es priorizar el interés general, garantizar la continuidad de un servicio esencial y aportar previsibilidad y calma a la comunidad, mientras se trabaja en alternativas de fondo para el sistema de transporte urbano.

“El transporte público cumple un rol fundamental para miles de vecinos”, señalaron desde el Ejecutivo, al destacar que la prioridad es no afectar la vida diaria de los eldoradenses en un contexto complejo. En paralelo, el Municipio continúa evaluando esquemas que permitan mejorar la prestación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, contemplando tanto la viabilidad económica como la calidad del servicio.

Con esta decisión, Eldorado evita quedarse sin transporte urbano, sostiene la prestación en el corto plazo y reafirma el compromiso institucional de garantizar servicios esenciales, mientras se busca una solución definitiva para un sistema que combina restricciones fiscales, demandas sociales y desafíos operativos.

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