El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la licitación de la Vía Navegable Troncal al aprobar, el 19 de abril de 2026, la primera etapa del proceso y dejar en carrera a solo dos oferentes. A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se precalificaron las propuestas de JAN DE NUL N.V. junto a SERVIMAGNUS S.A. y de DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que se declaró inadmisible la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA. La apertura del Sobre N° 2 —clave para definir la adjudicación— quedó fijada para el 22 de abril a las 13 horas. La decisión ordena el proceso, pero también delimita la competencia en una licitación estratégica: ¿se consolida un esquema de concentración o se garantiza competencia real en el control de la hidrovía?

Un proceso bajo control estatal y reglas estrictas

La licitación se enmarca en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, con el objetivo de modernizar, ampliar y mantener el sistema de señalización y dragado desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino.

El esquema institucional fue redefinido en 2025 con la creación de la ANPYN, que absorbió las funciones de la ex Subsecretaría de Puertos y de la Administración General de Puertos. Desde allí se centraliza la conducción del proceso licitatorio, con facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para llamar, evaluar y adjudicar.

Antes de llegar a esta instancia, el Gobierno habilitó una etapa de observaciones al pliego, con participación de actores del sector y recomendaciones internacionales. Ese proceso derivó en ajustes técnicos y en la apertura formal de la licitación a fines de 2025.

En febrero de 2026 se recibieron tres ofertas. Tras el análisis técnico del Sobre N° 1, la comisión evaluadora consideró admisibles dos propuestas y recomendó su precalificación. La tercera fue descartada por no cumplir un requisito clave: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Reglas formales y tensión con los oferentes

El rechazo de DTA ENGENHARIA LTDA no solo reduce la competencia, sino que expone el peso de las condiciones formales en el proceso. La empresa intentó cuestionar el dictamen de evaluación, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con los requisitos de impugnación, entre ellos la garantía correspondiente.

La resolución subraya un punto sensible: las instancias para cuestionar el pliego o las condiciones del proceso ya habían concluido. En ese marco, cualquier intento de revisión fuera de término es considerado improcedente.

El mensaje es claro: la administración prioriza la estabilidad jurídica del proceso y el respeto estricto a las reglas. Pero esa misma rigidez también redefine el escenario competitivo, dejando a dos actores en la instancia decisiva.

Impacto en la puja por la hidrovía

Con dos oferentes precalificados, la licitación entra en su fase más sensible. El Sobre N° 2 contendrá las variables económicas que definirán la adjudicación de una concesión que abarca dragado, señalización y mantenimiento de la principal vía de exportación del país.

La reducción de competidores puede tener efectos directos en la dinámica de la puja. Menos oferentes implica menor presión competitiva, aunque también puede interpretarse como un filtro que garantiza estándares técnicos y financieros.

Desde el punto de vista político, el Gobierno avanza con una licitación que considera estratégica para la economía nacional. El proceso busca combinar inversión privada con control estatal en un sector donde históricamente se concentran intereses económicos de alto impacto.

Definición inminente y foco en el resultado

La apertura del Sobre N° 2, prevista para el 22 de abril, marcará el inicio de la etapa final. Allí se pondrán en juego las condiciones económicas de las propuestas, incluyendo tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

El proceso llega a esta instancia sin impugnaciones formales vigentes, lo que fortalece su validez administrativa. Sin embargo, la atención estará puesta en la transparencia de la adjudicación y en el equilibrio entre competencia y concentración.

La hidrovía vuelve a ser un eje de poder económico y político. La resolución ordena el procedimiento, pero la definición de fondo —quién controlará el principal corredor fluvial del país— todavía está en construcción.